Las continuas amenazas de muerte realizadas antes
del crimen del ex consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco, retratan un
crimen que se pudo prevenir. ¿Por qué la policía y la fiscalía no hicieron
mayor caso a las denuncias de Nolasco? ¿Cómo enfrentar el crimen organizado que
parece sostenerse en instituciones débiles, cuya inacción puede costarle la
vida a un peruano?
Hoy en día, las extorsiones son el fenómeno
delictivo más preocupante, peligroso y violento que viven nuestras ciudades.
Entre 2012 y 2013, las diez ciudades que
lideraron el ranking de extorsiones fueron La Libertad (42.8%), Tumbes (35.5%),
Piura (30.3%), Cañete (Lima) (27.9), Huaura (Lima) (20.9%), Chimbote (Ancash)
(14.7%), Lima Metropolitana (14.7), Lambayeque (14%), Ica (14%) y Tacna (14%).
Como vemos, se trata de ciudades caracterizadas por un importante dinamismo
económico producto del crecimiento de sectores como minería, construcción y
agroindustria. El ex Ministro del Interior, Gino Costa, afirma que la extorsión
tiene un mayor impacto porque es un fenómeno menos selectivo, por tanto, afecta
a un mayor número de actores, tanto grandes como pequeños, y a los sectores
productivos.
Las extorsiones prosperan gracias a una mezcla de
temor, pasividad, incompetencia, corrupción y abierta colusión de buena parte
de las autoridades locales para hacerles frente. Por ejemplo, a medida que se
conocen los detalles del crimen de Ezequiel Nolasco, salta a la vista el
“revés” que sufren las fiscalías provinciales que investigan el crimen
organizado. Cuatro jueces de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, que
acogieron y venían investigando la denuncia sobre la existencia de un centro de espionaje telefónico en Chimbote, no obtuvieron el
apoyo de la Fiscalía de la Nación y fueron despedidos de sus cargos. Para el periodista Ricardo Uceda, habría
suficiente evidencia de un tinglado judicial que protegió a quienes están
detrás del crimen organizado en esta zona del país. Uceda se atreve a
afirmar que el actual Fiscal de la Nación, como su voceado sucesor Carlos Ramos
Heredia, serían poco menos que aliados del presidente regional de Áncash, César
Álvarez, quien está en el centro de las investigaciones por el crimen de
Ezequiel Nolasco.
¿Quéalternativas tenemos? Una
primera medida es reconstruir la capacidad de inteligencia e investigación
criminal de la policía. El ex ministro Costa señala que la detención del
coronel Linares, jefe policial en Chiclayo, como presunto protector de la
organización criminal El Clan del Norte, demuestra que se necesita firmeza al
interior de la institución policial. Asimismo, se requiere constituir bajo la
dirección de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, equipos de
fiscales y policías que hagan la investigación en terreno: escuchas telefónicas
legales, agentes encubiertos, levantamiento del secreto bancario, colaboración
eficaz, entre otras. Se requiere, además, un mayor número de agentes policiales
de inteligencia, garantizar que se mantenga la incomunicación telefónica de los
principales cabecillas detenidos para evitar que sigan operando desde los
penales y, finalmente, constituir una liderazgo político en el marco más amplio
de la lucha contra el crimen organizado, que defina la estrategia, resuelva los
problemas de implementación y provea los recursos presupuestales. ¿Estaremos
preparados para tal desafío?
www.otramirada.pe
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