El Consenso
de Washington: la instauración de las políticas neoliberales para controlar a
los Estados de América Latina
El Consenso de Washington incluye estos 10 puntos que
debe conocer todo interesado en política.
1. Disciplina presupuestaria de los gobiernos.
2. Reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación
y salud
3. Reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de
contribuyentes e impuestos moderados.
4. Desregulación financiera y tasas de interés libres de
acuerdo al mercado.
5. Tipo de cambio competitivo, regido por el mercado.
6. Comercio libre entre naciones.
7. Apertura a inversiones extranjeras directas.
8. Privatización de empresas públicas.
9. Desregulación de los mercados.
10. Seguridad de los derechos de propiedad.
Escribe:
Néstor Roque Solís
Siempre me he preguntado ¿Porque el Estado dueño de todos los recursos
del país no puede hacer empresas y explotarlas adecuadamente? ¿Porque no
fortalecer las PYMES y la industria nacional? ¿Porque no defender lo nuestro
frente a la competencia externa? como si lo hacen los propios países
abanderados de la nueva economía y libre mercado. Hoy en día en Europa, Asia y
América existen poderosas empresas estatales que cumplen un papel privilegiado
en el desarrollo estratégico de sus países.
En el Perú queremos ser más papistas que el Papa del Vaticano poniendo
el grito en el cielo cuando el Estado pretende realizar inversiones en sus
propios recursos que le pertenecen. La gestión del Presidente Ollanta Humala es
de una economía liberal, pero la derecha quiere que sea más derecha y liberal
que los EE.UU. Japón o Chile.
Los gobiernos justificaron y justifican sus políticas liberales
aperturistas y anti-industrialistas sosteniendo que de esa forma se adaptan a
las corrientes imperantes en el mundo. Sin embargo, a diferencia del Perú,
muchos países, tanto centrales como de la periferia, tuvieron y tienen
políticas de diverso tipo de políticas proteccionistas para desarrollar y
transformar industrias, tradicionales y de punta, destinadas al mercado interno
o la exportación.
En 1970 el gobierno militar Juan Velasco Alvarado se otorgaron
subsidios y protecciones que contribuyeron a la instalación o crecimiento de
grandes plantas productoras de insumos industriales pesqueras, mineras,
hidrocarburos, cemento, pasta celulósica, química y petroquímica, acero,
aluminio y textiles entre otros por intermedio de PESCAPERU, ENAPU, PETROPERU,
SIDERPERU, MINEROPERÚ.
A partir de los años 90 con el fujimorismo, las privatizaciones
también asestaron un golpe a la industrialización autónoma, en la medida que
causó el cierre de numerosas empresas nacionales y regionales. El fujimorismo
eliminó la Industria Nacional, lo cual permitió que las empresas extranjeras
que se instalaron en el país, como las de servicios privatizados, reemplazaran
a proveedores industriales locales por externos.
Las empresas chicas fueron las principales afectadas por este tipo de
políticas. Muchas de ellas pertenecen al sector industrial o trabajan como
proveedoras de bienes y servicios del mismo. Muchas, también, exportan o
estarían en condiciones de hacerlo si contaran con apoyo financiero o
institucional.
Durante décadas, los gobiernos de turno dispusieron de numerosos
regímenes de promoción de las Pymes, que generalmente contaron con escasos
recursos y sufrieron discontinuidades, por lo cual su efecto fue bajo o nulo en
términos de desarrollo y calidad productiva teniendo en cuenta su capacidad de
empleo en la economía nacional.
La estrategia proteccionista de
EE.UU.
El país del Norte dispone de una legislación por la cual las empresas
pueden obtener medidas proteccionistas cuando consideran que sus competidores
del exterior están actuando en forma desleal. Por este sistema se traba el
ingreso de productos latinoamericanos siderúrgicos, agrícolas y textiles, como
actualmente los tubos sin costura, cítricos y miel argentinos.
Además de contribuir brindando protección, el Estado apoya el
desarrollo industrial contribuyendo al financiamiento de la Investigación y
Desarrollo, especialmente de actividades de alta tecnología, a través de
diversas agencias. EE.UU. tiene además una activa política de promoción de
Pymes a través de la Small Business Administración (SBA). En ese país existen
22 millones de pequeñas empresas, que representan la mitad del producto doméstico
privado y de la fuerza laboral del sector privado. La SBA es una organización
del gobierno federal con rango cuasi ministerial; está dirigida por
representantes del sector público y privado; cuenta con un presupuesto de 5000
millones de dólares anuales y posee un sistema de garantía de créditos que
permite asegurar 9.000 millones de créditos tomados por las Pymes. Cubre entre
el 30 y 40% de los préstamos otorgados a las firmas. Cumple también tareas de
asesoramiento y asistencia técnica.
También se promueve a que las Pymes participen como subcontratistas de
las grandes empresas que ganan licitaciones estatales. Paralelamente, con el
objetivo de fomentar la participación de las Pymes en el mercado externo, la
Oficina para el Comercio Internacional (OIT) de la SBA dirige y coordina con
otras agencias estaduales y federales el asesoramiento y la asistencia
financiera para explorar mercados, establecerse y/o expandir las exportaciones.
La inversión realizada para estimular a las Pymes es rentable ya que, de
acuerdo con un estudio de Price Waterhouse
por cada dólar invertido por el Estado en el desarrollo de las Pymes,
vuelven 6,8 dólares en carácter de impuestos pagados al gobierno federal o
estadual.
La estrategia proteccionista de
Chile
En Chile donde he trabajado varios años como consultor, cuentan
también con un amplio dispositivo para asistir a las Pymes. La Corporación de
Fomento a la Producción (CORFO) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) tienen por objetivo apoyar la descentralización productiva y poner en
contacto pequeñas y medianas empresas chilenas con empresas extranjeras para
hacer negocios, concretar acuerdos de cooperación, contratos de transferencias
de tecnología o transmisión de experiencias empresariales o comerciales.
Funciona con la coparticipación del sector público y privado en el
financiamiento de los programas de proyectos de fomento, gestión exportadora y
fondos de asistencia técnica. A su vez, la Asociación de Exportadores de
Manufacturas (ASEXMA) lleva adelante programas de desarrollo de capacidad de
empresarios Pymes.
Además Chile tiene la poderosa empresa estatal CODELCO que partidos de
izquierda, derecha y centro lo mantienen como una empresa estratégica para el
desarrollo del país del sur. Aquí en el Perú el gobierno pretende fortalecer a
PETROPERU con la adquisicion de acciones de RAPSOL y la derecha grita y susurra
en forma descarada con el poder mediático en sus manos.
La estrategia proteccionista de
Japón
Japón es otro ejemplo, donde el país asiático tiene políticas más
extensas para Pymes, las que reúnen el 99% del número de establecimientos y el
78% del empleo. Generan a su vez el 51% de las ventas manufactureras, el 61% de
las ventas mayoristas y el 77% de los minoristas. Estas empresas conviven con
grandes grupos con los cuales tienen extendidos sistemas de subcontratación y
existen políticas destinadas a facilitar la adaptación de las Pymes a los
requerimientos tecnológicos de las cadenas de subcontratación y a mejorar su
capacidad de negociación frente a las grandes empresas.
En la segunda mitad del siglo pasado varios países asiáticos, como
Corea, Taiwán, Malasia y Tailandia, siguieron la ruta de industrialización de
Japón, repitiendo muchas de sus prácticas de intervención estatal. Un completo
informe del Banco Mundial sintetiza las políticas de los exitosos asiáticos.
“En cada uno de los países el gobierno intervino para fomentar el desarrollo, a
menudo en forma sistemática y a través de canales múltiples. Las intervenciones
de política adoptaron muchas formas: créditos subvencionados y orientados
específicamente a industrias seleccionadas; bajos tipos de interés sobre los
depósitos y límites máximos para los tipos de interés sobre los empréstitos a
fin de aumentar las ganancias y las utilidades no distribuidas; protección de
los sustitutos internos de las importaciones; subsidios a las industrias en
decadencia; establecimiento de bancos estatales y apoyo financiero a los
mismos; inversiones públicas en investigaciones aplicadas; fijación de metas de
exportación para empresas e industrias específicas; creación de organismos de
comercialización de las exportaciones y amplio intercambio de información entre
los sectores público y privado” .
En síntesis: la
intervención o la ayuda estatal no explica por sí sola el éxito industrial y es
preciso reconocer que, en no pocos casos, contribuyó a distribuir rentas y a
promover distorsiones costosas para el fisco, los consumidores y los sectores
no beneficiados. Pero según la experiencia internacional, ni el desarrollo de
nuevas industrias en zonas rezagadas ni la reconversión de sectores en crisis
ha sido posible con el simple funcionamiento del mercado y la conducta
solitaria de las empresas.
Como señala Michael Porter la
competitividad de las empresas depende de un complejo juego de factores en el
que se incluyen el aporte de instituciones –como las de promoción científica y tecnológica– que son impensables
sin la contribución estatal, y de la disponibilidad de activos como la
infraestructura o la mano de obra calificada, cuya existencia depende, en gran
medida, de la inversión estatal que la derecha peruana descalifica con gritos y
susurros descarados. Ellos quieren un Estado débil y autocomplaciente en el
quehacer económico-productivo.
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