Raúl Wiener
A medida que pasa el tiempo se
hace evidente la forma maliciosa cómo se preparó el aumentazo de los ministros
y allegados y la manera en que se ha ido manipulando las leyes para dar el
zarpazo final. Acaba de explicarlo el ministro Figallo ante el Congreso, recién
viniendo de la CIDH, donde fue a cumplir el encargo de Humala y los militares
de negar las ejecuciones extrajudiciales tras la operación “Chavín de Huántar”.
Ha anotado el ministro que el
artículo 52 de la Ley Servir de julio 2013, ha aprobado una categorización
entre los “funcionarios públicos” distinguiendo a los que ocupan cargos por
elección popular, a los que son designados y removidos en forma regulada (por
ejemplo el Contralor, el Defensor del Pueblo
y otros), y los que llama de libre designación y remoción, conocido como
personal de confianza donde van ministros, viceministros, secretarios generales
y gerentes regionales y municipales.
A todos estos se les ha sacado
de la carrera pública y, con excepción de los congresistas, se les ha colocado
en manos del Consejo de Ministros que es el que va definir sus remuneraciones
por Decreto Supremo, de acuerdo a su criterio, o más precisamente a la
recomendación del MEF. Por cierto que siguiendo una regla de buen gusto, los
ministros escogieron empezar por la categoría en la que ellos están incluidos,
que es la de toda esa buena gente que nadie eligió, lo que hace pensar que la
Ley Servir no era para ordenar al Estado como se decía, sino para sacar una
ventaja legal para los que tienen la manija.
Pero Figallo también ha
hablado de la Ley de Presupuesto 2014, que fue el siguiente paso de la
emboscada, ya que ahí se ha eliminado sin mayores estruendos el límite legal
que establecía que el tope de los sueldos públicos era la remuneración del
presidente. Como Humala parece dudar en aumentarse, por las consecuencias
políticas, Castilla vadeó el obstáculo y legisló con el concurso de un Congreso
distraído, para que los aumentos ministeriales y otros sean a partir de ahora a
entera discrecionalidad.
Ahora quién controla el abuso,
si al Jefe de Servir, Juan Carlos Cortés, que es el encargado de ordenar el
sistema de remuneraciones, le parece muy bien lo que ha pasado porque se ha
empezado por el grupo más pequeño (donde está él) y así es más fácil gestionar
los cambios (¡!!), y el Contralor Khoury, al que la Ley le ordena cuidar la
legalidad y austeridad del gasto público, se ha tragado la lengua porque él
mismo, hace tiempo, rompió los topes y se asignó 33,100 soles de sueldo, con 15
remuneraciones al año. ¿Con qué cara intentaría de cumplir sus funciones?
Bien se ha dicho que en estas
cosas del poder no sólo existe la corrupción como violación de la ley, sino la
ley corrupta para darle legalidad a la corrupción. Este es un caso.
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