¿Por qué no debe sorprender a
nadie que el ex ministro del Interior y posible candidato presidencial del
Partido Nacionalista sea condenado por el asesinato del periodista de Caretas
Hugo Bustíos en 1988?
Ricardo Uceda
Acusado.
La refutación de Urresti a los
cargos no solo luce débil sino contradicha por declaraciones calificadas. El ex
ministro ha politizado el caso.
El protagonismo del ex
ministro del Interior Daniel Urresti ha desviado fuertemente la atención que
merecían sus acusaciones. Su nombramiento mismo fue una grosería política del
presidente Ollanta Humala y del primer ministro de entonces, René Cornejo: nombrar
responsable gubernamental de la persecución del delito a un acusado de
asesinato es, en sí mismo, un acto de desprecio a la función pública. En
particular, de desprecio a los derechos humanos. Pues lo que se busca
determinar en el juicio oral contra Urresti, iniciado el 17 de julio, no es un
asesinato común: es su participación en un homicidio cometido con crueldad
extrema.
Los carroñeros
La misma falta de
consideración por los valores que debe encarnar la política es el lanzamiento
de su candidatura presidencial por parte del matrimonio Humala. Sobre todo
ahora que ya existe una acusación en firme por parte de un fiscal superior,
como acto previo al juicio oral. En esta coyuntura el ex ministro ha actuado
con irrespeto evidente hacia la viuda, lanzando activistas del gobierno para
hostilizarla. Estos se hicieron pasar por vociferantes miembros de las
supuestas ONG que quieren ver preso a Urresti, montando un artificial
enfrentamiento con su “víctima” en los exteriores de la Sala Penal Nacional.
Por lo menos dos de ellos aplaudían al presidente en el Congreso, durante su
discurso del 28 de julio.
Por todo esto conviene
recordar que quien está acusando a Urresti es el Ministerio Público y no “ONG
carroñeras”. La parte civil es la viuda, Margarita Patiño, representada por un
abogado de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH. En 1989, el caso fue
llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Committee to
Protect Journalists (CPJ), una organización mundial de defensa de periodistas
conformada por los más prestigiosos editores de los Estados Unidos. Por último,
debe remarcarse que la prensa peruana ha actuado con bastante consideración a
la presunción de inocencia que merece el ex ministro, pese a que el asesinado
pertenecía a uno de los medios más importantes del país.
Era el jefe
El principal argumento del
fiscal Luis Landa para pedir que Urresti sea sentenciado es su condición de
jefe directo del equipo militar que asesinó al periodista. El 24 de noviembre
de 1988, Bustíos junto con el periodista Eduardo Rojas iban en moto a
fotografiar los cadáveres de unos campesinos en la zona rural de Huanta,
Ayacucho, cuando fueron abaleados por una patrulla militar. Rojas, herido, pudo
correr y sobrevivió. Bustíos no. Uno de los militares, después identificado
como el mayor del Ejército Amador Vidal, mató a Bustíos haciendo explotar una
granada en su cuerpo. En 2007 la Sala Penal Nacional condenó a Vidal a 15 años
de prisión, por ser el autor material del asesinato. En la misma sentencia
recibió 17 años de cárcel el mayor EP Víctor La Vera, como autor intelectual.
Ambas sentencias fueron confirmadas por instancia superior. Urresti entra en el
cuento porque, según el fiscal, estaba en la cadena de mando.
La Vera le había dicho a
Bustíos, según este le contó a Eduardo Rojas y a su esposa —ambos lo
declararon— que un terrorista lo había sindicado como uno de los suyos. En
Caretas, de la cual era corresponsal en Huanta, Bustíos informaba sobre
violaciones de derechos humanos del personal militar. La Vera, al mando de la
Base Militar de Castropampa, en Huanta, jamás aceptó haber tenido ese diálogo
con Bustíos ni haber ordenado su asesinato. En el juicio donde fue condenado
siempre dijo que al periodista lo mataron subversivos y no personal de su base.
Sin embargo fue culpabilizado porque había varios testimonios indicativos de
que mentía. La Vera es ahora el principal testigo a favor de Urresti. Dice que
como S2, encargado de la sección de inteligencia y contrainteligencia de la
base, se dedicaba a hacer análisis y no dirigía operativos. Es la misma versión
del acusado.
Apoyado por testimonios y
documentación, el fiscal sostiene que Urresti integraba el Estado Mayor de la
base y que tenía mando directo sobre los hombres que perpetraron el asesinato.
Precisamente el autor material, Amador Vidal, sostiene que el ex ministro
ordenó el crimen.
Cuatro versiones
Antes del asesinato, dos
testigos —la vida y un militar— vieron salir de la base a un camión militar con
cinco efectivos. Bustíos había ido allí con su mujer a solicitar permiso para
tomar fotografías a los muertos. Habló con La Vera, quien lo autorizó
verbalmente y por lo tanto sabía que se dirigiría al lugar donde estaban los
occisos. En el pago de Erapata, donde los periodistas fueron abaleados, dos campesinos
testificaron que vieron a los militares perpetrar el ataque, e incluso
reconocieron a uno de ellos, Johnny Zapata, alias Centurión, quien ya falleció.
Los agresores bajaron de un camión militar correspondiente al descrito por los
testigos de la base. Las cuatro versiones, en dos lugares distintos, describen
la misma vestimenta.
Para La Vera ningún vehículo
salió ese día de la base, nadie a sus órdenes estuvo en Erapata cuando mataron
a Bustíos. Urresti sostiene que aquel 24 de noviembre en ningún momento salió
de las instalaciones militares. No conocía a Bustíos, no había leído ninguno de
sus reportajes periodísticos. Tampoco se enteró de su muerte por información de
sus subordinados. Lo hizo recién cuando, el día siguiente, llegó un helicóptero
con periodistas de Lima. Todo un jefe de inteligencia. El fiscal no le cree una
palabra.
Los casquillos de bala
desaparecieron de la zona del atentado. Los jefes militares de la base —entre
ellos, el acusado—no dispusieron ninguna investigación, en contraste con su
conducta en otros hechos similares. Urresti señala que los militares que
brindaron testimonios que lo comprometen tienen motivos personales para
incriminarlo. Es posible. Pero sus versiones son concordantes con otras
declaraciones y con la información validada por la sentencia del 2007.
Sin sorpresas
Ahora bien, no existe un
testigo presencial de que Urresti ordenó el asesinato, o contribuyó a su
organización. El ex ministro es acusado de autor mediato: desempeñaba una
posición en la que es responsable por acción u omisión. El texto de la
acusación abunda en consideraciones sobre las funciones de un S2 en una base
como la de Castropampa. El peso del juicio, por lo tanto, girará en torno de la
confirmación de su principalidad en la estructura militar de la base, en la
obediencia que le debían hombres que trabajaban con él y que participaron en el
asesinato.
Por lo dicho, nadie debe
sorprenderse si al cabo del juicio oral la Corte Suprema decide condenar al ex
ministro. Hay pruebas consistentes en el expediente. Por otra parte, la
refutación de Urresti no solo luce débil sino contradicha por declaraciones
calificadas. Estas carencias pueden explicar el desmedido intento del acusado
por politizar el juicio, convertirlo en un episodio más de persecución judicial
a militares que combatieron a la subversión. Es cierto que abundan los
alargados procesos en los que no existe prueba suficiente para definir si un
miembro de las Fuerzas Armadas cometió o no un delito de lesa humanidad. Pero
en este caso, pese a que los propios subordinados de Urresti borraron todas las
huellas de su participación del paraje de Echarate donde Bustíos fue volado en
pedazos, quedó suficiente evidencia como para llegar a una conclusión
incriminatoria.
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