“Quienes tienen techo de vidrio que no hablen
de moralidad (de mí moralidad)”. Este es el nuevo principio lanzado por Alan
García y recogido como titular de domingo para una entrevista de Mariela Balbi,
por sus amigos de El Comercio, y que en buena cuenta quiere decir que después
de lo resuelto por el juez Velásquez Zavaleta, que le ha otorgado un aparente
parapeto legal para no ser investigado, la contraofensiva que anuncia el ego
colosal es la de prometer destruir la imagen pública de sus adversarios para
que queden a la altura de la suya.
Ya se había visto la intención
cuando se lanzó el primer brulote contra Sergio Tejada revolviéndole un aspecto
de su vida juvenil, cuando engendró un hijo que la madre no quiso que
reconociera como suyo. Yo sí reconozco a mis hijos, dijo el manganzón que hizo
lo mismo a los 55 años, como si esto tuviera que ver con los narcoindultos y el
caso BTR, y como si su propio caso fuera ejemplar cuando engañó al país en el
2006, al presentarse como una familia feliz, cuando sólo había vuelto con Pilar
Nores como cartel de propaganda para las elecciones.
Ahora el caballito de batalla
es clavarle Humala la acusación de que como capitán del Ejército en el
Huallaga, cobraba por permitir los aterrizajes y despegues de aviones desde
aeropuertos clandestinos. La prueba para realizar una declaración de estos
alcances contra el que mal que bien es el presidente de la república, es una
sola: un reportaje de Pablo O’Brien del año 2011, usado como parte de la
campaña anti-Humala entre primera y segunda vuelta, y que nadie había tomado
realmente en serio por falta de evidencias concretas.
Pero, otra vez, ¿qué es lo que
está realmente tratando de decir Alan García? Todo indica que a lo que se
refiere es a que no puede ser investigado por haber dado libertad a casi tres
mil procesados por narcotráfico, 400 de
ellos por delito agravado de tráfico de drogas, clanes familiares y bandas
completas, si es que quién dirige el gobierno podría haber sido el capitán de
los aviones del Huallaga.
En conclusión, García se
siente en condiciones de presentarse como superior moralmente al presidente de
la Megacomisión (por el tema de los hijos) y al presidente de la república, al
que quiere convertir en más amigo del narcotráfico que él. Una manera de
defenderse atacando, ya que no hay manera de explicar por qué tuvo tanta
predilección por poner en libertad a personas de la mafia de las drogas.
VIEJAS HISTORIAS
Toda la construcción de García
es mentirosa. Por ejemplo en el caso de la camioneta vendida Nissan Frontier a
los Sánchez Paredes en julio del 2003, que se menciona en la entrevista del
domingo, su defensa consiste en decir que puso un aviso en la prensa y
curiosamente quién se presentó a comprar fue un señor Belisario Estevez que
había sido viceministro en su primer gobierno y que era casualmente funcionario
y accionista de las empresas de los Sánchez Paredes. Estas extrañas
coincidencias que forman parte de la exagerada vida de García se añaden al
detalle que el vehículo fue adquirido al importador, menos de un año antes de
su reventa, a 18 mil dólares, con un precio de lista de 29 mil dólares, y fue
vendido a 22 mil dólares, con una ganancia de 4 mil dólares. Más aún Estevez
registró la operación a nombre de una de las empresas del grupo para el que
trabajaba. Los Sánchez Paredes ya eran investigados en esa época por lavado de
dinero y narcotráfico. Dos hermanos del clan fueron asesinados a balazos en relación
a tema de drogas.
En el 2006, en plena campaña
que lo llevaría a la presidencia García necesitó dinero para pagar el alquiler
de un avión que debía traerlo de Puno para el mitin de cierre de la primera vuelta, y a quiénes
acudió para pedirles ayuda fue a uno de los prominentes miembros de la familia
Sánchez Paredes que le depositó 5 mil dólares en una cuenta bancaria, por una
simple llamada telefónica. Años después, cuando se descubrió este hecho, el
entonces presidente dijo que no sabía quién había enviado la plata y que no se
iba a “ensuciar” por tan poco dinero. Entonces se metió la mano en el bolsillo
para extraer 5 mil dólares y ordenar que se les devolviera lo “prestado”.
Igual ocurre con la historia
de la foto de García con el narco colombiano Oscar Fernando Cuevas Cepeda, que
apareció publicada en la revista Semana de ese país, el 2 de junio del 2006, y
que se explicaría según nuestro escurridizo expresidente por eso de que uno
nunca sabe quién se le pone al lado. Pero en este caso la foto fue tomada en la
residencia del mafioso, y es más difícil creer que el expresidente no supiera
adónde había ido. En ese mismo ligar además fueron ponchados el venezolano
Carlos Andrés Pérez y el argentino Saúl Menen. En la edición de La Semana, García
era presentado como amigo de un lavador de dinero que movía 50 millones de
dólares por semana, ¿cómo no iba a recibir la visita de los políticos menos
escrupulosos de América Latina?
EL ININVESTIGABLE
Arguye García en su defensa,
“en ningún caso hay un narco que haya dicho: yo le pagué a Alan García para
despegar mis avionetas con droga en el Huallaga”. Y eso es todo, cuando de lo
que debería responder es de narcoindultos y conmutaciones, de amistades
peligrosas en el Perú y el extranjero. Que Ollanta se ocupe de O’Brien por lo
que afirmó hace años y no ha retomado, ni profundizado. Pero eso no cambia la
presunción criminal sobre García, ni reduce la gravísima responsabilidad del
juez Velásquez de erigirse en su
salvador y patrocinador.
Y es falso que el problema sea
detener una inhabilitación que ya se veía venir por un tubo y que nos privaría
del inmenso placer de ver a García mostrando sus artes de candidato en la
elección de 2016. En realidad juntar los votos para castigarlo políticamente por
los actos contra la Constitución y la moral pública de su segundo gobierno era
muy difícil, especialmente porque dependía de los cálculos del fujimorismo y de
un Congreso fragmentado. Basta ver el recule que está produciendo en la
Megacomisión el almirante naranja Carlos Tubino, llamando a acatar el fallo
prevaricador de Velásquez Zavaleta para entender a lo que nos estamos
refiriendo.
El verdadero problema de
García ha sido y es el de evitar el debate del pleno donde sería más difícil repetir las mentiras y
evasivas que le permiten sus entrevistadores amigos. Evidentemente hay cosas
que García no puede explicar ante el país. Por eso sus abogados y el juez
Velásquez han tratado de evitarle ese trance, sobre todo después del papelón de
sus dos presentaciones ante la Comisión Tejada. Por esto mismo, el camino que
debería seguir el Congreso si tuviera un mínimo de soberanía, sería llevar los
informes de inmediato al debate del pleno, citando a García y obligándolo a
responder. Cualquier otra vía es una trampa para que triunfe la impunidad.
Publicado en Hildebrandt en sus Trece 
No hay comentarios:
Publicar un comentario