Los problemas para Nadine
Heredia no acabaron con la salida del fiscal Ricardo Rojas, quien investigaba
desde enero sus cuentas y la de sus allegados. El caso ahora está en el
Tribunal Constitucional (TC), que ha programado para el 14 de octubre la audiencia
para evaluar el recurso de agravio constitucional que el fiscal Ricardo Rojas
presentó contra el hábeas corpus que la Sexta Sala Penal declaró procedente y
que archivó las investigaciones a la primera dama y a 13 personas de su
entorno, por el presunto delito de lavado de activos.
En su recurso el fiscal Rojas
sostiene que hay nuevos elementos que justifican la continuidad de sus
pesquisas y asegura que la investigación que se hizo a la primera dama el 2009
fue deficiente. Para ello se vale de las declaraciones de dos personas que
solicitan convertirse en colaboradores eficaces, quienes habrían dado
información que comprometería seriamente a la pareja presidencial.
Uno de los informantes habría
señalado que el presidente Ollanta Humala recibió –a través de su exasesor
Martín Belaunde Lossio– US$ 400 mil en efectivo de la empresa brasileña
Odebrecht para financiar la campaña nacionalista de 2006 y el segundo
informante indicó que el gobierno venezolano –en ese entonces liderado por el
desaparecido Hugo Chávez– hizo llegar valijas diplomáticas con altos montos de
dinero a la casa de la primera dama Nadine Heredia con el mismo fin.
PERITAJE
Otro frente judicial que tiene
abierto Nadine Heredia fue el aperturado por la procuradora de lavado de
activos Julia Príncipe quien presentó un pedido ante el fiscal Germán Juárez
Atoche, que investiga el financiamiento del Partido Nacionalista, para que
disponga realizar un peritaje grafotécnico a las cuatro agendas que se
atribuyen a Nadine Heredia.
Esto fue después que la
primera dama negara ser la titular de las agendas. Príncipe dice en su escrito
que es necesario que se realice esta diligencia para determinar si la letra en
las agendas proviene del mismo puño, "si presentan anotaciones recientes y
si las que aparecen consignadas son antiguas, precisándose la época, así como
la persona que las efectuó".
Ante el pedido de pruebas
grafotécnicas, Heredia dijo que asistirá a todas las citaciones que le haga el
fiscal Germán Juárez y aseguró que se someterá a las pruebas que el magistrado
disponga, para determinar si las cuatro agendas que se le atribuyen son suyas.
La participación de Julia
Príncipe motivó que se le abra a la procuradora una investigación, lo que ha dado paso a la interpelación que se
hará el martes 13 de octubre en el Pleno del Congreso al ministro de Justicia,
Gustavo Adrianzén, para que responda sobre una presunta censura a los
procuradores del Estado.
El pedido para interpelar a
Adrianzén Olaya fue admitido por 53 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención.
El ministro deberá responder un pliego de 13 preguntas a raíz de la denuncia de
la procuradora Julia Príncipe, quien señaló que este le había prohibido hablar
ante la prensa sobre la investigación que realiza a las cuentas de Nadine
Heredia y su hermano Ilan Heredia.
¿SON PRUEBA?
¿Las agendas pueden ser
consideradas como pruebas? Hay algunos precedentes que valen la tema tomar en
cuenta. El Tribunal Constitucional estableció que en el caso de las
intervenciones telefónicas realizadas por un tercero (esto es, pruebas
obtenidas ilícitamente) y no por un funcionario o agente del Estado, no se
puede imputar la injerencia ni al juez ni al fiscal que tiene a su cargo la
denuncia (ejemplo el caso Alberto Químper). En este caso el Estado solo debe
investigar, juzgar y en su caso sancionar a los interceptores de la
información.
Este criterio guarda
similitudes con el caso de las agendas. Tanto la interceptación telefónica como
la sustracción de las agendas han sido actos realizados con violación del
derecho a la intimidad personal por lo que constituyen prueba prohibidas. Sin
embargo, siguiendo el criterio del TC, dado que no hay rastros que las agendas
hayan sido sustraídas por funcionarios o agentes del Estado, el fiscal no
estaría impedido de incorporarlas como pruebas en una investigación o
denuncia.
En medio de las acusaciones,
tanto el presidente Ollanta Humala como la primera dama Nadine Heredia han
negado en todas sus formas la autoría de la agenda, por lo que el peritaje
grafotécnico planteado por la procuradora
Julia Príncipe será clave en la resolución de este caso.
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