viernes, 4 de julio de 2014

SANTOS: CORRUPCIÓN Y PERSECUCIÓN POLÍTICA

OTRA MIRADA
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, lleva casi una semana recluido en el penal Piedras Gordas I, donde viene cumpliendo con la detención preventiva de 14 meses dictada por el juez. Con él, son 3 presidentes regionales los que se encuentran en prisión, lo cual genera un panorama de inestabilidad política de cara a las elecciones de octubre próximo. Santos, sin embargo, ha señalado que es víctima de persecución política por parte del Gobierno.
La figura política de Gregorio Santos es importante. Profesor y líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) ligado a Patria Roja, la máxima autoridad de Cajamarca se convirtió en el principal opositor del Ejecutivo, cuya posición contraria al proyecto minero Conga despertó expectativa en el país en los últimos años. Recordemos, sin embargo, que durante la campaña electoral de 2010, Santos fue aliado político de Humala, lazo que se rompió una vez que el presidente giró a la derecha, traicionando al electorado de Cajamarca.
Las acusaciones contra Santos son preocupantes.
El fiscal Walter Delgado lo acusa de haber recibido más de 800 mil soles del empresario Wilson Vallejos, quien habría ganado licitaciones para diversas obras en Cajamarca por 155 millones de soles. Según el expediente del caso, al interior del Gobierno Regional de Cajamarca se habría conformado una organización destinada a cometer delitos contra la administración pública en los diversos procesos de selección convocadas por la Unidad Ejecutora de Programas Regionales (PROREGION). Dicha organización, se afirma, estaría liderada por Gregorio Santos. Por esta razón, se le imputa el delito de Asociación Ilícita para Delinquir. 
¿Cuáles son las pruebas halladas inicialmente?
El fiscal Delgado afirmó que Vallejos hizo varias gestiones a favor del Presidente Regional de Cajamarca como “alojarlo en su casa”. Además, señaló que la esposa de Vallejos mandó a confeccionar polos para el MAS en el 2012, y mostró facturas de la confección de planillones para ese movimiento, hechos también por una empresa de Vallejos ese mismo año. El magistrado informó que hay 71 llamadas realizadas entre el teléfono del presidente regional y el de Vallejos entre diciembre de 2011 y mayo del 2012, y que el empresario compró una camioneta para Santos que costó US$ 42.990 y fue puesta a nombre del chofer de la autoridad regional.
En base a esta información, el juez decidió enviar a Santos a prisión, decisión que parece desproporcionada dado que el líder regional ha venido colaborando con la justicia para esclarecer las acusaciones en su contra y no existen indicios de que quiera fugarse del país.
Afirmando la necesidad de la lucha implacable contra la corrupción y la impunidad, sorprende la celeridad en el proceso de investigación y detención contra Santos y que, por el contrario, no pase lo mismo con figuras como Alejandro Toledo, Alan García y Luis Castañeda, acusados de similares o peores delitos. ¿Por qué la justicia mide distinto los casos de corrupción? ¿Acaso los indicios contra Alan García en el caso “narcoindultos” no son suficientes para iniciarle un proceso judicial?
Esperemos que el caso de Gregorio Santos siga la ruta de la justicia por el bien del país, y que esta decisión no se deba a una presión del Ejecutivo para anular a un opositor del Gobierno.

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