domingo, 21 de diciembre de 2014

EL MUNDO JOVEN DE LA “TECNOCRACIA PULPÍN”

Javier Barreda
Los argumentos de quienes defienden el nuevo régimen laboral juvenil no resisten a la realidad.  Ni la ley es voluntaria ni solo va al “que no tiene nada, en la informalidad”.
Veamos  los argumentos de los  ministros  Segura  (MEF) y  Ghezzi  (Produce), cuyas tecnocracias son las autoras del Régimen Laboral Juvenil.
1. “La ley es para el que trabaja sin derechos en la informalidad o microempresas”. Falso.  La ley es para todo tamaño y naturaleza de empresa del “sector privado”. Entonces, ¿por qué generar “incentivos” o “abrir la ventana” para bajar costos laborales (contratando a nuevos jóvenes  35% más “baratos” hasta el 25% del personal en empresas medianas y grandes que sólo en el III semestre del 2014 han tenido utilidades por 3,400 millones de soles? ¿Por qué no se precisó en la ley que era sólo para micro o pequeña empresa?
2. “Pero, la ley es para el no-capacitado”.  Falso. La ley es clara al incluir al joven de 18 a 24 años con “educación completa o incompleta de secundaria o superior técnica o universitaria”.  Se abre la puerta que egresados y formados puedan ser contratados bajo esa modalidad, incluso no renovando contrato en el ámbito de la ley al joven menos capacitado. Ahí no hay candados, como dice el MEF. 
3. “La ley  es para el que nunca ha tenido un contrato”.  Falso. No  es solo “para el que no tuvo nada”. La  ley incluye al joven que trabajó en algún momento en planilla y está 91 días fuera de ella. Acá se abre una ventana para que las empresas, en puestos que requieren menos capacitación y experiencia, prioricen a jóvenes que nunca trabajaron o han estado justamente fuera de planilla más de 91 días (que no son pocos).  Puedo calcular, elegir y esperar si ahorro 35%  de costos por joven al contratar con la nueva modalidad.
4. “La ley  es voluntaria”. Es voluntaria  para la empresa; no  para el joven. Si Juan Quispe, de 22 años,  nunca tuvo nada, no puede elegir el régimen donde tenga gratificación y CTS.  ¿Pero qué pasa si Juan Quispe,  ya tuvo  contratos a plazo determinado, como lo tienen el 50% de los jóvenes de 20 a 24 años que están en planilla laboral?  Ya desempleado,  Juan, como el  80% de los jóvenes que no puede cubrir sus gastos más de 2 meses si pierde el empleo o sale de la planilla (Estudio ISIL),  tendrá una capacidad nula de optar y es posible que acepte trabajar ilegalmente (ocultándose información que está fuera de planilla  hasta 90 días). Peor, si es conviviente (como casi el 40% de jóvenes de 20 a 24 años. Encuesta Senaju)  o urge pagar estudios o deudas.
5. “Ante alguna injusticia, el joven se puede quejar a la  Sunafil”.  Ello es muy relativo. La poca efectividad inspectiva  y sancionadora actual  del MINTRA y del Sunafil  no es un “incentivo”  para que el joven denuncie a la empresa que lo pretendería contratar ilegalmente en la nueva modalidad juvenil o que lo rebaje de régimen laboral del general al juvenil.  
6. Más dudas: ¿Cuál es el fundamento para que la Ley tenga 5 años de vigencia?;  ¿luego qué? ¿Se extiende en el tiempo o se amplía a otras edades? ¿Se ha evaluado los regímenes Mypes anteriores antes de crear uno nuevo? ¿Las microempresas de subsistencia u otras de acumulación totalmente informales, se formalizarán a partir de esta Ley?
7. “Falta comunicación hacia la juventud”.  Mirada nefasta de la “tecnocracia pulpín”,  que “chibolea” como desinformados a todos los que se oponen a sus apresurados experimentos. La indignación juvenil ante la ley no es por desinformada; todo lo contrario, las movilizaciones en las calles y la reacción por redes expresan que el joven sí sabe qué atenta contra sus derechos, ingresos y expectativas.
Voceros oficiales dicen que  la ley es “transitoria y perfectible”  (Otárola) o “se evaluará en un año” (Ghezzi).  Ello no compensará los silencios, incoherencias técnicas, desconocimiento del mundo laboral juvenil y el limitado análisis que sobre la  informalidad tiene esta ley,  que solo queda derogar.

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