Una caricatura del gran Carlín, muestra el desfile de los
citados por el Congreso en diversas investigaciones entre ellos Toledo
(Ecoteva), Castañeda (Comunicore) y otros, y entre ellos a García al que un
amable juez lo está retirando de la cola porque a él no se le puede citar como
a otros. Es lo que decía en otra nota bajo el título “El hombre que no podía
ser citado” y que el caricaturista resume con la genialidad que todos le
reconocen.
Y es verdad. García y sus amigos se están vanagloriando
de haber “vencido”, porque un juez increíble ha inventado la argucia de que
para que haya “debido proceso” los investigadores deben citar al presunto
culpable con indicación de sobre qué van finalmente a acusarlo y con las
pruebas que sustentarán la acusación. Algo que jamás se le pide a un fiscal y a
un juez instructor, que sobre la base de elementos que permiten discernir que
existe un probable delito y una posible implicación de personas en su
ejecución, cita a cada una de ellas para que hagan su declaración.
No se conoce casos en que un juez constitucional se interponga
entre un fiscal y las personas investigadas para exigir que se les cite de tal
o cual manera, menos que el fiscal los cite con la acusación ya armada, antes
de que el investigado haga sus descargos. Tampoco hay antecedente alguno de que
a un juez que está por decidir si abre o no un proceso le haga algo como eso. Y
finalmente tampoco, ninguna comisión investigadora parlamentaria, que ha habido
muchas, ha sido invadida en sus esfuerzos por reunir elementos para sus
informes finales. Y, mucho menos, que un juez cualquiera se irrogue todo los
hecho, porque al citado no le gustó lo que el mismo dijo frente a los
comisionados.
Por tanto la “victoria” de García es la del abuso y de la
confabulación. Basta leer las resoluciones del juez Velásquez Zavaleta sobre
Alan García, para tener claro que están absolutamente parcializadas y su punto
de partida es que los investigadores quieren perjudicar al quejoso que acude
donde él y no estudiar lo que realmente pasó con los actos de gobierno del
período 2006-2011. En esa perspectiva no sólo cuestiona a la Megacomisión por
citar supuestamente mal a García, sino que al hacerlo sugiere que para qué se
le cita si no se sabe de qué se le va a acusar, lo que lleva la crítica hasta
el pleno del Congreso que creó la comisión Tejada.
En algunas partes de su resolución, Velásquez suelta
incluso la idea de que el hecho de que la Megacomisión volviese a citar a
García de acuerdo a su propio mandato, intentando seguir al pie de la letra sus
indicaciones sobre el mayor detalle acerca de los temas en investigación y el
acceso de los abogados a los documentos que sustentan las pruebas, sería una
maniobra de su presidente para volver a violar el “debido proceso”, con lo que
casi queda la conclusión de que con García el debido proceso consiste en que no
se le puede investigar ni citar, y que si él asiste a declarar no importa las
barbaridades que diga porque siempre habrá un Velásquez Zavaleta para anular
sus palabras.
Y todo esto ha ocurrido a los ojos de la población
peruana que ya había visto antes a García escapando con una prescripción de
responder por los delitos de corrupción de su primer gobierno, y ahora aparece
burlándose de todo el mundo y asegurando que nadie lo sacará de la política,
que es donde hizo las fechoría que lo convirtieron en un hombre muy rico, y que
nunca tendrá que responder por narcoindultos, BTR, decretos de urgencia y otros
delitos. Puede efectivamente que se trate de un triunfo del cinismo y un alarde
poder, pero lo que queda en la conciencia de los peruanos, si alguna duda podía
tener, es que no se estaba jugando la inhabilitación, porque si de eso fuera el
ego colosal iría al Congreso a defenderse a los ojos de todo el mundo.
Se trata de ocultar faenones que no se pueden explicar en
público. Eso ya se vio en la Megacomisión donde todas las veces García se fue
de boca ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera ocurrido en una reunión del pleno
con todas las cámaras de televisión sobre el expresidente?
COMISIONES
INVESTIGADORAS
Cuando se iba a formar la Megacomisión, el APRA y el
fujimorismo vetaron como cosa de vida o muerte a Javier Diez Canseco para que
no fuera el encargado de presidirla. Pesaba claramente el temor a que el
parlamentario izquierdista repitiera el impecable trabajo que hizo en el año
2003, para esclarecer los delitos económicos, políticos y sociales de la década
de los 90 y pusiese sobre la mesa los mecanismos que usan los corruptos para
evitar ser descubiertos. Cuando el oficialismo retrocedió, surgió el nombre de
Sergio Tejada que por su juventud e inexperiencia parecía mucho menos temible.
Precisamente el menospreciar a su investigador le costó a
García hacer una presentación deplorable en un presentación del 3 de abril,
cuando dijo que los nombres de los indultados y conmutados los consultó con
Dios, o que Facundo Chingel era un aprista de los antiguos que no se
interesaban en el dinero y por eso ponía la mano al fuego por sus actos.
Facundo está preso, porque la fiscalía estima que operó una red de corrupción
para la compra-venta de gracias presidenciales, que aparentemente proveían de
fondos al Partido Aprista, a diferencia de otros focos de desvío de recursos
que iban en beneficio de la cúpula de poder. Por ahí es que vendría entonces la
idea de “probidad” que sostuvo García.
Claro que cuando se dio cuenta de lo que había dicho se
asustó, abandonó a su colaborador a su suerte y se refugió en negarse a
explicar los puntos picantes del caso: ¿por qué se centraron las gracias en
personas vinculadas al narcotráfico?, ¿por qué el presidente no sólo no rechazó
las recomendaciones que recibía de sus subordinados, sino que al margen de los
informes que tenía en sus manos, hizo correcciones para aumentar los años
conmutados y lograr liberaciones inmediatas de jefes narcos?, ¿por qué se
extendieron las gracias a reos que estaban en semilibertad, es decir que ni
siquiera ocupaban algún espacio en la cárcel que quisiera dejarse libre?, etc.
Lo amargo para García fue enterarse en los hechos que el
joven Tejada, nieto de apristas, era más sólido y consecuente de lo que
pensaba, y que mientras hacía desplantes y gestos de autosuficiencia, se
mantenía sereno sin moverse de su objetivo de reunir la mayor información
posible antes de hacer una acusación en regla. En otras palabras, fue Tejada el
que ganó la lucha sicológica de la investigación. Y el viejo lobo de García el
que repitió los papelones y los gestos fuera de caja que lo hicieron
desmoronarse en las encuestas. Si Toledo no hubiera sido capaz de aparecer con
un caso, menos grave, pero suficientemente chirriante como para que su
credibilidad se vaya a cerca de cero, y si el gobierno no hubiera patinado en
explicar el caso de la vigilancia a López Meneses, lo que se tendría es a un
García mucho más arrinconado que lo que está ahora.
Pero como casi todo el sistema político está manchado,
los investigados han llegado a creer que su supervivencia ya no depende de que
puedan descargarse de las acusaciones que los agobian, sino de las maniobras
que se hacen para no terminar presos. Pocas veces se ha podido decir que el
destino de los políticos de un país haya podido quedar reducido a sólo dos
opciones: o se le condena por corrupto o se le reelige para la presidencia.
Este, obviamente, es un síntoma de una grave enfermedad del sistema. La
“victoria” que el juez Velásquez le ha regalado a su protegido García, lleva a
su punto más bajo la confiabilidad de la sociedad hacia sus instituciones.
Después de esto se puede robar, matar o cualquier otro crimen desde el poder, y
si se tiene jueces amigos se puede evitar las investigaciones con el simple
expediente de decir usted no ha citado como a mí me parece, como si en alguna
parte estuviera escrito como los parlamentarios deben dirigirse a los
expresidentes.
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