Nuevas filtraciones de WikiLeaks del Acuerdo
Trans-Pacífico, en exclusiva para La República.
Claves
para entender el TPP
Beatriz Jiménez
*Artículo
realizado gracias a la colaboración investigativa de WikiLeaks
El
Acuerdo Trans-Pacífico que negocia Perú a puerta cerrada junto con otros 11
países, entre ellos EEUU, permite a las empresas extranjeras demandar a los
gobiernos en el ISDS (solución de controversias inversor–Estado) y solicitar
millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes sin haber agotado
antes las vías legales internas, otorgando así a los inversionistas extranjeros
más derechos que a los nacionales.
El capítulo de
Inversiones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas
en inglés), filtrado por Wikileaks en exclusiva para Perú a La
República, revela que contrariamente a lo prometido por la administración
Obama, el Acuerdo Transpacífico refuerza y amplía el sistema legal del ISDS y
eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los
gobiernos soberanos.
El
capítulo filtrado, fechado el 20 de enero de este año, habría sido visto
durante la ronda de negociaciones llevada a cabo en Hawaii entre los días 9 y
15 de marzo, En sus 55 páginas aborda no sólo compensaciones por expropiaciones
directas o indirectas, sino también por pérdidas en el caso de conflictos
sociales o por cambios en la legislación financiera, ambiental o de salud
pública que los inversionistas consideren que afectan sus expectativas de
negocio.
Este
documento consolida y expande los derechos empresariales reconocidos en el TLC
bilateral firmado por Perú, al amparo del cual en 2011 Renco Group Inc
(propietaria de Doe Rum) presentó una demanda “inversionista-Estado” contra
nuestro país en la que exige el pago de una indemnización de 800 millones de
dólares e intenta evadir una demanda judicial ante un tribunal de EEUU
presentada por 70 habitantes de la Oroya por daños a su salud.
A
pesar de este antecedente, Perú ha aceptado someterse a la juristicción de este
tribunal de arbitraje. Según el texto filtrado, sólo Australia ha expresado su
voluntad de no estar bajo su jurisdicción, aunque una nota al pie indica que
podría hacerlo bajo determinadas condiciones.
Según
el capítulo de inversiones, nuestro país no ha presentado salvaguardas a
ninguna de sus disposiciones, algo que si ha hecho el vecino Chile, quien en
los anexos protege el derecho de su Banco Central a preservar sus facultades
para limitar o restringir las transferencias de capitales desde y hacia Chile.
Las
rondas de negociaciones del Acuerdo Transpacífico son realizadas con total
hermetismo por los 12 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, EEUU, Japón,
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), lo que lo convierte en el
más amplio y polémico acuerdo comercial llevado a cabo hasta la fecha ya que
representa un 40% del comercio internacional y sus disposiciones podrían
afectar a casi 800 millones de personas.
Debido
a que la sociedad civil no tiene acceso a las negociaciones, la información
existente sobre su contenido proviene de consecutivas filtraciones difundidas
por Wikileaks de capítulos como el de Propiedad
Intelectual, cuyas disposiciones podrían encarecer en los países
firmantes los medicamentos debido a la ampliación de patentes y también
restringir la libertad de los ciudadanos en internet.
Pérdida de soberanía en salud pública y
medioambiente
En
el caso del capítulo de Inversiones, esta es la segunda filtración y elimina
según la organización Public Citizen importantes salvaguardas relacionadas con
salud pública, seguridad y medioambiente propuestas en el primer
documento, hecho público a través de otra filtración en junio de 2012.
La
primera versión del texto, según señala esta organización no gubernamental
estadounidense, incluía una disposición que establecía que los actos
regulatorios de los países para salvaguardar el bienestar público en áreas de
seguridad, salud y medioambiente no constituían expropiación indirecta. Sin
embargo, la actual versión difundida hoy socava este intento de salvaguarda al
considerar que estos actos regulatorios podrían ser sujetos de indemnización
“en circunstancias excepcionales”, dejando a la arbitrariedad del tribunal de
arbitraje decidir cuando las leyes de un Estado en este área constituyen una
expropiación indirecta.
Otra posible grave consecuencia advertida por
Public Citizens sería el hecho de que las compañías farmacéuticas podrían
demandar ante estas instancias de arbitraje a los Estados en el caso de que
consideren que han sido dañados sus derechos a la Propiedad Intelectual, algo
que no contempla el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), al que no pueden concurrir los
inversionistas. Nuevamente, Australia es el único país que se opone a la
jurisdicción del ISDS en el caso de tratamientos farmacéuticos y médicos
considerados de interés público.
Lea
mañana en la edición impresa de La República las posibles implicancias para
nuestro país del capítulo de inversiones del Acuerdo Transpacífico.
Descargue el documento
filtrado por Wikileaks aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario