lunes, 27 de octubre de 2014

DIVIDIR Y SOBORNAR


Este artículo ha sido puesto en circulación hoy por la influyente revista británica The Economist, y proviene de su edición impresa para las Américas. En él se presenta un resumen de la imagen que proyecta el Perú en el exterior, después de las recientes elecciones municipales y regionales.
Editorial de the economist
En una reciente encuesta de opinión, casi la mitad de los encuestados afirmaron creer que si Luis Castañeda resultaba elegido alcalde de Lima, “robaría pero haría obra”. En las elecciones locales de este 5 de octubre, Castañeda, quien niega ser corrupto, obtuvo el puesto tal como se esperaba. Muchos limeños recuerdan que, como alcalde entre 2003 y 2010, construyó hospitales municipales y escaleras de concreto en zonas pobres.
La elección de Castañeda es testimonio del cinismo de los peruanos sobre los políticos, especialmente a novel local. De los 25 presidentes regionales salientes, 22 están siendo investigados por apropiación ilícita de fondos. Tres están en prisión, esperando juicio, y un cuarto se encuentra fugitivo.
De los que están presos por acusaciones de recibir sobornos, Gregorio Santos, un izquierdista enfrentado a las empresas mineras, fue reelegido como presidente de la región norteña de Cajamarca, donde es visto como un mártir político.
La corrupción expandida en los gobiernos subnacionales es, en parte, el resultado de la forma defectuosa en la que Perú ha descentralizado el poder. El principio es correcto: desde los días de los virreyes que gobernaron la mitad de América del Sur desde Lima, Perú ha sufrido de excesivo centralismo. La descentralización siguió una tendencia en las entonces recientemente restauradas democracias latinoamericanas. Pero en la práctica, dice el politólogo Alberto Vergara, no ha resuelto los problemas del país sino que los ha agravado, porque los líderes nacionales tienen ahora la posibilidad de desentenderse de las regiones.
El gobierno optó por darles estatus de región a los 25 departamentos ya existentes; además, hay 196 provincias y 1846 municipalidades, todo ello para un país de apenas 31 millones de personas. Comparado con Chile o Colombia, Perú tiene mucha duplicación, afirma Carlos Casas, ex Viceministro de economía.
Los planes para unir regiones fueron derrotados en referéndums. Se les devolvió a las regiones responsabilidades y fondos sin tomar en cuenta la falta de administradores capacitados en los gobiernos locales o la carencia de auditorías y controles para el gasto.
En contraste, en Colombia solo las municipalidades más grandes y de mejor desempeño han conseguido control sobre la salud y la educación, anota Alberto Rodríguez, del Banco Mundial.
Algunos gobiernos subnacionales han sacado buen provecho de sus nuevos poderes. En los Andes, muchos alcaldes han construido carreteras que transforman las economías de sus pueblos al conectarlos con los mercados nacionales.
Moquegua, en la costa sur del país, tiene hoy las mejores escuelas del Perú. Pero esas son las excepciones.
La descentralización coincidió con un boom económico. Los gobiernos locales se encontraron inundados de dinero, especialmente las 13 regiones que reciben un 50% de los impuestos pagados por las compañías mineras y de hidrocarburos. Algunos de ellos gastan menos de lo que podrían gastar. Pero esta bonanza descontrolada ha estimulado la captura de los gobiernos locales por parte del crimen organizado. En Áncash, al norte de Lima, el hoy preso presidente regional está acusado de asesinato, espionaje y malversación a escala industrial.
Hay muy pocos esfuerzos en curso para pedirles cuentas a los gobiernos regionales. Esto se debe en parte a que ellos mismos solo recaudan un 1.5% del total de impuestos, comparado con el 6% en Colombia, dice Rodríguez. Con muy pocas excepciones, las regiones son gobernadas por independientes que representan a movimientos regionales ad hoc, no por partidos nacionales. Con más de 100,000 candidatos en las elecciones del 5 de octubre, un escrutinio cuidadoso de sus antecedentes y sus finanzas resultó imposible, según el consultor político Carlos Basombrío.
La descentralización es un síntoma de la debilidad de la democracia peruana, no su causa. Las instituciones nacionales también se han manchado: el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su predecesor también están siendo investigados por conexiones con la banda de Áncash (ellos las niegan), mientras que docenas de legisladores se enfrentan a acusaciones de corrupción. El gobierno del Presidente Ollanta Humala tiene los medios legales para recuperar poderes y fondos de las regiones disfuncionales, pero ha optado por no hacerlo.
La corrupción descentralizada de la actualidad no tiene la escala de la de los años 90, cuando el presidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, pusieron las instituciones nacionales al servicio de un vasto esquema delictivo.
Pero sí es especialmente preocupante, porque la economía ilegal está creciendo. Perú es hoy el mayor productor de cocaína en el mundo; la extorsión ha proliferado, como lo han hecho la tala y la minería ilegales.
Todo ello es testimonio de la debilidad del Estado democrático. El rápido crecimiento económico quizá ha insensibilizado a los peruanos.
Pero la economía se está desacelerando. La austeridad podría provocar menor tolerancia de la corrupción, y preparar el terreno para un populista autoritario. Exactamente como Fujimori.
Fuente: The Economist

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