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| Denunciados por investigar drogas en Aeropuerto |
De cómo la empresa Lima Airport Partners ha perseguido a
los periodistas que investigaron el tráfico de drogas a través del Aeropuerto
Jorge Chávez y terminaron en manos de jueces que creen que investigar es
difamar.
El 25 de febrero de 2009, la policía antinarcóticos fue
informada que de acuerdo al resultado de acciones de inteligencia previas un
“sujeto conocido como “gordo Jesús” estaba desplazándose a inmediaciones del
centro comercial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez… a bordo del
vehículo de placa de rodaje DQ-6436, color plomo portando armas de fuego, por
lo que al montarse vigilancia discreta, siendo aproximadamente las diez horas…
se ubicó a la citada unidad vehicular… a la altura de la cuadra 34 de la
avenida Elmer Faucett … (el) conductor… pretendió darse a la fuga , sin embargo se logró su intervención siendo
identificado como… Jonny Yesquén Huby… al que se le encontró… dos armas de
fuego… cuatro teléfonos celulares… Asimismo al efectuarse el registro del
vehículo se encontró en la maletera… dos maletas… hallándose en la primera 29
paquetes y en la segunda 30 paquetes… conteniendo clorhidrato de cocaína con
almidón con un peso neto total de 57
kilos con 850 gramos…”
“Al prestar su
declaración preliminar el denunciado Yesquén Huby… señaló que el sujeto
conocido como “Primo” … (le entrega) las maletas conteniendo droga y el
vehículo en el que fue intervenido… a fin de que trasladara hasta la puerta de
loa empresa Gate Gourmet en las instalaciones del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, empresa encargada de abastecer alimentos al avión de la compañía
LAN vuelo 636 que partía a horas trece con treinta minutos con destino al DF
México… para lo cual realizó coordinaciones con el conocido como ”Monchi”, con
el que acordó el pago de mil seiscientos dólares americanos por cada kilo de
droga. Dinero que sería repartido entre los funcionarios de Aduanas, Policía
Nacional, trabajadores de la línea aérea LAN y Lima Airport Partners”.
Lo que usted está leyendo, estimado lector, son los
párrafos iniciales del auto apertorio de instrucción correspondiente al
expediente Nº 2009-01108-0-701-JR-PE-6, emitido por el sexto juzgado penal del
Callao y suscrito por el Juez Fidel Gómez Alva el 2 de marzo del 2009, abriendo
proceso a 34 personas por delitos Contra la Salud – Tráfico Ilícito de Drogas,
en las modalidades de trasporte y acondicionamiento de clorhidrato de cocaína,
conspiración de personas para facilitar el tráfico de droga y omisión de actos
funcionales (policías y funcionarios públicos). El caso, por cierto, rebasaba
el límite de la nota policial al haberse producido durante el año anterior
(2008) varias capturas de envíos de droga en diversos países, en vuelos
procedentes de Lima, que habían sido materia de denuncias periodísticas, a las
que la empresa administradora del aeropuerto había respondido que no era su
responsabilidad porque su obligación era evitar amenazas contra los aviones y
los viajeros y no los contenidos que salían hacia el exterior.
Desde que se hizo la concesión, LAP declaró el área del
espigón internacional y de las pistas donde estacionan los aviones que realizan
vuelos al exterior, como zona fuera de control de las autoridades peruanas,
dificultando el trabajo de la policía, los fiscales y los jueces, aún en casos
de presuntos delitos o cuando la empresa era la demandada. Se creó un sentido
de extraterritorialidad que antes no se concebía y un problema crítico para la
lucha antinarcóticos.
El 8 de noviembre de 2008, el programa dominical Cuarto
Poder de América Televisión presentó un informe denominado “Aeropuerto Jorge
Chávez es una coladera de droga”, que hacía énfasis en el tráfico por vía aérea
y recapitulaba hechos del año que confirmaban la falta de controles. El
11.12.08, el periodista Herbert Mujica presentó una denuncia penal en la
fiscalía del Callao por la falta de acción de la empresa LAP ante el aumento de
los casos de narcotráfico procedentes del Perú que eran detectados en otros
países en aviones que habían despegado de Lima.
Con estos antecedentes, la captura del “Gordo Jesús”
(Jonny Yesquén), en febrero del 2009, era casi un desenlace anunciado de lo que
ya se estaba volviendo un sistema de salida de mercadería ilegal. El carro
intervenido con 57 kilos de droga y armas sin licencia, fue noticia los días
siguientes en los medios. Lo que nadie sabía era el grado de ramificación
criminal de la organización que sacaba la droga. Informes de inteligencia,
investigación fiscal e instrucción judicial establecieron que una banda como
esta no podía tener éxito si no contaba con la colaboración de “gente de
adentro”, lo que comprometería agentes de aduana, policías, trabajadores y
funcionarios de la administradora del aeropuerto y de las líneas aéreas en las
que se embarcaba la cocaína.
Periodismo de
investigación
Todo esto es el comienzo de la historia de la catarata de
juicios que LAP nos lanzó a los periodistas Cesar Lévano, Herbert Mujica y Raúl
Wiener, por la osadía de respaldarnos en el documento judicial antes citado y
de concluir en la misma hipótesis que lleva al juez Gómez Alva a iniciar el
proceso. Fue el principal denunciado, según consigna el juez en su resolución,
el que dice : “…igualmente intervendrían la denunciada Ana María Pedrera Ruiz
en condición de supervisora de seguridad de la empresa LAN y quién coordinaría
los turnos de los counters de seguridad cuando se va a hacer un envío de
drogas; … y el denunciado John Charles Kirch Jr., jefe de seguridad de Lima
Airport Partners, con el que coordinaría el denunciado Dianderas Castro para
los envíos de drogas en las diferentes modalidades…”
Para mayor aclaración, el tal Dianderas Castro, agente de
aduanas del aeropuerto era el ”Monchi”, que junto con “Primo” (Enrique Delgado Marín),
actuaban como jefes de la banda, al decir de Yesquén Huby, y le facilitaron la
droga y el carro. En concreto había una enorme veta informativa detrás del caso
y un asunto de indudable interés nacional, en el que las dos empresas
importantes comprometidas tenían la obligación de dar la cara. Hasta donde se
sabe, la chilena LAN, destituyó a su jefa de seguridad y la separó de la
empresa, señalando públicamente que daría todo su apoyo a las investigaciones.
Por su lado, LAP encargó a su estudio de abogados
favorito: Benites-Forno-Ugaz, defender a su gerente de seguridad, consiguiendo
inicialmente que el denunciado pudiese llevar el proceso en libertad, por tener
un trabajo fijo (precisamente el que era materia de la acusación) y plantear un
paquete de denuncias judiciales contra los periodistas que habían indicado que
en las narices de la administradora aeroportuaria se hacían sucios negocios. El
26 de julio de 2009, a cinco meses de la captura de Yesquén Huby, el diario La
Primera publicó el informe de investigación titulado: “Red de narcotráfico en
el aeropuerto”, con la firma de Raúl Wiener, días después el director del
diario, César Lévano hizo un comentario sobre el mismo. Por su parte Herbert
Mujica citó en una nota que circuló en Internet, la investigación de Wiener.
Estos fueron los pretextos para la presentación de tres
demandas por difamación contra Lévano y Wiener, y otras tantas contra Mujica.
Un mismo texto, basado en un documento judicial, sobre un problema acuciante
para el país, y que hacía mención a muchos implicados, a dos empresas y a
varias instituciones estatales, sólo produjo molestia en LAP y sus directivos,
que elaboraron recursos presentados ante seis juzgados, para decir que el objeto
de lo publicado y las notas complementarias, era dañar su “honorabilidad”.
Ciertamente, ninguno de los denunciantes dependiente de LAP, ni la empresa
misma hicieron descargos públicos de los hechos denunciados, si se trataba de
un asunto de honor. No apelaron a su derecho de rectificación y pretendieron
ignorar en todo instante que eran ellos los que tenían que explicar graves
hechos y no los periodistas que habían informado lo sucedido. Sin embargo, a
pesar de ser todo tan evidente, la Justicia peruana que siempre es capaz de
superarse admitió todas las querellas y las fue resolviendo erráticamente según
el real entender o algo más, de los distintos jueces.
¿Quiénes eran los
que demandaban?
Los procesos contra los periodistas Lévano y Wiener de La
Primera, basados en los mismos elementos de prueba: seleccionados por los
demandantes: el informe de investigación del 26.07.09, unas “pataditas”, y una
columna de César Lévano, de los días siguientes, han seguido la siguiente ruta:
(1) Caso Kirch, referido a la demanda del jefe de seguridad de LAP, que
argumentó haberse sentido difamado porque se le dio por integrante de una “red
de narcotráfico”, cuando todavía no se había probado su participación y al
haber sido posteriormente excluido del proceso, por lo que pedía prisión y una
gruesa reparación a Lévano y Wiener.
Al respecto, la Segunda Sala de la Corte de Lima,
dictaminó el 6 de octubre de 2011, en última instancia absolviendo a los
demandados, que: "Este Colegiado considera que no se ha acreditado animus
difamandi por parte de los querellados
(Wiener y Lévano), puesto que no se atribuyen calificativos que atentan contra
el honor del querellante (Kirch) sino que lo relacionan a hechos que constan en
el auto de apertura de instrucción con la finalidad de informar al público ante
una noticia que era de interés nacional, tal como se había detectado que se
estaba enviando droga al extranjero desde el Aeropuerto Jorge Chávez".
2) Caso Salas, en el que el exjefe de seguridad
de LAP, que antecedió a Kirch, demanda a los mismos periodistas con los mismos
elementos probatorios, por una alusión que se hace de su persona recogiendo una
información de sus excompañeros de trabajo en CORPAC de que también tendría
antecedentes negativos. El demandante no era parte de la denuncia principal
sobre una red de narcotráfico, no obstante pretendiese que se le había
vinculado. Sin embargo la jueza de primera instancia luego de declarar
prescrita la causa contra Lévano, por razón de edad, condenó a Wiener por estimar
que había una intención difamante, a pesar de que el único escrito presentado
con su firma como elemento de prueba no mencionaba el nombre del señor Salas.
Llevado el caso a la segunda instancia, el colegiado
reafirma la sentencia de cuatro años de prisión suspendida y aumenta la
reparación civil de 40 a 100 mil nuevos soles, como si tratara de un caso de la
mayor gravedad, atreviéndose a señalar: “…el querellado no realizó la más
mínima labor de verificación del dato obtenido de fuentes muy relativas…”, lo
cual es una suposición ofensiva que contrasta seriamente con el reconocimiento
que la sentencia del 2011, que los vocales conocían, hace de la seriedad del
trabajo de investigación realizado. En resumen para un juez y una sala no había
difamación, sino un caso digno de investigarse, aún si se incurriera en errores
o excesos, como se indica explícitamente; pero para una jueza y otra sala, el
objeto de la denuncia de La Primera era perjudicar a Salas, aún en la nota en
que no se da su nombre. Y eso merecía la máxima pena. Este caso se encuentra actualmente en
apelación ante la Corte Suprema.
(3) Caso
Montes-Pacheco, según el cual, dos apoderadas legales de LAP, Milagros Montes
Morote y Catherine Pacheco Quesada, se presentan como trabajadoras afectadas
por el daño moral que se habría inferido a su empresa al informar de la
presunta existencia de funcionarios que incurren en delito de narcotráfico. Sin
duda este es el proceso más disparatado en el que se pretende que la posible
inconducta de una persona que es tratada en la prensa podría traer como
consecuencia una mella a la honorabilidad de personas relacionadas
laboralmente, que además adoptan una representación de otros trabajadores que
no tienen cuando están actuando a cuenta de su empleador. No cabe por donde se
le mire la figura de la difamación indirecta, y el que reclama debe probar que
hay una intención en contra suya encubierta en el derecho informativo. Si tal
cosa no pasaba en los casos Kirch y Salas, mucho menos podía haberlo con estas
dos mujeres.
Tres jueces, sin embargo, han tenido en sus manos este
expediente, sin devolverlo a las querellantes que era lo que correspondía. Y
ahora, por lo que se sabe, el juez del 35ª Juzgado Penal de Lima, se propone
sentenciar en contra de Lévano y Wiener, en un fallo que debería convertirse en
un tema de toda la prensa peruana porque indica hasta donde pueden llegar
algunos jueces. Fíjense el punto al que estamos llegando: en estos momentos ya
es cosa juzgada que no hubo difamación contra Kirch, porque realmente fue
incluido en un proceso judicial. Pero parece haber un juez para el que haber
tratado este caso no “difama” al aludido, sino a las abogadas que trabajaban
con él. El mundo al revés.
Efectivamente ya es casi para reír que se puedan dar
tantas contradicciones como si no hubiera un concepto claro frente a un solo
texto informativo, unas notas de chismes y un comentario del director. Todos
los jueces han leído lo mismo y todos se han hecho conscientes que se trata de
un cargamontón porque eso figura en los expedientes. Pero igual, hay los que se
hacen los desentendidos sobre la intención real de lo escrito y respaldan la
posición de la empresa que ha hecho todo lo posible por convertir un caso de
narcotráfico en una persecución al periodismo con el cuento de que quieren
difamarlos.
¿Y a todo esto…?
Lo que más grotesco de esta historia, no es sin embargo
el maltrato que recibimos los periodistas por levantar noticias de indudable
interés público, y el riesgo de que una empresa extranjera que debería estar
atenta a brindar el mejor servicio y responder ante los requerimientos en el
cumplimiento de sus responsabilidades se sirva de los recursos que obtiene de
la explotación de la concesión a su cargo para acallar cualquier intento de
vigilancia sobre sus actividades, sino que ya se dejó de hablar de la droga
aeroportuaria y todo indica que los implicados en el caso Yesquén Huby han
salido libres de polvo y paja.
En nuestro país los jueces son más duros con la prensa
que investiga, sobre todo si el investigado es muy poderoso, que con los
propios narcotraficantes. No por gusto somos el país en que se condena a
inocentes, se mantienen largos procesos y al final se libera a narcos con mucho
billete e incluso tenemos expresidentes que se jactan de sus narcoindultos. Es
por eso que creemos que el caso LAP contra Lévano-Wiener, es realmente una
línea que va a marcar claramente la relación entre el Poder Judicial, la
prensa, el poder económico y el narcotráfico.
En todo caso en el diario La Primera hemos decidido decir
basta y salirle al frente a la prepotencia de LAP y al uso de la justicia
contra la libertad de expresión. Que nadie crea que nuestros periodistas están
solos. Y que nos doblegaremos en nuestra lucha por la verdad.
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