Humberto Campodónico
A mediados del 2011, el
Directorio de Perupetro había acordado que los lotes petroleros cuyos contratos
estaban por expirar no serían prorrogados de ninguna manera y que, a su
término, debían ser licitados. Estos acuerdos fueron tomados por Daniel Saba y,
después, por Aurelio Ochoa.
En el período 2011-2015, los
lotes cuyos contratos expiran en Talara son: el Lote III y IV (la noruega
Interoil), el Lote II (Petrolera Monterrico, del empresario Vera Gutiérrez), el
lote IX de (Unipetro, de la Universidad Nacional de Ingeniería). En Pucallpa
estaba próximo a expirar el Lote 31 (de Maple). Y en la Selva Norte, expira en
el 2015 el Lote 1-AB, el más grande del Perú (Pluspetrol y la estatal china
CNPC).
Todos estos lotes (con excepción del 1-AB)
fueron de Petroperú, hasta la privatización de los 90. Era razonable, por
tanto, plantear que volvieran a la empresa estatal para fortalecerla, tema
congruente con la política del nuevo gobierno.
No solo eso: el Estado tiene
la potestad para hacerlo, pues los recursos naturales son de la Nación. Y lo
avala también la Ley de Hidrocarburos 26221 que establece que Perupetro puede
celebrar los contratos por negociación directa o por licitación. (Art.11).
Los lotes de Talara tienen 60
millones de barriles (MMB) de reservas probadas (no tomamos en cuenta las
probables) y producen 2.5 MMB al año. A un precio de US$ 100/barril, las ventas
ascienden a US$ 250 millones anuales. Si se considera una utilidad neta del
20%, tenemos US$ 50 millones anuales. Y como las utilidades de Petroperu hoy
son US$ 150 millones, el incremento sería de 33%.
Sin embargo, por lo señalado,
esta no era la política de Perupetro. Pero poco a poco se llegó a una nueva
fórmula: los lotes serían licitados, pero con un cambio importante: Petroperú
sería socio del ganador, con un porcentaje mínimo del 25% y un máximo del 49%.
Perupetro también desechó
cualquier prórroga, incluso si se planteaba que Petroperú tenga porcentajes
importantes de participación. La razón era siempre la misma: no se puede
prorrogar los contratos “a dedo” a los mismos contratistas, aunque vengan con
Petroperú, pues no sería transparente y otras empresas podrían quejarse de un
trato discriminatorio.
Pero en octubre del 2013 el nuevo
Directorio de Perupetro cambió su acuerdo: todos los contratos próximos a
expirar serían prorrogados por 10 años a los mismos contratistas. ¿Por qué este
cambio de 180 grados?
Algunos argumentos aparecidos
en los medios dicen que “la convocatoria de licitaciones públicas para atraer
nuevos capitales llevaría al derrumbe de la producción y del canon”. También
que el periodo de transición entre el operador antiguo y el nuevo sería de 3
años. Y que Perupetro habría contratado una consultora que, en tiempo récord,
le habría recomendado hacer el exacto inverso de su política.
Ahora estamos, entonces, en la prórroga “a
dedo”. Ha comenzado con los Decretos Supremos que otorgan a Interoil un
contrato temporal de un año. Y seguirán con los que van expirando (salvo
Interoil, los demás aún no han expirado).
Es importante remarcar que en
octubre del 2013 se debatió en la Comisión de Energía y Minas el Proyecto de
Ley 1607-2012, que también proponía la prórroga de los contratos por 10 años en
Talara. Después de las discusiones, el PL no ha llegado al pleno del Congreso,
clara muestra de una falta de consenso.
La cuestión central aquí es
que la prórroga no se justifica. Estamos hablando de ingresos (solo en Talara)
de US$ 2,500 millones y de utilidades de US$ 500 millones en 10 años. El
argumento de que Petroperú no puede hacerse cargo es deleznable, pues es
práctica común en la industria celebrar contratos de servicios para la
operación de los campos.
No solo eso. Petroperú ya
tiene el Lote 64 en la Selva Norte, otorgado con DS-011-2013-EM. Este Lote 64
le fue transferido a título gratuito por las empresas Talisman y Hess, a partir
de negociaciones que comenzaron en noviembre del 2012.
Así, estamos frente a la
siguiente paradoja: el único lote que tiene Petroperú le fue transferido por
empresas privadas extranjeras, no por el Estado, que es su accionista
mayoritario. Lo más incomprensible es el Art. 6 de la Ley 30130, impulsada por
el ministro Luis Castilla: Petroperú no puede participar en ningún negocio que
le genere un pasivo o un pasivo contingente.
Dicho esto, el gobierno está
aún a tiempo de modificar su política energética: se va a firmar pronto el
contrato de la refinería de Talara y el 30 de junio se debe licitar el
Gasoducto Sur Peruano, que debe culminar con la puesta en marcha de la
petroquímica. Estos buenos proyectos deben ser complementados con la
derogatoria de los acuerdos de Perupetro y la transferencia de los lotes de
Talara a Petroperú, comenzando por Interoil. Es solo una cuestión de voluntad política.
¿Será?
LA PATRIA NO SE VENDE, ¿LA
PATRIA SE DEFIENDE? O ¿LA PATRIA SE REGALA?
PERÚPETRO Y LA ILEGITIMIDAD DE LAS PRÓRROGAS
Por Alberto Ríos
Villacorta
El 30 de octubre de 2013, las autoridades de Perúpetro
defendían ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso una indefendible
norma que propone prorrogar los contratos a las empresas privadas que explotan
el petróleo de todos los peruanos, en lugar de iniciar un proceso de
investigación sobre el fracaso de la política de privatización petrolera.
El organismo estatal pretende premiar el desinterés de las
empresas privadas en realizar exploraciones y elevar las reservas existentes,
prorrogando los correspondientes contratos por otros 10 años más. Si en 20 años
solo se han dedicado a extraer las reservas probadas del petróleo nacional,
generando un déficit de miles de millones de dólares al Estado, quien asegura
que en 10 años más no se van a dedicar a hacer más de lo mismo.
El impacto económico del desastre privatizador
Uno de los más prolíficos y acuciosos investigadores del
sector petrolero en el país, Jorge Manco Zaconetti, ha demostrado en
innumerables artículos las cifras del desastre económico que ha significado la
privatización de los activos de Petroperú y las circunstancias sombrías en que
se realizó el proceso privatizador durante el gobierno de Alberto Fujimori. En
un artículo anterior, "El Fracaso de la Política de Privatización
Petrolera", se demostró que las empresas petroleras privadas, encargadas
de la exploración y explotación del petróleo peruano, son culpables de
arrastrar al país a una situación de dependencia energética indeseable,
complicada y peligrosa, puesto que se han dedicado a invertir exclusivamente en
desarrollar pozos de explotación y mínimamente han realizado prospecciones para
elevar las reservas existentes.
Desde la época de privatización hasta finales de septiembre
del 2013, la producción diaria de petróleo se ha reducido desde unos 120 mil
barriles diarios en 1996 a poco más de 62 mil barriles diarios a finales de
septiembre de 2013. La reducción de producción de petróleo es una de las causas
del aumento de importaciones para satisfacer la creciente demanda del país.
Según Germán Alarco, investigador de la Universidad del Pacífico, el coste
económico de las importaciones en el año 2013 sería de 6500 millones de dólares
en petróleo y derivados mientras que en el año 2012 se alcanzó la cifra de 5000
millones de dólares.
No existiría ningún inconveniente a esta delicada situación
si los miles de millones de dólares gastados en la importación del crudo y
derivados se trasladasen directamente a los consumidores directos de tan escaso
y preciado recurso. El asunto es que la volatilidad de los precios de petróleo
y sus derivados en la década pasada obligó al Estado a crear un Fondo de
Estabilización de Precios de los Combustibles en el año 2004, que inicialmente
pretendía amortiguar las oscilaciones de los precios durante 180 días, pero
terminó convirtiéndose en una herramienta de subsidio estatal, que ya ha gastado
hasta la fecha más de 8000 millones de soles en subsidiar los precios de los
combustibles.
El Estado cubría la diferencia del constante incremento del
petróleo experimentado desde el año 2002. Es decir, los impuestos de los
ciudadanos se empleaban para satisfacer los altos precios del petróleo por la
compra de petróleo nacional e importado. Los principales beneficiarios del
mencionado Fondo de Estabilización de Combustibles fueron los pudientes
segmentos de los estratos económicos más altos del país, las empresas de
transporte de mercancías y personas así como las empresas privadas que vendían
el crudo nacional a Petroperú a precios internacionales. Ya en el año 2008, el
Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que el subsidio a los combustibles
beneficiaba a las hogares más pudientes del país, así el 20 por ciento de los
hogares más ricos del Perú se benefician 8 veces más que los hogares más
pobres.
Por otro lado, según Jorge Manco Zaconetti, entre 1997 y
2012, PetroPerú ha pagado más de 14 mil millones de dólares por el crudo
nacional producido en las concesiones otorgadas a las empresas privadas. En ese
periodo, el precio promedio pagado por cada barril de petróleo nacional fue de
aproximadamente 109 dólares. En resumen, extracción de petróleo asegurado por
las reservas probadas existentes y venta asegurada a la empresa estatal
Petroperú. Sin duda un negocio muy rentable para las empresas privadas, ahora
se entiende el porqué de la comprensible insistencia en obtener una prórroga de
los contratos.
Cronología de las prórrogas indebidas
El gobierno de transición de Valentín Paniagua entre 2000 y
2001 permitió la modificación del contrato de servicios por un contrato de
licencia en el Lote 1-AB. La empresa PlusPetrol Norte sustituyó a la OXY y
extendió el contrato hasta el año 2015, cuando debería haber finalizado en el
año 2001. La producción del Lote 1-AB o Lote 192 se ha reducido desde unos 28
mil barriles diarios en 2006 a algo más de 15 mil barriles en el año 2012,
figura 1. En octubre del año 2013, la producción promedio diaria del Lote 1-AB
fue de 13 mil 195 barriles, según información de Perúpetro. El precio por la
venta del crudo del lote 1-AB a 100 dólares
el barril se valoriza en casi un millón 320 mil dólares al día. Más de
480 millones de dólares al año. Asimismo, las tasas de regalías del Lote 1-AB
fueron modificadas durante la negociación realizada en el año 2001 por el nuevo
operador PlusPetrol Norte y se redujeron a un 28,3%.
Figura 1: Evolución de la producción diaria del Lote 1-AB
entre 2005 y 2012. La República
En la tabla 1, se presentan las reservas del Lote 1-AB,
según el "Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos" publicado por el
Ministerio de Energía y Minas a 31 de diciembre del año 2012, las reservas
totales probadas desarrolladas y no desarrolladas del Lote 1-AB son superiores
a 112 millones de barriles, es decir, presenta una valorización económica - a
100 dólares por barril - igual a 11 mil 200 millones de dólares. Si el Lote
1-AB revierte a Petroperú, no solo hay que dedicarse a la extracción de las
reservas probadas, tal como lo han hecho las empresas privadas en los últimos
20 años, sino a realizar exploraciones para incentivar la producción adicional
de petróleo en el mencionado Lote.
Tabla 1: Reservas de petróleo en los Lotes en explotación a
31 de diciembre del año 2012. MEM
La extracción del petróleo lo puede hacer cualquier empresa
de servicios petroleros bajo la modalidad de contrato por servicio, de la misma
forma que actúan las grandes empresas petroleras internacionales. Es decir, el
traspaso de las funciones de explotación solo implica un cambio de dueño y de
cuenta bancaria sin necesidad de interrumpir la operación sin riesgos y sin
jugar a la ruleta rusa. No existe ninguna razón técnica o económica para
entregar esa suculenta renta petrolera a las empresas privadas, que además no
han invertido en exploración solo se han dedicado a extraer el petróleo sin
pensar en el interés nacional.
El gobierno de Alan Garcia continuó con esta curiosa forma
de incentivar la inversión privada en el sector petrolero y la participación de
empresas privadas en un sector estratégico. En contra de todas las normas
básicas de transparencia y competitividad, que tanto defienden los paladines
del neoliberalismo y el libre mercado, se prorrogó el contrato de explotación
del Lote I y V en manos de una empresa filial de la Constructora Graña y
Montero sin licitación alguna y sin analizar ninguna propuesta alternativa. Por
cierto, Grama y Montero es una empresa petrolera privada con una inusual
experiencia contrastada en el negocio petrolero durante decenas de años. El
contrato vencía en el año 2011, pero se prorrogó a dedo, sin análisis técnicos
y económicos serios en marzo del año 2010 hasta el año 2021.
La producción en los Lotes I y V, según información de
Perúpetro, alcanzó en promedio en octubre del año 2013 unos 1508 barriles de
crudo al día. La valorización económica por la venta del crudo de los Lotes I y V - a 100 dólares
por barril - superaría los 150 mil dólares al día, casi 55 millones de dólares
anuales de ingresos por la venta del crudo. Las regalías de los Lotes I y V son
relativamente bajos, 25,56% y 31,72%, respectivamente. Las reservas probadas
desarrolladas y no desarrolladas de ambos Lotes superan los 17 millones de
barriles, según la tabla 1, lo que supondría unos ingresos esperados por la
venta - a 100 dólares por barril - de 1700 millones de dólares.
Puesto que, al parecer, en el país no existe responsabilidad
ulterior por este tipo de artilugios legales, la prórroga de los contratos del
Lote I y V se negoció sin discusión pública y sin analizar posibles
alternativas a través de una licitación internacional. Es posible que estas
prórrogas puedan ser defendibles legalmente pero no tiene ninguna legitimidad y
demuestran el interés de Perúpetro en permitir que continúe una descarada
extracción de un recurso natural escaso y primordial para el normal
funcionamiento de las actividades económicas del país.
El Lote 1-AB de PlusPetrol Norte y los Lotes I y V de Graña
y Montero juntos representan una producción promedio diaria de 14 mil 703
barriles de crudo ligero, que valorizados en ingresos por ventas anuales - a
100 dólares el barril - superarían los 536 millones de dólares. En conjunto,
los mencionados Lotes disponen de reservas probadas desarrolladas y no
desarrolladas superiores a 129 millones de barriles de petróleo ligero, que a
un precio de venta - a 100 dólares el barril - supondría una valorización económica
potencial de 12 mil 900 millones de dólares.
En relación a los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX cuyos
contratos o han vencido o vencerán en próximos años, y que deberían revertir
automáticamente a Petroperú, presentan situaciones distintas y diferenciadas.
El Lote II operado por la empresa Monterrico contribuye con tasas de regalías
de 51,4% solo superada por el Lote operado por la empresa de la Universidad
Nacional de Ingeniería, Unipetro. Los
Lotes III y IV, operadas por la empresa petrolera noruega Interoil, así como el
Lote IX, operado por Unipetro, cuyos contratos finalizaban en marzo del 2013,
han recibido una absurdo y controvertida prórroga de dos años, tiempo
insuficiente para recuperar cualquier inversión a realizar. Por tanto, es
previsible esperar una reducción de la producción en los Lotes III, IV y IX. El
Lote VI/VII es operado por la empresa estatal china Sapet, que paga reducidas
tasas de regalías de 12,75% y que se ha visto salpicada por acusaciones de
maltrato a la fuerza laboral e inadecuado mantenimiento de las instalaciones.
Los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX, según la información de
Perúpetro, presentaron en el mes de octubre de 2013 una producción promedio
diaria de 6427 barriles, que presenta una valorización económica - a un precio
de 100 dólares por barril - igual a 642 mil 700 dólares diarios, lo que
representaría un ingreso anual superior a 234 millones de dólares. Si a estos
Lotes se le suma el ingreso de los Lotes I-AB y los Lotes I y V, el ingreso
anual por ventas del crudo superaría los 770 millones de dólares.
Las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de
los Lotes I, II, III, IV, V, VI/VII, IX y I-AB, según la tabla 1 superan los
193 millones de barriles, lo que supondría un ingreso por ventas - a 100 dólares
el barril - superior a 19 mil millones de dólares. Un monto económico potencial
nada desdeñable. Las ganancias netas de Petroperú por la gestión, exploración,
explotación y refino de esas reservas permitiría a la empresa estatal abordar
innovadores proyectos de transformación energética, dirigidos a iniciar un
proceso de desacoplamiento de la dependencia del petróleo e invertir en
proyectos sociales en las zonas dueñas del recurso y hasta ahora eternamente
postergadas. Para muestra un botón, casi el 80% de la población de Talara está
por debajo del nivel de pobreza y extrema pobreza. 100 siglos de explotación
petrolera no ha revertido en la mejora de las condiciones de vida de los
verdaderos dueños del recurso
Es importante indicar que los Lotes I-AB, los Lotes I y V y
los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX son considerados campos marginales, es
decir, campos maduros que necesitan de inversiones adicionales para recuperar
el petróleo de los pozos en explotación existentes con ayuda de técnicas
modernas. La tendencia actual de evolución de los precios del crudo
internacional dista mucho de la existente durante el proceso privatizador y en
el que las negociaciones se llevaron a cabo en una situación muy compleja del
país con bajos precios del petróleo y con regalías adaptadas a esas
condiciones. Hoy, la situación se ha revertido y los altos precios del petróleo
permiten amortizar rápidamente las inversiones de explotación. Según Jorge
Manco Zaconetti, la empresa Petrotech no invirtió un dólar en el Lote Z-2B, puesto
que la empresa se capitalizó con los ingresos de la producción de petróleo.
No existe ninguna explicación sería que justifique la
entrega de los campos marginales a las mismas empresas privadas que durante 20
años solo se han dedicado exclusivamente a extraer el petróleo del subsuelo sin
hacer importantes inversiones en exploración y deslizando al país hacia una
situación de alta dependencia energética por la inexorable reducción de la
producción nacional de petróleo.
La solución más acorde con los intereses estratégicos nacionales
y con el fortalecimiento de la empresa estatal es que los Lotes, analizados en
el presente artículo, reviertan a Petroperú y se proceda a establecer nuevas
condiciones a los futuros contratos petroleros a través de un proceso de
licitación internacional. No obstante, y es muy importante incidir en este
punto, resulta imperativo abordar una reforma radical en Petroperú que extirpe
el cáncer de la corrupción y aclare las denuncias de sueldos estratosféricos de
algunos gerentes de la empresa pública y otras corruptelas y malos manejos. Es
necesario imprimir una gestión moderna basada en resultados y objetivos y
blindarla del clientelismo político de los gobiernos de turno.
Si prevalece la defensa de los intereses nacionales, a la
producción de los Lotes a revertir a Petroperú se debería añadir la producción
esperada del Lote 64, ya en manos de Petroperú, con unas reservas probadas no
desarrolladas de más de 31 millones de barriles. Se espera que en el Lote 64 la
producción alcance los 7600 barriles diarios en el año 2016, según informó el
Presidente de Petroperú Héctor Reyes en mayo del 2013. En total, en unos años
la producción de petróleo correspondiente a Petroperú podría superar los 28 mil
barriles diarios.
Asimismo, es importante evaluar las denuncias sobre las
irregularidades asociadas al contrato del Lote Z-2B y a la producción de crudo
en ese lote. En caso de verificarse las inadmisibles situaciones denunciadas,
el Lote Z-2B deberá revertir a
Petroperú. En el año 1992, la producción de petróleo en el lote Z-2B era
superior a 20 mil barriles diarios. En octubre de 2013, la producción promedio
diaria fue de 10621 barriles. Las reservas probadas desarrolladas y no
desarrolladas en el Lote Z-2B superan los 88 millones de barriles. La
devolución del Lote Z-2B permitiría a Petroperú tener una producción en el año
2016 de unos 39 mil barriles, si se mantiene la producción de petróleo en los
Lotes I, II, III, IV, V, VI/VII y IX a niveles actuales y la producción esperada
en el Lote 64 alcanza el valor esperado.
Una oportunidad de oro en la gestión de las reservas
probadas
El Perú no es un gran productor de petróleo y debe centrar
su política energética en aprovechar al máximo los escasos recursos petroleros
existentes disponibles en los campos marginales. Por tanto, Petroperú deberá
gestionar y administrar los escasos recursos existentes en los campos
marginales y así para poder participar activamente en el proceso de
transformación del modelo energético actual y saldar la deuda histórica con los
verdaderos dueños del recurso. Una condición ineludible para una adecuada
gestión pública de los recursos petroleros es realizar una profunda auditoría
del funcionamiento de la empresa estatal en los últimos años y extirpar las
corruptelas y los malos manejos denunciados.
El fracaso del modelo privatizador en los últimos 20 años
exige una nueva visión de exploración y explotación de los lotes concesionados.
No se entiende el empecinamiento de las autoridades de Perúpetro en continuar
su suicida apuesta por prorrogar los contratos de los lotes petroleros vencidos
o a vencer a las mismas empresas que solo se han dedicado a extraer el petróleo
sin invertir en buscar nuevas reservas.
Los resultados del proceso privatizador son reveladores e
incontestables: reducción de la producción nacional de petróleo y
transformación del Perú en un país netamente importador con las implicancias
económicas que esa situación significará para las futuras generaciones. Los
responsables de la entrega del petróleo por diez años más del petróleo de todos
los peruanos deberán reflexionar seriamente en las responsabilidades ulteriores
de un acto claramente doloso y lesivo a los intereses del país.
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