El presidente regional de
Cajamarca, Gregorio Santos, lleva casi una semana recluido en el penal Piedras
Gordas I, donde viene cumpliendo con la detención preventiva de 14 meses
dictada por el juez. Con él, son 3 presidentes regionales los que se encuentran
en prisión, lo cual genera un panorama de inestabilidad política de cara a las
elecciones de octubre próximo. Santos, sin embargo, ha señalado que es víctima
de persecución política por parte del Gobierno.
La figura política de Gregorio
Santos es importante. Profesor y líder del Movimiento de Afirmación Social
(MAS) ligado a Patria Roja, la máxima autoridad de Cajamarca se convirtió en el
principal opositor del Ejecutivo, cuya posición contraria al proyecto minero
Conga despertó expectativa en el país en los últimos años. Recordemos, sin
embargo, que durante la campaña electoral de 2010, Santos fue aliado político
de Humala, lazo que se rompió una vez que el presidente giró a la derecha,
traicionando al electorado de Cajamarca.
Las acusaciones contra Santos
son preocupantes.
El fiscal Walter Delgado lo acusa de haber recibido más de
800 mil soles del empresario Wilson Vallejos, quien habría ganado licitaciones
para diversas obras en Cajamarca por 155 millones de soles. Según el expediente
del caso, al interior del Gobierno Regional de Cajamarca se habría conformado
una organización destinada a cometer delitos contra la administración pública
en los diversos procesos de selección convocadas por la Unidad Ejecutora de
Programas Regionales (PROREGION). Dicha organización, se afirma, estaría
liderada por Gregorio Santos. Por esta razón, se le imputa el delito de
Asociación Ilícita para Delinquir.
¿Cuáles son las pruebas
halladas inicialmente?
El fiscal Delgado afirmó que Vallejos hizo varias gestiones
a favor del Presidente Regional de Cajamarca como “alojarlo en su casa”.
Además, señaló que la esposa de Vallejos mandó a confeccionar polos para el MAS
en el 2012, y mostró facturas de la confección de planillones para ese
movimiento, hechos también por una empresa de Vallejos ese mismo año. El
magistrado informó que hay 71 llamadas realizadas entre el teléfono del
presidente regional y el de Vallejos entre diciembre de 2011 y mayo del 2012, y
que el empresario compró una camioneta para Santos que costó US$ 42.990 y fue
puesta a nombre del chofer de la autoridad regional.
En base a esta información, el
juez decidió enviar a Santos a prisión, decisión que parece desproporcionada
dado que el líder regional ha venido colaborando con la justicia para esclarecer
las acusaciones en su contra y no existen indicios de que quiera fugarse del
país.
Afirmando la necesidad de la
lucha implacable contra la corrupción y la impunidad, sorprende la celeridad en
el proceso de investigación y detención contra Santos y que, por el contrario,
no pase lo mismo con figuras como Alejandro Toledo, Alan García y Luis
Castañeda, acusados de similares o peores delitos. ¿Por qué la justicia mide
distinto los casos de corrupción? ¿Acaso los indicios contra Alan García en el
caso “narcoindultos” no son suficientes para iniciarle un proceso judicial?
Esperemos que el caso de
Gregorio Santos siga la ruta de la justicia por el bien del país, y que esta
decisión no se deba a una presión del Ejecutivo para anular a un opositor del
Gobierno.
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