EL FUNERAL DE TÍA MARÍA

NO MAS PERUANOS MUERTOS

CLAUDIA CISNEROS MÉNDEZ

Ni a la minera ni al gobierno ni a dirigentes como el tal Pepe Julio les importa 3 carajos los peruanos muertos: 2 agricultores y 1 policía, solo les interesa el lucro. El Gobierno sigue actuando como vocero desvergonzado de la empresa, los pobladores lo saben y por eso desconfían de cualquier cosa que diga u ofrezca. La minera compra con su dinero la dignidad y el uniforme de algunos policías que fungen de sicarios, siembran falsas pruebas para desprestigiar a los manifestantes. El tal Pepe Julio vende su influencia sobre los manifestantes por dinero. Es cierto que puede que ese audio no sea de la protesta actual sino del 2011, como apunta Rebeca Diz en el semanario de Hildebrandt, pero para el caso la gravedad es la misma: traficar con el poder de movilización es de canallas. El daño es agravado porque su canallada será usada por la mina y el Gobierno, y sus medios-cajas-de-resonancia para deslegitimar la protesta.

Por eso es importante que quienes realmente buscan una resolución a este malogrado conflicto, tomen en cuenta que el fondo del asunto está más allá de la coima de Southern a un sinvergüenza dirigente, más allá de las fuerzas en escalada de violencia del lado estatal y civil. El fondo y origen de este conflicto, que va camino al desgarramiento nacional, está en lo que José de Echave explica muy bien en su última columna en Hildebrandt en sus Trece: las 138 observaciones que se le hicieron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó Southern en 2009.

El informe con las observaciones que hizo la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) “destrozó el EIA presentado por Southern y confirmó las preocupaciones de la población”. Como cuenta Echave, al MINEM no le quedó otra que rechazar el EIA y declararlo inadmisible (Resolución Directoral 105-2011-MEM-AAM del 8/04/2011).

Pero 2 años después la empresa volvió a arremeter presentando un nuevo EIA que supuestamente corregía el primero. El problema es que la empresa presentó este EIA un 19 de diciembre, fin de año, fiestas… en una audiencia que duró 35 minutos, con dos mil policías afuera de un local al que no dejaron entrar a dirigentes y líderes. Y a eso le llamó Merino (MINEM) “licencia social”. Esto fue en el 2013. Al 2015 la empresa sigue intentando imponer a la mala el proyecto y no ha hecho más que seguir alimentando su descrédito. Lo último ha sido el sembrado de armas a un inocente agricultor en supuesta complicidad de policías contratados por la empresa y medios de comunicación como Correo. Se prestan para el montaje y para fijar los calificativos de “terroristas antimineros”. Lo del bus quemado en Matarani es otro ejemplo. Aparece “en un lugar alejado al que se producían las manifestaciones” (Rebeca Diz) y sin que nadie explique cómo llegó allí con las carreteras bloqueadas.

Pero llegado a este punto: 47 días de conflicto,  180 heridos y 3 muertos, es responsabilidad del Gobierno garantizar la vida de los peruanos: manifestantes y policías. Policías que han sido enviados sin entrenamiento en conflictos ni recursos, como ha acusado la esposa de Henry Vásquez del S.O. asesinado a pedradas por una turba. Ernesto Vásquez, hermano del policía caído ha responsabilizado a Humala por enviarlos sin recursos, mal alimentados, sin capacitación. También lo confirma Doris Cornejo, corresponsal de Canal N.

Si el Gobierno tomara en serio la defensa de la vida lo que cabría en este momento es declarar la suspensión de Tía María. A veces dar un paso atrás es ser responsable, no débil. Pero el Gobierno ha decidido enviar un contingente militar a la convulsionada zona. Todos saben que los militares se entrenan para matar, no para persuadir. Si eso ocurre, sería simple y puro asesinato que vulnera los derechos humanos y Humala, Cateriano y el ministro de Defensa podrán ser procesados por ello. Si el Gobierno realmente quisiera recobrar la paz en la zona y proteger a los peruanos, no estaría amenazando con militares o estados de emergencia, estaría suspendiendo hasta nuevo aviso el proyecto y buscando recuperar puentes de diálogo pero con los asuntos de fondo y con los interlocutores que no estén contaminados por la plata sucia de la minera.

“Democracia no es enfrentar a la policía con el pueblo”, ha dicho a Humala Ma. Isabel Álvarez, viuda del policía muerto. Democracia tampoco es imponer a sangre y bala un proyecto que viene viciado por la desconfianza legítima, probada con el prontuario de la empresa Southern que bien se conoce en Arequipa. El Gobierno y la empresa quieren sangre, muerte y bala. Quieren cifras, quieren plata, quieren lucro como sea y a costa de quien sea. Y a eso le llaman desarrollo…