 |
| ASESINO DE NOLASCO |
“Operación huracán”. El sicario
"Goro", que participó en el primer intento de asesinato de Ezequiel
Nolasco en el 2010, y que está relacionado con el presidente regional César
Álvarez y con el alcalde chimbotano Luis Arroyo, fue el que contrató al
asesino. En el caso hay implicadas 30 personas, entre funcionarios públicos y
delincuentes, y de momento han sido arrestados 11.
Álvarez y Arroyo están no
habidos.
La orden de captura de 28
personas y la orden de detención preliminar contra César Álvarez son
indicadores que refuerzan la labor organizada entre Poder Judicial, Ministerio
Público y Policía Nacional.
La operación coordinada entre
Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional ha dado frutos y dio un
gran golpe a la mafia enquistada en la región Áncash, tras la orden de captura
de 28 personas ligadas al presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien
es acusado de liderar una organización criminal y que actualmente se encuentra
prófugo.
El caso que ya había sido
denuncia en años anteriores y que fuera archivado por “la anterior Comisión de
Fiscalización” del Congreso, con los votos de cinco legisladores; ahora parece
estar siendo resuelto, “tras la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de trasladar los casos sobre corrupción y crimen político de
Áncash a la Sala Penal Nacional.
Sin duda alguna, el Editorial
de La República también realza la valentía de la población de la región Áncash
al denunciar los actos de corrupción que se cometían a vista y paciencia de las
autoridades, y que “-la falta de acción- ha costado vidas y altas cuotas de
inseguridad además de la pérdida de recursos públicos”.
Además, resalta que “Hace
falta, por ejemplo, que se informe sobre los hallazgos del batallón de
auditores que fueron movilizados a esa región hace más de un mes con grandes
anuncios publicitarios”, por parte de la Contraloría General de la República.
LEA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO
Lecciones de la hiedra
convertida en pesadilla
La justicia ha lanzado un
golpe de mano contra el grupo mafioso que ha copado la región Áncash. El Tercer
Juzgado Penal de Lima Especializado en Crimen Organizado ha ordenado la
detención preventiva de 29 personas, entre ellas el presidente de esa región, César
Álvarez, otras autoridades y periodistas, imputados por homicidio y asociación
ilícita para delinquir en el caso del asesinato del ex consejero regional
Ezequiel Nolasco. La operación se ha desarrollado en Chimbote, Huaraz, Lima y
Trujillo, ciudad donde se ha capturado al sicario que ultimó a Nolasco en
Huacho en marzo pasado.
Es preciso anotar que esta
operación ha sido posible tras la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial de trasladar los casos sobre corrupción y crimen político de
Áncash a la Sala Penal Nacional, luego de lo cual el caso Nolasco fue
reactivado con nuevas diligencias y mayor transparencia. Lejos de las presiones
y de los compadrazgos entre magistrados e investigados que condujeron al
copamiento de la fiscalía y del Poder Judicial por las redes corruptas, ha sido
posible reconstruir un caso que había ingresado a la lista de la impunidad, con
los primeros resultados. También se debe
anotar la decisiva intervención del ministro del Interior, Walter Albán,
quien aseguró a la familia Nolasco que había dispuesto empeñar esfuerzos para
resolver el caso.
Lo sucedido es también el
resultado de la valiente actitud de la sociedad ancashina liberada del miedo y
de la muerte y dispuesta a denunciar las irregularidades en su región,
demandando firmeza contra el crimen organizado. En esa movilización ha
desempeñado un rol decisivo la joven Fiorella Nolasco, hija del asesinado ex
consejero regional.
Otro papel crucial ha estado a
cargo de la prensa, cuyas unidades de investigación documentaron hallazgos que
la justicia en Áncash se había negado a aceptar o que fueron “olvidados” o
escondidos. El asesinato de Nolasco significó un punto de inflexión informativa
y al mismo tiempo una oportunidad para reparar ausencias y silencios. En ese
proceso, fue la misma prensa la que investigó el oscuro desempeño de varios
medios y periodistas en Áncash que se vendieron al poder o se integraron a la
mafiosa red.
La justicia, aunque tarde,
está reparando gruesas omisiones en el caso de Áncash aunque el costo de la
falta de acción ha costado vidas y altas cuotas de inseguridad además de la
pérdida de recursos públicos. En cambio, la Contraloría sigue desplegando
tímidas estrategias y más allá del pedido del congelamiento de las cuentas a la
Región Áncash no se tienen otros resultados. Hace falta, por ejemplo, que se
informe sobre los hallazgos del batallón de auditores que fueron movilizados a
esa región hace más de un mes con grandes anuncios publicitarios.
El operativo contra la red en
Áncash deja asimismo mal parado al Congreso. La anterior Comisión de
Fiscalización, con los votos de cinco legisladores (dos de Gana Perú, uno de
Alianza para el Progreso, uno del Apra y otro del fujimorismo), archivó las
denuncias contra César Álvarez por las irregularidades a pesar de las pruebas
existentes.
Las operaciones abiertas
contra la mafia ancashina apenas se inician y se espera que no se detengan.
Otros espacios del poder regional y nacional reclaman similar firmeza. Que este
episodio se convierta en una lección para la sociedad y el Estado sobre la
necesidad de detener sin dilaciones los actos de corrupción antes que la hiedra
se convierta en una sangrienta pesadilla que se lleva vidas, esperanzas y la
confianza de la gente en sus gobernantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario