25 de Agosto del 2015
Sobre el fallo judicial a favor de Nadine Heredia y las agendas
El fallo judicial que cancela
la investigación fiscal abierta a Nadine Heredia por el presunto delito de
lavado de activos es una demostración más de la debilidad institucional de
nuestro país. En una democracia consolidada, el sistema de justicia actúa con
absoluta independencia frente al poder político. En el Perú, el Poder Judicial
y el Ministerio Público tienen una autonomía de papel, en los hechos están
sometidos por el poder político, por más que ciertos políticos lo nieguen.
Un ejemplo ilustrativo de cómo
trabaja una justicia autónoma es lo que vemos hoy en Brasil con el “caso Lava
Jato”. A los magistrados de ese país no les ha temblado la mano para
investigar, procesar, encarcelar y condenar a los más altos dirigentes del
gobernante Partido de los Trabajadores. Ejercen su jurisdicción sobre el poder
político con independencia, cumpliendo su deber de perseguir y castigar el
delito.
Mientras en Brasil la justicia
recibe muestras de aprecio y apoyo de la gente, en el Perú las encuestas
indican que el 80% de los ciudadanos, en promedio, desaprueba al Poder
Judicial, en una tendencia que se mantiene por décadas. Por eso estamos en el
puesto 124 -entre 144 países- del ranking global de Independencia Judicial; y
en el puesto 104 del ranking de Ética y Corrupción, ambos del Foro Económico
Mundial.
La polémica resolución
judicial a favor de Heredia parece darle la razón a un gran sector ciudadano
que percibe que nuestra justicia se compra con poder o con dinero.
De otra parte, las agendas de
Heredia han desatado una vorágine de denuncias de corrupción que parece no
tener final. Las nuevas denuncias al respecto son tan categóricas que el
Ministerio Público al parecer estaría formulando una nueva acusación en los
próximos días y esta vez el Poder Judicial no tendría argumentos para
archivarla.
La nueva estrategia del
abogado de Heredia para evitar una segunda investigación fiscal se sostiene en
el argumento de que las agendas no pueden servir de pruebas porque le fueron
sustraídas a la primera dama y, por lo tanto, es muy probable que hayan sido
manipuladas y alteradas en su contenido. “Están contaminadas”, sostiene el
doctor Roy Gates.
Sin embargo, existe una amplia
jurisprudencia penal que contradice esa estrategia. Por ejemplo, Vladimiro
Montesinos trató impedir que los vídeos de la corrupción sean considerados
pruebas en su contra utilizando el mismo argumento de Roy Gates, y la justicia
rechazó semejante pedido tras ponderar el valor de los vídeos.
De esta manera, los jueces no
podrían negarse hoy a admitir como pruebas las agendas sin riesgo a exponerse a
una denuncia por presunto delito de prevaricato. Sería además un escándalo
mayúsculo una resolución de esa naturaleza después de haberse hecho público los
abundantes y consistentes indicios de presuntos delitos que contienen las
agendas.
¿Cómo podría negarse un juez
independiente a indagar, por ejemplo, la coincidencia entre los pagos de
US$9,000 mensuales que empezó a recibir la señora Rocío Calderón después de que
Heredia se reunió el presidente de la empresa brasileña OAS y su representante
en el Perú? ¿Tiene algo que ver ello con que las dos damas usen la misma
tarjeta de crédito? ¿Tiene que ver todo lo anterior con que OAS haya sido
favorecida después por contratos con el Estado por S/. 1,400 millones?
Además, la señora Heredia ha
caído en gruesas contradicciones. Primero negó que las agendas existan, después
dijo que eran montajes, luego denunció que se las robaron y ahora pretende que
la justicia no investigue lo que contienen.
Por último, la justicia debe
esclarecer quién es el “calvito barbón” que aparentemente le entregó a Heredia
casi seis millones de dólares. ¿A cambio de qué dio esa suma, cuál fue el
destino de ese dinero, fue declarado a las autoridades electorales y
tributarias? Por cierto, ¡que coincidencia que el presidente de OAS es calvito
y barbón!
Por: Víctor Robles Sosahttp://elmontonero.pe/columnas/nadine-la-justicia-y-el-calvito
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