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| INCLUSIÓN OLIGARQUICA |
Era cuestión de tiempo. Desde
que el Contralor, la Jefa de la SUNAT, el Superintendente de Banca y el
presidente del BCR, se aumentaron sus remuneraciones en un rango entre 30 y 40
mil soles, a pesar de las observaciones de los organismos técnicos del Estado
que decían que no podían hacerlo, y que nadie corrigiera el entuerto, estábamos
a un solo paso para que los ministros dispusieran con su propio voto, y el
consentimiento decisivo del titular del MEF, la duplicación de sus sueldos y el
de su personal de directa confianza. Ahora lo que sigue es que los congresistas
que también tienen el poder de mejorar sus ingresos a discreción se pongan al
día con los ministros, y empiece el zapateo de los jueces, fiscales y demás magistrados.
Todavía no se ha movido el
sueldo del presidente, que teóricamente era el top de la administración
pública, no se sabe si porque Castilla se ha tomado en serio lo de estar frente
a un “cosito”, o porque hay alguna estrategia de esperar primero el vendaval de
críticas que se viene por lo de los ministros, para el ajuste final. En todo
caso lo que se ha producido es una reestructuración perversa y desordenada de
la escala remunerativa que va a traer violentas protestas. Un general de
división y sus equivalentes ganaban hasta antier el 43% de sueldo de ministro,
ahora han pasado a representar el 22%, y de ahí para abajo viene la escala de
militares y policías. Para ejemplificar su idea de la equivalencia
remunerativa, el del mechoncito ha llegado a anotar que un policía ha sido
aumentado 100%, de 1,200 a 2,400, lo que sería casi igual que los ministros que
se han ido de 15,600 a 30 mil.
Ni qué decir cómo queda el
asunto con los maestros y profesores universitarios, los médicos y la totalidad
de trabajadores de la administración pública. Se asegura, sin embargo, que esta
“reforma” se ajusta a un criterio de meritocracia. Pero, ¿qué quiere decir eso?
Tal vez que los ministros, viceministros, secretarios generales, gerentes y
otros, se consideran los más meritorios entre los trabajadores públicos. Nótese
que no se está hablando de profesionales de primer nivel que se contratan para
funciones específicas en competencia con el sector privado, sino de políticos
con responsabilidades públicas, que ya han dado muestras más de mil veces de
que se aferran al cargo, por lo que no había peligro de que se fueran, sino de
que se quedaran. La verdad que es difícil entender el criterio del gobierno más
allá de la ambición y vanidad de algunos personajes. Si este es el primer hecho
importante post-Haya, habría que preguntarse si lo que ha pasado es que el
poder se ha mareado de soberbia luego de vestirse de victorioso, o si se trata
de un torpedo que el gobierno se ha lanzado contra sí mismo.
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