Como
se ha visto, Alan García no sólo indultó o conmutó penas a más de 5 mil
sentenciados y a una gran cantidad de narcotraficantes, y no sólo
contrató a un narco salido de la cárcel para que aprobara las
solicitudes, sino que dictó dos decretos para facilitar las
excarcelaciones lo que deja en el aire cualquier especulación sobre que
no se sabía o que la responsabilidad es de Huamán, Chinguel u otro
funcionario menor, cuando todo apunta a los más altos niveles del
cogollo alanista. Dictar leyes o decretos para encubrir delitos es uno
de los peores actos de corrupción que pueden producirse.
Pero
miren la semejanza entre los narcoindultos y narcoconmutaciones y el
cambio del código penal hacia el final del gobierno aprista en lo que
toca a los artículos sobre colusión (art. 384), peculado y otros en
agravio del patrimonio público, que aparentemente debía servir para
establecer la diferencia entre los casos simples y agravados de este
tipo de delitos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo como lo
sabían perfectamente en el gobierno que iba de salida, esta
modificatoria iba a tener efecto en los procesos en desarrollo, no en
cuanto a las penas máximas porque para ello no hay efecto retroactivo,
pero sí en cuanto abría una opción de rebaja arguyendo la tipificación
de “caso simple”.
Es
lo que ha ocurrido con los diez que quedaban como acusados por la
estafa que significó la privatización y posterior quiebra fraudulenta de
la línea aérea de bandera Aeroperú. A estos tipos les esperaba
necesariamente la cárcel por haberse concertado para que el Estado no
recibiera el dinero pactado en la venta y para que se licuaran las
obligaciones con los accionistas minoritarios: el propio Estado y los
trabajadores, al decidirse dolosamente la liquidación. Después de muchos
años, personajes como Roberto Abusada, expresidente de Aeroperú,
Francisco Acosta, Alfonso Brazzini y otros, iban a recibir lo que podía
ser la primera condena por los delitos económicos estudiados por la
Comisión Diez Canseco entre 2000 y 2002.
Pero
he aquí que el 21 de julio de 2011 (a siete días de dejar el gobierno)
García dictó la ley 29758, por la cual ahora hay dos colusiones, la
agravada y simple, lo que le ha servido al fiscal José Timarche, para
señalar que sólo puede aplicar el primer tipo para Aeroperú, porque lo
otro sería perjudicar al reo. Esto por supuesto le permite decir que el
máximo posible de sanción es 6 años y nno quince como era antes. Ergo
después de todos los años de lucha para lograr que alguien sea
sancionado por los delitos de la era fujimorista, una alanada más
permite a los procesados del caso Aeroperú acogerse a una prescripción y
burlarse de la justicia. ¿Y ustedes creen que todo esto es gratis?
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