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| ¿HASTA AHORA, NO PASA NADA? |
"Alanistas y fujimoristas
unidos por la corrupción"
El exfiscal supremo que
investigó a Alberto Fujimori (Avelino Guillén*) comenta las conmutaciones e
indultos otorgados por el gobierno de Alan García a sentenciados por tráfico
ilícito de drogas. Recién llegado de Guatemala, en donde presenció el juicio al
exdictador Efraín Ríos Montt, revela su creciente preocupación por el accionar
del Ministerio Público: “Hay un alto número de casos de corrupción archivados”.
¿Cuál es su balance del trabajo de la megacomisión?
Este grupo de trabajo ha
puesto en agenda varios hechos graves. Existe un avance importante en las
investigaciones de los casos Sedapal y remodelación de colegios emblemáticos,
pero el caso más grave es el de los indultos y conmutaciones. Los hallazgos han
provocado una reacción desmesurada desde el APRA que acusa al gobierno de
persecución. Es que Alan García será candidato en el 2016.
El Ministerio Público ha cerrado en dos instancias la investigación
sobre los colegios emblemáticos.
Es preocupante, pues las conclusiones
esgrimidas por la fiscalía difieren de los hallazgos de la megacomisión y de la
contraloría. Antes que en las atribuciones para remodelar, la investigación
fiscal debió centrarse en las irregularidades. El proceso puede ser reabierto con nuevas pruebas.
Esto refleja el cruce de
funciones entre las instancias encargadas de investigar casos de corrupción.
Cuando el Congreso investiga a
funcionarios que tienen la prerrogativa del antejuicio no pueden llevarse a
cabo investigaciones paralelas que conduzcan a resultados diferentes.
¿Hay presiones del APRA para cerrar las investigaciones a funcionarios
del gobierno anterior?
Es innegable que el APRA tiene un peso
importante en el sistema de justicia. Estoy de acuerdo en que un magistrado
tenga una tendencia política determinada, pero está mal que un juez o un fiscal
se inscriban dentro de una estrategia partidaria o de una red con objetivos
políticos. Preocupa el alto número de casos de corrupción archivados en el
Ministerio Público.
INDULTOS Y CONMUTACIONES
Usted mencionó que el caso de los indultos podría tener mayores
consecuencias para los exfuncionarios del gobierno aprista.
Se está demostrando la
existencia de una red delictiva en el sector Justicia vinculada a pedidos de
dinero para el otorgamiento de indultos y conmutaciones y se tiene que verificar
hasta dónde llega la cadena de mando. La megacomisión debería evitar
filtraciones y abocarse a recoger información: testimonios de colaboradores
eficaces, levantamiento de secretos bancarios y de las comunicaciones de los
implicados, y el registro de ingresos de los promotores a los penales. El
masivo otorgamiento de conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de
drogas apunta a la existencia de un sistema judicial paralelo. El Ministerio de
Justicia, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, se convirtió en
una suerte de cuarta instancia que decidió la suerte de implicados en casos
graves de narcotráfico.
Entre ellos, personas que habían solicitado la rebaja de su pena o la
revisión de su condena por la modalidad agravada en el Tribunal Constitucional
y que obtuvieron su libertad vía conmutación.
El expediente que se elabora
para las conmutaciones es muy endeble pues solo contiene la sentencia y los informes
administrativos del INPE. García dice que revisaba, a conciencia, las sentencias
y, sobre esa base, determinaba cuáles eran excesivas. Yo me pregunto cómo una
persona que no conocía nada del proceso podía rebajar penas a la mitad.
¿Qué otros perjuicios han ocasionado al Estado?
Los sentenciados por
narcotráfico cuyas penas fueron conmutadas no han cumplido con pagar la
reparación civil. Otros han vuelto a delinquir y, como ustedes han señalado,
podría existir cierta direccionalidad en el otorgamiento de gracias
presidenciales a militantes apristas. Contrataron indebidamente a promotores o
facilitadores quienes decidían qué casos llegaban a la Comisión de Gracias
Presidenciales, la que elaboraba los expedientes que se elevaban al presidente
García.
La justificación de García y de Miguel Facundo Chinguel para el
otorgamiento de gracias es la necesidad de reducir el hacinamiento en las
prisiones.
Eso no se va a conseguir
gracias a la salida masiva de condenados por la modalidad agravada de tráfico
de drogas. Varios de los condenados son delincuentes capturados con varios
kilos de estupefacientes o con laboratorios. García, como abogado, debió
percatarse de la magnitud de las condenas al leer las sentencias. Su excusa se
contradice con sus discursos públicos a favor de mayores penas para los
criminales.
¿Hay algún delito que comprometa al expresidente García por este caso?
Para arribar a esa conclusión
primero debe investigarse sólidamente.
Sin embargo, llama la atención la reacción desmesurada de García,
incluyendo una querella contra el director de Diario16.
Y restan investigar en la megacomisión algunas aristas del caso
Petroaudios.
En particular, hay que
centrarse en la sustracción de pruebas vinculadas al caso Business Track, que
puede ser tan grave como el caso de los indultos. Por ello es imprescindible la
ampliación de la investigación por un plazo mínimo de 120 días.
ÁNCASH Y GUATEMALA
En Áncash se han removido a fiscales que investigaban una central de
espionaje telefónico presuntamente vinculada con el presidente regional.
Esto me hace recordar el
periodo de Blanca Nélida Colán al frente del Ministerio Público. En esa época,
una vez que se intuía que un fiscal podía ir en determinada dirección se le
reemplazaba inmediatamente. Es obligación de las altas autoridades del Ministerio
Público respaldar a sus fiscales. ¿Qué mensaje damos si los magistrados que
toman un caso importante son despedidos o cesados?
Y en un contexto en el que autoridades políticas de Áncash han sido
asesinadas.
He escuchado a excolegas decir que el caso es
tan complejo que debería traerse a Lima. Estoy en desacuerdo. En cada sede
deben investigarse los delitos que corresponden a su jurisdicción.
Usted estuvo en Guatemala observando el juicio al exdictador Efraín
Ríos Montt, que fue bloqueado por otro tribunal. ¿Cuál es su evaluación?
La defensa del general Ríos
Montt carecía de estrategia. Al inicio, pretendió negar la existencia de un
genocidio, decir que todo era un invento de la prensa y de algunas
organizaciones de defensa de derechos humanos. Esa argumentación fue devastada
por la sólida actuación del Ministerio Público, que presentó más de cien
testigos que confirmaron los crímenes cometidos. Ante ello buscaron paralizar
el proceso, lo que fue evitado por la valiente actitud de la presidenta del
tribunal, Jazmín Barrios.
¿Existen similitudes con el juicio a Alberto Fujimori?
Advertí algunos parecidos. Los
defensores de Ríos Montt señalaron que no se podía condenar al general, pues
sería reconocer que Guatemala era un país genocida. De forma parecida, los
fujimoristas decían que castigar a Fujimori implicaba aceptar la existencia de
terrorismo de Estado para combatir a la subversión. Es cierto que el Poder
Judicial de Guatemala es más débil que el peruano, pero la posición firme del
Ministerio Público ha permitido sostener adecuadamente la acusación.
¿Debe ser indultado Fujimori?
Estamos en una fase
estrictamente política del proceso. La solicitud debería ser declarada
infundada porque el reglamento de gracias presidenciales establece requisitos
concurrentes y es fácilmente descartable la tesis de que las actuales
condiciones carcelarias son desfavorables para su salud. Sin embargo, el peso
político del fujimorismo hace que el gobierno entre en un limbo y en
consideraciones de cálculo político.
(*) Agregado por YoniEnviado por: La plata llega sola como es la mía < richardjauregui@outlook.com >
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