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| PRESIDENTA DE NOTARIOS ROXANA DEL AGUILA |
VACÍOS.
Presidenta del Consejo de Notarios, Roxana del Águila, afirmó ante la Comisión
Orellana que no tiene las herramientas para fiscalizar labor de notarios a
nivel nacional.
Indicios.
Lista alberga 77 nombres de notarios, entre los cuales 11 están bajo la lupa de
la comisión investigadora del caso en el Congreso.
Notarios Walter Pinedo
Orrillo y Serafín Martínez Gutarra participaron en varios procesos de
expropiación de inmuebles a favor de la red criminal.
Patricia Hoyos
Salazar
Al menos
setenta y siete notarios habrían acreditado documentos de la red criminal de Rodolfo
Orellana para la apropiación ilícita de inmuebles pertenecientes a los
sectores público y privado. De esta larga lista, al menos 11 estarían bajo
investigación de la comisión que indaga el caso en el Congreso de la República.
Según
información del grupo parlamentario estos son los notarios Serafín Martínez
Gutarra, José Barba Castro, Walter Pinedo Orrillo, Narcizo Jara Peña, Antonio
Chavarry Arce, Pedro Nuñez Palomino, Alejandro Ramírez, Anibal Corvetto,
William Busto, Enrique la Negra, Manuel Gálvez y William Busto.
Algunos de los
nombres de los funcionarios aparecen certificando documentos de compraventa,
preescripción adquisitiva y minutas con las que la organización criminal pudo
adueñarse de propiedades a través de testaferros y de documentos adulterados.
El pasado 30
de septiembre, la Comisión Orellana citó a la Jefa del Consejo de Notarios del
Ministerio de Justicia, Roxana del Águila.
"Lamentablemente
no contamos con las herramientas legales suficientes para fiscalizar la labor
de los notarios. Pero a raíz de estas denuncias actuaremos de inmediato para
determinar si existen responsabilidades", declaró a La República, del Águila.
CASO PINEDO
Uno de los
casos más relevante es el del Notario Público de Lima Walter Pinedo
Orrillo. Su nombre y su firma aparecen en seis expedientes distintos en donde
la red de Orellana se apropió de diversos inmuebles.
En el 2012,
por ejemplo, Pinedo Orrillo certificó la transferencia del inmueble de la
Casa del Adulto Mayor, de la Municipalidad de Miraflores, ubicada en el
N°125-129 del Malecón Armendáriz, que había sido expropiada ilícitamente por
uno de los testaferros de Orellana.
El 24 de agosto de ese año, el notario expidió la escritura pública de Dación de Pago y transferencia de propiedad entre José Luis Ticse Porlles, presunto testaferro de la red criminal, y el Consorcio Gerencial SAC, que representaba a la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados Civiles de la Marina de Guerra del Perú (Coopemmar).
El 24 de agosto de ese año, el notario expidió la escritura pública de Dación de Pago y transferencia de propiedad entre José Luis Ticse Porlles, presunto testaferro de la red criminal, y el Consorcio Gerencial SAC, que representaba a la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados Civiles de la Marina de Guerra del Perú (Coopemmar).
Esto autorizó
que mediante una deuda ficticia, la propiedad de más de dos millones de dólares
sea entregada por Ticse Porlles por una deuda que tan solo ascendía USD 100
mil.
El
notario Pinedo Orrillo también fue el encargado de elevar a escritura pública
la minuta de compra y venta del inmueble ubicado en la ciudad de Tumbes que,
según denuncias periodísticas, sería un terreno intangible.
El documento
certificado corroboraba el traspaso del inmueble entre Hortencia Flores
Iturralde Cia SRL y ABC Group For Human Development SAC, representada por
Rodolfo Orellana.
Otro de los
expedientes en el que se ha advertido el nombre del notario Pinedo Orrillo y
que estaría vinculado con la red criminal es el relacionado con la compra y
venta de inmuebles en Huachipa.
MARTÍNEZ Y
COOPEX
Otro de los
notarios investigados es Serafín Martínez Gutarra. En el 2010, este
abogado protocoliza el laudo arbitral expedido por un árbitro a favor de Wilmer
Arrieta Riega para que se apropie del terreno de Arenas de Lima, de
propiedad de Giovani Paredes.
Lo extraño del
caso es que Martínez certifica un laudo en donde no estuvo presente el
propietario del inmueble.
"Hicimos
una queja ante el Colegio de Notarios y este solicitó la suspensión del mismo.
Además presentamos una denuncia", declaró a La República el abogado de
Paredes, Harold Castillo.
En otra
ocasión, Martínez Gutarra fue el notario encargado de protocolizar un laudo
arbitral que permitió despojar a la Compañía Peruana de Teléfonos en Santa
Clara de dos propiedades.
Coincidentemente,
en el 2008, Martínez Gutarra fue el encargado de certificar los estatutos de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex), vinculada a
Rodolfo Orellana.
La República
intentó comunicarse con los notarios, algunos no quisieron atendernos y otros
no pudieron ser localizados.
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