martes, 5 de agosto de 2014

¿DEMOCRATIZACIÓN?


Para dar un paso a la democratización en la toma de decisiones, deberíamos de partir por involucrar cada vez más a los ciudadanos y ciudadanas. En el núcleo de la participación que reside en la actitud frente al poder,  acercándose  a los problemas públicos y tomar parte de ellos de cualquier forma de acción colectiva; esta participación  debe tener una cuota de conciencia e identificación social y no solo satisfacer sus intereses individuales, antes que permitirse el sacrificio por los demás.
Porque no hay verdadera participación sin solidaridad, ni hay una auténtica solidaridad sin participación. La participación y la solidaridad se exigen mutuamente para orientarse en el bien común.
La participación tiene dos tipos: Participación Directa, que es el derecho de participar de los ciudadanos en el gobierno y en los asuntos públicos; Participación Indirecta, se da por medio de los representantes libremente elegidos.
Pero la democracia no se legitima por la participación indirecta, a través del voto, transfiriendo el poder a los representantes, por mucho que estos sean elegidos democráticamente. La legitimación de la democracia exige además de la delegación de la cuota de poder a los representantes, la capacidad de gestionar, compartir decisiones y poder o tener incidencia política (por lo menos para iniciar hacia la tan esperada construcción de la Democracia Participativa) por parte de la ciudadanía en sus diferentes contextos sociales para mantenerlos o transformarlos. Es decir no solo debe primar la democracia representativa, sino debe darse la convivencia entre estas dos democracias (Representativa y Participativa), ya que la participación de los ciudadanos cuenta mucho en estos tiempos y más aún si tenemos en consideración que los viejos partidos políticos se encuentran totalmente desprestigiados y deslegitimados inclusive con sus mismos militantes, encontrándose lejos de las expectativas y sus exigencias del  pueblo.
Pues para la consolidación de la democracia requiere mantener abiertos los canales de la participación y despiertos los valores  que le dan estabilidad al régimen. La convivencia entre la representación  política y participación ciudadana es la que supone una doble obligación: Por un lado la del gobierno hacia la sociedad que les ha otorgado el poder y por otro lado de los ciudadanos hacia los valores sociales (aspectos normativos) sobre los que descansan la democracia hacia la convivencia civilizada.
Teniendo en consideración que la participación es un derecho y vía fundamental en la democracia. Es en  ese sentido que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la participación en:
·         Nuestra Constitución,
·         Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadano – 26 300,
·         Ley de Bases de la Descentralización,
·         Ley Orgánica de Municipalidades,
·         Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Perú;
También existen otras formas de participación ciudadana que no se encuentran legisladas pero pueden ser implementarlas en los gobiernos locales y regionales (ejemplo: el gobierno local puede reconocerlas a través de una Ordenanza Municipal, los gobiernos regionales también podrían hacer algo al respecto), claro que si existiese verdaderamente voluntad política. Pero hay otras que no es necesario de requerir el reconocimiento por parte del Estado, porque pueden encontrarse organizados para realizar incidencia política y/o vigilancia ciudadana.
Pero estas normas de Participación Ciudadana no han funcionado como se esperaba y son pocos los resultados alentadores  por las barreras y obstáculos que hacen difícil lograr algún éxito, más aún si los gobernantes no tienen voluntad política de apertura, por ejemplo: Los Consejos Consultivos Locales (CCL) y Consejos Consultivos Regionales (CCR) no pasan muchísimas veces de ser meramente consultiva, porque no tiene carácter vinculante con las acciones de los gobiernos locales y regionales que en reiteradas ocasiones hacen oídos sordos a las propuestas,  desalentándolos a los ciudadanos; los Presupuestos Participativos no es más que una formalidad que cumplir ya que la sociedad civil en su conjunto que participa es una minoría y se impone el voto de la mayoría que son parte del gobierno. Pero debemos de entender que es una “ventana abierta” y que abre posibilidades para dar inicio y tránsito hacia la verdadera Democracia Participativa en la toma de decisiones, lo que queda como reto para nosotros es mejorar la legislación en beneficio de la participación ciudadana. Consolidando la participación que es la primera meta para luego terminar logrando una aproximación a la igualdad (aunque esto sólo se alcanzará con un pueblo organizado y a veces movilizado).
Así mismo el Estado está en la obligación de hacer más confiables los pocos espacios de concertación que hay, implementando políticas educativas e iniciar una conciencia ciudadana inclusive en los funcionarios públicos para que exista esa voluntad política de la que tanto hablamos y aperturen nuevos espacios (aparte de los que establecen la ley para la participación ciudadana), inicien diálogos y concertaciones con la sociedad civil como criterio fundamental de la construcción de la cultura democrática. También se debe tener en cuenta que con altos índices de analfabetismo, pobreza de capital social (incapacidad para concertar y articularse en todos los niveles) y exclusión; no será posible conducir con los procesos de participación ciudadana en forma sostenida y garantizar la gobernabilidad venida a menos, por esos motivos el Estado tiene una deuda con los sectores más pobres y olvidados, impidiéndose llevarse con éxito el desarrollo humano donde se debe priorizar la educación y haciendo énfasis en todos los niveles la formación ciudadana.
Como también los gremios, sindicatos, escuelas y colegios, universidades, partidos políticos, colegios de profesionales, organizaciones sociales y de base, etc.,  tienen un rol que cumplir, que es de generar verdaderos ciudadanos y practicar la participación  desde sus instituciones.
Como consecuencias del ejercicio ciudadano se podrá garantizar  la disminución de la corrupción a través de la vigilancia ciudadana de la población conjuntamente con las organizaciones sociales y se comprometan con las políticas de desarrollo de su gobierno realizadas u obtenidas por la incidencia política o por los espacios de concertación.
Lamentablemente las élites políticas frente al ejercicio ciudadano hacen un blindaje (en su gran mayoría) para no permitir el control y las iniciativas ciudadanas, ellos solo ven en los espacios de concertación como una válvula de escape a los mecanismos de presión (marchas, bloqueos de carreteras, plantones, etc.). Estas en muchas oportunidades ha dado mejores resultados que la concertación. Tampoco hay voluntad política para aperturar los espacios de concertación y participación, cuando son estos los espacios que podrían dar gobernabilidad, legitimidad y viabilizar el proceso. Pero como están politizados partidariamente, la población no válida el proceso más aún al no ver instituciones y organizaciones que los representen y/o tengan credibilidad.
En consideración que las instituciones poliárquicas no garantizan que la participación ciudadana sea de carácter decisorio (por lo menos tengan en cuenta algunas de sus propuestas) sino solamente consultivos como los CCL y CCR ya que no es tan cómoda y vigorosa como podría serlo en una pequeña Ciudad – Estado, ni la élite política permiten que sean controladas de cerca por los ciudadanos; porque se  encuentra infestada de corruptos y se ha institucionalizado una cultura de la corrupción; es por eso que no deja tener razón la afirmación del noble Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto  corrompe en forma absoluta”, en conclusión no se debe permitir  la acumulación del poder en pocas manos y la obligación de realizar  una activa participación ciudadana incidiendo en la No Reelección en ningún cargo público asumido por elecciones.
POR UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En los últimos años hemos podido observar la corrupción más documentada del mundo (videos, audios, contratos, y otros documentos) de personas que fueron parte de la corrupción de los delitos económicos, políticos y otros; en el régimen fujimorista y el gobierno de Toledo. Donde somos testigos que existe una cultura de corrupción institucionalizada por parte de los viejos políticos, élite que se alternan en el poder para gobernarnos.
Por lo visto frente a la corrupción no existe voluntad política y es lamentable como se da el trato preferencial a favor de los delincuentes políticos; con muchos de ellos el Poder Judicial es condescendiente al emitir resoluciones judiciales otorgándoles mandato de comparecencia o arresto domiciliario en los proceso penales aperturados. Aun dándose los presupuestos para ser encarcelados, no se encuentran estos en la cárcel: donde hay pruebas contundentes que muestran la culpabilidad dolosa de los procesados, la sanción a imponerse es mayor a cuatro años, el imputado intenta eludir y perturbar la actividad probatoria son razones por la cual el juez debería de dar mandato de detención a muchas personas en los diferentes proceso de corrupción en el aparato estatal.
Es repugnable que las personas pertenecientes a la élite económica y política se atribuyan que ellos no cometen delitos sino solo “pecan” como dijo Luis Bedoya Reyes refiriéndose a su hijo quien había recibido dinero mal habido.
Se ha venido apreciando la garantía de impunidad no solo en los procesos de corrupción sino también en los crímenes de lesa humanidad que sufrimos las últimas dos décadas en nuestro país por parte de los partidos políticos comprometidos, fuerzas armadas y la extrema derecha; estos malos jueces que salen en defensa de la mafia y de los criminales del Estado, inclusive han venido aplicando normas de carácter procesal y de ejecución penal con retroactividad y poniéndolos en libertad.
Todos los que se encuentra detenidos, están porque son muy evidentes donde la mayoría se acogen a la confesión sincera y colaboración eficaz para lograr menos pena punitiva;  esperan también salir pronto con la redención de la pena (es decir para el computo de la pena un día de privación de libertad  por cada dos días de trabajo o estudio para los delitos de corrupción y  otros, conocidos por el 2x1) y/o cumpliendo las ¾ partes de la sanción penal para lograr su libertad, en otras palabras la pena será benigna y nuevamente saldrán a delinquir.
Cuanta injusticia y desproporcional son las normas penales en cuanto los delitos de corrupción y delitos comunes; en el primero afecta a toda la población siendo considerado delito de masa (Hecho de notoria gravedad que perjudica a una generalidad de personas) que debería ser una agravante, aún con mayor razón a las autoridades que fueron elegidas por el pueblo e ingresaron a los gobiernos locales, regionales y central con el respaldo popular traicionando a sus expectativas.
Sin embargo la justicia es drástica para los pobres y los menos favorecidos económicamente, cuando por hambre no les queda otra opción que hurtar o robar para satisfacer las necesidades de su familia y subsistir; quienes además de pagar su deuda con la sociedad pagando largas condenas resultan siendo estigmatizados, padeciendo no solamente por el desprestigio social sino la imposibilidad de conseguir un puesto de trabajo por tener antecedentes penales. Pues el Estado y la economía de mercado no garantizan puestos de trabajo y oportunidades a la población que les permitan el real ejercicio de sus libertades y lograr su desarrollo, cerrando las brechas económicas.
Mientras los “grandes políticos” que se favorecen por la Democracia Representativa emiten normas que benefician a sus empresas, a las transnacionales y a sus familias que gobernaron y gobiernan alternadamente como Belaunde, Castillo, Diez Canseco, Villaran, Quijandría, Bedoya, Tudela, Towsend, Bruce, Solari, entre otros (muchas de ellas familias entre sí) legislando a favor de los grupos de poder económico quienes financian las campañas electorales estas familias son: Romero, Benavides de la Quintana, Brescia, Ferreyros, Graña y Montero, Belmont – Anderson,  Rodríguez – Pastor, Miro Quesada, Wong, entre otros.
Las familias de poder económico tienen representantes en el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. También por ser grandes anunciantes, tienen una influencia en los medios de comunicación que es la piedra angular para perpetuarse en el poder. Estos no se encuentran expuestos públicamente guardan el perfil bajo, para eso tienen a su “títeres políticos” que responden a sus intereses.
La Democracia Representativa no ha funcionado en toda la época republicana del Perú, solo ha demostrado: corrupción, toma de decisiones personales sin rendir cuenta al ciudadano, solo garantiza democracia electoral donde cambian periódicamente de gobernantes, es la manera sutil de robarle el poder al pueblo en el gobierno, ignoran el poder popular que los llevó al poder, imposición de la clase gobernante, la gobernabilidad para ellos supone exclusión, son castas que se aferran al poder por décadas, pérdida de calidad de vida en los sectores populares (en alimentación, salud y educación), gobiernan sobre la base de la injusticia y la impunidad, creen que las críticas y las protestas se sofocan declarando un Estado de Emergencia para posponer todo reclamo, obedecen al poder hegemónico económico y político.
Democracia Procedimental    +   Democracia Participativa       = Democracia Sustantiva
Democracia Formal                     Democracia de Ciudadan@s 
Democracia Elitista                     Democracia Auténtica
Para hacer una de nuestras propuestas en la lucha contra la corrupción y ejercer ciudadanía, me permitiré desarrollar una pequeña fórmula y desarrollar brevemente un par de conceptos para culminar con el nuevo tipo de democracia que anhelamos y estamos empeñados en forjarla.
La Teoría Democrática divide en Democracia Procedimental y Democracia Sustantiva. La Democracia Procedimental, define la democracia como un sistema de gobierno que se evalúa según el apego a procedimientos centrados en elecciones competitivas, se denomina también democracia minimalista, procedimental, electoral, elitista o política. La Democracia Sustantiva, quienes evalúan no solo los procedimientos sino también los resultados por su capacidad como régimen político para producir un mayor bienestar en la población, es el resultado de condiciones propicias en lo económico, social y cultural; llamada también democracia social, sustancial o cultural.
Norberto Bobbio hablaba sobre una democracia perfecta que debería ser al mismo tiempo formal y sustancial que implica un proceso de democratización, la reducción de las desigualdades económicas y sociales que constituyen un condicionante del ejercicio de los derechos políticos.
Rousseau expresa en el Contrato Social la defensa de la democracia directa, manifestaba que la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa.
En ese sentido proponemos además de la democracia procedimental y sustantiva una tercera democracia que tiene diferentes denominaciones: democracia directa, democracia participativa, democracia de ciudadanos y ciudadanas, democracia fuerte y unitaria, democracia desde abajo, democracia sin violencia estructural, democracia absoluta, democracia verdadera; que va a llevar a implementarse la democracia sustantiva; esta define por la directa, como el ejercicio de soberanía del pueblo y así pasar de un Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. En esta tercera democracia que nos garantiza plena capacidad de decisión sobre nuestras vidas, aquella participación que ejercemos sin pedir permiso, donde el ciudadano aprende a ejercer como gobernante y los gobernantes ejercitan el poder mandando - obedeciendo. Así ejercitan en forma efectiva y directa la soberanía popular que concretan formalmente el Poder Constituyente Popular; estamos hablando de democracia directa: el referéndum vinculante, iniciativas populares (legislativas, abrogativas, de revocación, de ratificación); se habla de sistemas electorales justos, proporcionales y nominales, de elecciones primarias; hablamos de procedimientos de autogestión como los presupuestos participativos, de economía participativa; hablamos especialmente de libertades que garantizan la supremacía y dinámica del Poder Constituyente Popular como son la iniciativa popular a la enmienda constitucional, al inicio de procesos constituyente.
Porque no hay una democracia auténtica sin la participación real de la ciudadanía, la democracia supone cuestionar los modelos “democráticos” basados en la neutralidad del liberalismo, democracia restringida, desempleo.
Todos los conceptos de la verdadera democracia que hablan de transformaciones pendientes y urgentes del sistema político, económico y cultural vigente, transformaciones que los movimientos sociales  están convergiendo en su senda de identidad.
Como podemos apreciar, existe la posibilidad de un poderoso movimiento social fuerte en América del Sur hacia la democratización y la solidaridad, pues la radicalización democrática solo puede ser producto de un movimiento social como en Bolivia, Ecuador con sus organizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores mineros que están empoderados.
En esta lucha se revierten las formas de construcción  y las perspectivas políticas del movimiento social. Se trata de que estos procesos de politización de lo social y la socialización de la política.
Así mismo nuestra propuesta y la de muchas organizaciones sociales que va creciendo y es posible que encontremos puntos comunes siempre que estemos de acuerdo en conseguir mayor control de gobierno, así como de las grandes empresas nacionales y trasnacionales con mayor participación de ciudadanos y ciudadanas.
Quisiera culminar con algunos fragmentos que es parte de obra la “Política” de Aristóteles: “…Los desórdenes de los demagogos originan las revoluciones en las democracias…la revolución en la aristocracia se produce, en primer lugar, cuando las funciones públicas  son patrimonio de una minoría, muy reducida….”.
Aristóteles hacia una crítica a esa democracia y es lo mismo que nos sucede en toda la “democracia” en el Perú, en el gobierno que se encuentra en pocas manos y alternados entre la élite oligárquica. La sociedad civil es ajena a la toma de decisiones mostrando una falta de verdadera apertura de espacios de Democracia Participativa donde sus acuerdos tengan carácter resolutivo es decir decisión en las políticas públicas, solo así haremos verdaderos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su patria.
Un mundo mejor es posible, un Perú mejor también es posible solo si comenzamos a tener una cuota de poder para gobernarnos como pueblo, los más necesitados, porque los otros ya tienen todo el poder por ahora.
Por: Abog. César Atienza Villavicencio

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