¿EL GOBIERNO DE LA CORRUPCIÓN?

 

Reflexiones sobre la corrupción en los poderes del Estado y la carencia de representatividad

Por Claudia Villena Tagle

El 17 de abril del 2019, el diario The New York Times publicó una nota titulada “Odebrecht en Perú; un expresidente fallecido, uno internado, uno prófugo y otro sin poder salir del país” .

 El artículo resumía los últimos 20 años de gobiernos elegidos democráticamente en el Perú y su vinculación con la corrupción transnacional del caso Odebrecht.

Se aludía al fallecimiento del expresidente Alan García, tras el pedido de detención preliminar por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos en el caso Odebrecht.

A este se sumaban las investigaciones de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001- 2006) y Ollanta Humana (2011-2016). Por su parte, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también se encontraba investigado por los delitos de lavado de activos y colusión por el presunto recibimiento de aportes a su campaña electoral del 2011 y los presuntos pagos realizados por Odebrecht a empresas vinculadas al exmandatario.

Este recuento de casos permite describir el efecto de la corrupción en la calidad de la democracia peruana y la consecuente crisis de representación política.

La representación se puede entender como el procurar actuar en defensa de los intereses de la sociedad. A su vez, una aproximación a la definición de representación sustantiva permite reconocer su importancia para la promoción de intereses y demandas sociales de los grupos.

Por ello, se espera que el ejercicio del poder al interior de las instituciones públicas sea congruente con el interés público.

La corrupción, contraria a esta dinámica solo provoca externalidades negativas, primando los intereses particulares por sobre el bienestar social. Un ejemplo claro de esta relación se mide en las pérdidas por corrupción e inconducta funcional en el 2020 que equivalen a 22,059 millones de soles que pudieron direccionarse para la construcción de 2 carreteras centrales, 6 líneas del Metro de Lima, 50 centros de salud o incluso para comprar 724 plantas de oxígeno [3]. A ello se suma la naturaleza regresiva de la corrupción, en tanto los peruanos con menores recursos deben invertir ingresos en el pago de coimas para acceder a servicios básicos.

A su vez, en los últimos años, la corrupción también generó gran inestabilidad política tras ser empleada como herramienta que justifica iniciar procedimientos de incapacidad moral contra los presidentes corruptos, elegidos democráticamente.

Más allá de reflexionar sobre la existencia de casos de corrupción protagonizados por los exmandatarios como Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), los procedimientos de vacancia se convirtieron ejemplo de cómo es que la corrupción puede instrumentalizarse en un contexto de conflicto entre poderes del Estado.

En dos de estos casos, el Perú se enfrentó a sucesivos cambios de gobierno que llevarían a cuestionar el origen democrático de presidentes como Manuel Merino, quien gobernó por 5 días; o Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

En consecuencia, el Perú viviría graves crisis políticas caracterizadas por violencia social y policial, entre marchas multitudinarias y muertes registradas a nivel nacional. 

El caso de Dina Boluarte es característico de esta pérdida de representatividad, en tanto fue rechazada por la población desde el inicio de su gobierno y, en respuesta, se organizaron manifestaciones y movilizaciones que serían reprimidas violentamente en el 83% de los casos, ocasionando 67 muertes. A pesar de la violencia y el rechazo, la presidenta Boluarte se mantiene en el gobierno. 

Una consecuencia esperada de esta crisis de representatividad es una reducción en la confianza que se tiene en los poderes del Estado. Al respecto, los últimos resultados de la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú permiten identificar que para el 32%, la corrupción reduce la confianza en los políticos y en la prestación de servicios públicos como salud, educación y seguridad (31%).

Al explorar la confianza en los poderes del Estado, se identifica que el Congreso de la República es considerada la institución más corrupta del Perú por un 60% de los encuestados. Por su parte, el gobierno de turno sería la segunda institución más corrupta para un 42%, sobrepasando a las Municipalidades y Gobiernos Regionales. Estos resultados contrastan con el reporte del 2019 en el que solo 1 de cada 10 encuestados identificaba al gobierno como una de las instituciones más corruptas.

Por su parte, la percepción negativa con respecto al Poder Judicial se redujo en un 13%, convirtiéndose, ante la percepción de los ciudadanos, en la tercera institución más corrupta del país.

No cabe duda de que la corrupción se ha convertido en una constante en el Perú y su impacto en los poderes del Estado ha reducido su capacidad para impulsar políticas justas e inclusivas. 

El Perú vive un vacío de representación sustantiva en las instituciones públicas que son gobernadas en función a intereses particulares, alejándose así de la naturaleza de un país democrático.

ACTUALIDAD

Más del 80% de peruanos siente vergüenza del Congreso y el 70%, del Gobierno de Dina Boluarte

Mayoría de peruanos concibe a instituciones estatales como entidades dignas de sentir vergüenza, entre ellas, el Congreso, el Gobierno, los partidos políticos, la lucha contra la corrupción y hasta la situación económica.

El Congreso de la República y el Gobierno de Dina Boluarte han sido, durante cada fin de semana, que se revelan las encuestas de apreciación de la ciudadanía, dos de las instituciones más desprestigiadas y con varios hechos que motivan esta crítica. Ahora, una última encuesta de Datum Internacional pone en evidencia que este desprestigio ha llevado a estas dos instituciones a ser las entidades que más vergüenza generan en el Perú.

Según la encuestadora, que reveló esta data para el medio El Comercio, el Congreso es considerado el principal motivo de vergüenza para la ciudadanía en el Perú, con un alarmante 81% de desaprobación. Este dato es seguido muy de cerca por la percepción negativa hacia el Gobierno, que alcanza un 76%, y los partidos políticos en general, con un 75%. El estudio destaca no solo el rechazo hacia el funcionamiento actual del Congreso, sino que también pone en evidencia la profunda crisis de confianza hacia las estructuras de poder en el país.

El Gobierno y los partidos políticos, como entes que deberían representar los intereses y el bienestar de la población, se ven afectados por esta percepción de ineficacia y desconexión con las necesidades ciudadanas. La encuesta realizada a nivel nacional en Perú entre el 5 y 8 de abril ha revelado que el apego de los peruanos por su país ha disminuido significativamente en los últimos cinco años.

Según los resultados, el sentimiento de vinculación con Perú ha caído catorce puntos porcentuales desde 2019, pasando del 92% al 78% en 2023. Este fenómeno se ha acentuado principalmente en las áreas rurales, donde la cifra actual se sitúa en el 69%, en contraste con el 79% observado en las zonas urbanas.

Es en zonas rurales en donde, en el transcurso de los años, desde el 2022, que el Gobierno de Dina Boluarte inició, hasta la fecha se registra la mayor cantidad de muertos producto del conflicto social acaecido durante sus primeros meses de gestión.