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| EN CONTRA DEL 4to PAQUETAZO ANTIAMBIENTAL |
Rechazo a
proyecto. Congresistas Mendoza, Coari y Nayap, junto a líderes nativos y
campesinos en contra de iniciativa legal que promueve la inversión privada en
sus tierras. Foto: Luis Centurión.
Reacción.
Comisión aprobó ayer por mayoría proyecto que, según congresista Mendoza y
dirigentes indígenas, facilita entrega de tierras para inversiones. CNA
programó paro para el 22 de junio. Rubén Coa negó que norma afecte a indígenas.
José Víctor Salcedo
A menos que haya una
reconsideración en el Congreso, se avecina un nuevo conflicto social en el
país. Sucede que la aprobación del proyecto de ley (3941) que promociona la
inversión privada en comunidades nativas y campesinas obligó a los gremios
indígenas a poner en consulta el inicio de acciones de protesta en contra del
Congreso y el presidente Ollanta Humala.
La mañana de ayer la Comisión
de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó la iniciativa planteada por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con un quórum de solo 6 de 12 miembros,
3 de los cuales eran accesitarios.
Están en cuestión varios
puntos de la norma. La congresista Verónica Mendoza explicó que con el
"cuarto paquetazo antiambiental" está en riesgo el derecho de nativos
y campesinos a la posesión de sus tierras, al promover el otorgamiento de
manera indiscriminada de derechos de servidumbre o derecho de vía de terrenos
eriazos al sector empresarial. Es decir, puede entregar a una empresa privada
la potestad de usar un predio e impedir que su propietario ejerza su derecho.
Además, “la adjudicación se da
sin previa autorización de las comunidades”, refiere Herderson Rengifo,
presidente del Consejo Directivo de Aidesep.
De igual forma, la comisión no
tomó en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los aportes
que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar en una
carta entregada el 30 de marzo pasado.
Para Herderson Rengifo, la norma
también bloquea definitivamente la titulación de predios en comunidades
campesinas y nativas. Y es que cuando se entrega un terreno a una empresa como
derecho de vía temporal ya no puede ser objeto de ser titulado por las
comunidades.
“Vulnera nuestros derechos al
dar servidumbres, derechos de vía y localización de área”, señaló Rengifo.
Otro punto en cuestión es que
los indígenas como directos afectados nunca fueron consultados acerca del
contenido de la norma como dispone la Ley de Consulta Previa y el Convenio 169
de la OIT.
Además se cuestiona que en el
artículo 30 del proyecto se declare de interés nacional la protección de los
derechos de vía y localización de área otorgados para proyectos de inversión.
“Siendo obligación del Estado asistir al concesionario en mantener las
condiciones adecuadas de dichas áreas”, señala.
Para Mendoza se trata de un
proyecto que, con el argumento de atraer inversiones, vulnera el derecho de los
pueblos indígenas y además elimina la obligación de presentar planes de manejo
de residuos sólidos de manera anual en caso que se cuente con un EIA aprobado.
En cambio, el especialista en
materia ambiental Lorenzo de la Puente señaló que esa norma es positiva en el
punto de mejorar la certificación ambiental. Opinó que debido a la politización
del tema ambiental surjan duras críticas a la iniciativa legal.
CIERRAPUERTAS
Un grupo de dirigentes
indígenas había llegado ayer a Palacio Legislativo para exponer los argumentos
de su pedido de archivamiento de la norma. Pese a que en la anterior sesión
hubo acuerdo de otorgarles un tiempo para que hagan su exposición, ayer los
nacionalistas acordaron dejar sin efecto ese acuerdo.
“No se quiso siquiera
escucharnos pese a que presentamos por escrito nuestras observaciones”, refirió
el Apu de la comunidad nativa Awajún de Condorcanqui (Amazonas), Bernabé Impi
Ismiño.
Por eso, los líderes
amazónicos pusieron en consulta el inicio de protestas para demandar que el
proyecto sea archivado. En tanto, la Confederación Nacional Agraria (CNA)
convocó a un paro nacional para el 22 de junio.
DISCREPANCIAS
Cabe señalar que el MEF
impulsa la ley para promover inversiones y así superar el frenazo que ha
sufrido la economía peruana.
Al respecto, el congresista Rubén Coa -quien
votó a favor de la iniciativa- negó que no se haya recibido opiniones de los
líderes indígenas. Hubo debate con bastante amplitud, dijo.
Asimismo, aseguró que no se
pone en riesgo los derechos de las comunidades porque “estamos ante una norma
que solo tiene el objetivo de reducir la tramitología, pero no reduce derechos
ni la protección ambiental”.
Sin embargo, su
correligionario, el nacionalista Eduardo Nayap, piensa lo contrario. “Hemos
sido por todos los siglos pisoteados, abandonados, y hoy un gobierno que se
dice de inclusión social saca un proyecto de ley de esta naturaleza”. Nayap
dejó en claro que los pueblos indígenas lucharán hasta el final para defender
sus derechos. “Si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a darle”, anotó.
PUNTOS CRÍTICOS
1. Artículo 19.1: El titular
de un proyecto de inversión solicita a la autoridad sectorial competente la
servidumbre sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal que sean necesarios
para el desarrollo del proyecto de inversión.
2. Artículo 29.Los predios que
no se encuentren inscritos en el Registro de Predios y que no constituyan
propiedad de particulares, o no estén en posesión de comunidades campesinas o
nativas, son de dominio del Estado.
3. Artículo 30.1 Declárese de
interés nacional la protección de los derechos de vía y localización de área
otorgados para proyectos de inversión, siendo obligación del Estado asistir al
concesionario en mantener las condiciones adecuadas de dichas áreas.
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