sábado, 20 de diciembre de 2014

PROÉTICA EXIGE RENUNCIA DE CARLOS RAMOS COMO FISCAL DE LA NACIÓN

TIENE GRAVES DENUNCIAS
Controversia
No se va. Pese a todos los cuestionamientos, Carlos Ramos dice que seguirá trabajando al frente del Ministerio Público.
Institución no estará en Comisión Nacional Anticorrupción mientras sea investigado por caso La Centralita y Orellana. Ramos dice que no renunciará y pide respeto a la presunción de inocencia.
César Romero C
LA INSTITUCIÓN PROÉTICA, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, se retiró de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) ante la negativa del fiscal supremo Carlos Ramos Heredia de renunciar a la Fiscalía de la Nación.
Proética indicó que no retornará a la CAN hasta que Ramos renuncie o hasta que se defina su situación jurídica. Así lo informó ayer, a través de un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), miembro de Proética,  junto con la Asociación Civil Transparencia, la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y la Asociación de Exportadores (ADEX).
El comunicado precisa que Proética exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a resolver en el menor tiempo posible la investigación contra el fiscal de la Nación por presuntos nexos con el grupo Orellana y en el caso La Centralita.
PIDEN QUE RENUNCIE
"Es obvio que quien está investigado por presuntos vínculos con un grupo del crimen organizado, carece de legitimidad para estar al mando de la institución encargada precisamente de investigar y perseguir a ese grupo. Esta situación agudiza la crisis por la que atraviesa el Ministerio Público y contribuye a incrementar la desconfianza de la población en la fiscalía", precisó el comunicado de Ipys.
La comisión de Alto nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción) es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo para prevenir y combatir la corrupción en el país.
Dicha comisión es presidida por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, y participan las autoridades del Poder Judicial, fiscalía, Consejo Nacional de la Magistratura, la Policía Nacional y otras instituciones y representantes de la sociedad civil, como Transparencia. Se reúne cada dos meses.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia y su antecesor en el cargo, José Peláez Bardales, son investigados por presunta actuación irregular en la investigación a La Centralita en Áncash y por supuestos nexos con Orellana, en el Congreso y el Consejo de la Magistratura.
Precisamente ayer el CNM decidió investigar la actuación de Ramos como fiscal supremo de Control Interno por pedir una sanción para el fiscal del Santa Luis Checa Matos, quien ordenó intervenir, y lo hizo, el búnker de César Álvarez, conocido como "La Centralita".
En tanto, ayer el semanario "Hildebrandt en sus trece" reveló que tres ex trabajadoras de Rodolfo Orellana declararon ante la comisión que investiga el caso Orellana en el Congreso de la República, que vieron a Ramos Heredia en el búnker de dicho personaje, en la avenida Guardia Civil, en San Borja.
ELLAS ACUSAN
Se trata de los testimonio de María Zaplana Briceño, Adriana Delgado Angulo y Rocío Rojas Castellares, trabajadoras de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), también investigadas por supuestos nexos con Orellana.
Zaplana y Delgado tuvieron un programa radial que fue financiado por la empresa Negocios Inmobiliarios, de la red de Rodolfo Orellana, época en la que, dicen, habrían visto a Orellana ingresando al búnker de la organización. Rojas Castellares aparece como representante legal de la cuñada de Orellana, Rosalía Vargas Schaus.
Según Zaplana, Ramos Heredia habría acudido al menos una vez al mes a la oficina de Orellana y que en la Navidad del 2008 fue a recoger una canasta navideña. Esta versión fue ratificada por Delgado y Rojas Castellares.
Las tres ex trabajadoras de la SUNARP también señalaron haber visto en el búnker de Orellana, a Daniel Ramsay Romero, ex asesor de José Peláez Bardales, cuando este fue fiscal de la Nación.
Zaplana y Delgado también aseguran haber visto en las oficinas de Orellana a Omar Pantoja, Pablo Iglesias, José Antonio Valderrama, el congresista Luis Iberico y a José Luis Noriega Ludwinck, presidente de Coopex entre marzo y octubre del 2008.
Según "Hildebrandt en sus trece", el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, indicó que profundizaran en las declaraciones de Zaplana, Delgado y Rojas y recogerán más indicios. Anotó que de ser necesario volverían a citar a declarar al fiscal de la Nación, Carlos Ramos.
Ramos Heredia descarta renuncia y dice que investigará más a Orellana
"Proética demuestra que no sabe cuáles son los conductos regulares y que me asiste el derecho de presunción de inocencia, como a todo ciudadano. Considera que no tengo por qué renunciar. Mi carrera es transparente", afirmó el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia.
 Sobre la declaración de ex trabajadoras de la SUNARP, Ramos dijo que eran parte de una patraña, una declaración incoherente, un ataque de la mafia de Orellana.
"Vamos a seguir investigando hasta el final. No le tenemos miedo, son manotazos de la mafia. Después de seis meses de investigarme y no encontrar nada, sacan estos testigos... Crean testigos sin darme oportunidad de replicar", refirió.
FISCALES NO INVESTIGAN, SOLO SABEN ARCHIVAR DENUNCIAS
CICLO DE IMPUNIDAD
LA OMISIÓN DE LOS FISCALES A LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN LAS REGIONES
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ha revelado que el Ministerio Público archivó inadecuadamente 121 denuncias de corrupción y peculado en las regiones de Junín, Áncash, Lima y Ayacucho, un severo golpe al control judicial del poder y un nuevo cargo a la labor de la fiscalía.
El informe de la Defensoría “El archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión, estudio realizado en Lima, Áncash, Ayacucho y Junín” revisó 457 denuncias archivadas en el periodo 2012-2013. En él se señala que incluso en las 457 carpetas fiscales revisadas no se encuentran razones suficientes para un archivamiento preliminar y considera que los fiscales debieron desarrollar una investigación mucho más rigurosa. Según el documento, en Áncash y Junín los archivos inadecuados llegaron al 32%, en Ayacucho a 29%  y en Lima a 14%.
Lo señalado es grave. Los fiscales habrían obviado denuncias de corrupción en regiones especialmente críticas respecto de actos irregulares ocurridos en los últimos años, tres de ellas en escenarios en donde han ocurrido estallidos recientes de corrupción.  Para evitar cumplir con sus funciones, los fiscales habrían recurrido a prácticas procesales que se han identificado como propias de la falta de seguridad jurídica del país: interpretaciones jurídicas erróneas de las denuncias, valoraciones inadecuadas de los medios probatorios, y demoras en la investigación.
De acuerdo al informe, la falta de cumplimiento de las funciones del Ministerio Público llegó a la omisión de funciones elementales como la toma de manifestaciones de denunciados y denunciantes, o dejar que expiraran los plazos procesales. Los fiscales demoraron el inicio de las diligencias, toleraron la inconcurrencia de denunciantes, testigos e investigados, y fueron complacientes con la demora de las entidades públicas al remitir la información solicitada.
El documento de la DP es detallado respecto de la falta de rigor de los magistrados. Señala por ejemplo, que el 76% de declaraciones programadas no se efectuaron en la fecha dispuesta y que en el 59% de estos casos el fiscal ya no reprogramó una segunda fecha.
La Defensoría está cumpliendo con su mandato constitucional de supervisar la prestación eficaz de los servicios públicos, uno de los cuales es la administración de justicia. Más allá de ello, el perjuicio causado a la sociedad por el abandono de estas causas es inmenso y uno de los efectos de esta impunidad impulsada desde la fiscalía es la reproducción del ciclo de corrupción. Por lo demás, este primer hallazgo, solo en cuatro regiones, vuelve a poner sobre la mesa la calidad e intensidad de la descentralización del control, sobre lo cual ya ha reflexionado la Contraloría General de la República, la Policía y el sistema de procuradores.
El Ministerio Público debería reaccionar ante los hallazgos de este informe que es concurrente con las investigaciones periodísticas que dan cuenta de la cooptación de fiscales por parte de las redes ilegales organizadas desde el poder político, especialmente en Áncash, Ucayali, Loreto, Tumbes, Ayacucho y Huánuco. Al mismo tiempo debería programar indagaciones específicas, caso por caso archivado, para encontrar responsabilidades personales. No debería ocurrir en el futuro que la fiscalía espere que otras instituciones le informen lo que sus órganos de control interno no detectan.

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