lunes, 27 de octubre de 2014

DIVIDIR Y SOBORNAR


Este artículo ha sido puesto en circulación hoy por la influyente revista británica The Economist, y proviene de su edición impresa para las Américas. En él se presenta un resumen de la imagen que proyecta el Perú en el exterior, después de las recientes elecciones municipales y regionales.
Editorial de the economist
En una reciente encuesta de opinión, casi la mitad de los encuestados afirmaron creer que si Luis Castañeda resultaba elegido alcalde de Lima, “robaría pero haría obra”. En las elecciones locales de este 5 de octubre, Castañeda, quien niega ser corrupto, obtuvo el puesto tal como se esperaba. Muchos limeños recuerdan que, como alcalde entre 2003 y 2010, construyó hospitales municipales y escaleras de concreto en zonas pobres.
La elección de Castañeda es testimonio del cinismo de los peruanos sobre los políticos, especialmente a novel local. De los 25 presidentes regionales salientes, 22 están siendo investigados por apropiación ilícita de fondos. Tres están en prisión, esperando juicio, y un cuarto se encuentra fugitivo.
De los que están presos por acusaciones de recibir sobornos, Gregorio Santos, un izquierdista enfrentado a las empresas mineras, fue reelegido como presidente de la región norteña de Cajamarca, donde es visto como un mártir político.
La corrupción expandida en los gobiernos subnacionales es, en parte, el resultado de la forma defectuosa en la que Perú ha descentralizado el poder. El principio es correcto: desde los días de los virreyes que gobernaron la mitad de América del Sur desde Lima, Perú ha sufrido de excesivo centralismo. La descentralización siguió una tendencia en las entonces recientemente restauradas democracias latinoamericanas. Pero en la práctica, dice el politólogo Alberto Vergara, no ha resuelto los problemas del país sino que los ha agravado, porque los líderes nacionales tienen ahora la posibilidad de desentenderse de las regiones.
El gobierno optó por darles estatus de región a los 25 departamentos ya existentes; además, hay 196 provincias y 1846 municipalidades, todo ello para un país de apenas 31 millones de personas. Comparado con Chile o Colombia, Perú tiene mucha duplicación, afirma Carlos Casas, ex Viceministro de economía.
Los planes para unir regiones fueron derrotados en referéndums. Se les devolvió a las regiones responsabilidades y fondos sin tomar en cuenta la falta de administradores capacitados en los gobiernos locales o la carencia de auditorías y controles para el gasto.
En contraste, en Colombia solo las municipalidades más grandes y de mejor desempeño han conseguido control sobre la salud y la educación, anota Alberto Rodríguez, del Banco Mundial.
Algunos gobiernos subnacionales han sacado buen provecho de sus nuevos poderes. En los Andes, muchos alcaldes han construido carreteras que transforman las economías de sus pueblos al conectarlos con los mercados nacionales.
Moquegua, en la costa sur del país, tiene hoy las mejores escuelas del Perú. Pero esas son las excepciones.
La descentralización coincidió con un boom económico. Los gobiernos locales se encontraron inundados de dinero, especialmente las 13 regiones que reciben un 50% de los impuestos pagados por las compañías mineras y de hidrocarburos. Algunos de ellos gastan menos de lo que podrían gastar. Pero esta bonanza descontrolada ha estimulado la captura de los gobiernos locales por parte del crimen organizado. En Áncash, al norte de Lima, el hoy preso presidente regional está acusado de asesinato, espionaje y malversación a escala industrial.
Hay muy pocos esfuerzos en curso para pedirles cuentas a los gobiernos regionales. Esto se debe en parte a que ellos mismos solo recaudan un 1.5% del total de impuestos, comparado con el 6% en Colombia, dice Rodríguez. Con muy pocas excepciones, las regiones son gobernadas por independientes que representan a movimientos regionales ad hoc, no por partidos nacionales. Con más de 100,000 candidatos en las elecciones del 5 de octubre, un escrutinio cuidadoso de sus antecedentes y sus finanzas resultó imposible, según el consultor político Carlos Basombrío.
La descentralización es un síntoma de la debilidad de la democracia peruana, no su causa. Las instituciones nacionales también se han manchado: el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su predecesor también están siendo investigados por conexiones con la banda de Áncash (ellos las niegan), mientras que docenas de legisladores se enfrentan a acusaciones de corrupción. El gobierno del Presidente Ollanta Humala tiene los medios legales para recuperar poderes y fondos de las regiones disfuncionales, pero ha optado por no hacerlo.
La corrupción descentralizada de la actualidad no tiene la escala de la de los años 90, cuando el presidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, pusieron las instituciones nacionales al servicio de un vasto esquema delictivo.
Pero sí es especialmente preocupante, porque la economía ilegal está creciendo. Perú es hoy el mayor productor de cocaína en el mundo; la extorsión ha proliferado, como lo han hecho la tala y la minería ilegales.
Todo ello es testimonio de la debilidad del Estado democrático. El rápido crecimiento económico quizá ha insensibilizado a los peruanos.
Pero la economía se está desacelerando. La austeridad podría provocar menor tolerancia de la corrupción, y preparar el terreno para un populista autoritario. Exactamente como Fujimori.
Fuente: The Economist

domingo, 26 de octubre de 2014

AFP: ¡ESTE SISTEMA HA MUERTO!

CLAUDIA CISNEROS MÉNDEZ
En el Perú se hacen llamar liberales pero no son más que mercenarios capitalistas que usan el sistema para defender con uñas, rabia y dientes la lógica de la empresa privada por sobre cualquier otra consideración: por sobre la vida, la gente, el bien común. El capital, el capital, el capital privado es su religión y el dinero su promiscuo dios.
Como dice el sociólogo británico, Colin Crouch, en el neoliberalismo las corporaciones ya no solo son parte del mercado sino del sistema político. Se engarzan en el entramado político a través del lobby de trastienda que les permite legalizar toda clase de abusos contra el ciudadano.
Al parecer vivimos en lo que Crouch llama posdemocracia: un sistema de aparente y formal democracia representativa pero en el que una elite –empresarial– toma decisiones políticas y hace que sus intereses privados se conviertan en políticas públicas (transnacionales y Paquetazo Ambiental y otros lobbies en este y otros gobiernos). Uno de los más descarados –y que más desapercibido ha pasado durante años– es el de las AFP que viene robándole ( http://goo.gl/5ukHmA ) a la gente su dinero haciéndole creer que se lo cuidan y hasta que lo hacen crecer.
Pero felizmente los mercenarios neoliberales son constitutivamente angurrientos y ese es su talón de Aquiles. Si en 2013 no hubieran intentado obligar a los independientes aportar, y no hubieran insistido el pasado agosto, probablemente hubieran continuado unos años más mordiendo de nuestros bolsillos. Pero los independientes salimos a protestar, IDL presentó una serie de investigaciones ( http://goo.gl/54iBqq ) que alertaban del engaño y el economista Richard Webb anunció en un artículo que el sistema de AFP había fracasado en su principal fin ( http://goo.gl/5tcFwC ). También cuestionó que se usara como coartada para la obligatoriedad que el peruano no ahorraba por propia cuenta, pues según citó un estudio, los peruanos fuera del sistema de AFP ahorran casi igual y en algunos estratos hasta más que los de dentro de la AFP.
Ahora, economistas de la Universidad del Pacífico las ha desnudado con cifras. Estos técnicos libres de “sospecha de izquierdas” han escandalizado a los pseudoliberales con su informe  “Sistema Previsional del Perú: diagnóstico 1996-2013, proyecciones 2014-2050 y reforma” ( http://goo.gl/v1SBZZ ). El sistema provisional en el Perú ha fracasado, han dicho tras analizar 17 años del sistema, el economista Bruno Seminario y Juan Mendoza, director de la maestría de Economía en la UP.
Un primer error es que el sistema se basa en retener parte del sueldo cuando más del 2/3 de los trabajadores en el  Perú es informal. También cuestionan “la rentabilidad generada para las AFP que no guarda relación con la ganancia que se refleja en el fondo de los trabajadores”. Proponen abrir la competencia liberando el mercado del oligopolio de las 4 empresas. ¿No es eso lo que defienden auténticos liberales? ¿Y la libertad individual de elegir si quiero o no aportar? !Qué forma de extraño paternalismo les nace cuando defienden intereses del capital privado!
Entre otras ocultas perversidades del sistema como se aplica en el Perú está que se toma como esperanza de vida 110 años en lugar de los 81 u 84 que dicta INEI. Y eso es porque tus fondos nunca te los devuelven completos, solo a puchos y disminuyendo al envejecer. Así, mientras más estiren tu supuesto tiempo de vida menos habrás usado tu fondo cuando mueras. Si calcularan a 81 años, tu pensión sería mayor. Por eso otra de las propuestas de Mendoza y Seminario es que al cumplir 65 el afiliado pueda usar sus aportes como quiera.
Entérese que entre el 20% y el 50% del fondo del afiliado jamás volverá a su bolsillo ( http://goo.gl/gMolni ). En un caso las AFP obligan a repartir entre sus herederos y beneficiarios lo que le queda al afiliado muerto, pero en tales porcentajes que solo recibirán miseria y seguro gasten más en ir a cobrar. Y cuando no hay beneficiarios o son pocos, la diferencia se la queda la AFP. Dicen para repartir entre los afiliados pero al final lo que les interesa es seguir usando tu dinero, que tú no habrás podido disfrutar.
Así que si eres de los 5 millones de peruanos en AFPs que dejas que te descuenten 10% cada mes creyendo que un día la AFP te devolverá eso con y más, anda pensando cómo hacer para vivir 110 años. O SÚMATE A LA PROTESTA CIUDADANA EN CONTRA DE LA PERVERSA FORMA EN QUE ESTÁ PLANTEADO EL SISTEMA EN PERÚ QUE HACE QUE SEA TODO PARA LA EMPRESA Y NADA PARA EL HUMANO. EXIJAMOS REFORMA.

OLLANTA Y EVO, LO QUE NO PUDO SER

AL QUE CUMPLE PROMESAS EL PUEBLO LO PREMIA
NICOLÁS LYNCH
El abrumador triunfo de Evo Morales por más del 60 por ciento de la votación para su tercera elección como Presidente de Bolivia en nueve años, periodo en el que además ha ganado las siete elecciones nacionales que se han convocado por diferentes motivos, nos lleva a señalar que su liderazgo ha alcanzado un momento de hegemonía que establece, por un buen periodo al menos, una democracia mayoritaria en Bolivia.
Si algo caracteriza a las democracias mayoritarias que se han establecido en la región en los últimos años es que cumplen lo que prometen, exactamente el principal reclamo de los ciudadanos latinoamericanos de acuerdo con Latinobarómetro. Por eso ha sido reelegido Evo Morales, porque ha cumplido lo prometido defendiendo los recursos naturales de Bolivia, redistribuyendo la riqueza y afirmando el carácter plurinacional de su patria. Esta característica de cumplir lo que prometen es lo que caracteriza a los gobiernos progresistas en los últimos 20 años en América Latina. A diferencia de lo que nos han acostumbrado en el Perú, decir una cosa para ganar elecciones y hacer otra cuando se llega al poder, el progresismo empieza dándole una base ética al mandato que consigue en las urnas.
Olvidar en el gobierno lo que se promete en campaña no es solo un mal comportamiento de los candidatos que se convierten en gobernantes, sino también una característica de la democracia de minorías que importamos de los Estados Unidos en las dos últimas transiciones (1977-1980 y 1997-2001). Esta última lo que pide a los ciudadanos es una autorización para que los elegidos hagan lo que les parezca. Por algo, Carlos Franco repetía que el producto de las transiciones, strictu sensu, eran gobiernos elegidos y no democracias.
Ollanta Humala como antes Alan García y Alejandro Toledo son un producto de esta democracia de minorías, que estimula el engaño como forma de gobierno. Es más, quienes protestan contra el engaño, como lo hacía el propio Ollanta en campaña, con tratados de “antisistema” o, peor aún, considerados delincuentes, como Oscar Mollehuanca o Gregorio Santos, señalándose que deben estar presos. Sin embargo, en ningún caso el viraje fue tan drástico como con Ollanta Humala. Este nació a la vida política el 2000 con su levantamiento en Locumba y desarrolló las campañas electorales de 2006 y 2011 con un plataforma similar a la de Evo Morales, prometiendo defender los recursos naturales y redistribuir la riqueza, sin embargo, llegó al poder e hizo lo contrario. Hoy sabemos que sus virajes iniciales no fueron “tácticos” sino “estratégicos” y que no le importó traicionar los millones de votos que lo llevaron donde está. ¿Por qué lo hizo? Es difícil saberlo aún, pero está claro que más pudieron los encantos del poder que sus promesas electorales.
Curiosamente hace unos días la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaraba, candorosamente, que ella recorría mucho el país y que escuchaba que la gente le reclamaba a Ollanta que cumpliera con sus promesas de campaña. No sé si la señora se habrá dado cuenta pero esto significa que cumpla con el programa de la Gran Transformación que ella, como nadie, denostó en su momento. Una prueba más de la frustración ciudadana con el gobierno de Ollanta Humala.
Tenemos entonces que Evo Morales, a la cabeza de un importante movimiento popular, se atrevió a enfrentarse con los enemigos de su pueblo y este coraje le ha valido sucesivas victorias electorales y de masas. Es más, estas victorias se han traducido en hegemonía simbólica y cultural, difícilmente Bolivia volverá a ser como antes después de Morales. Ollanta Humala, en cambio, da la impresión que le teme hasta a su sombra y pugna por empequeñecerse más en cada coyuntura en la que permite que la derecha nacional y transnacional continúen con la captura de los bienes públicos y sociales que son arrebatados a los peruanos.
¡Qué destino tan diferente el de estos países hermanos de Bolivia y el Perú!

A ROBAR... QUE EL MUNDO SE VA A ACABAR


LA CORRUPCIÓN NO CAMBIA
AUGUSTO ALVAREZ RODRICH
La estrategia del Congreso para evitar reforma política.
Manteniendo invicta su capacidad de errar, el Congreso ha aprobado con una contundente mayoría –97 votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones–, como para que no quede duda de su equivocación, una norma para impedir la reelección de presidentes regionales y alcaldes.
La norma aún puede ser –felizmente– detenida, pues necesita ser ratificada en la próxima legislatura, que es lo que se debe evitar, pues lo que han hecho los congresistas es aprobar una iniciativa efectista frente a la justificada debacle moral que enfrentan ante la opinión pública.
Esta norma apunta a corregir un problema no significativo, porque la reelección de autoridades locales y regionales no es, a diferencia de otros países, frecuente en el Perú.
El experto en temas electorales, Fernando Tuesta, acaba de recordar que de los cien presidentes regionales elegidos entre los años 2002 y 2014, solo doce fueron reelegidos.
Por su parte, el politólogo Eduardo Dargent citó ayer en esta página un artículo de Beatriz Córdova y José Incio que revela que en los años 2006 y 2010 cerca del 60% de los alcaldes provinciales y distritales buscaron la reelección pero con escaso éxito: en el ámbito distrital solo la consiguió el 35% en los dos procesos, y en el provincial únicamente el 22% en el 2006 y 28% en el 2010.
Esta norma va a impedir el aprovechamiento de la experiencia y la continuidad de planes para períodos que son breves, y no apunta al problema central que es destacado por Fernando Tuesta: “La carencia efectiva de controles políticos y administrativos sobre las autoridades”.
Otro argumento de nuestros ilustrados congresistas para apoyar esta norma es evitar la corrupción, lo cual es una tremenda tontería porque supone que el ladrón se vuelve ladrón a la segunda vez y no lo era desde el inicio. Dargent comenta que, si se aprueba la norma, lo único que ocurrirá es que los corruptos se apuren en robar desde el saque.
Debieran recordar los congresistas, en este sentido, que el problema principal del Parlamento no radica en los que repiten el plato sino en los que recién llegan, que es donde abundan los mediocres y corruptos.
Curiosamente, los congresistas buscan prohibir la reelección de alcaldes y presidentes regionales pero la de ellos, ni hablar del peluquín,  porque, con el bolsillo, no se juega.
Los parlamentarios han votado una norma efectista para eludir la reforma política profunda que requiere el país para empezar a pensar que no somos gobernados por una manga de corruptos y mediocres.
Hay que parar esta norma y exigirle al Congreso la reforma política de verdad que quiere evitar.
COMENTARIO PERSONAL
Esta nueva norma no solucionará el verdadero problema de la corrupción. Pareciera que con esta medida se pretende proteger este problema. La corrupción existe y existirá hasta que no se tomen "medidas drásticas" contra los que permiten la impunidad, es decir contra los responsables del Ministerio Público y del Poder Judicial  que encubren a los delincuentes.

viernes, 24 de octubre de 2014

UNPOCO DE MEMOREX-LOS LATROCINIOS Y DELITOS FUJIMORISTAS

LOS FUJIROBOS
 Si se encuentra usted con un fujimorista de esos que solo saben gritar: “chino, chino, chino” y que ya aprendieron a decir “caviar”, pregúntale: ¿Dónde no robaron en el gobierno de Fujimori? Y como él, con seguridad no podrá responderle ilústrelo y dígale “robaron como quisieron, por donde pasaron y donde se metieron”.
Robaron las donaciones japonesas y las otras; robaron en las compras de armas, en plena guerra con Ecuador; robaron en las privatizaciones; robaron en los salvatejes bancarios; robaron en la compra de cuatro mil tractores y en medicinas chinas; robaron en los desayunos escolares; robaron en la Caja de Previsión Civil y Militar que dejaron quebrada; robaron en el manejo y liquidación de Popular y Porvenir; robaron en los papeles de la deuda externa, robaron en licitaciones y contrataciones.
Nunca se robó tanto en el Perú como en la época de Fujimorato. Ahí está en las cárceles los más altos mandos militares, están o estuvieron una Fiscal de la Nación, un Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un Vocal del Tribunal Constitucional, más de un empresario o personaje importante de su época aunque – claro está, no están todos los que debieron estar pues hay que recordar la expresión sobre las cárceles “Ahí no están todos los que son , ni son todos los que están “las leyes tienen vericuetos, escondrijos, madrigueras como la prescripción, el indulto, la amnistía la retratación y hasta la confesión sincera, sin contar al os innumerables jueces venales – para que tanto pillo pueda escabullirse.
De todos esos robos daremos información, caso por caso, para cumplir con esta batalla contra el olvido en la que estamos empeñados. Todos los robos que he mencionado tienen autores señalados y montos precisados y más de uno no tienen acción judicial, pero se conocen y se los recordaremos pues la memoria colectiva es muy corta.
Por ahora y para comenzar le daré a conocer el origen, importancia y consecuencia de lo que se me ha ocurrido llamar el “robo del siglo”.
El robo al que nos referimos es el de los fondos de FONAVI de los que se ha hablado mucho en los últimos meses, pero ningún medio de opinión menciona al autor: Alberto Fujimori.
Recordemos al lector que en Julio de 1979 el gobierno Militar creó el FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) con la finalidad de satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores. “En su creación se estableció expresamente “los recursos del fondo serán destinados exclusivamente a la construcción de viviendas que serán vendidas o alquiladas a los trabajadores que constituyen el Fondo, mediante sorteo”.
Así funcionó el FONAVI durante lo gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Todo cambió totalmente con el Decreto Ley No. 25436 de 16 de abril de 1992 que estableció que los fondos de FONAVI se aplicarán a muy distintos fines: obras de saneamiento, electrificación, agua y desagüe, pistas y veredas y no sólo viviendas como fue el origen de la creación del FONAVI.
Tome nota el lector que el Decreto Ley tiene fecha de 16 de abril de 1992, es decir 11 días después del autogolpe de Fujimori.
Vale decir que el despojo de esos fondos se hizo con alevosía y ventajas – como se califican algunos delitos, pues en ese momento no existía ni Congreso, ni Poder Judicial, que habían sido “disueltos por Fujimori”.
Naturalmente que el atropello se mantuvo durante todo el gobierno dictactorial de Fujimori y cuando se restableció la democracia los fonavistas hicieron uso de sus derechos de iniciativa legislativa primero, y luego se acogieron a a Ley de Participación Ciudadano que culminaron con la concesión del derecho al referéndum.
No entramos en detalle del proceso de referéndum pues ha sido materia de amplia difusión y ha culminado con el éxito de los fonavistas y el reconocimiento de su derecho a la devolución de sus aportes.
Aún no se sabe el monto exacto al que alcanzarán las devoluciones. Solo se sabe que será una fuerte suma que tendrá efectos catastróficos para la economía nacional.
Solo queremos que el lector recuerde que este robo de los fondos de FONAVI es una de las “obras” de Fujimori y de la cual la señora Keiko no podrá decir “mi papá no sabía nada”. Ahora, lector, Ud. lo sabe y los fonavistas mejor que Ud. Sus aportes se los robó Fujimori.
ESTERILIZACIONES FORZADAS
En los departamentos más pobres del país y en agravio de sus más humildes habitantes – campesinas y campesinos quechuablantes – Fujimori ejecutó una de sus obras más infames: la esterilización forzada de mujeres y hombres que llamaron AQG / Anti Concepción Quirúrgica Voluntaria, que en el caso de las mujeres era la ligadura de trompas y en el caso de hombres era la vasectomía y que casi nunca fue voluntaria.
PRIVATIZACIONES
Privatizar, privatizar. Cuanto antes y lo más que se pueda. Esa fue una de las recetas y ordenes que le diera a Fujimori, Michael Camdesus, el mandamás del Banco Mundial, cuando se trataba de arreglar el monumental desastre económico que se heredó del primer gobierno de Alan García.
Y fue económicamente importante lo que se obtuvo: nueve mil millones de dólares que eran mucho para un país que había tenido lo que los sabios economistas apristas llamaban “reservas negativas” para no decir que estábamos en la lona.
Así como son escasas las memorias personales y los ensayos políticos o económicos, sólidos y bien documentados, sobre tantas épocas de nuestra historia, en este serio asunto de la privatización se necesita y a gritos un estudio o un trabajo de un especialista o un grupo de ellos que nos ilustren –con exactitud- cuáles fueron los aciertos y los errores de ese proceso y sobretodo las irregularidades y las incorrecciones o inmoralidades del mismo.
El autor se siente limitado por su escasa preparación económica para emitir mejor juicio sobre el asunto pero hubo debate de la valiente minoría parlamentaria en el Congreso y reclamos en la prensa –sobre todo en las revistas de la época- para denunciar y pedir esclarecimientos que nunca se produjeron.
Una primera y sólida crítica a la privatización la formuló el conocido y prestigiado economista Alejandro Indacochea, quien expresó claramente que “el país no estaba realizando un proceso de privatización, sino de simple transferencia, podría decirse de un simple remate”. Dijo: “se ha partido sin una base, se está haciendo todo en el camino” y nos informó que la mina Condestable y el Banco de Comercio se vendieron por debajo del precio ofertado y que la subasta de Conchan tuvo que declararse desierta por falta de postores.
Nos ilustró Indacochea –aunque nadie en el gobierno le hizo caso que Inglaterra, Chile, México, Venezuela y Brasil hicieron privatizaciones antes que nosotros y en todos esos procesos –sin excepción- los fondos obtenidos fueron destinados a programas específicos, diseñados y dados a conocer con debida antelación. Se aplicaron a investigación científica, tecnológica, reinversión industrial, programas de investigación de las universidades, fondos de contingencia social o amortización de la deuda externa.
Fue notable la transferencia del destinó de los fondos en Venezuela: 20% para programas sociales, 30% pago de la deuda, 10% financiamiento de investigación científica y 35% nuevos procesos de privatización y reestructuración.
Aquí no solo se ignoró olímpicamente esas experiencias, sobre todo la de Venezuela, sino que lo verdaderamente increíble ocurrió cuando todo el mundo quería saber en qué se había invertido el dinero o simplemente donde estaba. Casi al final del gobierno se admitió que 1,500 millones se habían gastado en armamentos, lo que demostraremos más adelante, fue la gran oportunidad para la recepción de coimas, por las que están purgando prisión casi todos los que fueron nuestros más altos mandos militares.
Otro aspecto de las privatizaciones que nunca se tuvo en cuenta es que los ingresos provenientes de las privatizaciones son ingresos únicos. Se reciben por una sola vez y después perdimos el bien que privatizamos.
Esa característica tan especial debió obligar a un estudio muy serio para decidir que bienes era necesario privatizar y sobretodo determinar con precisión los precios mínimos a obtener para no terminar malbarateando los bienes y se propagó esa frase que ya corría. “Vendimos las joyas de la abuelita” que después la ampliaron en la Argentina agregando que “luego se venden las fantasías de la tía”.
El congresista Carlos Chipoco solicitó información sobre los gastos en que se había incurrido en la privatización y encontró que en los primeros dos años se habían gastado 45 millones de dólares en asesorías. Aquí no importa el monto que es el normal. Lo que importaba es que esa suma, se gastó en personas o empresas no elegidas en concursos públicos sino como decía un artículo periodístico “sumando muertos y heridos, primos y amigos del gobierno se ha contratado por 45 millones de dólares”.
Aparte de los casos de la mina Condestable, el Banco de Comercio y la subasta de Conchán, ya citados hubo otros que se debatieron por la minoritaria oposición, luego fueron materia de investigación por comisiones parlamentarias y quizá hayan ido a instancias judiciales pero como ocurre casi siempre solo han quedado en un vago recuerdo. Nunca se profundizó en algún caso. En todos ha primado la conclusión tan peruana del “hecho consumado”. Ahí quedaron sin esclarecerse y posiblemente nunca se esclarezcan porque vivimos en el reino de la impunidad.
Pero no hace daño a nadie el recordarlos.
En un artículo de OIGA del 14 de Noviembre de 1994 nos enteramos del asombro y la amargura de Juan Gris, seudónimo del autor del artículo, que comenta la privatización de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla. El primer asombro es que lo que, según cifras oficiales, costó 309 millones de dólares, ha sido rematado a un postor que va a pagar 193 millones de dólares, 40 millones en papeles de la deuda y el saldo en 14 años en cómodas cuotas mensuales de 4 millones de dólares.
 Los beneficiados fueron los japoneses de Marubeni Corporation que se presentaron con la fachada de un consorcio canadiense.
El artículo de Juan Gris es valioso porque él fue testigo, desde su iniciación de la construcción de la Refinería cuando era gerente de Relaciones Públicas de Minero Perú y nos cuenta todo el esfuerzo económico y humano que significó construirla en 1973, para que ahora el Estado se desprenda de tan valioso bien, con mengua de su precio. Recuerda que las obras de infraestructura fueron ejecutadas por Cosapi y JJ Camet, por lo que el ministro Jorge Camet debe saber bien lo que costó la obra y finalmente nos recuerda que en 1977 el Perú ya había ingresado al grupo de países productores de zinc que integraban Japón, EE.UU., Canadá, Alemania, Bélgica y Francia.
La pregunta elemental es ¿valió la pena malbaratear bien tan valioso?
Igual pesar ha debido sentirse cuando se remató la Refinería de la Pampilla, obra del primer gobierno de Belaúnde y construida especialmente para liberarnos de la dependencia, en ese momento de la IPC.
Informaciones periodísticas también dieron noticia de casos escandalosos. La mina Condestable fue adquirida al 64% de su valor contable, lo cual no tenía sentido, luego de una hiperinflación.
El astillero INASA no se quedó atrás. El comité de Privatización fijó el precio base en 1’739,000 dólares.
Sin embargo, recién en el lance 21 hubo una propuesta o sea que el precio se rebajó en 21 ocasiones y al final lo adquirió el Sindicato Pesquero de Isaac Galdsky por 727.000 dólares. Ni siquiera un millón.
¿Qué sentido tenía valorizar las empresas si luego se malbareteaban?
Otro acaso notable fue el remate de Química del Pacífico (QUIMPAC) que se remató a lo dos días del atentado de Talara y se tomó en cuenta el valor nominal. Como si alguien se le ocurriera vender su casa al valor de las escrituras. Total, se vendió en tres millones de dólares. El comentario, muy grave, que hace la revista que comenta esta privatización es que cuando esta empresas se vendió en 3’300,000 dólares tenía en los cajones del escritorio del gerente medio millón de dólares, en cuentas por cobrar a sus clientes cuatro millones de dólares y como si esto fuera poco edificaciones en más de veinte mil metros cuadrados. Estos datos parecen increíbles, pero el autor recuerda que el caso de QUIMPAC fue muy cuestionado en su momento.
Hubo dos casos muy notorios por el cambio de las reglas del proceso y con la misma irregularidad.
El primero fue el de la empresa china Shogung que compró lo que fue la Marcona al precio de 120 millones de dólares, asumiendo una deuda al Estado de 42 millones de dólares, pero después de la subasta el gobierno le condonó tan valiosa deuda. Fue, sin duda, una notable ventaja para Shogung, que durante tantos años ha incumplido sus obligaciones de reinversión y continuamente tiene quejas y reclamos del personal nacional que se siente maltratado por Shogung.
El otro caso, más escandaloso fue el de la privatización de Aero Perú cuya primera subasta la ganó Faucett a un grupo mexicano que representaba Roberto Abusada. Esa primera subasta fue anulada por presión del Ingeniero Camet que en ese tiempo era presidente de Copri y la siguiente subasta la ganaron los mexicanos que nombraron presidente de las empresas al señor Abusada. Luego de esa segunda subasta el gobierno peruano le condonó a Aero Perú una deuda de 23 millones de dólares, que se suponía que tendrá que haber pagado la empresa que ganó la subasta.
En este asunto hay dos hechos que no deben pasar el olvido. El primero es que el señor Abusada fue siempre asesor del Ing. Camet, como años antes había sido vice Ministro de Manuel Ulloa y el segundo hecho es que pese a estar gollerías Aero Perú quebró en forma escandalosa dejando a 1,600 trabajadores en la calle.
En un libro que se titula “El pacto infame” y con el subtítulo de “Estudios sobre la corrupción en el Perú” se encuentra el trabajo de tan prestigiado analista Francisco Durand que nos recuerda algo que muchos han olvidado: el negocio de la recompra de los papales de la deuda externa en los que una información confidencial, privilegiada, podía enriquecer a un solo golpe a sus dueños. Y nos recuerda que uno de los grandes compradores fue el Perú Privatization Fund (PPF) constituida el 18 de junio de 1994 en la famosa isla Grand Cayman donde tenían sus dólares Alan García y Alfredo Zanatti. Los socios principales eran el Banco de Crédito del Perú con 42.9% de las acciones, el HongKong and Shangai Bank Corporation (HSBC) con 42.9% y el Chase Maniatan Bank con 14.2%.
Lo único “curioso” en este asunto es que un abogado Francisco Moreyra había sido contratado con la fórmula del PNUD como asesor del Ministro Camet, pero también era abogado del Midland Bank que había sido absorbido por el HSBC. Lo que se cuestionó -y con razón- al Ing. Camet que tuviera como principal asesor en asuntos de la deuda a quien era, a la vez abogado de un acreedor.
Camet y Moreyra declararon ante la Comisión Investigadora del Parlamento. El Ministro Camet afirmó que “Moreyra era un profesional de mucho nivel, un hombre digno, honorable, correcto” y que no veía “un conflicto de intereses en su contratación”. 
Nos quedamos con esa declaración y el recuerdo de que antes que se iniciara la recompra al precio de la deuda externa era de 23% de su valor en Marzo de 1994 y un año y medio después pasó a más de 67%.
Este caso, como tantos, quedó en el limbo, en el que los peruanos ya se acostumbraron a vivir.
Todo lo hasta aquí relatado puede parecer, a más de uno, simples especulaciones, pero ha quedado un libro que es imposible refutar porque es testimonio personal de un protagonista central de la privatización y que goza de un merecido prestigio. El ingeniero industrial Daniel Saba fue testigo de excepción de cómo se proyectó la venta por partes de Petroperu que fue debidamente calificada como “la canibalización de Petroperu”, experiencia que vivió entre el 23 de mayo de 1992 y mayo de 1944 cuando fue miembro del comité de privatización de PetroPerú y que trasladó a un libro que tituló “Memoria de un confeccionista- Historia del proceso de privatización de PetroPerú” en el que detalla como era el sometimiento del gobierno peruano a los dictados del Banco Mundial y como la improvisación y el oportunismo campearon en asunto tan delicado y estratégico y como los intereses privados se unen con el poder de turno sin tomar en cuenta “los sagrados intereses de la patria”, un lugar común pocas veces respetado.
Relata Saba un viaje a Washington y haber conocido un argelino, Khelil, que representaba al Banco Mundial y de quien se enteró, por primera vez, de la intención de vender PetroPeru´por partes. A la objeción de Saba de que esa posición no se había aún tomado, el señor Khelil le mostró un oficio firmado por el Ing. Yoshiyama, en su calidad de Ministro de Energía y Minas ofrecía al Banco la venta de PetroPerú en forma fraccionada.
Como Saba insistiera en que era irracional esa posición, Khelil le replicó que el oficio que le había mostrado era la posición oficial del gobierno peruano y representa para nosotros un compromiso”. La afirmación mas grave que contiene el libro es cuando Saba cuenta que en otras ocasión en tono confidencial y a solas Khelil le dijo: “Esta carta la escribimos aquí”.
En palabras de Saba: “esto si me sorprendió mucho, sabía y se que lamentablemente somos un país dependiente de los organismos multilaterales, tal vez ahora mas que nunca. Pero nunca pensé que nos daban servicio de secretariado, lo que bromas aparte resulta extremadamente peligroso”.
El último párrafo trascrito es el testimonio de un profesional tan serio que fue “renunciado” sin su conocimiento, justo cuando el pensaba hacerlo.
Como sabrán muchos lectores la venta de Petro Peru no se llegó a concretar ni integra, ni por partes, pero queda el testimonio irrefutable de un protagonista serio de cómo el gobierno de Fujimori había prácticamente decretado vender “a pedazos” un valioso bien nacional.
Reiterando mi opinión que es necesario establecer una “comisión de la verdad” para aclarar con certeza lo bueno y lo malo del proceso de privatización algo hemos establecido 1.- no aprovecharon las experiencias que hemos mencionado de otros países y los ingresos no tuvieron fines específicos, en consecuencia no fueron productivos. 2.- mas de 200 mil personas quedaron sin puestos de trabajo. 3.- Muchas empresas se subvaluaron y otras se vendieron sin necesidad como el caso de Electrolima. 4.- Más escandaloso fue el caso de Popular y Porvenir que sirvió para la actuación delictuosa de Augusto Miyasuku, de la que trataremos más adelante y 5.- y final: lo inconcebible fue que hasta el mismo 1999 el gobierno, despreciando a todos los gobernados nunca informó ni donde estaban los fondos ni en que se habían invertido. Lo único que reconoció fue que habían gastado 1,500 millones de dolares en compra de armamentos, fuente de rapiña como demostraremos más adelante, en detalle y por lo cual hay tanto generales detenidos y otros prófugos.
No en vano, en un país a un artículo sobre el Perú le pusieron un titular de vergüenza: “Perú, país en subasta” y otro no menor infamante decía: “compre el Perú, está barato”.
Y como una curiosidad trascribimos para el lector una frase, casi de antología, de un defensor de Fujimori quien al referirse a las críticas que se hicieron de las privatizaciones solo dice y muy campante “las empresas permanecen en el país. No se ha perdido nada” y para defenderse de lo indefendible, la corrupción, dice como gran justificación. “En el Perú se funciona a base de la corrupción”.
DECRETOS SECRETOS Y MAL USO DE FONDOS PÚBLICOS

Casi todo de lo que se enterará el lector, en este capítulo, tiene el muy documentado respaldo de los frutos de la Comisión Investigadora de los delitos económicos y financieros (CIDEF) cometidos entre 1990 – 2001 que presidiera el Congresista Javier Diez Canseco Cisneros (UPD) y cuyos más destacados miembros fueron Walter Alejos (PP) Máximo Mena (PP), Juan Valdivia (APRA) y Kuenen Francesca Marabolto (UN).
Esta comisión multipartidaria contó con la valiosa colaboración de destacados profesionales como la doctora Beatiz Mejía, doctores Walter Alván, Oscar Ugarteche y tantos otros que sería muy extenso mencionar.
CIDEF publicó, auspiciada por el Fondo Editorial del Congreso un informe final, lamentablemente no muy difundido.
 La escrupulosa investigación de la CIDEF nos ha eximido de buscar mayores fuentes para ofrecer al lector el cuadro de increíble corrupción que caracterizó los diez años del fujimorato.
Las conclusiones principales de la CIDEF fueron estas:
1.- El gobierno de Fujimori fue el peor fenómeno de corrupción de nuestra historia republicana y principal legado nefasto que nos ha dejado.
2.- El país fue gobernado por una red corrupta de altos funcionarios, mandos militares y algunos grupos de poder económico.
3.- Para actuar con más impunidad esa red corrupta controló y atropelló la autonomía de las instituciones, especialmente aquellas encargadas del control político.
 Así controlaron y manejaron, a su gusto, el Parlamento Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría de la República y medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio y TV).
 Casi nada escapó a su control. Todo lo manejaba Montesinos, aunque la señora Keiko diga: “mi papá no sabía nada”.
4.- Otra conclusión indiscutible de la CIDEF y motivo principal de su investigación fue que para mantener la impunidad construyeron una “legalidad ad hoc”. Precisamente el mejor instrumento para esta inmoralidad fueron los decretos de urgencia y decretos supremos secretos que se analizan exhaustivamente el mencionado informe.
5.- Principalísima conclusión del informe de CIDEF es que este grupo corrupto de poder se constituyó desde el inicio del gobierno de Alberto Fujimori en 1990, contó con la participación expresa de la cúpula militar, hecho que se hizo mas evidente a partir del auto golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y que el trípode que lideró el núcleo de corrupción estuvo conformado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza Rios.
 La labor de la CIDEF para procesar la gran cantidad de información existente se vió multiplicada pues investigando un tema determinado de corrupción encontraban que éste estaba ligado a otro tema de corrupción.
Así dicen que mientras investigaban las pérdidas del Estado en la empresa agro-industrial Pucalá, se abrió otro tema que era el Fondo Especial de Promoción Agraria.
La investigación de CIDEF abordó los temas de las privatizaciones, las operaciones de salvataje bancario, las principales licitaciones y adquisiciones, el uso de fondos públicos para la red de corrupción la recepción y destino de las principales donaciones y programas de cooperación internacional, el financiamiento de las instituciones de control como la SUNAT Contraloría y Aduanas, la liquidación de empresas públicas como Popular y Porvenir y otras vinculadas al sector Defensa.
El primer hallazgo importante de la CIDEF es que apreció como una constante común en todos los casos el uso abusivo de los Decretos de Urgencia, en su mayoría de orden secreto.
Por ello, se investigó con especial énfasis la compra de armamento y de productos de origen chino.
A la vez se identificaron una serie de enmarañados procedimientos para alcanzar objetivos pocos transparentes en los casos de privatización y quiebra de Aero Perú, la privatización de Electro Lima y sus implicancias tributarias, la corrupción en la gestión de las empresas aseguradoras Popular y Porvenir, el salvataje del Banco Latino, la privatización de la empresa azucarera Pucalá y el manejo del proyecto del rio Cachis.
El uso indiscriminado de dispositivos de urgencia, muchos de carácter secreto, fue instituido por la mafia fujimorista como una modalidad para amparar gastos irregulares, vía compras destinadas a favorecer a las empresas vinculadas a la red de corrupción. Así se destinaron mil treintidos millones de dólares provenientes de la privatización en la compra de armamentos y equipos militares de dudosa calidad.
El agravante de estas operaciones ilegales es que se realizaron con mayor énfasis durante la época del conflicto con el Ecuador. A la mafia no le interesó el país ni el conflicto bélico. Solo les interesó lucrar pese a que la mayoría de los implicados eran militares.
Nunca se ha esclarecido como es que habiendo más de siete mil millones de dolares como ingresos por la privatización solo quedaban 143 millones en caja.
Lo que si quedó claro según la investigación CIDEF es que de las privatizaciones y a través de esos Decretos Supremos Secretos se invirtieron 1,800 millones de dólares para comprar armas de mala calidad, como los MIG que no funcionaban y otras, armas, caballos, automóviles, equipos de radio. De ahí salieron las fortunas en los bancos suizos de los generales sentenciados y de los prófugos como Víctor Malca, ex embajador en México al que no se puede encontrar desde hace diez años.
Sin duda el engranaje de la mafia había copado todas las esferas del poder de manera que apenas hubiera una denuncia se ponían en funcionamiento los mecanismos para desactivarla. El Congreso, el Poder Judicial, la Controlaría operaban con una coordinación sintonizada, cada una cumpliendo su papel de acuerdo al libreto preparado por el asesor.
De esta manera, ninguna denuncia podía prosperar.
Una conclusión muy importante del informe de la CIDEF es: el que suscribe el Ing. Javier Diez Canseco cuando dice: “No es posible emitir un decreto supremo de emergencia secreto sin la firma del Presidente de la República y menos para las compras de armas” por lo que es contundente que “Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento de todo lo actuado por la red mafiosa que él integraba y que decir desde su cómodo de parlamento de Tokio que fue sorprendido por su asesor es risible”.
Otro hecho muy importante que investigó y comprobó la CIDEF fue que el gobierno peruano abusó de la figura de la asistencia internacional y trasladó y aun traslada fondos públicos a un programa de las Naciones Unidas que se conoce con el nombre de PNUD con lo que se pagó la “planilla” de los funcionarios responsables de las privatizaciones, miembros de la COPRI y las CEPRI, que eran muy jugosas y que por tanto oficialmente “no salen” del Tesoro Público. Para esta artimaña legal se emplearon 295 millones de dólares. Tómese nota que para realizar esto el gobierno debía pagar 3.5% como concepto de comisión de agente.
Conclusión muy importante y de la que rogamos al lector, le dé la debida importancia en cuando dice textualmente: “La elite empresarial privada hasta donde hemos podido constatar participó en forma activa en la corrupción estudiada. Hay una corresponsabilidad estudiada entre el Estado, los funcionarios públicos y algunas empresas privadas”.
“Lo que observamos en el caso de la Contraloría General de la República es que durante la década pasada el 75% de sus acciones fueron dirigidas a controlar municipios que sólo manejan el 4% del presupuesto nacional. El contralor caso Lay no acogió fiscalizaciones ni denuncias”.
Coincidiendo totalmente con lo expresado en la introducción del informe del CIDEF por el reconocido economista Dr. Oscar Ugarteche nos permitimos transcribir sus acertados conceptos que el autor los hace suyos: “Lo descrito en estas páginas representa solo una muestra de lo que realmente corresponde a la magnitud de lo ocurrido en el Perú durante la década de la corrupción. Los daños causados por la mafia que nos gobernó son incalculables y siguen surtiendo sus funestos efectos pues trastocaron delictivamente no solo el ámbito económico, político, social, sino fundamentalmente, el moral impusieron la corrupción como la forma de gobernar al país”.
“Y lo que puede ser más grave aún es que queden impunes”.
“Es preciso por ello, sancionar los delitos identificados a la par que es preciso también incorporar al cuerpo legal tipificaciones que sancionen específicamente los delitos económicos y financieros que en otros países son castigados con suma dureza, puesto que cometerlos implica comprometer no solo el presente sino el futuro de vida de generaciones de peruanos y especialmente de los peruanos y especialmente de los peruanos más pobres”.
La primera acusación constitucional presentada al Congreso de la República por la CIDEF fue la denuncia a diversos Ministros de Estado, jefes militares y otros altos funcionarios del gobierno de Fujimori por el uso y abuso de los denominados dispositivos de urgencia y en particular aquellos que tuvieron carácter de secretos.
Sería demasiado extenso y fatigoso para el lector hacer relato minucioso de los delitos contenidos en esos Decretos por lo que los resumiremos en los siguientes datos:
1.- Durante el gobierno de Fujimori se expidieron 22 Decretos de Urgencia Secretos de disposición de fondos públicos de los cuales 14 fueron de fondos de la privatización.
2. Esos decretos no se publicaron en el diario oficial, no tuvieron, en la mayoría de los casos, aprobación del Consejo de Ministros y sólo ocho de ellos se enviaron al Congreso para su aprobación. El secreto fue total.
3.- En muchos casos no se encontró los documentos físicos que contenían los decretos. Tampoco se encontró actas de aprobación del Consejo de Ministros.
4.- La mayoría de los Ministros desconoció la existencia de esos Decretos. Publicamos fotocopia de ellos para conocimiento de los lectores.
5.- Primero cometían el delito, luego lo regularizaban. Es decir, primero aprobaban la operación, disponían del dinero y luego expedían el Decreto.
6.- Antes de expedir el decreto se creaban empresas de proveedores cuyos accionistas eran testaferros o miembros de la asociación delictiva como en el caso de la compra de aviones de Bielorrusia.
7.- Los decretos fueron principalmente para la adquisición de bienes y servicios de los Ministerios de Defensa y del Interior.
8.- Se cometieron los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión ilegal, peculado, falsificación de documentos públicos, negociación incompatible, supresión, destrucción u ocultamiento de documentos y omisión de denuncia.
 Para asombro del lector los Ministros implicados en la Comisión de tantos delitos sólo recibieron condenas  en el poder judicial de cuatro años de prisión, suspendida.
Vale decir que no pasaron ni un solo día en la cárcel, en la que debieron estar algunos años. Quizá muchos tengan la osadía de postular para parlamentarios el 2011, porque ahora 2010, vivimos casi una “cultura de la corrupción”.
Son tres los casos emblemáticos de esos 22 decretos: 
 1.- Decreto 046-95 Disponen de 67’800.00 de soles para compra de un avión presidencial BOEING 737.
 Es escandaloso porque a) no se podía disponer de recursos de la privatización para comprar un avión al Presidente b) estábamos en pleno conflicto con el Ecuador. Lógicamente ese avión no tenía ninguna prioridad c) no hubo licitación, ni concurso de precios d) no tenía nada de urgente y e) todo se hizo en menos de un mes.
2.- Decreto 02896 se dispuso de 252’052.420 dólares para comprar 3 aviones MIG de segundo uso en Bielorrusia.
 Este saqueo a los fondos públicos se inició cuando una empresa de Ucrania presentó una propuesta, Montesinos la bloqueó y forma con Alberto Venero la empresa W21 INTERTECHNIC para representar a la compañía TREVES INTORA que también era de un amigo y socio de Montesinos.
Con fecha 6 de mayo de 1966 emiten el Decreto y el 13 de mayo firman el contrato.
Este Decreto no fue de conocimiento del Congreso de la República, ni del Consejo de Ministros.
En conexión con este Decreto se encuentra el 075-96 que fue más escandaloso por el que se destinan 150 millones de dólares para comprar 18 SU-25 a Bielorrusia también.
En ambos casos los decretos se expidieron después de arreglado el “negocio”. Según declaraciones de Venero Montesinos recibió 30 millones de dólares por esta compra.
3.- El caso más escandaloso y por el que Alberto Fujimori fue sentenciado por la Corte Suprema fue el último Decreto el 081-00 por el que Montesinos recibió 15 millones de dólares en concepto de CTS pero que por indicación expresa de Fujimori se expidió para “ejecución de acciones en la frontera con Colombia”.
Así con ese desprecio y desaprensión se disponía de los fondos públicos, por el propio Presidente de la República.
Este acto que es ejemplo de desvergüenza se agravó mas cuando Fujimori se vio obligado a devolver esa suma y entregó 15 millones de dólares que tenía en Palacio. Pero se descubrió que los 15 millones que se llevó Montesinos eran distintos de los que “devolvía” Fujimori, simplemente por que eran billetes de distinta denominación.
Demostración simple y sencilla del volumen de la “caja chica” de Fujimori en el mismo Palacio de Gobierno y prueba de su cinismo.
http://www.justiciaviva.org.pe/publica/responsabilidad_jefe.pdf

miércoles, 22 de octubre de 2014

NEOLIBERALISMO O MUERTE: NOS ESTÁN VENCIENDO

¿EL GOBIERNO CÓMPLICE DEL NEOLIBERALISMO?

CLAUDIA CISNEROS MÉNDEZ
 “La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma”. Recordando esta infame frase de Margaret Thatcher, los sociólogos franceses Christian Laval y Pierre Dardot muestran hasta qué punto fue premonitoria de lo que hoy es una realidad: “el neoliberalismo es mucho más que un tipo de capitalismo. Es una forma de sociedad e, incluso, una forma de existencia. Lo que pone en juego es nuestra manera de vivir, las relaciones con los otros y la manera en que nos representamos a nosotros mismos. No solo tenemos que vérnoslas con una doctrina ideológica y con una política económica, sino también con un verdadero proyecto de sociedad (en construcción) y una cierta fabricación del ser humano”.
En su libro-ensayo La nueva razón del mundo sustentan cómo la llamada “lógica del mercado” ha desbordado el ámbito meramente económico y ha llegado a penetrar al ámbito privado (y moral, añado) del individuo. Tan perversa como eso es también la constatación de esa expansión a las estructuras de poder del Estado. Así, el Estado convertido en palanca política del neoliberalismo lo ha transformado de doctrina económica a cuerpo de normas y prácticas con respaldo político, institucional y jurídico.
Por la entrevista a sus autores ( http://goo.gl/VmyZGu ) y la sumilla editorial ( http://goo.gl/DjIikg ) queda claro que sus ideas son fácilmente constatables en la realidad actual, incluyendo la del Perú de Humala, la de García y hasta la de Toledo.
La perversa lógica del mercado, del capitalismo desenfrenado, del individualismo desembozado, del mercantilismo como valor han calado socialmente como axioma que ni se cuestiona ni se problematiza. El Estado, por su parte, es el mejor representante de las corporaciones, de los dueños del capital que es inoculado en el poder político para, a través de él, seguir expandiendo su capital privado y su poder en desmedro, casi siempre, del bien común y afectando los derechos de otros.
Ejemplos de cómo el Estado se deja poseer por el corporativismo son los lobbies desenmascarados del ex premier Cornejo y del ministro Mayorga; la ley de AFPS, la obstrucción a la Ley de Alimentación Saludable y un largo etc. El cáncer está instalado, y un gobierno débil ante el corporativismo como el de Humala-Heredia (o avispado como el de García) solo podrá actuar acorde a los intereses de quienes mueven los capitales y desatan sus temores ayudados de periodistas lobistas corporativistas y otros buitres del sistema político.
Eso fue lo que sucedió con el nefasto paquetazo ambiental (Ley 30230) cuyas consecuencias ambientales y sociales, mucho ojo, aún están por desatarse: “El gobierno culpa del declive (de pocos meses) del crecimiento económico a las reglas ambientales y trámites. Esta versión fue promovida por un grupo vinculado a las industrias extractivas que publicaron muchos artículos en periódicos y que le ganaron el oído al presidente”. Fue el poderoso lobby extractivista el que se sobrepuso al interés nacional, como bien lo explica a National Geographic ( http://goo.gl/ef8zvJ ) el reconocido ambientalista Ernesto Ráez, quien renunció al MINAM ( http://goo.gl/WEW8of ) tras el paquetazo.
¿De qué magistral manera la industria extractiva usó de palanca legal al Ejecutivo? Quitándole a la entidad fiscalizadora, OEFA la administración de la plata que recaudaba por fiscalización para no seguir fiscalizando (Art. 12). Quitándole por 3 años su función sancionadora, ordenando medidas correctivas sin multa y de no corregir rebajándoselas 65%. En la lógica empresarial saldrá más barato incumplir la ley.
Quizás el más descarado es el Art. 20 que hace explícito el uso del lobby en las altas esferas. Permite modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas “(…) Por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros…”. Tal cual ese artículo es el as bajo la manga del empresariado en colusión con el poder político. La creación de Zonas Reservadas ya no por criterios técnicos y procesos participativos sino por criterio “político” (léase lobby) en el Consejo de Ministros.

Así estamos, esto no ha terminado, recién está empezando y como bien apuntan Laval y Dardot es necesario conocer bien a qué nos estamos enfrentando para organizar la lucha por el bien común antes que solo el privado, por país antes que solo empresariado. El gobierno y los políticos no están de nuestro lado.

martes, 21 de octubre de 2014

GRANDE CUBA


CUBA ENVIA MÉDICOS Y EE UU ENVIA MILITARES
The Washington Post' alaba la respuesta médica de Cuba en la crisis del ébola
El diario destaca que el envío de personal sanitario de la isla supera con creces al de muchos países occidentales
La respuesta de la comunidad internacional ante la crisis desatada por la propagación del virus del ébola ha sido, por lo general, tachada de insuficiente por diferentes expertos y organizaciones. Sin embargo, Cuba, un país de solo once millones de personas, se ha convertido en uno de los principales impulsores la ayuda enviada a África Occidental. Así lo ha destacado recientemente el diario estadounidense The Washington Post.
El pasado jueves, 165 sanitarios cubanos llegaron desde la isla a Freetown, Sierra Leona. Se trata del equipo más numeroso hasta ahora aportado por cualquier nación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, Cuba está preparando otra partida de 296 médicos y enfermeros que, tras recibir un entrenamiento adecuado para hacer frente al virus, serán trasladados a Liberia y Guinea.
A pesar de no ser un país con grandes recursos económicos, su respuesta oficial al ébola ha sido mucho más contundente que la de países con mucha más riqueza y desarrollo. El sistema universal de atención a la salud de Cuba es lo que ha le permitido poder efectuar estas exportaciones de personal, dando una muestra más de la enorme calidad del sistema sanitario cubano.
La OMS valora el sistema sanitario de Cuba como "una revolución de la atención primaria" El éxito de la salud de Cuba se basa en su formación médica. Después de la revolución cubana, el sistema de formación creció tanto que para el 2008 estaba entrenando a 20.000 extranjeros al año para ser médicos, enfermeras y dentistas, en gran medida de forma gratuita. En 2008, la OMS valoró el sistema sanitario de Cuba como "una revolución de la atención primaria de la salud", cuyos principales indicadores son la enorme reducción en el número de muertes de menores de cinco años y la alta esperanza de vida en Cuba, 77 años.
El número de personal médico cubano en Sierra Leona, Liberia y Guinea parece que va a ser mayor que el conjunto de los enviados por países mucho más grandes como China o que los enviados por Israel, un país  con una población similar a la Cuba pero mucho más rico. Israel directamente ha rechazado enviar a África personal sanitario.
"El dinero y los materiales son importantes, pero esas dos cosas solas no pueden detener la transmisión del virus de ébola", declaró hace un mes la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud. "Los recursos humanos son claramente nuestra necesidad más importante".
Cuba ya ha dado muestras anteriormente de su capacidad para responder a las urgencias sanitarias y humanitarias en otros países del mundo. El país caribeño también ha apostado de manera importante por la exportación de su personal sanitario. La agencia Reuters calcula que unos 50.000 profesionales cubanos de la salud trabajan en 66 países. Un informe reciente publicado en Granma informaba de que dicha exportación producirá un ingreso neto de 8.200 millones de dólares en 2014.

YANACONCHA

Un reciente informe de investigación realizado por Raúl Wiener y Juan Torres explica por qué a pesar de que la empresa minera de oro más importante del Perú, y una de las más importantes del mundo, Yanacocha S.R.L., ha tenido ingresos de más de mil cuatrocientos millones de dólares en el 2013, pero no ha pagado un solo centavo como impuesto a la renta por ese periodo tributario.
Wiener y Torres en el informe llamado “La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El Caso Yanacocha” disponible electrónicamente en http://goo.gl/gXojsa  demuestran, con información de la propia empresa – compilada minuciosamente durante años – y de instituciones públicas, que Yanacocha ha eludido el pago de aproximadamente 137 millones de dólares que debió pagar como impuesto este año por los beneficios obtenidos el año pasado.
¿Cómo lo hicieron?
Fácil. De los 1,487 millones de dólares que registran como (a) ingresos provenientes de la venta del mineral de todos los peruanos, descontaron 1,148 millones como (b) costos de ventas y gastos de operación. Hasta allí y sin tomar en cuenta los serios cuestionamientos de sus elevados costos en comparación con los que tiene otra minera de características parecidas también en el Perú (Barrick en Áncash), quedaban algo de 476 millones de dólares como utilidad (a-b). Eso debió originar el impuesto arriba señalado.
Pero en ese punto viene una operación contable que ha debido ser cuestionada por la SUNAT y que sin duda le agregará para siempre la letra “N” al nombre de la empresa propiedad de Newmont, Buenaventura y el IFC del Banco Mundial. Se trata de un rubro llamado “deterioro de activos de larga duración” en donde YanacoNcha, descuenta de sus beneficios más de mil millones de dólares, con lo cual le queda una pérdida neta de 562 millones de dólares. Así, al no haber ganancias – al menos en la contabilidad – tampoco hay impuestos.
Wiener y Torres se preguntan entonces ¿cómo se puede producir en un año una depreciación súbita de tal magnitud? La respuesta que encuentran es que YanacoNcha ha cargado a sus propias cuentas, los costos de su inversión en Conga, pero antes de pagar impuestos por sus utilidades.
Y claro, la empresa tiene derecho a hacer lo que quiera con su renta, pero no tiene ningún derecho a utilizar una ficción contable para meterse al bolsillo los impuestos que pertenecen al Estado.
¿No era acaso que la gran minería garantizaba el desarrollo del Perú con los impuestos que pagaba? ¿No era que si promovemos más minería podríamos hacer frente a la desaceleración que vive nuestra economía? ¿No era que todas las denuncias, protestas y reclamos que generaba la acción de YanacoNcha eran simples manipulaciones de dirigentes izquierdistas?
Lo único cierto es que para un Estado que quiere vivir de la minería, esto es una bofetada con manopla. YanacoNcha debe transparentar todas sus cuentas y demostrar si los investigadores se equivocan. Al menos un gobierno serio exigiría eso. Pero en el Perú de los lobbys, es más fácil que llueva leche.
DIARIO UNO: http://diariouno.pe/columna/yanaconcha/

OLLANTA Y EVO, LO QUE NO PUDO SER

QUE GRAN DIFERENCIA
Por Nicolás Lynch
El abrumador triunfo de Evo Morales por más del 60 por ciento de la votación para su tercera elección como Presidente de Bolivia en nueve años, período en el que además ha ganado las siete elecciones nacionales que se han convocado por diferentes motivos, nos lleva a señalar que su liderazgo ha alcanzado un momento de hegemonía que establece, por un buen período al menos, una democracia mayoritaria en Bolivia.
Si algo caracteriza a las democracias mayoritarias que se han establecido en la región en los últimos años es que cumplen lo que prometen, exactamente el principal reclamo de los ciudadanos latinoamericanos de acuerdo a Latinobarómetro.
Por eso ha sido reelegido Evo Morales, porque ha cumplido lo prometido defendiendo los recursos naturales de Bolivia, redistribuyendo la riqueza y afirmando el carácter plurinacional de su patria. Esta característica de cumplir lo que prometen es lo que caracteriza a los gobiernos progresistas en los últimos 20 años en América Latina. A diferencia de lo que nos han acostumbrado en el Perú, decir una cosa para ganar elecciones y hacer otra cuando se llega al poder, el progresismo empieza dándole una base ética al mandato que consigue en las urnas.
Olvidar en el gobierno lo que se promete en campaña no es solo un mal comportamiento de los candidatos que se convierten en gobernantes, sino también una característica de la democracia de minorías que importamos de los Estados Unidos en las dos últimas transiciones (1977-1980 y 1997-2001). Esta última lo que pide a los ciudadanos es una autorización para que los elegidos hagan lo que les parezca. Por algo, Carlos Franco repetía que el producto de las transiciones, strictu sensu, eran gobiernos elegidos y no democracias.
Ollanta Humala como antes Alan García y Alejandro Toledo, son un producto de esta democracia de minorías, que estimula el engaño como forma de gobierno.
Es más, quienes protestan contra el engaño, como lo hacía el propio Ollanta en campaña, con tratados de “antisistema” o, peor aún, considerados delincuentes, como Oscar Mollohuanca o Gregorio Santos, señalándose que deben estar presos. Sin embargo, en ningún caso el viraje fue tan drástico como con Ollanta Humala. Este nació a la vida política el 2000 con su levantamiento en Locumba y desarrolló las campañas electorales de 2006 y 2011 con un plataforma similar a la de Evo Morales, prometiendo defender los recursos naturales y redistribuir la riqueza, sin embargo, llegó al poder e hizo lo contrario.
Hoy sabemos que sus virajes iniciales no fueron “tácticos” sino “estratégicos” y que no le importó traicionar los millones de votos que lo llevaron donde está.
¿Por qué lo hizo?
Es difícil saberlo aún, pero está claro que más pudieron los encantos del poder que sus promesas electorales.
Curiosamente hace unos días la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaraba, candorosamente, que ella recorría mucho el país y que escuchaba que la gente le reclamaba a Ollanta que cumpliera con sus promesas de campaña. No sé si la señora se habrá dado cuenta pero esto significa que cumpla con el programa de la Gran Transformación que ella, como nadie, denostó en su momento. Una prueba más de la frustración ciudadana con el gobierno de Ollanta Humala.
Tenemos entonces que Evo Morales, a la cabeza de un importante movimiento popular, se atrevió a enfrentarse con los enemigos de su pueblo y este coraje le ha valido sucesivas victorias electorales y de masas. Es más, estas victorias se han traducido en hegemonía simbólica y cultural, difícilmente Bolivia volverá a ser como antes después de Morales. Ollanta Humala, en cambio, da la impresión que le teme hasta a su sombra y pugna por empequeñecerse más en cada coyuntura en la que permite que la derecha nacional y transnacional continúe con la captura de los bienes públicos y sociales que son arrebatados a los peruanos.
¡QUÉ DESTINO TAN DIFERENTE EL DE ESTOS PAÍSES HERMANOS DE BOLIVIA Y EL PERÚ!
www.otramirada.pe

viernes, 17 de octubre de 2014

ELIGEN A VENEZUELA COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

¿CAMBIARA LA CREDIBILIDAD EN LA ONU?
¿QUIÉN ES EL AISLADO, VENEZUELA O ESTADOS UNIDOS?
Venezuela fue elegida ayer como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, en una votación en la Asamblea General de la organización mundial.
La nación suramericana ocupará el asiento durante los próximos dos años en sustitución de Argentina.
La candidatura venezolana obtuvo 181 votos a favor del total de 193 estados miembros y requería de una mayoría de dos tercios.
Venezuela agredida continuamente por Estados Unidos propinó este jueves un nuevo y contundente revés a Washington, al ser elegida  como miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con 181 votos a su favor de los 193 Estados que integran la mayor organización mundial.
El régimen norteamericano recibió otro sopapo de la Revolución Bolivariana del Gigante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro, y se puso en evidencia una vez más su creciente aislamiento, no solo en Naciones Unidas, sino también en otros organismos internacionales y regionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA).
A pesar de los ingentes esfuerzos que hace Washington para cercar a Venezuela, de la misma forma que lo ha intentado con Cuba sin conseguirlo durante más de 50 años, los representantes de la Casa Blanca salieron de la sede de la ONU en Nueva York mordiéndose sus garras.
En lo adelante y durante dos años tendrán a los delegados de Caracas frente a sus caras en el Consejo de Seguridad, y estarán obligados a  escuchar muchas verdades que se esconden, como las relacionadas con el crimen reciente del joven diputado Robert Serra, asesinado por terroristas financiados y entrenados por el Pentágono.
La administración del mandatario Barack Obama, heredera de la de George W. Bush, no ha cesado de atacar a Venezuela con campañas mediáticas, agresiones económicas, y acciones terroristas y subversivas, pero al final lo único que ha logrado es el repudio de la comunidad internacional a esa postura.
Igual le ha sucedido al decadente imperio con Cuba, la cual se alista  para presentar el venidero 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU (AGNU) otro proyecto de Resolución de rechazo al criminal bloqueo que le impone Estados Unidos desde hace más de 50 años.
Washington ya tiene garantizada otra escandalosa derrota frente a Cuba, como le ha sucedido durante 22 años consecutivos en la AGNU, donde ha sido condenada casi unánimemente esa fracasada política agresiva hacia la Isla caribeña.
El régimen de Obama será noqueado por Cuba, al igual que le ocurrió con la elección de Venezuela para el Consejo de Seguridad, que fue respaldada por la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU.
Las autoridades norteamericanas están arrinconadas, similar a los boxeadores que van hacia una esquina del cuadrilátero cuando les han hecho varios conteos de protección, y lanzan peligrosas pegadas al aire, en demostración de desespero.
Cierto que Washington no ha parado de recibir guantazos en la Patria Grande en los últimos tiempos. Otro reciente se lo dio Bolivia con la indiscutible victoria del presidente  Evo Morales en las elecciones del pasado domingo.
Les tocará entonces a Dilma Rousseff, en Brasil, y a Tabaré Vázquez, en Uruguay, imponerse en los comicios de sus respectivas naciones, el próximo 26 de octubre, para que Estados Unidos acabe de darse cuenta que es hora de que tire la toalla, al menos, en Latinoamérica y el Caribe, donde impera la independencia de los pueblos, la paz, la solidaridad, y la integración.
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/10/16/quien-es-el-aislado-venezuela-o-estados-unidos/#.VEDI5TVH43E