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| ¿TC POLITIZADO? |
En el año 1991, una comisión
presidida por la oposición inició una investigación por supuestos delitos de
enriquecimiento ilícito y contra la fe pública cometidos durante el primer
gobierno de Alan García. La acusación resultante llegó al Pleno y fue aprobada
de manera abrumadora con 95 votos a favor, 57 en contra y 26 abstenciones,
evidentemente fujimoristas, en la Cámara de Diputados. El Senado la aprueba,
también mayoritariamente y era turno ahora de la Corte Suprema ejercer justicia
ya que de ella dependía que Alan García fuera sancionado. Sorprendentemente, el
Vocal Supremo Instructor excluyó de la investigación los casos más temidos por
el ex mandatario y la Sala Suprema respectiva hizo lo mismo.
Este panorama de injusticia e
impunidad se parece y cualquier parecido con la realidad no es pura
coincidencia, ya que Alan García no sólo ha repetido el plato presidencial,
sino también el de impunidad. Para lograrlo por segunda vez la estrategia es
muy parecida: colocar a sus aliados en los espacios de justicia decisivos. En
el año 91 el hombre designado fue Salas Gamboa, ex profesor de García y
simpatizante aprista. Ahora sería Mateo Castañeda.
Esto explica las polémicas
movidas que han ocurrido con la intención de cubrir la plaza de Fiscal Supremo
Titular. El organismo encargado de dicha designación es el Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM) que luego de seis votaciones ratificó, por unanimidad en
la sexta, que Mateo Castañeda no fuera designado fiscal. ¿Por qué seis
votaciones? Pues el sujeto en cuestión apeló reiteradas veces al Tribunal
Constitucional (TC) con la intención de lograr a toda costa ocupar dicho
puesto. Sin embargo, luego de seis negaciones el asunto parecía concluido.
El miércoles de la semana
pasada, el TC, en una actitud que escapa de sus funciones y atenta contra el
Estado de Derecho en el sistema de justicia, decidió anular las designaciones
de las dos fiscales supremas elegidas por el CNM y nombrar como fiscal supremo
a Mateo Castañeda. Ahora bien, más allá de los evidentes problemas de forma en
esta designación que van desde la falta de quórum hasta la usurpación de
funciones, hay datos de fondo que resultan preocupantes.
El cargo de Fiscal Supremo es
fundamental ya que, de ser aprobadas las denuncias presentadas por la
Megacomisión Investigadora en el Congreso de la República, Alan García Pérez,
luego del antejuicio en el hemiciclo y de recibir la sanción política
correspondiente, estaría a merced del Fiscal Supremo. Por otro lado, todos los
altos funcionarios que no tienen derecho a antejuicio y que son el grueso de
los acusados por la Megacomisión, podrían ver sus casos archivados en una
fiscalía donde notamos una mayoría partidaria que busca la impunidad para sus
amigos.
Frente a todas estas
arbitrariedades hay dos recursos de nulidad contra la resolución del Tribunal
Constitucional que colocó a Mateo Castañeda como Fiscal Supremo y dos denuncias
constitucionales contra los tres magistrados que votaron para que esto ocurriera.
Debido a estas acciones, el día de ayer el Tribunal Constitucional ha
rectificado parcialmente su resolución; sin embargo, aunque esta constituye una
buena señal, no es suficiente ya que queda pendiente la designación de Mateo
Castañeda para cuando haya plaza. Además, el TC habría actuado al margen de la
constitución. Hace falta, por ello, una explicación de estas acciones ya que la
descomposición de la institucionalidad, termina por perjudicarnos a todos los
ciudadanos.
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