Escrito por: José Alejandro Godoy
Mientras todos estábamos
concentrados en el caso Belaúnde Lossio y sus repercusiones medibles en las
escalas de Richter y Mercalli en la Procuraduría Anticorrupción, el caso López
Meneses volvía a la palestra con dos noticias.
La primera, la serie de
disputas entre los miembros de la comisión parlamentaria, entrampada básicamente
en encontrar alguna conexión directa entre el resguardo ilegal al personaje
ligado a Vladimiro Montesinos y el Presidente de la República. La segunda, un
informe en La República que daba cuenta del estado de la cuestión en el
Ministerio Público.
El reportaje de Doris Aguirre
señalaba que, desde las distintas investigaciones fiscales, el esquema
alrededor de la custodia a López Meneses se concentraba en la hipótesis de
corrupción policial, con dos civiles más investigados, uno de ellos, el alcalde
de Surco. Esta es la infografía que resume a los implicados para el Ministerio
Público:
Lo que no se especifica en el
informe es la razón de la custodia. Hasta el momento, hay dos posibles premisas
complementarias. De un lado, López Meneses fue tejiendo, al salir de prisión,
una serie de vínculos políticos, empresariales y, sobre todo, influencia en el
sistema de inteligencia del Ejército. Al mismo tiempo, resulta plausible la
tesis de Rosa María Palacios sobre el resguardo: entrega de patrulleros a
cambio de la posibilidad de una ayudita para los ascensos. Además de sus
influencias reales, recordemos, OLM se ha ufanado de tener contactos para poder
subir en el escalafón castrense.
Y precisamente un tema
castrense es el que ha comenzado a salir en estos días.
El domingo por la noche,
Panorama recogió un hallazgo: el registro de llamadas del exdirector general de
la Policía, Raúl Salazar, al exasesor presidencial, Adrían Villafuerte Macha.
Se han encontrado 485 llamadas. Exitosa resume la importancia del hallazgo:
Pese a que negaron en todos
los idiomas que no se conocían, a propósito del irregular resguardo a la casa
del ex operador montesinista Óscar López Meneses, el ex asesor presidencial
Adrián Villafuerte y el ex director general de la Policía Nacional, general
Raúl Salazar, se comunicaron telefónicamente un total de 485 veces en el
2012, durante el plazo en el que se dispuso la protección policial a la
referida vivienda.
Según dio a conocer Panorama,
en la semana en que se dio la orden para la vigilancia a la casa de López
Meneses -del 20 al 28 de mayo-se registraron 20 llamadas. El 29 de mayo,
cuando entonces se dicta la orden para asignar el primer patrullero a la
vivienda, se registraron 5 llamadas. El 5 de diciembre del mismo año se registra
la llamada más larga de todas: 16 minutos. En total, durante ese mes de
diciembre, Salazar y Villafuerte hablaron durante 117 minutos.
La cuestión es aún más
complicada.
Las llamadas se dieron en el lapso del resguardo y entre dos
personas que han dicho que mantenían una relación apenas superficial.
El problema es que dicha
relación no era precisamente lejana. En sus propias indagaciones, Gustavo
Gorriti apuntó a Raúl Salazar como el principal implicado en el caso de la
custodia ilegal a López Meneses. Y señaló lo siguiente sobre el vínculo entre
Salazar y Villafuerte:
Salazar fue, como coronel,
jefe del aparato policial de Palacio durante casi todo el Gobierno de Alan
García. No dejó de serlo ni siquiera cuando fue enviado al CAEN, pese a que el
Ministerio del Interior le nombró un remplazo. Su relación con el entonces
secretario general de Palacio, Luis Nava, fue estrecha. Quizá gracias a eso
ascendió a general en su primera presentación y logró, además, que en lugar de
ser mandado a provincias, se lo mantuviera como jefe de seguridad del Estado.
Cuando estaba en ese puesto,
el 2011, el entonces jefe de la Digimin, Teddy Bartra, descubrió que se estaba
impartiendo cursos de resguardo a civiles en el cuartel de Los Cibeles. Se
trataba de los custodios del candidato Humala y el entrenamiento fue
coordinado, de acuerdo con lo que supo el Ministerio del Interior entonces,
entre Salazar y el coronel EP (r) Adrián Villafuerte.
Salazar fue amonestado por el
régimen saliente, pero enganchó con el entrante a través de Villafuerte. Luego,
su fuerza e influencia se ejerció sobre la base de la relación cercana con
este, incluso por encima del ministro del Interior. Eso lo demostró el último
día de2012, cuando luego de hablar con Villafuerte fue a Palacio y trajo la
orden de pase al retiro del general PNP Darío Hurtado, que acababa de ser
ratificado por el ministro Wilfredo Pedraza.
Todo el procedimiento de
asignación de escolta al falso Cueto fue anormal desde el punto de vista de la
ley y reglamento (el Decreto002 de junio de 2001, si no me equivoco) y de la
verificación administrativa.
Salazar solo pudo atreverse a
eso al sentirse protegido. Su relación en Palacio fue, fundamentalmente, como
se ha dicho, Adrián Villafuerte, cuya protección también se esgrimió en otro
caso de violación de normas y abuso de poder que yo investigué: el caso CAEN.
Ese es un elemento fuerte a
indagar. Pero otra pista que debería corroborarse está en las dos llamadas
hechas desde el celular adquirido por el taxista Francisco Lara Rojas a Palacio
de Gobierno, reveladas ayer por Utero.pe. Dicho teléfono es importante porque
desde allí fue que se ordenó la custodía a López Meneses. Las llamadas fueron
hechas en junio de 2013, cuando Villafuerte aún era asesor presidencial y la
custodia al ¿ex? vinculado a Montesinos era aún desconocida.
Sería interesante saber quién
estaba en ambos lados del teléfono, sobre todo porque La República tiene ya un
indicio de la persona que ordenó la compra del celular:
Afirmó que el teléfono se lo
compró a una persona que le pidió un servicio de taxi. El siguiente es su
relato: “Era una persona de unos 40 años de edad, alto, trigueño, con bigote y
pelo negro. (…) Luego de comer sánguches en ‘El Peruanito’, en la avenida
Angamos con la calle Suárez, nos fuimos al Open Plaza, donde hay una tienda de
Claro. Me dijo que necesitaba comprar un teléfono prepago para una ‘trampa’
(amante).
Me bajé con él y nos dirigimos
a Claro. El equipo que quería costaba 3.290 soles, cuyo número era 954717650.
Yo le dije que lo comprara con mi plan y con mi crédito, ya que así le salía a
1,459 soles. Me dio 2 mil soles y me dijo que me quedara con la diferencia.
Esto fue a las 6 de la tarde del 16 de julio de 2011.
Luego de comprar el teléfono,
me dijo que lo llevara a la avenida Ayacucho, en Surco, hasta el cruce con la
avenida Los Tallanes, donde bajó en un pasaje. No me percaté dónde ingresó”.
Intrigada, la fiscal Córdova
le pidió a Francisco Lara Rojas que describiera otra vez a la persona que le
compró el celular 954717650.
“Llevaba terno, era de color
trigueño, de bigotes, de 1.80 metros, de contextura delgada, cejón, tenía
cabello negro, de 40 años de edad, aproximadamente”, respondió el taxista.
Lara también dijo que la
persona se hacía llamar “Lucio”.
“De las fichas del Reniec (Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil), ¿puede señalarnos cuál podría ser la persona
identificada como ‘Lucio’?”, preguntó al fiscal Córdova.
“De la revisión de las fichas
Reniec puedo observar que existe un parecido a (…) Arteta Guillén”, contestó
Francisco Lara.
Precisamente, el comandante
PNP José Arteta Guillén es uno de los oficiales de la Policía Nacional a los
que la fiscal Norah Córdova resolvió procesar por su participación en la
vigilancia de la residencia del ex operador montesinista Óscar López Meneses.
De acuerdo con la acusación
fiscal, Arteta, primero como comisario de Chacarilla del Estanque, y luego como
jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos, vulneró las normas y no solo
mantuvo sino reforzó el dispositivo de seguridad en la casa de López Meneses.
La fiscal señala que el
comandante Arteta arguyó que se limitó a cumplir órdenes superiores; sin
embargo, quedó en evidencia un interés personal en que el servicio irregular
siguiera en la calle Batallón Libres de Trujillo 209.
Arteta Guillén - no confundir
con el excandidato a la alcaldía de Lima por APP - indicó al MP, según La
República, que lo habían llamado para que ponga una custodia a la casa de López
Meneses. La orden indicaba que era la casa del jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
¿La comisión parlamentaria y el Ministerio Público habrán indagado
sobre estas pistas con sabor ácido?
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