No hablaré de los ejecutivos de Petroperú que se subieron
de manera exorbitante los sueldos. Ni de la astronómica suma pagada al buen
Paolo Guerrero. Decisiones altamente cuestionables que en su momento deberán
ser sancionadas. Pero algo mucho más grande y oscuro se cierne sobre Petroperú.
Esos montos palidecen ante la millonaria traición –no exenta de sospecha de
faenón– que estaría intentando perpetrarse desde el lado más sinuoso del
Ejecutivo: el MEF de Castilla.
En diciembre de 2011, la Ley 29817 fijó en 20% el tope de
acciones que podrían venderse de Petroperú. Desde hace buen tiempo hay un
consenso en la necesidad de inyectar a Petroperú dinero privado fresco. Pero
dos años después, en diciembre de 2013, otra Ley (30130) cambió ese tope de 20%
a 49%. O sea, casi la mitad de Petroperú podría ser vendida a privados.
¿Cuál es el problema? Varios. En primer lugar, y lo más
preocupante, es que muestra que el Ejecutivo/MEF no tiene la más mínima
comprensión de lo que significa que un Estado administre y controle sus propios
recursos energéticos. Como ha dicho el ex ministro Carlos Herrera Descalzi: “No
existe una sociedad que pueda desenvolverse si no tiene un aprovisionamiento
confiable (corto plazo) y seguro (largo plazo) de energía”. Es una cuestión de seguridad
energética y estratégica que la dinámica del mundo actual –con sus
desequilibrios y geopolítica– llama a considerar.
Petroperú fue desmembrada para ser privatizada en el
fujimorato. Ahí empieza su debacle. Y eso le costó, al día de hoy, tener que gastar
más en partes del proceso que ahora tiene que alquilar o comprar que si las
realizara PP misma. No solo eso, el MEF la maltrata al negarse a devolverle los
1.492 millones de soles en crédito fiscal del IGV por la venta de ese
combustible en la Amazonía del 2010 al 2012, a donde ningún privado quiere ir.
“Cuando hubo la guerra contra Ecuador, ¿quién puso el
combustible para los barcos? Nosotros llegamos a todo lugar al que el privado
no puede llegar y perdemos plata con eso, pero es nuestra obligación”. (Clara
Indacochea Álvarez, representante de los trabajadores de la Petroperú).
Según los expertos, hoy en día el 95% de las reservas
petroleras del mundo están en manos de estatales. Incluso en la región, en los
casos en que se han abierto a privados, nadie sobrepasa el tope estratégico de
20%. Colombia puso tope de 20% y sin embargo vendió solo 13% y después de
capitalizar su Ecopetrol.
Acá se está haciendo exactamente lo contrario. Lejos de
“arreglar la casa” antes de venderla para sacarle mayor rédito, se quiere
regalar la mitad de las acciones de Petroperú, sin capitalizarla. Y lo más
grave y sospechoso es que se pretenda esa venta ahora, con una valorización
solo de libros (mil millones) y sin considerar la próxima firma del proyecto de
modernización de la Refinería de Talara que repotenciará las operaciones de
Petroperú y aumentará ostensiblemente su valor, al que se suman los US$ 5.500
millones de ingresos por el Lote 64 que no se podrían realizar por la
prohibición en el Art. 6 de la Ley 30130.
Es decir, a quien el Ejecutivo decida entregarle ese 49%
de acciones, se ganará sin asumir ningún costo del endeudamiento de la
remodelación de Talara, y, sin embargo, se beneficiará a futuro con todos los
réditos de esa operación. Faenón total.
Por eso, es imprescindible que se derogue el Art. 3 de la
ley que cambió el tope a 49% y se vuelva al 20% de la inversión privada y el
Art. 6 que ata de manos a PP.
Debemos defender el rol estratégico de seguridad
energética que el MEF, por ideología u oscuridad, parece dispuesto a aniquilar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario