La destitución de la
procuradora Julia Príncipe y la posterior renuncia de Gustavo Adrianzén como
Ministro de Justicia, para evitar una inminente censura parlamentaria, dejan en
claro la voluntad del Poder Ejecutivo para defender a la primera dama Nadine
Heredia “a como dé lugar” de las crecientes acusaciones en su contra.Sin
embargo, por las características del momento, no se trata de un hecho más en la
multitud de escándalos de corrupción que sacude la política nacional, sino de
uno que deja muy claro que lo que le interesa al gobierno de Ollanta Humala no
es un mínimo de estabilidad de cara a las próximas elecciones sino el blindaje
de su esposa para poder gozar en el futuro las ventajas y privilegios obtenidos
en estos años. Por esta razón, en la que el interés particular del mandatario y
su señora, aparece claramente por encima del interés general del país, es que
podríamos estar entrando a un momento de descomposición del gobierno nueve
meses antes de que termine, con el prejuicio que esto podría tener para el
régimen democrático en su conjunto.
Llama poderosamente la
atención que otros actores políticos como Keiko Fujimori y Alan García vean
esta situación como una manera expeditiva de terminar de librarse de un rival
político más que por sus efectos en la democracia. Keiko Fujimori ha
llegado a la desfachatez de pedir que se “destituya” a Nadine Heredia de un
cargo que, ahora, formalmente ya no existe, cuando ella como “primera dama” no
tuvo un comportamiento muy decoroso en el mismo ya que reemplazó a su propia
madre, sin protestar por los maltratos a los que Susana Higuchi fue sometida
por Alberto Fujimori. Alan García por su parte se continúa esforzando, con toda
su maquinaria legal, por no ser investigado mientras celebra las
investigaciones a los demás.
Todo esto está a tono con que
el día martes se volviera a dejar sin quórum a la Comisión de Constitución y
con ello se impida que se aprueben las reformas electorales mínimas propuestas
sobre el control de los fondos partidarios y la democracia interna de los
partidos políticos. En este curso todo hace ver que se impondrán la impunidad y
la desidia y tendremos un proceso electoral gravemente limitado para que
aparezcan alternativas que planteen una reforma política de fondo, que traiga
un aire nuevo a la democracia y permita que no se siga identificando a la
política como una actividad delictiva más por buena parte de la ciudadanía.
Nuevamente la única
esperanza parece ser la movilización de la población contra una clase política
indolente, no solo para la reposición de la doctora Julia Príncipe, símbolo
anti-corrupción del momento, sino para que se den al menos pasos significativos
en la reforma política que permitan elecciones libres y justas el próximo abril
de 2016. Debemos estar atentos también para ver, de cara a la corrupción y los
políticos corruptos, cuáles de los candidatos se atreven a poner la reforma
política por delante en sus propuestas electorales.
Es una lástima que cuando
varios de los mitos de estos años se desvanecen, como es el caso del “milagro
económico peruano” no haya disposición para atajar la precariedad democrática y
establecer mejores condiciones para que el pueblo peruano, soberanamente,
escoja el camino que desea recorrer. Esta voluntad de bloqueo político es muy
peligrosa porque alimenta innecesariamente una olla de presión que puede tener
consecuencias inmanejables en el futuro.
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