Por Agustín Haya de la Torre
La intensa campaña mediática
del Fujimorismo para conseguir el indulto a favor del expresidente da un paso
decisivo con el pedido que anuncia la familia. Tal cosa no se produciría si no
existiesen señales alentadoras por parte del gobernante.
Aquí empieza un aspecto
novedoso en los quehaceres de Ollanta Humala, pues, como se lo han advertido
los miembros de su gabinete que conocen de leyes, tal cosa no procede. Está
claro que la enfermedad de Alberto Fujimori no es terminal, requisito sine qua
non para el indulto humanitario. Tampoco esta gracia presidencial puede
aplicarse de acuerdo a la legislación supra nacional a quienes estén condenados
por delitos de lesa humanidad ni como señalan las leyes peruanas a quienes
cometieron secuestro agravado.
Solo con un cambio de gabinete
podría Humala dar este paso, arriesgándose a otro papelón en la Corte
Interamericana de derechos humanos, como el que acaba de suceder contra el
fallo de la sala Villa Stein por querer beneficiar al Grupo Colina.
Es difícil saber por qué el
presidente se arriesgaría a tanto. Acaba de nombrar a su tercer primer
ministro, que proviene de la Comisión Andina de Juristas y éste a su vez, ha
designado un consejo consultivo integrado por distinguidos abogados
identificados durante toda su vida con la doctrina de los derechos humanos.
Un indulto significaría una
nueva crisis ministerial. El reemplazante, alguien tan tozudo como para ir a
enfrentarse a San José y sufrir una vergonzosa derrota. Aunque voluntarios de
esos que prefieren la quincena a la historia no falten, resultaría un giro de
timón de imprevisibles consecuencias.
No solo perdería a su actual
gabinete sino a su siempre inquieto aliado político Alejandro Toledo. La movida
traería consecuencias en el propio Fujimorismo, pues luego de ensayar con éxito
el liderazgo alternativo, volvería al mandato personal del padre, cuya primera
decisión será la agradecida alianza con el gobierno, para llenar el vacío de
una indignada oposición toledista.
El golpista trata de cargarle
a la democracia la culpa por el “maltrato” que supuestamente soporta, cuando
todo el país lo ve atenderse en las mejores clínicas y gozar de una prisión
repleta de privilegios. Desde allí dirige campañas electorales, reparte
enseres, recibe las visitas que le da la gana y hasta tiene su huerto para que
no se deprima.
Debe ser un caso único de
burla permanente a las reglas penitenciarias. En Argentina los exdictadores,
ancianos ya, están en cárceles comunes.
Fujimori es un caso ejemplar
de sanción a quien desde el ejercicio autocrático del poder se creyó con
derecho a ordenar asesinatos y secuestros, además de saquear el tesoro público,
para una vez descubierto fugarse cobardemente.
No solo no se arrepiente de
nada sino que encima no ha devuelto un centavo de los millones que robó. Humala
está al borde de una apuesta insensata que lo puede llevar a una deriva
autoritaria y a consagrar la corrupción.
¿Quién será el primer ministro
del fujihumalismo?
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