Alan García debe ser la
primera persona en el mundo que ha conseguido que le anulen sucesivas
citaciones e igual número de declaraciones ante una comisión investigadora del
Congreso, y de paso todos los demás trabajos de recolección de información que
se refieran a su persona en relación a gravísimos casos de corrupción, porque
un grupo de jueces ha inventado la trampa perfecta que consiste en exigir a la
comisión precise en las citaciones, en términos que ellos mismos no precisan,
la naturaleza de la acusación que podría recaer sobre el expresidente y las
pruebas que lo sustentan. Es decir que acusen antes de concluir las
investigaciones.
De acuerdo con esto, lo que
iba a estar consignado en el Informe Final, y lo que al Pleno y eventualmente
las comisiones acusadoras les toca puntualizar para que pase al voto, luego que
el investigado haga uso de su derecho de defensa en todas sus etapas, y que en
la parte eventualmente penal de las denuncias todavía debe ir al poder
judicial, debería haber sido adelantado en las cartas de citación. Como al juez
Velásquez el 19 de septiembre de 2013 y a la I Sala Civil el 27 de diciembre
del mismo año, no les pareció que la forma en que García fue citado el 8 de
marzo, con mera indicación de agenda, lo que dio origen a sus declaraciones
sobre Dios y los indultos, y la mano al fuego por Chinguel del 3 de abril,
anularon todo lo actuado hasta que se hiciera una nueva citación.
Esta ocurrió el 4 de octubre,
en un documento que según el mismo juez de primera instancia está redactada en
términos que “precisan los temas que son materia de investigación y las razones
que justifican las investigaciones”, pero que tampoco le son suficientes de
acuerdo a la última resolución del 27 de marzo, porque lo que el juez quisiera
es que se resuelva todo el proceso en la carta de citación. Más aún el juez
Velásquez que fue requerido originalmente
contra la citación de marzo del 2013, se ha erigido en tutor permanente de
García, respecto a las citaciones futuras de forma de seguir anulándolas, más o
menos como lo hacía el también juez constitucional Malzon Urbina en el caso La
Parada, confirmando de hasta dónde puede caer la justicia cuando hay de por
medio intereses políticos y económicos.
Por eso cuando el Congreso
reclama que la queja del citado era extemporánea (recién se presentó a fines de
enero), Velásquez contesta que es él quien puede decir que no se cumplió su anterior
mandato en cualquier momento. Es decir que este señor ha intervenido al
Congreso a tal grado que puede darse el lujo de esperar a la víspera del debate
del Informe de la Megacomisión para anularlo. Y todo eso en plena huelga del
Poder Judicial, como que se trata de un servicio a Alan García.
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