HUGO BUSTÍOS SAAVEDRA |
La hija del corresponsal de
Caretas, asesinado en 1988 por una patrulla militar, refiere que el dolor de su
familia ha revivido al saber que el general (r) Daniel Urresti, uno de los
investigados por su muerte, ocupa el cargo de ministro del Interior.
Sharmelí Bustíos, Hija del periodista asesinado.
Tras unos días de intentar lidiar
con un remolino de emociones, que por momentos fueron asfixiantes, decido
escribir estas líneas. Nada fácil cuando se trata de hablar desde el dolor, un
dolor que se aviva con los aguijones de la impunidad y la injusticia. La
impunidad no solo es una perturbación moral que banaliza y legitima el crimen,
sino que provoca una especie de “empate” donde da lo mismo haber sido
torturador que torturado.
Gran impacto recibimos mi
familia y yo al enterarnos de que el actual ministro del Interior de Perú,
Daniel Urresti, está siendo imputado y procesado en el Poder Judicial como
presunto autor mediato en el asesinato de mi padre, el periodista Hugo Bustíos
Saavedra, el 24 de noviembre de 1988, en Huanta-Ayacucho. En ese entonces,
Daniel Urresti se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 del
Ejército, bajo el seudónimo de “capitán Arturo”.
La información trascendió por
Ideele Radio, que publicó el expediente y una vez que se conoció su contenido
causó gran revuelo en Perú, y mi madre, Margarita Patiño, desde entonces ha
sido la cara visible y la vocera de la familia para rendir declaraciones a la
prensa. Nada fácil, pues implicó remover un dolor que creíamos superado. Han
sido diversas las reacciones en el pueblo peruano. Mi agradecimiento a la prensa
y a quienes expresaron su solidaridad. Y a aquellos que no lo sintieron así,
pues consideran que “es un juego sucio de la política” y se pretende “empañar
la imagen del ministro”, los conmino a profundizar el caso para que cada quien
llegue a la verdad con sus propios pies, claro está, si tienen el sano interés
de hacerlo.
Hugo Bustíos Saavedra no murió producto de una bala perdida o en un
accidente, Hugo Bustíos Saavedra fue asesinado con premeditación, alevosía y
ventaja. No solo fue acribillado a balas por una patrulla del Ejército,
sino que fue rematado con un explosivo que voló parte de su cuerpo, acompañado
de una sentencia: “que te recojan con cucharita”. Eduardo Rojas Arce, quien
acompañaba a mi padre, fue testigo del crimen, junto a otros más que vieron
cómo estos hombres de prensa fueron atacados. Ambos iban en una motocicleta a
cubrir el asesinato de Primitiva Jorge, de 61 años, y su hijo Guillermo Sulca,
de 17 años, a manos de Sendero Luminoso. Rojas Arce sobrevivió milagrosamente a
la emboscada, luego de recibir tres impactos de bala. Hugo Bustíos Saavedra,
como iba conduciendo la moto, recibió todas las balas que le segaron la vida.
En Ayacucho, ejercer el
periodismo en la década de los 80, la más violenta de Perú, era muchas veces
pagar con su vida el deber de informar. Diecisiete periodistas fueron
asesinados en pleno ejercicio de su deber en la región. El terror que se vivía
a raíz de la declaración de la “Lucha Armada” por parte de Sendero Luminoso y
la respuesta contrasubversiva de las fuerzas del orden, los describo con el
testimonio de una mujer campesina, el cual fue recogido por un jesuita que hizo
su servicio en Ayacucho: “Hasta los perros se esconden y los pajaritos huyen.
¿Será esto el fin del mundo?”.
Ser periodista en esas condiciones
era una proeza, pues todo aquel que intentara investigar o denunciar
violaciones de derechos humanos era castigado con la muerte y tildado de
“terrorista” (por los uniformados) o “soplón” o “cabeza negra” (por los de
Sendero Luminoso).
Hugo Bustíos Saavedra en su
rol de periodista informó y denunció lo que pasaba en Huanta y por extensión en
el departamento de Ayacucho, que prácticamente había sido invisibilizado por el
resto del país que creía un problema exclusivo de la región. “Entonces, mi pueblo
era pues un pueblo, no sé… un pueblo ajeno dentro del Perú”, declaró Primitivo
Quispe, ciudadano ayacuchano que evidencia claramente el sentimiento de
exclusión e indiferencia que experimentaron las personas y comunidades que
fueron víctimas mayoritarias del conflicto armado. Este testimonio es uno de
los centenares que documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),
que tuvo la misión de esclarecer y elaborar un informe sobre lo que vivió el
Perú durante el período de 1980 y 2000. En consecuencia, no es contra la
investidura de un ministro ni de sus planes de trabajo que se está formulando
una denuncia, sino contra “el capitán Arturo”. Además, el presidente de la
República, Ollanta Humala, fue informado por el propio Daniel Urresti, del proceso
que se le seguía por el asesinato del periodista huantino, pero el mandatario
peruano, tras solicitar “unos papeles que vieron los abogados”, señaló que era
“un caso extraño”, por ende, Ollanta Humala declaró “no vemos su culpabilidad y
creemos en la presunción de inocencia”. De manera que no vio impedimento para
nombrarlo ministro del Interior del Perú.
No pretendo ser juez, ni
fiscal ni verdugo, cosa que sí lo fueron quienes asesinaron a mi padre, pero
así como Daniel Urresti tiene todo el derecho de que se presuma su inocencia y
de ejercer su defensa legal, mi familia y yo, bajo el imperio de la ley, exigimos
justicia y todas las garantías para que el asesinato de mi padre quede
totalmente esclarecido, pues siempre hubo intenciones de que se archivara.
Incluso su caso fue juzgado en el fuero militar, donde los responsables fueron
absueltos, lo cual desató total indignación toda vez que por la naturaleza del
delito –homicidio tipificado como delito común– el fuero correspondiente era el
civil y no el militar. En el 2007 –y ratificado en el 2008– se logró finalmente
sentenciar a dos implicados.
La batalla legal duró 19 años
y contó con el apoyo de organismos de Derechos Humanos que hicieron posible
para que los responsables de la muerte de Hugo Bustíos Saavedra fueran
condenados. Entre ellos: Víctor Fernando La Vera Hernández, alias “Javier Landa
Dupont”, quien en ese entonces ejercía como el comandante del Ejército en la
base de Castropampa de Huanta, Ayacucho, y Amador Armando Vidal Sanbento, alias
“Ojos de Gato”. Sin embargo, la fiscalía, años más tarde, reunió nuevos
elementos de convicción que vinculan a Daniel Urresti entre los presuntos
responsables.
Otra sorpresa que nos llevamos
con la reapertura del Caso Bustíos fue que La Vera Hernández estaba libre y
tenía aspiraciones de ejercer un cargo de especialista en doctrina de Seguridad
y Defensa. Cuando la injusticia te abofetea, el grito de ¡Justicia sube de
decibeles!... Hugo Bustíos Saavedra no es una fría estadística, es un crimen de
lesa humanidad. Hugo Bustíos Saavedra era una vida, una trayectoria, un
periodista, un abogado, un esposo, un padre de cuatro hijos, un amigo, un
sueño, un futuro y todo quedó truncado por quienes ejercían en ese momento “la
ley y el orden”.
“En caso de que suceda algo,
espero que nunca callen (…) los hombres de prensa esperamos lo peor (pero)
saldremos adelante porque nuestros principios así lo mencionan… Estoy seguro de
que seremos el grano de arena que contribuya a lograr la paz para nuestros
pueblos”. Hugo Bustíos Saavedra.
Uno de los abogados de Urresti defendió a miembros del grupo Colina
En agosto del año pasado,
cuando el ministro del Interior, Daniel Urresti, declaró en la Fiscalía de
Huamanga, por la denuncia que lo involucraba como autor mediato en el asesinato
del periodista Hugo Bustíos, tuvo como abogados a José Alberto Montoya Pizarro
y Arturo Conga Soto, revela la revista Caretas.
Hasta ahora, los letrados han
pasado desapercibidos, pese a que ambos han defendido a ex miembros del
Ejército procesados por violaciones a los derechos humanos.
Montoya Pizarro, por ejemplo, fue abogado del ex agente del Grupo
Colina mayor EP (r) Carlos Pichilingüe Guevara, procesado por la matanza de
Barrios Altos y La Cantuta. Asimismo, defendió a Ángel Pino Díaz, agente
del grupo paramilitar, sentenciado a 22 años de prisión por los delitos de
homicidio calificado y desaparición forzada.
Por su parte, Conga Soto
participó en las audiencias del caso Cabitos representando a tres militares
acusados de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales: Humberto
Orbegozo Talavera, Edgar Paz Avendaño y Arturo Moreno Alcántara.
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