ESCÁNDALO: KEIKO FUJIMORI HIZO CAMPAÑA PRESIDENCIAL CON 13 MILLONES DE DÓLARES DE LA CORRUPCIÓN Y NO LOS DECLARÓ

 

ESCÁNDALO: KEIKO FUJIMORI HIZO CAMPAÑA PRESIDENCIAL CON 13 MILLONES DE DÓLARES DE LA CORRUPCIÓN Y NO LOS DECLARÓ 

AFIRMA FISCAL JOSÉ DOMINGO PÉREZ SUSPENDIDO DEL CASO COCTÉLES A PEDIDO DEL FUJIMORISMO. UNO DE SUS MAYORES APORTANTES FUE DIONISIO ROMERO DUEÑO DEL BANCO BCP CON 3.65 MILLONES DE DOLARES

En uno de sus últimos actos como fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez entregó un informe a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ratificando que Keiko Fujimori financió sus campañas presidenciales con más de USD 13 millones obtenidos de manera ilícita. 

El documento fue presentado poco antes de su suspensión del cargo, medida que no detuvo la conclusión de sus investigaciones sobre el partido Fuerza Popular.

El informe detalla que desde 2011, Fuerza Popular habría captado millones de dólares mediante acuerdos irregulares con grupos empresariales. 

Entre los financistas identificados están Credicorp, el grupo Rassmuss, la Confiep y Inversiones Piuranas S.A.C., cuyos aportes no fueron registrados ante la ONPE ni bancarizados, lo que evidenciaría su carácter ilegal.

Según el documento, Dionisio Romero, presidente de Credicorp en ese entonces, entregó USD 3,65 millones al partido fujimorista, en reuniones sostenidas con allegados a Fujimori en una residencia ubicada en La Molina. 

Estos pagos se habrían realizado entre fines de 2010 e inicios de 2011, con la finalidad de asegurar influencia si Fujimori llegaba al poder.

Durante la campaña de 2011, la empresa Sudamericana de Fibras, del grupo Rassmuss, también transfirió USD 3,5 millones al entorno de Fujimori, en operaciones que incluyeron encuentros con el empresario Juan Enrique Rassmuss y la propia excandidata. En el proceso electoral de 2016, se habrían canalizado otros USD 3,73 millones, producto de al menos 30 reuniones con empresarios, en las que participaron Jorge Yoshiyama, Pier Figari y Mark Vito.

El informe también involucra a la Confiep, que, según Pérez, habría gestionado la recolección de USD 2,07 millones de empresas como Alicorp, Odebrecht, Southern Perú, y empresarios como Carlos Rodríguez Pastor y Roque Benavides, bajo la presidencia de Ricardo Briceño. Estos aportes fueron canalizados para influir en las elecciones y políticas futuras.

En el contexto de la campaña de 2016, Romero volvió a aportar USD 450.000 mediante entregas físicas en sobres y maletines. Las reuniones se realizaron nuevamente en el domicilio del exministro Martín Pérez Monteverde, coincidiendo con su rol como presidente de la Confiep, reforzando el vínculo entre intereses empresariales y Fuerza Popular.

El fiscal Pérez sostiene que Fuerza Popular cumple con los elementos para ser considerado una organización criminal. La agrupación habría utilizado su estructura partidaria para interferir en procesos judiciales, desacreditar al sistema fiscal, y copar instituciones públicas con el fin de proteger a sus miembros de la justicia. Esta estrategia incluiría campañas mediáticas, manipulación del Congreso y maniobras legislativas.

Finalmente, el informe recomienda la suspensión política de Fuerza Popular por representar una amenaza al orden democrático. Se argumenta que sus acciones constituyeron una estrategia sistemática de captura del poder político para beneficiar a sus financistas, vulnerando los principios de transparencia y legalidad que rigen el sistema electoral peruano.

> CUARTO: Requerimiento de suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular

4.1. Durante el trámite de la Investigación Preparatoria seguida en el Caso SGF 55-2017, este Despacho Fiscal requirió diversas medidas, entre las cuales corresponde señalar el Requerimiento de suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular.

José Domingo Pérez Gómez

Fiscal Provincial Titular

Equipo Especial – Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Caso Lava Jato

El cual se presentó ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, generándose el Expediente Judicial No. 00299-2017-138-5001-JR-PE-01.

4.2. De acuerdo con el contenido del requerimiento inicial formulado con fecha 17 de julio de 2020, y el requerimiento complementario presentado con fecha 07 de septiembre de 2020, se advierte que en su oportunidad se expresó ante la judicatura correspondiente diversos argumentos y hechos que demostraron la permanencia o prolongación de los efectos lesivos de los delitos cometidos, así como la existencia de un riesgo de que a través del partido político Fuerza Popular, se obstaculice la averiguación de la verdad o se sigan cometiendo delitos.

4.3. En cuanto a los hechos y/o argumentos que fundamentaron el Requerimiento de suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular, se tiene que para el año 2020, fecha en que dicho requerimiento se formuló, se trataba de riesgos latentes de concreción, pero que, a la fecha, muchos de estos se han realizado y seguirán en su permanencia ejecución.

fuente: diario la república - la mula.pe

jUEVES, 10 DE ABRIL DE 2025