PARTIDOS EN SU LABERINTO Y UNA PROPUESTA

Escribe: Fernando Tuesta Soldevilla

Los partidos no tienen en claro qué hacer con la reforma política. Es más una presión externa, que un deseo interno. Intuitivamente piensan que deben ser menos numerosos, pero hacen todo para que sean más. La forma que han optado los partidos en el dictamen que será debatido este jueves es más exigente con los requisitos para inscribir partidos y condiciones para cancelarlos. Medidas que no entienden la realidad precaria de sus organizaciones, por lo que muchas medidas no funcionan.

Hoy, entre los requisitos más importantes para inscribir partidos, se encuentran la presentación de firmas de adhesión equivalente al 3% de los que sufragaron en la última elección general, poco menos de medio millón. De la misma manera, 67 comités provinciales en al menos 17 departamentos, con al menos cincuenta miembros o militantes. Cada partido debe tener no menos de 3,250 militantes. Tan ficticio que en el portal del JNE aparecen partidos con decenas de miles de militantes, que ya quisieran tener.

A su vez, la cancelación de la inscripción se produce si el partido no supera el 5% de los votos o no consigue seis escaños o si el partido no se presenta a una elección general.

Resulta que con ese diseño hoy tenemos ya 21 partidos nacionales y 124 regionales. ¿Esto es porque los requisitos son fáciles de alcanzar? Eso parece indicar el dictamen de la Comisión de Constitución, pues ahora quiere introducir un mínimo del 5% de firmas de adhesión para inscribir un partido. Pero la realidad indica que, pese a la precariedad de los partidos, en las dos últimas dos décadas, las firmas no han sido un impedimento, pues han logrado la inscripción, más de cincuenta partidos políticos. Para ser directos, a más número de firmas requeridas, más falsificadas. Los comités provinciales, pasan por el mismo requisito de ser figuras formales, pero no reales. Es decir, subir el porcentaje solo beneficiará a las organizaciones que tienen capacidad económica para organizar y pagar una estructura de apoyo ficticia.

De otro lado, el dictamen diseña una cancelación de inscripción supuestamente efectiva, al proponer agregar porcentaje al 5% mínimo, cuando se trata de alianzas electorales. Sin embargo, al lado de esta medida, el dictamen permite que un partido mantenga su inscripción si no se presenta a elecciones. Si la alianza electoral es el camino que usa el partido para salvar su inscripción, una medida más efectiva puede ser prohibirlas, pero incentivando la fusión entre partidos. Medida que no es descabellada, pues la diferencia entre muchos de ellos no es programática, sino tan solo entre dueños de las marcas.

Una propuesta más efectiva, es solicitar menos requisitos. Por ejemplo, un partido podría inscribirse con muy pocos miembros (digamos cien y algunos requisitos formales), pero que esté obligado a participar solo, no en alianzas electorales, en elecciones internas simultáneas organizadas y fiscalizadas por los organismos electorales. Si en las internas de un partido no participa al menos del 0.1% del padrón electoral, se le cancela la inscripción, deben de pagar una penalidad económica (equivalente a lo que les cuesta la inscripción actual) y no puede presentar candidatos. El resto de partidos que sí supera el umbral, puede inscribir candidatos, pero obligatoriamente en el orden establecido por el resultado de la elección interna.

Si el partido político en la elección parlamentaria no supera el 5% y no consigue seis escaños, requisito del reglamento del Congreso para formar una bancada parlamentaria, se le cancela la inscripción.

Medida como esta no cambia el mundo, pero es más sencilla, sincera la realidad y evita gasto innecesario al fisco (firmas y locales).

REFORMA ELECTORAL: OTRA REPARTIJA CONGRESAL

Escribe: Claudia Cisneros

La única representatividad que parece practicar los congresistas es la de sí mismos y sus intereses partidarios. Es una absoluta vergüenza lo que se viene cociendo en el Congreso con la Reforma Electoral.  Si son funciones del congresista representar a los ciudadanos y legislar acorde a los mejores intereses de la nación, lo que están haciendo con la Reforma Electoral planteada por los organismos electorales (ONPE, RENIEC, JNE) es una total traición a sus funciones en perjuicio del país.

De aprobarse la Reforma Electoral planteada por los Organismos Electorales (en adelante OE), los ciudadanos tendremos mayor garantía de partidos menos corruptos, con mejor selección de candidatos al Congreso y por tanto mejor calidad de praxis y actores políticos. Pero la traición ha empezado en la propia Comisión de Constitución (Otárola), donde varios de los temas vitales de la reforma a la Ley de Partidos Políticos han sido excluidos del dictamen a debatirse en el Pleno. Lo que parece estarse gestando en el Congreso es una nueva Repartija del escenario político y los poderes que de él emanan. Los legisladores parecen estar confabulando para asegurarse a sí mismos impunidad de donaciones oscuras en la campaña, y para que el acceso a la arena político-partidaria sea más restringido de lo que ya es.

Uno: No quieren que ONPE-JNE fiscalicen sus elecciones internas.

Esto es, quieren seguir eligiendo a sus candidatos presidenciales a dedo, por cúpulas y amarres o con elecciones primarias que no son oficialmente validadas.

Dos: Se resisten a ser transparentes con las finanzas de sus partidos.

No quieren que los OE fiscalicen los aportes privados de campaña. Ni que se sancione a los partidos que no rinden cuentas. Hasta han eliminado la actual sanción a quien no presenta informe.

Tres: Tampoco está la iniciativa del JNE para que no puedan ser candidatos los sentenciados por delitos graves como “narcotráfico, terrorismo, violación o corrupción en perjuicio del Estado”.

Cuatro: Insisten en obviar el pernicioso tema del voto preferencial que lo único que hemos constatado en estos años que hace es generar una competencia feral interna entre postulantes al Congreso del mismo partido, una subasta de puestos en la lista y por ende un menú de candidatos congresales mediocres cuando no cuestionables porque lo que ha mandado es el dinero.

Quinto: Están obstinados en cerrarle el paso a cualquier nuevo actor político que compita de igual a igual.

De otra forma no se entiende que el dictamen proponga subir la valla para que un partido político se inscriba y participe, del 3% actual a 5%. Esto implica que para registrarse ante los OE un partido político tendrá que recoger cerca de 2 millones y medio de firmas (el triple de lo que se pide por ley pues la experiencia muestra que en la depuración oficial casi 2/3 se eliminan). Si el recojo y validación de cada firma cuesta alrededor de 3 soles o un dólar por firma, el partido nuevo tendrá que tener, solo para registrarse, cerca de 2 millones de dólares. Impracticable, excepto si se piensa en dineros mal habidos, grandes lobbies con amarres o dineros ilegales (narcotráfico o prebendas). Eso o quedas fuera de juego.

Así, la representación política partidaria se reduce a un tema netamente monetario que genera abismal desigualdad en el acceso a la posibilidad de participación en el escenario político. La mercenarización y mercantilización de la representación política está en marcha, o mejor dicho, está camino a seguir institucionalizándose porque en marcha está hace ya buen tiempo con los congresistas (muchos hijos del voto preferencial) y políticos que tenemos, con líderes de partidos vinculados a corrupción o narcotráfico, dineros ocultos por los que no quieren responder, y parlamentarios reducidos al fantochismo por las más variadas acusaciones que sobre ellos se ciernen.

¿Cómo construir así el país que queremos todos si quienes tienen el deber de representarnos y traducirnos solo se representan y traducen a ellos mismos y sus intereses?

Transparencia ha propuesto que el Congreso abra sesiones extraordinarias para terminar de debatir y aprobar la Reforma Electoral mínima y necesaria como se debe y antes que el presidente Humala convoque oficialmente a elecciones. Veremos si al menos por un rapto de inteligencia –y algo de sangre en la cara– los congresistas del 12% de aprobación (IPSOS) aprueban las reglas de juego electorales, partidarias y democráticas propuestas por los organismos electorales, Reniec, ONPE y JNE, que por algo gozan del 83%, 70% y 50% de aprobación en la confianza ciudadana. De otra forma, legisladores y líderes políticos solo demostrarán, una vez más, por qué nuestra política está hecha un asco y una vergüenza, por ellos.