La República
El escándalo Comunicore
constituye una nueva alerta acerca de los avances del narcotráfico en su
objetivo de copar las instituciones del país. Es, asimismo, una cruda
radiografía de cuán densas son hoy las tramas de poder corrupto.
Comunicore es uno de los
mayores escándalos de corrupción del país. Hasta aquí se trataba de la
utilización delincuencial de los recursos de la Municipalidad de Lima para un
negociado de decenas de millones de soles que comprometía a la plana mayor de
la MLM presidida por Luis Castañeda Lossio.
Desde que se desató el
escándalo Castañeda buscó impedir que lo investigaran, lo cual consiguió a
través de una acción de amparo acogida por el Tribunal Constitucional en la que
Carlos Mesía Ramírez jugó un papel destacado. A pesar del tiempo transcurrido,
hasta ahora no hay una sola persona sancionada por este caso.
Una denuncia publicada en la
revista Poder, basada en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF
de la Superintendencia de Banca y Seguros, ha dado un nuevo giro al escándalo.
El informe afirma que el negociado de Comunicore fue una operación de lavado
activos procedentes del narcotráfico. En él juega un papel fundamental el
narcotraficante Alex Montoya Agüero. Ya en marzo del 2013, Miguel Gutiérrez
denunciaba desde La República que los analistas de inteligencia de la policía
antidrogas manejaban la hipótesis de que Montoya Agüero habría sido el operador
de la mafia colombiana en el Perú, para el lavado de millones de dólares.
Alex Montoya Agüero comenzó en
Lima como un modesto cambista de dólares, para luego aparecer desde el 2004
como el financista de varias empresas en las cuales figuraba como propietario
Miguel Garro. Montoya Agüero y Garro se conocían desde el colegio. Garro era
gerente de Relima, la empresa cuya acreencia a la municipalidad desencadenó el
negociado Comunicore. Desde el 2009 Alex Montoya Agüero pasó a la condición de
prófugo, luego de que le descubrieran un cargamento de 3,900 kg de cocaína.
El informe de la UIF señala
que entre 2007 y 2009 funcionarios de confianza y asesores de Luis Castañeda
Lossio figuraron en varias empresas de Garro. Rosa María Palacios señala que en
sus empresas y negocios aparecen además nombres como el del prófugo (por el
caso La Centralita, de Áncash) Martín
Belaúnde Lossio y su hermano Arturo, ambos primos de Luis Castañera Lossio, y
el del cuñado de Castañeda, José Pinillos Broggi, que figura como director de
Comunicore.
Aunque luego de desatado el
escándalo Castañeda Lossio dispuso realizar una investigación, la encargada de
ejecutarla, Patricia Juárez –hoy candidata a teniente alcaldesa en la lista de
Castañeda Lossio y su sucesora si este se ve obligado a renunciar–, hizo un remedo de investigación, que
no encontró ningún responsable
Como señala el blog Desde el
Tercer Piso, ex funcionarios investigados por lavado de activos en el caso
Comunicore, como Juan Blest, Ángel Pérez
Rodas y Ulises Merino Rojas, han tenido relación directa con Solidaridad
Nacional y han sido sus aportantes. Habría que añadir que han acompañado a
Castañeda Lossio como sus gerentes en los distintos cargos que este ha
desempeñado desde inicios de los 80. Por eso es inverosímil que Castañeda
Lossio no estuviera enterado de lo que sucedía, como pretende. Todos fueron mantenidos
en sus cargos hasta el final de su administración.
Blest es señalado como el que filtró la información clave para montar
el negociado Comunicore.
El informe de la UIF no fue
incluido por el Ministerio Público en la resolución fiscal de octubre de 2012,
cuando se buscaba incorporar al narcotraficante Montoya Agüero en el mismo
proceso que se le seguía a Castañeda Lossio. El fiscal a cargo de la
investigación, Mateo Castañeda Segovia, ha afirmado que no le enviaron ese
informe, lo cual es desmentido por la
UIF. Castañeda Segovia renunció después al Ministerio Público y terminó
convertido en abogado de Luis Castañeda Lossio, defendiéndolo precisamente en
el caso Comunicore.
Carlos Mesía, que como
integrante del Tribunal Constitucional eximió a Castañeda Lossio del caso
Comunicore, estuvo entre los magistrados que provocaron en mayo de este año un
conflicto constitucional con el Consejo Nacional de la Magistratura, al
pretender nombrar, invadiendo funciones que no le correspondía, a Mateo
Castañeda Segovia como fiscal supremo. Mesía fue nombrado recientemente, a
pedido de Solidaridad Nacional, abogado defensor de Carlos Burgos, el alcalde
de San Juan de Lurigancho cercano a Castañeda, en su fallido intento de
quedarse en la carrera electoral mediante una acción de amparo.
SE DEBE DETENER EL CÁNCER ANTES DE QUE SE PROPAGUE.
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