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| MEGA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN |
Revelaciones
El informe preliminar sobre el
caso BTR de la Megacomisión que investiga casos de presunta corrupción durante
la segunda presidencia de Alan García, contuvo varias sorpresas, algunas de las
cuales han pasado desapercibidas hasta ahora.
Desencuentros cercanos.
La Megacomisión, presidida por
el congresista Sergio Tejada, durante el interrogatorio al ex presidente Alan
García. (Foto: Congreso de la República).
Por Romina Mella
DE PETROTECH A SAVIA
Uno de los aspectos más
importantes del informe concierne a las derivaciones del caso Petrotech.
Esta compañía fue acusada por
algunos implicados en el caso BTR y Petroaudios de haber estado detrás del
‘chuponeo’ de las comunicaciones. En esos meses el entonces presidente Alan
García expresó una manifiesta hostilidad hacia Petrotech.
Mientras los funcionarios de
la compañía negaban la acusación, su dueño, William Kallop, se apresuró en
poner a la venta la empresa, desde Estados Unidos.
A inicios de 2009, pocos meses
después de desatado el escándalo de los Petroaudios, Kallop vendió la empresa a
un consorcio formado por Ecopetrol, de Colombia; y National Oil Corporation
(KNOC), de Corea del Sur. El precio de venta fue de 900 millones de dólares.
Alan García había tratado de
impedirla. Un día antes de la transacción, el 26 de enero del 2009, García se
reunió en Palacio de Gobierno con Kanee Young Won, presidente de la compañía
coreana. El 23 de enero, tres días antes, conversó con Javier Genaro Gutiérrez,
presidente de Ecopetrol.
García intentó persuadirlos
para cancelar la compra de Petrotech. “Les dije (a los representantes de
Colombia y Corea del Sur) que no le parecía al Gobierno de Perú muy conveniente
y que resultaba hasta extraña y sospechosa esa venta. Hay varias multas que
Osinergmin ha planteado a la empresa Petrotech y cumplo con señalarles que si
hubiera responsabilidad en este caso de ‘chuponeo’ habría dinero que pagar como
tercero civilmente responsable”, indicó García en una rueda de prensa.
A pesar de las advertencias
presidenciales, la venta se cerró. El Ejecutivo acusó a Petrotech de eludir el
pago de impuestos por haber vendido la compañía en el extranjero. García pidió
al Congreso que investigara el caso, tras lo cual se conformó una comisión
investigadora convenientemente presidida por un parlamentario aprista.
Sin embargo, García fracasó en
impedir la venta. Kallop cobró y el nuevo consorcio asumió las operaciones de
la compañía y le cambió el nombre a Savia.
Poco después, pese a los
desagrados presidenciales, las relaciones de Savia con el Gobierno aprista se tornaron
no solo cordiales sino lucrativas.
El ex ministro aprista, Hernán
Garrido Lecca tuvo, como en tantas otras ocasiones, un papel en ese proceso.
Garrido Lecca pasó de ser lobista y consultor de Global CST (ver las
investigaciones sobre el caso de IDL-Reporteros) a consultor de Savia en 2010.
Es importante señalar que no fueron los coreanos sino los colombianos quienes
contrataron al ex ministro popularmente conocido como ‘Llanta Baja’.
¿Cuánto le pagó Savia? Ahí hay
una discrepancia de cifras, aunque ninguna es modesta. Garrido Lecca declaró a
la Sunat haber recibido 395 mil soles. Savia, sin embargo, informó a la
Megacomisión haber pagado US$69,555.56 a Garrido Lecca a través de tres recibos
de honorarios profesionales girados el 15 de febrero, 20 de abril y 4 de mayo
de 2010.
Lo extraño en este caso es que
Garrido Lecca haya declarado a la Sunat una cantidad superior a la que Savia
dice haberle pagado.
¿Y qué valía tanta plata?
Garrido Lecca dijo que negoció con los maricultores de Sechura un acuerdo de
responsabilidad social, que no tuvo resultado alguno.
Con base en esta discrepancia,
el informe de la Megacomisión recomienda investigar la contratación de Garrido
Lecca, en tanto su gestión podría configurar patrocinio ilegal a favor de
terceros.
Como se recuerda, Garrido
Lecca tuvo un papel protagónico en el caso Global CST, en el que actuó como
lobista para la adjudicación de un contrato con el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
IDL-Reporteros reveló que
Global CST le pagó a Garrido Lecca 369 mil soles por una consultoría en Guinea,
vinculado a temas de saneamiento, luego de sus gestiones con funcionarios del
sector Defensa.
Savia Perú, a su turno, logró
importantes negociaciones con el Gobierno justamente hacia la época en que
Garrido Lecca trabajó como consultor.
Una de las primeras cosas que
lograron, fue que les permitan reabrir y operar la Planta Criogénica de Gas de
Pariñas, en Talara, que el Gobierno le había cerrado a Petrotech en 2008.
Cuando el Gobierno aprista le
cerró la planta de gas a Petrotech, en 2008, esta compañía tenía líos
judiciales con la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA), del grupo español ENDESA.
Mientras García le tenía ojeriza a Petrotech, ENDESA sostenía litigios
judiciales con aquella.
El 2010, ENDESA fue favorecida
por el Decreto Supremo N°001-2010-EM, del 5 de enero del 2010, que estableció
beneficios para las compañías eléctricas generadoras de centrales de Reserva
Fría de Generación, entre ellas la filial piurana de ENDESA.
Dos años más tarde, ENDESA le
pagó 60 mil dólares a Alan García, el 24 de setiembre de 2012, por una
conferencia dictada en Madrid. Según García, se trató de un evento
multitudinario en términos ejecutivos, pero de acuerdo con la Megacomisión, la
intervención de los 60 mil dólares fue en un evento interno de la empresa.
Por ello, el informe
recomienda que “los órganos competentes investiguen el presunto patrocinio
ilegal” en este y otros casos que, como podrá ver cualquier observador alerta,
empiezan a confluir y, lo más importante, a revelar.
ECHAÍZ ACUSADA
Una de las conclusiones más
importantes y sorprendentes del informe es la aseveración de que García, junto
con la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz; el ex premier Jorge del Castillo,
y el general PNP (r) Miguel Hidalgo (entonces jefe de la Dirandro), entre
otros, formaron parte nada menos que de una “organización delictiva” de
encubrimiento, para evitar que se conozca la participación de ex ministros y
funcionarios públicos, en actos de corrupción.
El informe recomienda
denunciarlos por el delito de asociación ilícita para delinquir.
Lo inesperado en esta
acusación es haber incluido a la ex fiscal de la Nación (junto con los fiscales
que estuvieron a cargo de la investigación) como la cabeza de esta red de poder
en la Fiscalía cuyo objetivo, se sostiene, fue manipular la investigación del
caso BTR.
Según el informe, en enero de
2009 Alan García le pidió a Echaíz que ejecute el descerraje, allanamiento,
registro domiciliario e incautación de bienes en una de las sedes de
inteligencia de la Marina, en San Isidro. En esta diligencia, según indica la investigación,
no participó ningún perito informático ni se realizó una auditoría de lo
encontrado.
LA SALIDA DE LOS COLABORADORES
Otro asunto de importancia es
la contratación de Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza, los primeros
informantes del gobierno en el caso BTR, en consulados peruanos en Estados
Unidos, luego de excluirlos de la investigación fiscal por chuponeo.
Matta, quien trabajó para
Business Track, dio a las autoridades la información que llevó a la captura de
Carlos Tomasio, Manuel Ponce y Giselle Gianotti. Además entregó a la fiscalía
un USB con información incriminatoria que nunca fue incluido como medio
probatorio dentro del proceso judicial. Según el informe, está lacrado en la
Fiscalía hasta el día de hoy.
Inicialmente, Matta habría
informado a Amengual que algunos de los audios chuponeados por BTR comprometían
a Del Castillo. Amengual, que trabajó como agente de seguridad del ex premier
en 1985-86, cuando este fue prefecto de Lima lo habría alertado.
Prontamente, los dos
informantes fueron excluidos del caso y contratados por el ministerio de
Relaciones Exteriores como funcionarios en los consulados de Patterson, Nueva
Jersey, y Nueva York, respectivamente, durante dos años y medio, lo que
representó un desembolso de US$ 377,000.00.
¿Quién los contrató?
En una comunicación enviada a
la Megacomisión, el ex canciller José Antonio García Belaunde sostuvo que sí
estuvo informado de la contratación de ambos. “No descarto que haya sido el
propio señor Jorge del Castillo (quien solicitó la contratación)”, indicó
García Belaunde.
En la parte final el informe
de la Megacomisión recomienda que Del Castillo sea investigado por este caso♦
Publicado el Martes 10 de
septiembre, 2013
Última actualización el martes
22 de octubre, 2013
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