¿Conflictos de intereses? |
Ministro desestima denuncias
en su contra y asegura que acudirá al Congreso sin inconvenientes.
Diario La República:
El ministro de Energía y Minas
(Minem), Eleodoro Mayorga, señaló que el presidente Ollanta Humala sabía de su
relación con empresas públicas y privadas cuando lo invitó para ser titular de
una cartera ministerial.
“El presidente Humala sabía de
las actividades que realizaba antes de ser ministro, yo asesoraba la gran
mayoría de empresas público y privadas”, señaló en el programa televisivo 'La
Hora N'. Luego aseguró que tiene el
respaldo del mandatario pese a la denuncia en su contra por presuntamente favorecer
a a la empresa petrolera Interoil.
Mayorga dijo que la resolución
para extender el contrato de la mencionada empresa con el Estado se efectuó
antes de que ingresara al Minem.
Además, su rol como parte de
la firma de abogados Laub &
Quijandría, explicó, fue solo de asesorar y ayudar a reconstruir la relación
entre la empresa y el Estado. Resaltó que no tuvo papel de litigante.
En relación a los congresistas
que piden su interpelación, el ministro Mayorga señaló que explicará ante el
Congreso su situación. Mayorga añadió
que las relaciones entre las empresas privadas y el Estado no son de conflicto,
sino que el Estado debe apoyar la promoción de la inversión.
Diario Correo
MINISTRO MAYORGA AMPLIÓ CONTRATOS A MÁS PETROLERAS
La cuestionada prórroga
contractual de un año a Interoil -empresa noruega que se vio favorecida para
seguir operando en los lotes IV y III pese a perder un litigio con el Estado-
fue tan solo la punta del iceberg de lo que muchos identifican como un claro
conflicto de intereses privados.
Resulta que el ministro de
Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, modificó, a través de un decreto supremo
suscrito hace tan solo 23 días, el contrato de licencia para la explotación de
hidrocarburos de otra empresa asesorada por Laub & Quijandría, el estudio
en el que trabajó hasta horas antes de ser designado titular del sector.
Se trata de Maple Gas
Corporation del Perú S.R.L. que el último 30 de marzo renovó por 10 años su
contrato para seguir operando los Lotes 31-B y 31-D, y que hoy se encuentra en
el ojo de la tormenta por las diversas ramificaciones que lo vincularían a un
ministro de Estado.
ASESORÍAS.
Las firmas Maple
Etanol S.R.L. y Aguaytía Energy del Perú no solo comparten la asesoría que al
mismo tiempo les brindó el estudio Laub & Quijandría, sino son beneficiadas
directamente e indirectamente con la extensión del contrato que suscribió
Mayorga.
Según explica el extitular del
MEM, Carlos Herrera Descalzi, las dos firmas integran la matriz británica Maple
Energy, cuya sucursal peruana, Maple Gas, se hizo cargo de la operación de
extracción de los lotes petroleros de la selva central en los '90.
Cabe señalar que tanto Maple
Etanol como Aguaytía Energy aparecían en la amplia lista de clientes que
registraba, hasta hace poco, el suertudo grupo de consultores fundado en 2007,
y del que Mayorga es 'socio' desde 2009, pero que decidió ocultar de su
brochure este año.
"Mantienen un vínculo a
través de accionistas comunes", explicó Herrera Descalzi al señalar que
las subsidiarias, dedicadas a la producción de etanol sobre la base de caña de
azúcar y a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), "nacen de
los mismos socios que entran a otros negocios".
Otra de las sociedades
asesoradas por el suertudo estudio jurídico es Duke Energy, que mantiene
acuerdos comerciales en Ucayali con Maple Gas a través del Grupo Aguaytía. Esta
división está enfocada a plantas generadoras de energía.
"La extensión de los
contratos seguramente se ha negociado y no se hizo en la época mía",
agregó al reconocer "suspicacias en el beneficio de todas las empresas que
asesoró".
MÁS APROBACIONES.
Cabe indicar que la sospecha
de un posible tráfico de influencias es fundada, también, por los correos
electrónicos fechados en mayo de 2013, que confirman una cita entre Mayorga y
su socio Anthony Laub con el presidente de Perú-Petro, Luis Ortigas.
Aún el titular de la estatal
no ha explicado el tenor de la conversación que mantuvo por espacio de una hora
con los principales socios de Laub & Quijandría, que tiene bajo su
responsabilidad de asesoría a las más importantes empresas del sector minero.
Una de ellas es Abengoa Perú
S.A., que el último 18 de marzo obtuvo una concesión temporal por 10 meses
gracias a un decreto supremo firmado por Mayorga.
A la empresa, cliente de la
consultora, se le otorgó el permiso para desarrollar estudios de factibilidad
relacionados con la actividad de transmisión de energía eléctrica en Tingo
María.
En opinión del extitular de
Petroperú, César Gutiérrez, la conformidad expresada por el MEM a través de la
suscripción de la extensión de contratos de Interoil y Maple Gas demuestra una
"incompatibilidad" entre su función pública y privada.
"En su defensa, Mayorga
dirá que en su gestión no negoció los contratos, pero la mejor forma de tomar
distancia de las empresas que asesoró era deslindando con Perú-Petro y su
inacción", enfatizó al indicar que Ortigas debió encontrar un mecanismo para
relevar a las operadoras.
Y es que fuentes de Perú-Petro
informaron a Correo que el gobierno resolvió extender también el contrato por
10 años a la petrolera china Sapet, que opera los lotes VI y VII en Piura, los
cuales vencen el 2015.
El proyecto de contrato,
consensuado en el Ejecutivo, ha sido aprobado y elevado por Mayorga al MEF.
INTERPELACIÓN.
Entre tanto, más bancadas
parlamentarias se vienen sumando a la interpelación en contra de Mayorga que
promueve el fujimorismo.
Desde el PPC, Marisol Pérez
Tello indicó que el titular de Energía y Minas necesita explicar al Congreso
los motivos que lo llevaron a ampliar el contrato a Interoil.
"Por lo menos que el
ministro vaya al pleno y dé una explicación. Esto ayuda a quienes sí tienen
interés en saber qué pasó. Hay que escuchar una explicación sesuda, que no sea
fruto de una entrevista radial o televisiva que no ataca todas las
aristas", explicó.
A su turno, el legislador
Víctor Andrés García Belaunde anunció que Acción Popular-Frente Amplio estaría
presentando una denuncia constitucional contra el titular del MEM por el delito
de tráfico de influencias.
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