A escasos días de haberse
enterrado al principal rival del presidente regional de Ancash, César Álvarez,
asesinado alevosamente en una parada de viaje hacia Chimbote por sicarios
contratados para eliminarlo, el juez Alejandro Mena Quispe que tiene a su cargo
el Juzgado Unipersonal Penal Transitorio de la Corte Superior de Justicia del
Santa (¡tamaño nombresote!), condenó al periodista César Quino Escudero por
haber supuestamente difamado al mismo Álvarez en una portada de su revista El
Observador, en la que alude al enorme poder que ejerce en la región.
A fines de enero, apenas un
mes y medio de su trágica desaparición, Ezequiel Nolasco había denunciado,
junto a su familia, otra turbia decisión de la justicia chimbotana que absolvió
a casi todos los miembros de la banda que acribilló a su hijo político en el
primer intento por asesinarlo. Así, el amparo judicial contra el crimen se
debilita en la medida que crece el blindaje contra autoridades que parecen dispuestas
a cualquier cosa para retener el poder.
Ancash es una región con mucho
dinero procedente del canon minero y las actividades pesqueras, y en la que los
índices de inseguridad ciudadana han crecido aceleradamente. En poco tiempo se
ha visto caer bajo las balas del sicariato al alcalde Casma, al exalcalde de
Huarmey, al fiscal provincial de Casma, y a testigos importantes de estos
mismos crímenes. La idea es evidente: sembrar el miedo en la gente, resolver
contradicciones políticas y evitar investigaciones sobre corrupción a punta de
balas.
¿Y qué hace el presidente
regional para enfrentar la violencia que aqueja a su pueblo? Que se sepa nada,
salvo insistir en la brillante tesis de que él no puede estar comprometido con
los asesinatos políticos, porque nada lo perjudicaría más en sus aspiraciones,
que involucrarse en ese tipo de temas. Un razonamiento sorprendente que permite
la cobertura suficiente para que se siga produciendo la la eliminación
sistemática de sus adversarios, y los jueces y fiscales sigan sin investigarlo.
Mientras tanto el juez Mena,
da verdadera pena dirigiendo su afán sancionatorio hacia la prensa pequeña e
independiente, con lo cual se vuelve a cumplir una regla perversa que se está
repitiendo en el país, según la cual los casos graves de sicariato, corrupción,
narcotráfico, quedan muchas veces sin resolver porque los jueces desestiman las
pruebas y consagran la impunidad, mientras se ensañan contra la prensa que
denuncia estos hechos y advierte de los responsables más probables con los
recursos de la investigación periodística.
Quino Escudero ha declarado
que la sentencia no sólo amenaza la libertad de expresión sino que instala un
clima de persecución judicial contra la prensa, ya que al hacer intocable a
Álvarez pone en situación comprometida a otros periodistas que también han sido
denunciados como difamadores por el presidente regional. Entretanto Álvarez
tiene 150 denuncias por peculado, malversación y abuso de autoridad. Y no le
pasa nada.
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