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| El dominio continua |
Llega al Perú el
presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que de alguna manera se está
tomando un aire de las fuertes presiones a la que está sometido en su país, y
lo que encuentra en el Perú es un regalo inesperado (o tal vez era esperado y
no lo sabemos): la aparentemente interminable negociación entre la Telefónica y
el ministerio de Transportes y Comunicaciones ha concluido y ahora hay nuevo
contrato y 19 años más de la empresa más discutida del proceso de privatización
de los 90.
De inmediato se ha
abierto un debate nacional sobre el tema que no pudo desarrollarse antes por el
carácter secreto con que se llevó adelante la negociación, como si para alguien
hubiera sido importante evitar que las posiciones que tienen los peruanos sobre
este punto fueran escuchadas. Al principio, sin embargo, parecía que la cosa se
venía realmente dura cuando el presidente Humala dijo que no concebía que una
empresa que se resistía a pagar sus impuestos y había judicializado su deuda
tributaria, creyera que se podía renovar el contrato sin cumplir antes con sus
obligaciones.
Pero de eso ya
hace mucho tiempo y Humala, que alguna vez se burlaba de las cuerdas separadas,
admitió un trato diferenciado de estos dos asuntos: tributario y
contractual, y puso al ministro Paredes
en la ruta de la renovación a la que debía arrancarle algunas novedades para
volver a exhibir cómo es eso de que el gobierno negocia sin patear el tablero.
En Ecuador, el mismo tema de los nuevos contratos de telefonía supuso que las
empresas hicieran un desembolso a favor del Estado por el uso del espectro de
comunicaciones y si no estaban de acuerdo se acababa el compromiso y se llamaba
a otros interesados.
En el Perú no
hemos conseguido un solo centavo, como si un bien escaso como son las ondas
radioeléctricas no valiera nada y se
otorgara como gracia al concesionario. Tampoco por supuesto se ha logrado una
mejora de la tarifa considerada una de las más altas de la región, ni
obligaciones en relación al servicio. Toda la negociación parece que ha estado
centrada en conseguir que la empresa colabore con los programas sociales para
pobres en que anda metido este gobierno y que se presume que tienen una
cobertura total de un millón de beneficiarios. Es así que al final de la
negociación, la “más dura” exigencia es que las tarifas para estas personas
serán la mitad de lo que paga el resto, sin que se sepa aún cómo le empresa
generará un mecanismo compensatorio para cobrarse de los otros usuarios la
menor ganancia por lo que vendría a ser más o menos un 10% de todo su mercado.
Lo esencial de
esta supuestamente difícil negociación es que no había instrumentos de poder
puestos en la mesa por el gobierno, por ejemplo la posibilidad de no renovación
del contrato, o la eventualidad de una licitación abierta para comparar
diversas ofertas. A la vieja manera, el ahora diluido nacionalista Ollanta
Humala, colocó todo el énfasis en que la Telefónica se quede. Si el otro sabe
que esa es la política, va a alargar, como lo hizo, la negociación cuánto sea
necesario para que las pretensiones del Estado queden dentro de los límites que
le sean más convenientes. Por eso es que quizás por un poco de vergüenza nos
quieren vender que algunas pequeñas concesiones son una gran victoria sobre una
empresa intransigente. Compárense los contratos peruanos con los de países
vecinos para saber cómo entiende cada quién esto de la soberanía.
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