JUECES, POLICIAS, ABOGADOS, VIGILANTES Y VISITAS BAJO SOSPECHA
Abogado filtró a sicarios de Luis Choy pata de cabra camuflada
en un expediente.
Investigación
Con la herramienta los asesinos del periodista abrieron un
boquete en una división metálica, accedieron al área administrativa de la Sala
de Audiencias de Lurigancho y luego ganaron la calle por la puerta principal.
Magistrados, trabajadores judiciales, policías, abogados y hasta visitas están
bajo sospecha. Hasta anoche ninguno de los cinco prófugos había sido
recapturado.
Óscar Chumpitaz y César
Romero
La fuga del asesino confeso del periodista Luis Choy, y
de otros cuatro hampones de alta peligrosidad, fue planificada al milímetro con
un mes de anticipación por gente que logró corromper masivamente a funcionarios
públicos y creó las condiciones propicias para que todo saliera a la perfección.
No se descuidó ningún detalle. Los promotores de la evasión se
las arreglaron para que los cinco reclusos que purgaban prisión preventiva en
diferentes penales estuvieran juntos, el día escogido, en los ambientes
destinados a las salas de audiencias de la cárcel de Lurigancho.
Previamente 'compraron' a los vigías del recinto.
La orden
estaba dada: nadie debía cerrarles el paso a los homicidas.
Se preocuparon incluso por montar una 'descomunal pelea' entre
dos mujeres supuestamente despechadas en los exteriores del reclusorio. Así
lograron concentrar la atención en ese incidente, mientras los maleantes huían
sin problemas por otro lado.
BAJO SOSPECHA
Magistrados, trabajadores judiciales, policías, abogados,
agentes del INPE y
hasta visitantes se encuentran bajo sospecha.
Fuentes de la Dirincri revelaron que un supuesto abogado fue quien puso
en marcha la última etapa del plan concebido para el 'gran escape'.
El presunto letrado fue llamado a Lurigancho por los policías,
encargados de diligencias judiciales, a fin de que dejara un
"expediente" a los detenidos que se encontraban nerviosos, en un
módulo anexo a una Sala de Audiencias habilitada en el penal.
Dentro del voluminoso expediente judicial de 500 folios
estaban camuflados tres celulares y una pata de cabra, herramienta con la que
los delincuentes abrieron un boquete en la base de aluminio del ambiente donde
estaban temporalmente alojados.
Aunque parezca mentira, ninguno de los reos tenía las manos
sujetas con grilletes, como corresponde en estos casos. El mayor PNP César
Bardales Herrera, jefe de la carceleta, no ha podido explicar el motivo de
ello.
A LA VISTA DE TODOS
A plena luz del día, justo a la hora en que mayor trajín se da
en el local, los cinco hampones recorrieron sin apuros el área administrativa,
a vista y paciencia de todos, y empezaron a ganar la calle.
Jonathan Sepúlveda De los Santos, o Lindomar Hernández Jiménez,
(a) "Puerto Rico", Carlos Alberto Timana Copara (a)
"Timana", y Édgar Lucano Roas (a) "Lucano" aparentemente se
evadieron por la puerta principal.
Con ellos también escaparon Giancarlo Zegarra Cuadros (a)
"Careca" y Segundo Vargas Moyano.
LLEGARON ENCADENADOS
Ellos habían sido trasladados a la sede judicial con otros 215
presos –que provenían de los penales de Ancón, Chorrillos, Huaral, Cañete,
Castro Castro y Lurigancho– para asistir a sus respectivas audiencias.
Los buses del INPE en los que fueron transportados ingresaron
entre las 8.30 y 9.30 de la mañana por un área libre del penal de Lurigancho,
hasta la parte posterior de las Salas y Juzgados Penales.
Esposados algunos y encadenados otros, entraron por una puerta
lateral de la carceleta –donde hay dos cámaras de vigilancia– hasta los
calabozos instalados en el sótano del local.
TODO ESTUVO CALCULADO
De acuerdo con las evidencias, la fuga comenzó antes que
culminara el refrigerio, y tuvo una coordinación. No se trató de una acción
improvisada, eso está claro. "No salieron por las puertas laterales porque
allí hay policías y cámaras de seguridad", advirtió una fuente de
Inspectoría de la Policía Nacional.
Nadie se explica con qué facilidad los hampones ganaron las
áreas administrativas, custodiadas por agentes de la Dirección de Seguridad de
Penales y por personal de seguridad particular del Poder
Judicial.
EL FINANCISTA
Hasta el momento se desconoce quién financió la fuga de los
sicarios y asaltantes, pero las sospechas recaen en el autor intelectual del
asesinato del periodista Luis Choy.
Aunque su identidad no ha podido ser establecida aún por la
Dirincri, se sabe que era el más interesado en liberar a los sicarios para que
no lo delaten.
Según algunos expertos en seguridad penitenciaria el plan de
escape habría demandado un desembolso de unos US$ 100 mil.
Ayer, mientras se trataba de determinar el real potencial de
peligrosidad de todo este aparato delincuencial, la Dirincri seguía efectuando
las pericias de rigor desde los calabozos hasta la puerta por donde habrían
salido los hampones.
Entre tanto, fuentes del Poder Judicial informaron que el 22
de mayo pasado los reclusos Edgar Lucano Roas (a) "Lucano" y Segundo
Vargas Moyano se negaron a declarar ante la jueza Sonia Bazalar Manrique,
alegando que eran de provincias y esperaban contar con el abogado de su
elección, quien llegaría a Lima el 12 de junio.
La doctora Bazalar Manrique, a cargo del 48° Juzgado Penal,
había acudido a la sede judicial de Lurigancho para tomarles la instructiva en
un proceso contra ellos por robo agravado en la pollería "Frankys" en
San Juan de Lurigancho.
Les ofreció un letrado de oficio, pero lo rechazaron e
insistieron en que ese era su derecho, que solo declararían con el abogado de
su elección, de nombre César. No se acordaban del apellido, dijeron, pero que
confiaban en él.
Entonces, la jueza aceptó la solicitud y reprogramó la
diligencia para el miércoles 12 de junio.
"CARECA" TESTIGO
Paralelamente, también el 14 de mayo, la abogada Marcela Ávila
Morales presentó un escrito ante el 34° Juzgado Penal de Lima, que atiende la
magistrada María Martínez Gutiérrez, solicitando que el 12 de junio se cite a
su cliente Johnathan Sepúlveda de los Santos o Lindomar Hernández Jiménez (a)
"Puerto Rico".
Lo hizo con la finalidad de ampliar su declaración instructiva
en un proceso por robo agravado y microcomercialización de drogas. Además,
señalaba que Hernández Jiménez ofrecía como testigo de descargo a Giancarlo
Zegarra Cuadros (a) "Careca". Martínez aceptó el pedido y programó la
diligencia para la fecha indicada.
Mientras tanto, la jueza Sonia Salvador Ludeña también convocó
a declarar para el 12 de junio a Carlos Alberto Timana Copara (a)
"Timana".
EN EL SÓTANO
Todas las audiencias fueron programadas para ventilarse en la
sede judicial del penal de Lurigancho, en el sótano.
El abogado elegido por Lucano y Vargas Moyano nunca llegó, por
lo que, recriminados por la jueza, aceptaron declarar con la asesoría de un
abogado de oficio.
Hernández y Zegarra ofrecieron su testimonio con la asesoría
de su abogado y lo mismo hizo Timana. Las declaraciones se realizaron sin
inconvenientes entre las 9 de la mañana y las 12 del día.
Se ha establecido que los cinco evadidos llegaron con ropa de
vestir. Hernández Jiménez llevaba un traje azul y su cabello había recuperado
el color negro que lo identificaba. Timana llevaba terno completo, lo que
supone está prohibido como vestimenta para las diligencias.
Luego de las audiencias, los cinco debieron regresar a la
carceleta, pero a las 2:40 se descubrió que se habían evadido.
Un escándalo que motivó el relevo de todo el mando de la
Dirección de Seguridad de Penales.
"OPERACIÓN
CERROJO" CON 3 MIL POLICÍAS PARA RECAPTURAR A PRÓFUGOS
Más de 3 mil policías se encuentran en 'alerta máxima' en
puntos estratégicos del país, sumándose a los grupos de investigación criminal
que están tras la búsqueda de los cinco delincuentes que fugaron de la
carceleta judicial de Lurigancho.
El jefe de la Dirincri, general César Cortijo Arrieta, y el
jefe de la Región Policial de Lima, general Luis Praelli Burga Arrieta,
informaron que la "Operación Cerrojo" se viene realizando las 24
horas del día.
A los policías de Carreteras, de comisarías y agentes de la
Dirincri, se han sumado detectives de los grupos Génesis y Terna para reforzar
la vigilancia en terminales terrestres para evitar que los delincuentes salgan
de Lima.
Como se sabe, entre los prófugos está Lindomar Hernández
Jiménez, "Puerto Rico", sicario que confesó haber matado al reportero
gráfico Luis Choy, en febrero pasado. Cuando fue detenido amenazó de muerte a
varios agentes de la Dirincri.
Son interrogados
por el titular de la Primera Fiscalía de San Juan de Lurigancho, Rolando
Ángeles Aguilar, porque fueron los que trasladaron a los presos y estaban
encargados de ofrecer seguridad en el recinto donde se encontraban.
Doris Aguirre
El brigadier PNP Guido Guevara Llatas
trabajaba desde hace cinco años en la carceleta judicial ubicada en el penal de
Lurigancho. El periodo máximo para laborar en dicho lugar era de dos años.
Guevara es uno de los principales sospechosos de haber cooperado con los cinco
delincuentes que huyeron de Lurigancho después de una diligencia judicial.
Pero Guevara no es
el único. Su jefe, el mayor César Bardales Herrera, responsable de la Carceleta
Judicial de Lurigancho, y sus compañeros de labores, los subalternos Guillermo
Urbina Clavijo, Gustavo Correa Gonzales, Daniel Quispe Soto, Wilfredo Yucra Huancollo,
Javier Álvaro Puma y Juan Alvarado Altamirano, han sido removidos de sus
puestos y son sometidos a investigación.
A estos efectivos se suman los que se
encargaron del traslado de los cinco internos del penal de máxima seguridad de
Piedras Gordas, en Ancón, hasta la carceleta de Lurigancho. Ellos son los
suboficiales Horacio Serrano Gómez, José Coronado Sánchez, Jorge Tarqui Prado y
Jorge Rivas Jirón.
El
titular de la Primera Fiscalía de San Juan de Lurigancho, Rolando
Ángeles Aguilar, dispuso abrir investigación contra los 12 efectivos de la
Policía Nacional, encargados de la custodia de los cinco internos que lograron
huir del Complejo Judicial del Penal de Lurigancho.
De acuerdo con las pesquisas, los internos
Jonathan Sepúlveda de los Santos –procesado por el homicidio del periodista
Luis Choy–, Giancarlo Zegarra Cuadros,
Carlos Timana Copara, Edgar Lucano Roas y Segundo Vargas Mollano fueron
trasladados desde Piedras Gordas hasta Lurigancho a partir de las 8 y 30 de la mañana del miércoles 11 de junio.
El transporte
estuvo a cargo del brigadier Horacio Serrano Gómez y de los suboficiales José
Coronado Sánchez, Jorge Tarqui Prado y Jorge Rivas Jirón. A las 10 de la mañana
los cinco reclusos fueron entregados al mayor César Bardales Herrera, jefe de
la Carceleta Judicial de Lurigancho.
QUIENES FUERON
El brigadier Guido
Guevara Llatas era el encargado de abrir la puerta de acceso a los cinco
procesados hacia las salas judiciales ubicadas en el segundo piso. En ese
momento estaban cumpliendo servicio en los Módulos de los Juzgados los
suboficiales Gustavo Correa Gonzales, Javier Alvarado Puma y Daniel Quispe
Soto.
En su manifestación
ante la fiscalía, el brigadier Guido Guevara dijo que no se percató de ningún
movimiento sospechoso, por el contrario, afirmó, la diligencia se desenvolvió
con toda normalidad como todos los días.
Pero horas después
tuvo conocimiento de que los cinco internos habían desaparecido, argumentó, por
lo que solicitó ayuda a sus compañeros
de armas, que en ese momento no se encontraban en sus respectivos puestos.
Guido Guevara es un
veterano policía con 27 años de servicio, de los cuales 15 años labora en la
Dirección de Seguridad de Penales.
Los policías
asignados a la Carceleta Judicial de Lurigancho estuvieron a cargo de la
recepción de 229 internos que concurrieron ese día para sus diligencias
judiciales, programadas por los magistrados de las diferentes sedes judiciales
de Lima, Cono Norte y Cono Sur.
El jefe de la
División de Diligencias Judiciales de la Dirección de Seguridad de Penales
(Dirsepen), comandante José Orbegozo Saldaña, puso en conocimiento del
administrador de Salas y Juzgados de los Centros Penintenciarios de la Corte
Superior de Justicia de Lima sobre las deficiencias en la Carceleta de
Lurigancho. Es decir, hubo una suerte de alerta de la fuga.
El mayor PNP César
Bardales dio a conocer la falta de seguridad en las instalaciones de los
Módulos Judiciales signados con los números 11, 12 y 13. Incluso el oficial
solicitó desactivar dichos módulos porque estaban desprovistos de garantías.
Nunca recibió respuesta del Poder Judicial.
Hasta el momento
los efectivos investigados se han contradicho respecto a las circunstancias en
que se produjo la fuga de los cinco hampones.
El fiscal Rolando
Ángeles solicitó al administrador Luis Iglesias Linares las grabaciones
obtenidas por las cámaras de seguridad. Linares le dijo que no existían
filmaciones porque las cámaras no funcionaban desde hacía un buen tiempo, algo
que todo indica los delincuentes conocían.
Un hecho que llamó
poderosamente la atención del fiscal Ángeles es que los avezados hampones
salieron por la puerta principal, donde hay
siempre cuatro agentes de seguridad del Poder Judicial. Ellos dijeron
que no vieron nada.
Los 12 efectivos no
solo han sido removidos de sus puestos y son investigados por la fiscalía. La
Inspectoría General de la Policía Nacional también les ha iniciado un proceso
que podría determinar la expulsión de la institución. En 20 días la Inspectoría
debe emitir su informe final.
CLAVES
Fuera. El jefe de
la División de Diligencias Judiciales, comandante PNP José Orbegozo Saldaña,
fue removido de su cargo.
Lo niegan. Todos
los efectivos investigados afirman no tener ninguna relación con la fuga, pero
por las evidencias encontradas en el lugar, y la versión de algunos testigos,
los delincuentes recibieron ayuda para escapar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario