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| TIENE GRAVES DENUNCIAS |
Controversia
No se va. Pese a todos los
cuestionamientos, Carlos Ramos dice que seguirá trabajando al frente del
Ministerio Público.
Institución no estará en
Comisión Nacional Anticorrupción mientras sea investigado por caso La
Centralita y Orellana. Ramos dice que no renunciará y pide respeto a la
presunción de inocencia.
César Romero C
LA INSTITUCIÓN PROÉTICA, Capítulo Peruano de Transparencia
Internacional, se retiró de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) ante la
negativa del fiscal supremo Carlos Ramos Heredia de renunciar a la Fiscalía de
la Nación.
Proética indicó que no retornará a la CAN hasta que Ramos renuncie
o hasta que se defina su situación jurídica. Así lo informó ayer, a través de
un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), miembro de Proética, junto con la Asociación Civil Transparencia,
la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y la Asociación de Exportadores (ADEX).
El comunicado precisa que
Proética exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a resolver en el
menor tiempo posible la investigación contra el fiscal de la Nación por
presuntos nexos con el grupo Orellana y en el caso La Centralita.
PIDEN QUE RENUNCIE
"Es obvio que quien está
investigado por presuntos vínculos con un grupo del crimen organizado, carece
de legitimidad para estar al mando de la institución encargada precisamente de
investigar y perseguir a ese grupo. Esta situación agudiza la crisis
por la que atraviesa el Ministerio Público y contribuye a incrementar la
desconfianza de la población en la fiscalía", precisó el comunicado de
Ipys.
La comisión de Alto nivel
Anticorrupción (CAN-Anticorrupción) es un espacio integrado por instituciones
públicas, privadas y la sociedad civil con el objeto de articular esfuerzos,
coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo para prevenir
y combatir la corrupción en el país.
Dicha comisión es presidida
por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, y participan
las autoridades del Poder Judicial, fiscalía, Consejo Nacional de la
Magistratura, la Policía Nacional y otras instituciones y representantes de la
sociedad civil, como Transparencia. Se reúne cada dos meses.
El fiscal de la Nación, Carlos
Ramos Heredia y su antecesor en el cargo, José Peláez Bardales, son
investigados por presunta actuación irregular en la investigación a La
Centralita en Áncash y por supuestos nexos con Orellana, en el Congreso y el
Consejo de la Magistratura.
Precisamente ayer el CNM
decidió investigar la actuación de Ramos como fiscal supremo de Control Interno
por pedir una sanción para el fiscal del Santa Luis Checa Matos, quien ordenó
intervenir, y lo hizo, el búnker de César Álvarez, conocido como "La
Centralita".
En tanto, ayer el semanario
"Hildebrandt en sus trece" reveló que tres ex trabajadoras de Rodolfo
Orellana declararon ante la comisión que investiga el caso Orellana en el
Congreso de la República, que vieron a Ramos Heredia en el búnker de dicho
personaje, en la avenida Guardia Civil, en San Borja.
ELLAS ACUSAN
Se trata de los testimonio de
María Zaplana Briceño, Adriana Delgado Angulo y Rocío Rojas Castellares,
trabajadoras de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP),
también investigadas por supuestos nexos con Orellana.
Zaplana y Delgado tuvieron un
programa radial que fue financiado por la empresa Negocios Inmobiliarios, de la
red de Rodolfo Orellana, época en la que, dicen, habrían visto a Orellana
ingresando al búnker de la organización. Rojas Castellares aparece como
representante legal de la cuñada de Orellana, Rosalía Vargas Schaus.
Según Zaplana, Ramos Heredia
habría acudido al menos una vez al mes a la oficina de Orellana y que en la
Navidad del 2008 fue a recoger una canasta navideña. Esta versión fue
ratificada por Delgado y Rojas Castellares.
Las tres ex trabajadoras de la
SUNARP también señalaron haber visto en el búnker de Orellana, a Daniel Ramsay
Romero, ex asesor de José Peláez Bardales, cuando este fue fiscal de la Nación.
Zaplana y Delgado también
aseguran haber visto en las oficinas de Orellana a Omar Pantoja, Pablo
Iglesias, José Antonio Valderrama, el congresista Luis Iberico y a José Luis
Noriega Ludwinck, presidente de Coopex entre marzo y octubre del 2008.
Según "Hildebrandt en sus
trece", el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos,
indicó que profundizaran en las declaraciones de Zaplana, Delgado y Rojas y
recogerán más indicios. Anotó que de ser necesario volverían a citar a declarar
al fiscal de la Nación, Carlos Ramos.
Ramos Heredia descarta renuncia y dice que investigará más a Orellana
"Proética demuestra que
no sabe cuáles son los conductos regulares y que me asiste el derecho de
presunción de inocencia, como a todo ciudadano. Considera que no tengo por qué
renunciar. Mi carrera es transparente", afirmó el fiscal de la Nación,
Carlos Ramos Heredia.
"Vamos a seguir
investigando hasta el final. No le tenemos miedo, son manotazos de la mafia.
Después de seis meses de investigarme y no encontrar nada, sacan estos
testigos... Crean testigos sin darme oportunidad de replicar", refirió.
FISCALES NO INVESTIGAN, SOLO SABEN ARCHIVAR DENUNCIAS
CICLO DE IMPUNIDAD
LA OMISIÓN DE LOS FISCALES A LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN LAS
REGIONES
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ha revelado que el Ministerio Público
archivó inadecuadamente 121 denuncias de corrupción y peculado en las regiones
de Junín, Áncash, Lima y Ayacucho, un severo golpe al control judicial del
poder y un nuevo cargo a la labor de la fiscalía.
El informe de la Defensoría
“El archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión, estudio realizado en
Lima, Áncash, Ayacucho y Junín” revisó 457 denuncias archivadas en el periodo
2012-2013. En él se señala que incluso en las 457 carpetas fiscales revisadas
no se encuentran razones suficientes para un archivamiento preliminar y
considera que los fiscales debieron desarrollar una investigación mucho más
rigurosa. Según el documento, en Áncash y Junín los archivos inadecuados
llegaron al 32%, en Ayacucho a 29% y en
Lima a 14%.
Lo señalado es grave. Los
fiscales habrían obviado denuncias de corrupción en regiones especialmente
críticas respecto de actos irregulares ocurridos en los últimos años, tres de
ellas en escenarios en donde han ocurrido estallidos recientes de
corrupción. Para evitar cumplir con sus
funciones, los fiscales habrían recurrido a prácticas procesales que se han
identificado como propias de la falta de seguridad jurídica del país: interpretaciones
jurídicas erróneas de las denuncias, valoraciones inadecuadas de los medios
probatorios, y demoras en la investigación.
De acuerdo al informe, la
falta de cumplimiento de las funciones del Ministerio Público llegó a la
omisión de funciones elementales como la toma de manifestaciones de denunciados
y denunciantes, o dejar que expiraran los plazos procesales. Los fiscales
demoraron el inicio de las diligencias, toleraron la inconcurrencia de
denunciantes, testigos e investigados, y fueron complacientes con la demora de
las entidades públicas al remitir la información solicitada.
El documento de la DP es
detallado respecto de la falta de rigor de los magistrados. Señala por ejemplo,
que el 76% de declaraciones programadas no se efectuaron en la fecha dispuesta
y que en el 59% de estos casos el fiscal ya no reprogramó una segunda fecha.
La Defensoría está cumpliendo
con su mandato constitucional de supervisar la prestación eficaz de los
servicios públicos, uno de los cuales es la administración de justicia. Más
allá de ello, el perjuicio causado a la sociedad por el abandono de estas
causas es inmenso y uno de los efectos de esta impunidad impulsada desde la
fiscalía es la reproducción del ciclo de corrupción. Por lo demás, este primer
hallazgo, solo en cuatro regiones, vuelve a poner sobre la mesa la calidad e
intensidad de la descentralización del control, sobre lo cual ya ha
reflexionado la Contraloría General de la República, la Policía y el sistema de
procuradores.
El Ministerio Público debería
reaccionar ante los hallazgos de este informe que es concurrente con las
investigaciones periodísticas que dan cuenta de la cooptación de fiscales por
parte de las redes ilegales organizadas desde el poder político, especialmente
en Áncash, Ucayali, Loreto, Tumbes, Ayacucho y Huánuco. Al mismo tiempo debería
programar indagaciones específicas, caso por caso archivado, para encontrar
responsabilidades personales. No debería ocurrir en el futuro que la fiscalía
espere que otras instituciones le informen lo que sus órganos de control
interno no detectan.
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