LOS FUJIROBOS
Si se encuentra usted con un fujimorista de
esos que solo saben gritar: “chino, chino, chino” y que ya aprendieron a decir
“caviar”, pregúntale: ¿Dónde no robaron en el gobierno de Fujimori? Y como él,
con seguridad no podrá responderle ilústrelo y dígale “robaron como quisieron,
por donde pasaron y donde se metieron”.
Robaron las donaciones
japonesas y las otras; robaron en las compras de armas, en plena guerra con
Ecuador; robaron en las privatizaciones; robaron en los salvatejes bancarios;
robaron en la compra de cuatro mil tractores y en medicinas chinas; robaron en
los desayunos escolares; robaron en la Caja de Previsión Civil y Militar que
dejaron quebrada; robaron en el manejo y liquidación de Popular y Porvenir;
robaron en los papeles de la deuda externa, robaron en licitaciones y
contrataciones.
Nunca se robó tanto en el Perú
como en la época de Fujimorato. Ahí está en las cárceles los más altos mandos
militares, están o estuvieron una Fiscal de la Nación, un Presidente del Jurado
Nacional de Elecciones, un Vocal del Tribunal Constitucional, más de un
empresario o personaje importante de su época aunque – claro está, no están
todos los que debieron estar pues hay que recordar la expresión sobre las
cárceles “Ahí no están todos los que son , ni son todos los que están “las
leyes tienen vericuetos, escondrijos, madrigueras como la prescripción, el
indulto, la amnistía la retratación y hasta la confesión sincera, sin contar al
os innumerables jueces venales – para que tanto pillo pueda escabullirse.
De todos esos robos daremos
información, caso por caso, para cumplir con esta batalla contra el olvido en
la que estamos empeñados. Todos los robos que he mencionado tienen autores
señalados y montos precisados y más de uno no tienen acción judicial, pero se
conocen y se los recordaremos pues la memoria colectiva es muy corta.
Por ahora y para comenzar le
daré a conocer el origen, importancia y consecuencia de lo que se me ha
ocurrido llamar el “robo del siglo”.
El robo al que nos referimos
es el de los fondos de FONAVI de los que se ha hablado mucho en los últimos
meses, pero ningún medio de opinión menciona al autor: Alberto Fujimori.
Recordemos al lector que en
Julio de 1979 el gobierno Militar creó el FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda)
con la finalidad de satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de
los trabajadores. “En su creación se estableció expresamente “los recursos del
fondo serán destinados exclusivamente a la construcción de viviendas que serán
vendidas o alquiladas a los trabajadores que constituyen el Fondo, mediante
sorteo”.
Así funcionó el FONAVI durante
lo gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Todo cambió totalmente con el
Decreto Ley No. 25436 de 16 de abril de 1992 que estableció que los fondos de
FONAVI se aplicarán a muy distintos fines: obras de saneamiento,
electrificación, agua y desagüe, pistas y veredas y no sólo viviendas como fue
el origen de la creación del FONAVI.
Tome nota el lector que el
Decreto Ley tiene fecha de 16 de abril de 1992, es decir 11 días después del
autogolpe de Fujimori.
Vale decir que el despojo de
esos fondos se hizo con alevosía y ventajas – como se califican algunos
delitos, pues en ese momento no existía ni Congreso, ni Poder Judicial, que
habían sido “disueltos por Fujimori”.
Naturalmente que el atropello
se mantuvo durante todo el gobierno dictactorial de Fujimori y cuando se
restableció la democracia los fonavistas hicieron uso de sus derechos de
iniciativa legislativa primero, y luego se acogieron a a Ley de Participación
Ciudadano que culminaron con la concesión del derecho al referéndum.
No entramos en detalle del
proceso de referéndum pues ha sido materia de amplia difusión y ha culminado
con el éxito de los fonavistas y el reconocimiento de su derecho a la devolución
de sus aportes.
Aún no se sabe el monto exacto
al que alcanzarán las devoluciones. Solo se sabe que será una fuerte suma que
tendrá efectos catastróficos para la economía nacional.
Solo queremos que el lector
recuerde que este robo de los fondos de FONAVI es una de las “obras” de
Fujimori y de la cual la señora Keiko no podrá decir “mi papá no sabía nada”.
Ahora, lector, Ud. lo sabe y los fonavistas mejor que Ud. Sus aportes se los
robó Fujimori.
ESTERILIZACIONES FORZADAS
En los departamentos más
pobres del país y en agravio de sus más humildes habitantes – campesinas y
campesinos quechuablantes – Fujimori ejecutó una de sus obras más infames: la
esterilización forzada de mujeres y hombres que llamaron AQG / Anti Concepción
Quirúrgica Voluntaria, que en el caso de las mujeres era la ligadura de trompas
y en el caso de hombres era la vasectomía y que casi nunca fue voluntaria.
PRIVATIZACIONES
Privatizar, privatizar. Cuanto
antes y lo más que se pueda. Esa fue una de las recetas y ordenes que le diera
a Fujimori, Michael Camdesus, el mandamás del Banco Mundial, cuando se trataba
de arreglar el monumental desastre económico que se heredó del primer gobierno
de Alan García.
Y fue económicamente
importante lo que se obtuvo: nueve mil millones de dólares que eran mucho para
un país que había tenido lo que los sabios economistas apristas llamaban
“reservas negativas” para no decir que estábamos en la lona.
Así como son escasas las
memorias personales y los ensayos políticos o económicos, sólidos y bien
documentados, sobre tantas épocas de nuestra historia, en este serio asunto de
la privatización se necesita y a gritos un estudio o un trabajo de un
especialista o un grupo de ellos que nos ilustren –con exactitud- cuáles fueron
los aciertos y los errores de ese proceso y sobretodo las irregularidades y las
incorrecciones o inmoralidades del mismo.
El autor se siente limitado
por su escasa preparación económica para emitir mejor juicio sobre el asunto
pero hubo debate de la valiente minoría parlamentaria en el Congreso y reclamos
en la prensa –sobre todo en las revistas de la época- para denunciar y pedir
esclarecimientos que nunca se produjeron.
Una primera y sólida crítica a
la privatización la formuló el conocido y prestigiado economista Alejandro
Indacochea, quien expresó claramente que “el país no estaba realizando un
proceso de privatización, sino de simple transferencia, podría decirse de un
simple remate”. Dijo: “se ha partido sin una base, se está haciendo todo en el
camino” y nos informó que la mina Condestable y el Banco de Comercio se
vendieron por debajo del precio ofertado y que la subasta de Conchan tuvo que
declararse desierta por falta de postores.
Nos ilustró Indacochea –aunque
nadie en el gobierno le hizo caso que Inglaterra, Chile, México, Venezuela y
Brasil hicieron privatizaciones antes que nosotros y en todos esos procesos
–sin excepción- los fondos obtenidos fueron destinados a programas específicos,
diseñados y dados a conocer con debida antelación. Se aplicaron a investigación
científica, tecnológica, reinversión industrial, programas de investigación de
las universidades, fondos de contingencia social o amortización de la deuda
externa.
Fue notable la transferencia
del destinó de los fondos en Venezuela: 20% para programas sociales, 30% pago
de la deuda, 10% financiamiento de investigación científica y 35% nuevos
procesos de privatización y reestructuración.
Aquí no solo se ignoró
olímpicamente esas experiencias, sobre todo la de Venezuela, sino que lo
verdaderamente increíble ocurrió cuando todo el mundo quería saber en qué se
había invertido el dinero o simplemente donde estaba. Casi al final del
gobierno se admitió que 1,500 millones se habían gastado en armamentos, lo que
demostraremos más adelante, fue la gran oportunidad para la recepción de
coimas, por las que están purgando prisión casi todos los que fueron nuestros
más altos mandos militares.
Otro aspecto de las
privatizaciones que nunca se tuvo en cuenta es que los ingresos provenientes de
las privatizaciones son ingresos únicos. Se reciben por una sola vez y después
perdimos el bien que privatizamos.
Esa característica tan
especial debió obligar a un estudio muy serio para decidir que bienes era
necesario privatizar y sobretodo determinar con precisión los precios mínimos a
obtener para no terminar malbarateando los bienes y se propagó esa frase que ya
corría. “Vendimos las joyas de la abuelita” que después la ampliaron en la
Argentina agregando que “luego se venden las fantasías de la tía”.
El congresista Carlos Chipoco
solicitó información sobre los gastos en que se había incurrido en la
privatización y encontró que en los primeros dos años se habían gastado 45
millones de dólares en asesorías. Aquí no importa el monto que es el normal. Lo
que importaba es que esa suma, se gastó en personas o empresas no elegidas en
concursos públicos sino como decía un artículo periodístico “sumando muertos y
heridos, primos y amigos del gobierno se ha contratado por 45 millones de
dólares”.
Aparte de los casos de la mina
Condestable, el Banco de Comercio y la subasta de Conchán, ya citados hubo
otros que se debatieron por la minoritaria oposición, luego fueron materia de
investigación por comisiones parlamentarias y quizá hayan ido a instancias
judiciales pero como ocurre casi siempre solo han quedado en un vago recuerdo.
Nunca se profundizó en algún caso. En todos ha primado la conclusión tan
peruana del “hecho consumado”. Ahí quedaron sin esclarecerse y posiblemente
nunca se esclarezcan porque vivimos en el reino de la impunidad.
Pero no hace daño a nadie el recordarlos.
En un artículo de OIGA del 14
de Noviembre de 1994 nos enteramos del asombro y la amargura de Juan Gris,
seudónimo del autor del artículo, que comenta la privatización de la Refinería
de Zinc de Cajamarquilla. El primer asombro es que lo que, según cifras
oficiales, costó 309 millones de dólares, ha sido rematado a un postor que va a
pagar 193 millones de dólares, 40 millones en papeles de la deuda y el saldo en
14 años en cómodas cuotas mensuales de 4 millones de dólares.
Los beneficiados fueron los japoneses de
Marubeni Corporation que se presentaron con la fachada de un consorcio
canadiense.
El artículo de Juan Gris es
valioso porque él fue testigo, desde su iniciación de la construcción de la
Refinería cuando era gerente de Relaciones Públicas de Minero Perú y nos cuenta
todo el esfuerzo económico y humano que significó construirla en 1973, para que
ahora el Estado se desprenda de tan valioso bien, con mengua de su precio.
Recuerda que las obras de infraestructura fueron ejecutadas por Cosapi y JJ
Camet, por lo que el ministro Jorge Camet debe saber bien lo que costó la obra
y finalmente nos recuerda que en 1977 el Perú ya había ingresado al grupo de
países productores de zinc que integraban Japón, EE.UU., Canadá, Alemania,
Bélgica y Francia.
La pregunta elemental es ¿valió la pena malbaratear bien tan valioso?
Igual pesar ha debido sentirse
cuando se remató la Refinería de la Pampilla, obra del primer gobierno de Belaúnde
y construida especialmente para liberarnos de la dependencia, en ese momento de
la IPC.
Informaciones periodísticas
también dieron noticia de casos escandalosos. La mina Condestable fue adquirida
al 64% de su valor contable, lo cual no tenía sentido, luego de una
hiperinflación.
El astillero INASA no se quedó
atrás. El comité de Privatización fijó el precio base en 1’739,000 dólares.
Sin embargo, recién en el
lance 21 hubo una propuesta o sea que el precio se rebajó en 21 ocasiones y al
final lo adquirió el Sindicato Pesquero de Isaac Galdsky por 727.000 dólares.
Ni siquiera un millón.
¿Qué sentido tenía valorizar las empresas si luego se malbareteaban?
Otro acaso notable fue el
remate de Química del Pacífico (QUIMPAC) que se remató a lo dos días del
atentado de Talara y se tomó en cuenta el valor nominal. Como si alguien se le
ocurriera vender su casa al valor de las escrituras. Total, se vendió en tres
millones de dólares. El comentario, muy grave, que hace la revista que comenta
esta privatización es que cuando esta empresas se vendió en 3’300,000 dólares
tenía en los cajones del escritorio del gerente medio millón de dólares, en
cuentas por cobrar a sus clientes cuatro millones de dólares y como si esto
fuera poco edificaciones en más de veinte mil metros cuadrados. Estos datos
parecen increíbles, pero el autor recuerda que el caso de QUIMPAC fue muy
cuestionado en su momento.
Hubo dos casos muy notorios por el cambio de las reglas del proceso y
con la misma irregularidad.
El primero fue el de la
empresa china Shogung que compró lo que fue la Marcona al precio de 120
millones de dólares, asumiendo una deuda al Estado de 42 millones de dólares,
pero después de la subasta el gobierno le condonó tan valiosa deuda. Fue, sin
duda, una notable ventaja para Shogung, que durante tantos años ha incumplido
sus obligaciones de reinversión y continuamente tiene quejas y reclamos del
personal nacional que se siente maltratado por Shogung.
El otro caso, más escandaloso
fue el de la privatización de Aero Perú cuya primera subasta la ganó Faucett a
un grupo mexicano que representaba Roberto Abusada. Esa primera subasta fue
anulada por presión del Ingeniero Camet que en ese tiempo era presidente de
Copri y la siguiente subasta la ganaron los mexicanos que nombraron presidente
de las empresas al señor Abusada. Luego de esa segunda subasta el gobierno
peruano le condonó a Aero Perú una deuda de 23 millones de dólares, que se
suponía que tendrá que haber pagado la empresa que ganó la subasta.
En este asunto hay dos hechos
que no deben pasar el olvido. El primero es que el señor Abusada fue siempre
asesor del Ing. Camet, como años antes había sido vice Ministro de Manuel Ulloa
y el segundo hecho es que pese a estar gollerías Aero Perú quebró en forma
escandalosa dejando a 1,600 trabajadores en la calle.
En un libro que se titula “El
pacto infame” y con el subtítulo de “Estudios sobre la corrupción en el Perú”
se encuentra el trabajo de tan prestigiado analista Francisco Durand que nos
recuerda algo que muchos han olvidado: el negocio de la recompra de los papales
de la deuda externa en los que una información confidencial, privilegiada,
podía enriquecer a un solo golpe a sus dueños. Y nos recuerda que uno de los
grandes compradores fue el Perú Privatization Fund (PPF) constituida el 18 de
junio de 1994 en la famosa isla Grand Cayman donde tenían sus dólares Alan
García y Alfredo Zanatti. Los socios principales eran el Banco de Crédito del
Perú con 42.9% de las acciones, el HongKong and Shangai Bank Corporation (HSBC)
con 42.9% y el Chase Maniatan Bank con 14.2%.
Lo único “curioso” en este
asunto es que un abogado Francisco Moreyra había sido contratado con la fórmula
del PNUD como asesor del Ministro Camet, pero también era abogado del Midland
Bank que había sido absorbido por el HSBC. Lo que se cuestionó -y con razón- al
Ing. Camet que tuviera como principal asesor en asuntos de la deuda a quien
era, a la vez abogado de un acreedor.
Camet y Moreyra declararon
ante la Comisión Investigadora del Parlamento. El Ministro Camet afirmó que
“Moreyra era un profesional de mucho nivel, un hombre digno, honorable,
correcto” y que no veía “un conflicto de intereses en su contratación”.
Nos quedamos con esa
declaración y el recuerdo de que antes que se iniciara la recompra al precio de
la deuda externa era de 23% de su valor en Marzo de 1994 y un año y medio
después pasó a más de 67%.
Este caso, como tantos, quedó
en el limbo, en el que los peruanos ya se acostumbraron a vivir.
Todo lo hasta aquí relatado
puede parecer, a más de uno, simples especulaciones, pero ha quedado un libro
que es imposible refutar porque es testimonio personal de un protagonista
central de la privatización y que goza de un merecido prestigio. El ingeniero
industrial Daniel Saba fue testigo de excepción de cómo se proyectó la venta
por partes de Petroperu que fue debidamente calificada como “la canibalización
de Petroperu”, experiencia que vivió entre el 23 de mayo de 1992 y mayo de 1944
cuando fue miembro del comité de privatización de PetroPerú y que trasladó a un
libro que tituló “Memoria de un confeccionista- Historia del proceso de
privatización de PetroPerú” en el que detalla como era el sometimiento del
gobierno peruano a los dictados del Banco Mundial y como la improvisación y el
oportunismo campearon en asunto tan delicado y estratégico y como los intereses
privados se unen con el poder de turno sin tomar en cuenta “los sagrados
intereses de la patria”, un lugar común pocas veces respetado.
Relata Saba un viaje a
Washington y haber conocido un argelino, Khelil, que representaba al Banco
Mundial y de quien se enteró, por primera vez, de la intención de vender
PetroPeru´por partes. A la objeción de Saba de que esa posición no se había aún
tomado, el señor Khelil le mostró un oficio firmado por el Ing. Yoshiyama, en
su calidad de Ministro de Energía y Minas ofrecía al Banco la venta de
PetroPerú en forma fraccionada.
Como Saba insistiera en que
era irracional esa posición, Khelil le replicó que el oficio que le había
mostrado era la posición oficial del gobierno peruano y representa para
nosotros un compromiso”. La afirmación mas grave que contiene el libro es
cuando Saba cuenta que en otras ocasión en tono confidencial y a solas Khelil
le dijo: “Esta carta la escribimos aquí”.
En palabras de Saba: “esto si
me sorprendió mucho, sabía y se que lamentablemente somos un país dependiente
de los organismos multilaterales, tal vez ahora mas que nunca. Pero nunca pensé
que nos daban servicio de secretariado, lo que bromas aparte resulta
extremadamente peligroso”.
El último párrafo trascrito es
el testimonio de un profesional tan serio que fue “renunciado” sin su
conocimiento, justo cuando el pensaba hacerlo.
Como sabrán muchos lectores la
venta de Petro Peru no se llegó a concretar ni integra, ni por partes, pero
queda el testimonio irrefutable de un protagonista serio de cómo el gobierno de
Fujimori había prácticamente decretado vender “a pedazos” un valioso bien
nacional.
Reiterando mi opinión que es
necesario establecer una “comisión de la verdad” para aclarar con certeza lo
bueno y lo malo del proceso de privatización algo hemos establecido 1.- no
aprovecharon las experiencias que hemos mencionado de otros países y los ingresos
no tuvieron fines específicos, en consecuencia no fueron productivos. 2.- mas
de 200 mil personas quedaron sin puestos de trabajo. 3.- Muchas empresas se
subvaluaron y otras se vendieron sin necesidad como el caso de Electrolima. 4.-
Más escandaloso fue el caso de Popular y Porvenir que sirvió para la actuación
delictuosa de Augusto Miyasuku, de la que trataremos más adelante y 5.- y
final: lo inconcebible fue que hasta el mismo 1999 el gobierno, despreciando a
todos los gobernados nunca informó ni donde estaban los fondos ni en que se
habían invertido. Lo único que reconoció fue que habían gastado 1,500 millones
de dolares en compra de armamentos, fuente de rapiña como demostraremos más
adelante, en detalle y por lo cual hay tanto generales detenidos y otros
prófugos.
No en vano, en un país a un
artículo sobre el Perú le pusieron un titular de vergüenza: “Perú, país en
subasta” y otro no menor infamante decía: “compre el Perú, está barato”.
Y como una curiosidad
trascribimos para el lector una frase, casi de antología, de un defensor de
Fujimori quien al referirse a las críticas que se hicieron de las
privatizaciones solo dice y muy campante “las empresas permanecen en el país.
No se ha perdido nada” y para defenderse de lo indefendible, la corrupción,
dice como gran justificación. “En el Perú se funciona a base de la corrupción”.
DECRETOS SECRETOS Y MAL USO DE FONDOS PÚBLICOS
Casi todo de lo que se
enterará el lector, en este capítulo, tiene el muy documentado respaldo de los
frutos de la Comisión Investigadora de los delitos económicos y financieros
(CIDEF) cometidos entre 1990 – 2001 que presidiera el Congresista Javier Diez
Canseco Cisneros (UPD) y cuyos más destacados miembros fueron Walter Alejos
(PP) Máximo Mena (PP), Juan Valdivia (APRA) y Kuenen Francesca Marabolto (UN).
Esta comisión multipartidaria
contó con la valiosa colaboración de destacados profesionales como la doctora
Beatiz Mejía, doctores Walter Alván, Oscar Ugarteche y tantos otros que sería
muy extenso mencionar.
CIDEF publicó, auspiciada por
el Fondo Editorial del Congreso un informe final, lamentablemente no muy
difundido.
La escrupulosa investigación de la CIDEF nos
ha eximido de buscar mayores fuentes para ofrecer al lector el cuadro de
increíble corrupción que caracterizó los diez años del fujimorato.
Las conclusiones principales de la CIDEF fueron estas:
1.- El gobierno de Fujimori
fue el peor fenómeno de corrupción de nuestra historia republicana y principal
legado nefasto que nos ha dejado.
2.- El país fue gobernado por
una red corrupta de altos funcionarios, mandos militares y algunos grupos de
poder económico.
3.- Para actuar con más
impunidad esa red corrupta controló y atropelló la autonomía de las
instituciones, especialmente aquellas encargadas del control político.
Así controlaron y manejaron, a su gusto, el
Parlamento Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría
de la República y medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio y TV).
Casi nada escapó a su control. Todo lo
manejaba Montesinos, aunque la señora Keiko diga: “mi papá no sabía nada”.
4.- Otra conclusión
indiscutible de la CIDEF y motivo principal de su investigación fue que para
mantener la impunidad construyeron una “legalidad ad hoc”. Precisamente el
mejor instrumento para esta inmoralidad fueron los decretos de urgencia y
decretos supremos secretos que se analizan exhaustivamente el mencionado
informe.
5.- Principalísima conclusión
del informe de CIDEF es que este grupo corrupto de poder se constituyó desde el
inicio del gobierno de Alberto Fujimori en 1990, contó con la participación
expresa de la cúpula militar, hecho que se hizo mas evidente a partir del auto
golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y que el trípode que lideró el núcleo de
corrupción estuvo conformado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás
de Bari Hermoza Rios.
La labor de la CIDEF para procesar la gran
cantidad de información existente se vió multiplicada pues investigando un tema
determinado de corrupción encontraban que éste estaba ligado a otro tema de
corrupción.
Así dicen que mientras
investigaban las pérdidas del Estado en la empresa agro-industrial Pucalá, se
abrió otro tema que era el Fondo Especial de Promoción Agraria.
La investigación de CIDEF
abordó los temas de las privatizaciones, las operaciones de salvataje bancario,
las principales licitaciones y adquisiciones, el uso de fondos públicos para la
red de corrupción la recepción y destino de las principales donaciones y
programas de cooperación internacional, el financiamiento de las instituciones
de control como la SUNAT Contraloría y Aduanas, la liquidación de empresas
públicas como Popular y Porvenir y otras vinculadas al sector Defensa.
El primer hallazgo importante
de la CIDEF es que apreció como una constante común en todos los casos el uso
abusivo de los Decretos de Urgencia, en su mayoría de orden secreto.
Por ello, se investigó con
especial énfasis la compra de armamento y de productos de origen chino.
A la vez se identificaron una
serie de enmarañados procedimientos para alcanzar objetivos pocos transparentes
en los casos de privatización y quiebra de Aero Perú, la privatización de
Electro Lima y sus implicancias tributarias, la corrupción en la gestión de las
empresas aseguradoras Popular y Porvenir, el salvataje del Banco Latino, la
privatización de la empresa azucarera Pucalá y el manejo del proyecto del rio
Cachis.
El uso indiscriminado de
dispositivos de urgencia, muchos de carácter secreto, fue instituido por la
mafia fujimorista como una modalidad para amparar gastos irregulares, vía
compras destinadas a favorecer a las empresas vinculadas a la red de
corrupción. Así se destinaron mil treintidos millones de dólares provenientes
de la privatización en la compra de armamentos y equipos militares de dudosa
calidad.
El agravante de estas
operaciones ilegales es que se realizaron con mayor énfasis durante la época
del conflicto con el Ecuador. A la mafia no le interesó el país ni el conflicto
bélico. Solo les interesó lucrar pese a que la mayoría de los implicados eran
militares.
Nunca se ha esclarecido como
es que habiendo más de siete mil millones de dolares como ingresos por la
privatización solo quedaban 143 millones en caja.
Lo que si quedó claro según la
investigación CIDEF es que de las privatizaciones y a través de esos Decretos
Supremos Secretos se invirtieron 1,800 millones de dólares para comprar armas
de mala calidad, como los MIG que no funcionaban y otras, armas, caballos,
automóviles, equipos de radio. De ahí salieron las fortunas en los bancos
suizos de los generales sentenciados y de los prófugos como Víctor Malca, ex
embajador en México al que no se puede encontrar desde hace diez años.
Sin duda el engranaje de la
mafia había copado todas las esferas del poder de manera que apenas hubiera una
denuncia se ponían en funcionamiento los mecanismos para desactivarla. El
Congreso, el Poder Judicial, la Controlaría operaban con una coordinación
sintonizada, cada una cumpliendo su papel de acuerdo al libreto preparado por
el asesor.
De esta manera, ninguna
denuncia podía prosperar.
Una conclusión muy importante
del informe de la CIDEF es: el que suscribe el Ing. Javier Diez Canseco cuando
dice: “No es posible emitir un decreto supremo de emergencia secreto sin la
firma del Presidente de la República y menos para las compras de armas” por lo
que es contundente que “Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento de todo lo
actuado por la red mafiosa que él integraba y que decir desde su cómodo de
parlamento de Tokio que fue sorprendido por su asesor es risible”.
Otro hecho muy importante que
investigó y comprobó la CIDEF fue que el gobierno peruano abusó de la figura de
la asistencia internacional y trasladó y aun traslada fondos públicos a un
programa de las Naciones Unidas que se conoce con el nombre de PNUD con lo que
se pagó la “planilla” de los funcionarios responsables de las privatizaciones,
miembros de la COPRI y las CEPRI, que eran muy jugosas y que por tanto
oficialmente “no salen” del Tesoro Público. Para esta artimaña legal se
emplearon 295 millones de dólares. Tómese nota que para realizar esto el
gobierno debía pagar 3.5% como concepto de comisión de agente.
Conclusión muy importante y de
la que rogamos al lector, le dé la debida importancia en cuando dice
textualmente: “La elite empresarial privada hasta donde hemos podido constatar
participó en forma activa en la corrupción estudiada. Hay una
corresponsabilidad estudiada entre el Estado, los funcionarios públicos y
algunas empresas privadas”.
“Lo que observamos en el caso
de la Contraloría General de la República es que durante la década pasada el
75% de sus acciones fueron dirigidas a controlar municipios que sólo manejan el
4% del presupuesto nacional. El contralor caso Lay no acogió fiscalizaciones ni
denuncias”.
Coincidiendo totalmente con lo
expresado en la introducción del informe del CIDEF por el reconocido economista
Dr. Oscar Ugarteche nos permitimos transcribir sus acertados conceptos que el
autor los hace suyos: “Lo descrito en estas páginas representa solo una muestra
de lo que realmente corresponde a la magnitud de lo ocurrido en el Perú durante
la década de la corrupción. Los daños causados por la mafia que nos gobernó son
incalculables y siguen surtiendo sus funestos efectos pues trastocaron
delictivamente no solo el ámbito económico, político, social, sino
fundamentalmente, el moral impusieron la corrupción como la forma de gobernar
al país”.
“Y lo que puede ser más grave
aún es que queden impunes”.
“Es preciso por ello, sancionar
los delitos identificados a la par que es preciso también incorporar al cuerpo
legal tipificaciones que sancionen específicamente los delitos económicos y
financieros que en otros países son castigados con suma dureza, puesto que
cometerlos implica comprometer no solo el presente sino el futuro de vida de
generaciones de peruanos y especialmente de los peruanos y especialmente de los
peruanos más pobres”.
La primera acusación
constitucional presentada al Congreso de la República por la CIDEF fue la denuncia
a diversos Ministros de Estado, jefes militares y otros altos funcionarios del
gobierno de Fujimori por el uso y abuso de los denominados dispositivos de
urgencia y en particular aquellos que tuvieron carácter de secretos.
Sería demasiado extenso y fatigoso
para el lector hacer relato minucioso de los delitos contenidos en esos
Decretos por lo que los resumiremos en los siguientes datos:
1.- Durante el gobierno de
Fujimori se expidieron 22 Decretos de Urgencia Secretos de disposición de
fondos públicos de los cuales 14 fueron de fondos de la privatización.
2. Esos decretos no se
publicaron en el diario oficial, no tuvieron, en la mayoría de los casos,
aprobación del Consejo de Ministros y sólo ocho de ellos se enviaron al
Congreso para su aprobación. El secreto fue total.
3.- En muchos casos no se
encontró los documentos físicos que contenían los decretos. Tampoco se encontró
actas de aprobación del Consejo de Ministros.
4.- La mayoría de los
Ministros desconoció la existencia de esos Decretos. Publicamos fotocopia de
ellos para conocimiento de los lectores.
5.- Primero cometían el
delito, luego lo regularizaban. Es decir, primero aprobaban la operación,
disponían del dinero y luego expedían el Decreto.
6.- Antes de expedir el
decreto se creaban empresas de proveedores cuyos accionistas eran testaferros o
miembros de la asociación delictiva como en el caso de la compra de aviones de
Bielorrusia.
7.- Los decretos fueron
principalmente para la adquisición de bienes y servicios de los Ministerios de
Defensa y del Interior.
8.- Se cometieron los delitos
de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión ilegal,
peculado, falsificación de documentos públicos, negociación incompatible,
supresión, destrucción u ocultamiento de documentos y omisión de denuncia.
Para asombro del lector los Ministros
implicados en la Comisión de tantos delitos sólo recibieron condenas en el poder judicial de cuatro años de
prisión, suspendida.
Vale decir que no pasaron ni
un solo día en la cárcel, en la que debieron estar algunos años. Quizá muchos
tengan la osadía de postular para parlamentarios el 2011, porque ahora 2010,
vivimos casi una “cultura de la corrupción”.
Son tres los casos emblemáticos
de esos 22 decretos:
1.- Decreto 046-95 Disponen de 67’800.00 de
soles para compra de un avión presidencial BOEING 737.
Es escandaloso porque a) no se podía disponer
de recursos de la privatización para comprar un avión al Presidente b) estábamos
en pleno conflicto con el Ecuador. Lógicamente ese avión no tenía ninguna
prioridad c) no hubo licitación, ni concurso de precios d) no tenía nada de
urgente y e) todo se hizo en menos de un mes.
2.- Decreto 02896 se dispuso
de 252’052.420 dólares para comprar 3 aviones MIG de segundo uso en
Bielorrusia.
Este saqueo a los fondos públicos se inició
cuando una empresa de Ucrania presentó una propuesta, Montesinos la bloqueó y
forma con Alberto Venero la empresa W21 INTERTECHNIC para representar a la compañía
TREVES INTORA que también era de un amigo y socio de Montesinos.
Con fecha 6 de mayo de 1966
emiten el Decreto y el 13 de mayo firman el contrato.
Este Decreto no fue de
conocimiento del Congreso de la República, ni del Consejo de Ministros.
En conexión con este Decreto
se encuentra el 075-96 que fue más escandaloso por el que se destinan 150
millones de dólares para comprar 18 SU-25 a Bielorrusia también.
En ambos casos los decretos se
expidieron después de arreglado el “negocio”. Según declaraciones de Venero
Montesinos recibió 30 millones de dólares por esta compra.
3.- El caso más escandaloso y
por el que Alberto Fujimori fue sentenciado por la Corte Suprema fue el último
Decreto el 081-00 por el que Montesinos recibió 15 millones de dólares en
concepto de CTS pero que por indicación expresa de Fujimori se expidió para
“ejecución de acciones en la frontera con Colombia”.
Así con ese desprecio y
desaprensión se disponía de los fondos públicos, por el propio Presidente de la
República.
Este acto que es ejemplo de desvergüenza
se agravó mas cuando Fujimori se vio obligado a devolver esa suma y entregó 15
millones de dólares que tenía en Palacio. Pero se descubrió que los 15 millones
que se llevó Montesinos eran distintos de los que “devolvía” Fujimori,
simplemente por que eran billetes de distinta denominación.
Demostración simple y sencilla
del volumen de la “caja chica” de Fujimori en el mismo Palacio de Gobierno y
prueba de su cinismo.
http://www.justiciaviva.org.pe/publica/responsabilidad_jefe.pdf
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