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| ¿Candidata a la presidencia del PJ? |
Descargo.
Juez suprema Ana María Aranda
dice que investigación a los 'jueces de Orellana' se resolverá en dos años y
dos meses por lo menos. "Procuraremos que sea más rápido", dijo
Aclaración. Defiende su laudo
arbitral que expidió el 2011 y que ayudó al jefe del clan mafioso. Afirma que
en esa época no se sabía de las actividades supuestamente ilícitas del abogado.
César Romero C.
La juez suprema Ana María
Aranda Rodríguez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), negó
haber favorecido indebidamente a la red de Rodolfo Orellana el año 2011, cuando
integró la Sala Civil Suprema que validó un laudo arbitral fraudulento que le
permitió a dicha mafia apoderarse de un inmueble en Lurín.
"No podemos decir que acá
avalamos o protegemos, o que tengo un comportamiento corrupto. Eso es
tendencioso y obedece a una campaña de desprestigio contra mí y la OCMA que
hace un trabajo serio y responsable", precisó Aranda.
Añadió que es absolutamente falso que la OCMA
avale a Orellana o a cualquier otro personaje.
"Tenemos una conducta
transparente, honesta, leal. Hacemos esfuerzos para combatir la
corrupción", enfatizó.
Agregó que el 2011 no se
conocía quién era Orellana y que las víctimas no supieron defenderse ante la
Corte Suprema. Fue tan enfática en su afán de defenderse de las críticas de la
prensa que por momentos parecía vocera de la red Orellana.
"El señor Orellana tenía
registrado el título en Registros Públicos, por eso avalamos la transferencia
del inmueble a Jorge Cortez", aseveró.
Al respecto, se ha informado
que Orellana registró el inmueble con engaños y Cortez era su testaferro; en
realidad nunca hubo transferencia del inmueble, solo se trataba de sacar a la
familia Caycho Tesen.
DOS AÑOS
Como prueba de su
transparencia, Aranda indicó que la OCMA investiga a siete jueces, incluido el
presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari, por
presuntos vínculos con la red Orellana.
Luego anunció que tomará
medidas legales contra los que han criticado su labor, aunque sin precisar si
se refería a las víctimas de Orellana o a los periodistas que difundieron el
fallo de la Sala Civil Suprema.
La prensa ha criticado la
pasividad de la OCMA para resolver las denuncias a los jueces vinculados a Orellana. Aranda Rodríguez indicó que la
demora no es culpa suya, sino de los procedimientos que existen.
Aranda sí reconoció que la
investigación a los jueces podría durar hasta dos años y dos meses, por lo que
ha pedido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que modifique el reglamento
de la OCMA sobre investigación y sanción de magistrados.
Según fuentes judiciales, más
que las críticas lo que ha mortificado a la jefa de la OCMA sería que
trascienda la información en momentos en que se presenta como candidata a la
presidencia del PJ. Ella creería que todo es obra de alguno de los otros candidatos.
Preocupación entre las víctimas de
la mafia de los laudos arbitrales
Cristhian Caycho, Martha Tesen
Caycho y Giovanni Paredes dijeron estar preocupados por las palabras de la jefa
de OCMA. "Por eso estamos en este problema, los jueces siempre dijeron que
los papeles de Orellana estaban en regla y nunca nos escucharon, vamos a
revisar los papeles para ver si podemos presentar una denuncia", indicó
Caycho.
El 2010, un pleno de jueces
especializados en temas comerciales había resuelto que los laudos o actas de
conciliación que afectaban a un tercero no podían ejecutarse y el 2011 la Sala
Civil Suprema resolvió que el laudo tenía la calidad de cosa juzgada y se
ejecutaba incluso contra terceros", explicó Paredes. Añadió que lo cierto
es que el fallo de la Sala Civil convalidó el despojo.
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| Milagros Asián Barahona |
SALA ANULA LA ORDEN DE PRISIÓN
PREVENTIVA DE LA ESPOSA DE CÉSAR ÁLVAREZ
La Sala Penal Nacional anuló
la prisión preventiva de Milagros Asián Barahona, la esposa del detenido
presidente regional de Áncash, por un supuesto exceso de la fiscalía en la
sustentación del pedido de detención.
La misma medida se tomó
respecto de los periodistas Danilo Meléndez Ponce, ex jefe de imagen de la subregión
Pacífico, y Felipe Bermúdez Mendieta. Los tres se encontraban prófugos de la
justicia.
El tribunal superior alegó que
la jueza Mercedes Caballero al momento de resolver la prisión preventiva por 18
meses de Asián Barahona y los periodistas incluyó hechos nuevos no planteados
en el requerimiento planteado por la fiscalía de Chimbote.
El fiscal Marco Humán apelará
la decisión a la Corte Suprema porque todo el caso La Centralita podría caerse
si se mantiene el criterio de la Sala Superior.
El requerimiento de prisión
preventiva de Asián Barahona se realizó en Chimbote al inicio de la
investigación, por lo que al venir el expediente a Lima y obtenerse nueva
información los fiscales supraprovinciales fortalecieron el pedido.
Pero la Sala Superior dice que
eso no es posible, que la jueza penal nacional debió resolver con la
información primigenia incipiente, con la que probablemente no se hubiera
dictado la detención.
Con ese argumento se podrían
anular otras órdenes de prisión efectiva que todavía no se ejecutan o ya se
están ejecutando. La Sala Penal Nacional dispuso que se realice una nueva
audiencia para resolver la situación de Asián, Bermúdez y Meléndez.
La fiscalía insistirá en
presentar nuevos elementos de convicción y las declaraciones de los
colaboradores eficaces.
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