El ministro del interior, Daniel
Urresti fue jefe de Inteligencia del cuartel de Castropampa, en 1988
Justicia El crimen de 1988, en el
que Urresti está implicado, sigue siendo investigado.
El ministro del Interior, Daniel
Urresti, fue el jefe de Inteligencia del cuartel de Castropampa, en 1988.
Apenas a dos semanas de estrenarse como
ministro del Interior, Daniel Urresti enfrenta las voces que en tromba piden su
renuncia.
Estas ya traspasaron las
fronteras del país y el martes 8 el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA) y la
Fundación Para el Debido Proceso (DPLF) emitieron un comunicado conjunto en el
que “instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de
Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal”.
Pero, a juzgar por su
frenética actividad mediática de los últimos días, el general EP (r) no tiene
entre sus planes hacer maletas.
El ministro asumió un sensible
despacho –más si se considera el proverbial recelo entre militares y policías–
y cultivó desde el primer día un estilo proactivo con el que debe simpatizar un
sector de la población, agobiada por la inseguridad y criminalidad rampante.
Pero el caso en el que se
encuentra envuelto va mucho más allá de titulares y golpes de efecto.
El flamante Ministro del
Interior se encuentra en un verdadero aprieto.
El 17 de junio del 2013,
cuando llevaba tres meses como Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de
la Minería Ilegal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), el Segundo
Juzgado Penal de Huamanga le abrió investigación judicial por el asesinato del
corresponsal de CARETAS, Hugo Bustíos, ocurrido en Huanta, Ayacucho, el 24 de
noviembre de 1988. La Fiscalía solicitó que se le incluya como autor material
del crimen. El juez consideró que solo ameritaba ser considerado autor mediato.
El 20 de agosto acudió a
rendir su manifestación a Huamanga. Era la tercera citación que se le hacía. El
juez Rolando Crespo Gutiérrez le advirtió que si no acudía lo convocaría de
grado o fuerza.
Urresti llegó acompañado de
sus abogados Arturo Conga Soto y José Alberto Montoya Pizarro. En su
manifestación judicial, reconoció que fue jefe Inteligencia y
Contrainteligencia del cuartel de Castropampa en Huanta, en 1988. Admitió que
su seudónimo era “Capitán Arturo”. Tenía 32 años.
Perteneció al arma de
Comunicaciones, pero sostuvo que cuando llegó a Ayacucho, el comandante EP
Víctor La Vera Hernández, jefe político-militar de Huanta, le pidió que se
encargue “interinamente” de la oficina de Inteligencia.
Negó tener manejo de tropa ni
agentes para realizar operativos de inteligencia y rechazó los testimonios de
los testigos que lo acusan de haber participado en el crimen de Bustíos.
Urresti permaneció en Huanta hasta diciembre de 1988. En su siguiente destaque,
en Tacna, entre 1990 y 1994, fue jefe del departamento de inteligencia del
Ejército. El oficial de Comunicaciones, parece que algo había aprendido del
oficio.
Urresti dijo ante la Corte que
el mayor EP (r) Amador Vidal Sanbento, ‘Ojos de Gato’ y el adjunto de Logística
Edgardo Montoya Contreras lo acusan en venganza porque “a ambos los sancioné
por actos de indisciplina, lo que perjudicó sus carreras militares”, en 1988.
Por cierto, los actos de
indisciplina sancionados no fueron por el asesinato de Bustíos, el 23 de
noviembre de 1988 en los pagos de Erapata, a 20 minutos en motocicleta de
Huanta. Simplemente por el robo de autopartes y abandono de destino.
El caso no se hizo público
sino hasta el miércoles 2 pasado, cuando el programa de Glatzer Tuesta, en IDL
Radio, detonó la bomba.
CASO EMBLEMÁTICO
En junio del 2007, la Sala
Penal Nacional condenó al comandante EP Víctor La Vera Hernández, jefe del
Cuartel de Castropampa en Huanta en 1988, a 17 años de prisión, como autor
intelectual del asesinato de Hugo Bustíos, y al mayor EP Víctor Vidal Sambento
a 15 años por ser el autor material del homicidio.
Un año después, en setiembre
de 2008, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema presidida por Javier
Villa Stein ratificó la sentencia de primera instancia contra La Vera y Vidal.
También ordenó seguir con la investigación hasta hallar al resto de
responsables.
Vidal Sanbento conocido como
´Ojos de Gato´ y el oficial Johnny Zapata llamado ´Centurión´ fueron
identificados por varios pobladores de Erapata entre los militares que
dispararon contra el corresponsal de CARETAS y Rojas.
Alejandro Ortiz atestiguó ante
la Policía que fue ´Ojos de Gato quien tras las ráfagas de metralla, se acercó
al cuerpo tendido de Bustíos y le arrojó una granada.
Ójos de Gato´ era jefe de
rondas campesinas del Cuartel de Castropampa y reconocible por los comuneros
con quienes coordinaba las labores antisubversivas en 1988.
Fueron casi 20 años de vía
crucis judicial, con un archivamiento en el fuero militar y amedrentamientos a
magistrados y testigos en el camino antes de que se dictara justicia. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos debió intervenir para requerir que el crimen
no quedara impune.
En 1989, Ortiz sería asesinado
presuntamente por senderistas. Hilda Aguilar, entonces de 18 años, se reafirmó
sobre lo que vio en el juicio de la década del 2000.
Hasta entonces el nombre de
Urresti no había sido mencionado.
Recién en abril del 2008,
Vidal Sanbento y Montoya Pizarro lo involucraron sorprendentemente ante la
Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho. Lo que Vidal le dijo al
periodista Abilio Arroyo (ver recuadro) fue ratificado ante el Ministerio
Público.
En ese momento, Urresti era
general en actividad del Ejército.
LA VERA EN PALACIO
Los condenados permanecieron
dos años en el penal San Jorge, pero en el 2009 fueron recluidos en el penal
militar Virgen de Fátima de Chorrillos. En 2011, a La Vera se le concedió la
semilibertad por “buena conducta”, según el INPE.
Idéeleradio reveló que el
condenado La Vera Hernández se presentó a una convocatoria de la Secretaría de
Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), cuerpo de asesores del Presidente de la
República adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros, en Palacio de
Gobierno, el viernes 4.
La Vera postuló al cargo de
especialista en doctrina de Seguridad y Defensa. Pese a sus antecedentes
penales, calificó segundo en la evaluación curricular y quedó expedito para
rendir el examen de conocimientos programado para el pasado lunes 7 de julio.
Tras el escándalo, su
postulación fue dejada sin efecto. El jefe del Sedena es Walter Astudillo
Chávez, un general de brigada en retiro del Ejército.
Ésta semana en su domicilio,
en la calle Buganvillas 285, en la urbanización Valle Hermoso, en Surco, no
dieron razón de su paradero.
Si el Ministro del Interior
capturase a La Vera para que cumpla lo que le queda de sentencia, acaso podría
salvarse políticamente.
MEA CULPA
Apenas estalló el escándalo,
Urresti reveló que informó de su situación judicial al presidente Ollanta
Humala antes de ser nombrado como Ministro, el 23 de junio. Comprometería la
figura presidencial, un acto cercano a la deslealtad.
Por el momento, el Presidente
ha cerrado filas con su Ministro. “Cuando se le propuso la cartera me puso en
conocimiento de este tema; se le pidió
unos papeles que eran pertinentes verlos, lo vieron los abogados (...)
No vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”, confirmó
Humala el jueves 3.
Cierto, Urresti no ha sido
juzgado ni condenado. No necesariamente es culpable. Quienes lo acusaron fueron
inequívocamente sentenciados como los homicidas de Bustíos y no mencionaron su
nombre durante años.
Pero aquí hay un proceso
abierto que se deben resolver ante la Justicia, no por intuiciones de quien
encabeza el Ejecutivo.
“Que un ministro llamado a
defender los derechos humanos tenga un esclarecimiento pendiente por un delito
de extrema gravedad en esta materia es, además, groseramente ofensivo a los
valores de un Estado democrático”, señaló en un comunicado el Instituto Prensa
y Sociedad (Ipys), el lunes último. La institución consideró que “la condición
judicial de Urresti es incompatible con el cargo que ostenta”.
A similares consideraciones
arribó el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
El titular de la Tercera
Fiscalía Nacional, Luis Landa decidirá si el expediente de Ayacucho amerita la
apertura de un proceso penal contra el Ministro del Interior. La crisis Urresti
amenaza con convertirse en un escándalo de resonancias internacionales. Que
baje al llano. Como cualquier ciudadano.
Caretas
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