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| ¿EL PATRÓN DEL PODER OCULTO DE LA CORRUPCION? |
El 13 de agosto de 1991, la
Cámara de Diputados votó por 88 votos contra 76 la aprobación del Informe de la
Comisión Olivera, que documentó el enriquecimiento ilícito de Alan García en el
periodo 1978-1990, así como de su responsabilidad en el caso de los Mirage y el
caso BCCI. El 4 de octubre, la Comisión Flores Aráoz acusó ante el Senado al
expresidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública.
Esa votación se ganó por 95 votos a favor, 57 en contra y 26 abstenciones.
El 14 de octubre, la Comisión
del Senado dictaminó que procedía acusar penalmente a Alan García ante el Poder
Judicial. 38 senadores votaron a favor y 17 en contra. El caso pasó al Poder
Judicial con abundante probanza pese a que en ese entonces el Congreso no podía
levantar el secreto bancario.
El 22 de noviembre el fiscal
de la Nación, Pedro Méndez Jurado, formuló la denuncia por enriquecimiento
ilícito de Alan García en agravio del Estado pero excluyó los casos Mirage y
BCCI, concediéndosele al imputado un primer y gran triunfo. Luego, la Segunda Sala
Penal de la Corte Suprema designó a Roger Salas Gamboa como vocal instructor
del caso. El juez, profesor de Alan García, había sido ratificado como casi
todos los vocales supremos en el Senado con votos apristas. Con velocidad
inusual Salas Gamboa, el 23 de noviembre, mandó a archivar todo. El hecho fue
un escándalo y se apeló.
En enero de 1992 la Corte
Suprema, controlada por el Apra, mandó todo nuevamente al archivo en votación 4
a 1. Sin embargo, luego del golpe de 1992, ya en julio, se reabrió el caso. La
Sala Civil de la Corte Suprema declaró nulas las resoluciones exculpatorias y
solicitó la extradición de García desde Colombia. Jamás se concedió.
Reo contumaz en el Perú,
García regresaría en 2001 para postular a la Presidencia bajo el amparo de la
prescripción y de la CIDH.
VER:
TODAS LAS VECES QUE ALAN GARCÍA SE HA SALVADO DE LA JUSTICIA
Hoy,
el Poder Judicial de declaró nulo todo
el informe final de la Megacomisión, donde se recomendaba acusar
constitucionalmente al expresidente Alan García por las irregularidades
cometidas durante su segundo gobierno. Coincidentemente, hoy también venció el
plazo de vigencia de esta comisión. Es decir, si se quisiera volver a
investigar a Alan García, se tendría que formar una nueva comisión.
Por más increíble que parezca,
esta no es la primera vez que Alan García se salva de ser investigado
directamente. Desde su primer gobierno hasta el fin de su segundo mandato, Alan
García ha sido seriamente vinculado con actos de corrupción y violación a los
derechos humanos. Sin embargo, él ha sabido driblear como nadie a la Justicia.
“Los crímenes de Alan García
son tan horrendos como los de Fujimori, pero por más indicios que se han
encontrado, el Ministerio Público ha jugado siempre a su favor”, dice Gloria
Cano, directora de APRODEH. “Lo máximo que se ha logrado es que sea llamado como
testigo” continúa Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción.
TÁCTICA Y ESTRATEGIA
La estrategia con la que Alan
García ha enfrentado las investigaciones ha dependido de quién es el
investigador al que se enfrenta. Por ejemplo, en el caso de la Megacomisión,
“la defensa de García ha tratado de anular todo el proceso recurriendo a
acciones de amparo”, señala el congresista Sergio Tejada. En otras ocasiones ha
jugado en pared con aliados políticos. Por ejemplo, en el 2001, gracias a la
influencia de los fujimoristas, consiguió la prescripción de los casos de
corrupción de su primer gobierno. Pero, cuando las cosas se han puesto más
complicadas, curiosamente, el Ministerio Público ha archivado las
investigaciones o ha decidido que no “hay mérito para iniciar una
investigación”.
En el caso narcoindultos, la
procuraduría le presentó al Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, algunas
de las fichas de conmutaciones “de puño y letra de García donde él cambiaba la
fecha de la condena”, la institución que dirige Peláez Bardales no las aceptó
aduciendo que “no hay rigor probatorio” y que ya había una investigación en
curso iniciada por el Congreso, recuerda Arbizu. “El que haya una investigación
no quiere decir que no se pueda iniciar otra. Lastimosamente, cuando el Fiscal
da respuestas así de absurdas no hay a dónde más acudir”, afirma el procurador
anticorrupción Christian Salas.
Para Julio Arbizu, existe una
inclinación del Ministerio Público por ser más flexibles con ciertos apristas
Algo parecido sucedió en el
caso de enriquecimiento ilícito, rápidamente archivado por Peláez. Aunque la
Procuraduría Anticorrupción pidió ampliar la investigación y aportó nuevos
indicios, el Fiscal no los aceptó. “Existe una inclinación de parte del Ministerio
Público por ser más flexibles con ciertas figuras prominentes del APRA",
sentencia Arbizu. Lo cierto es que en los casos de corrupción a los que Alan
García estaba vinculado ha existido más de una extraña coincidencia que lo ha
librado de ser investigado.
LOS PETROAUDIOS Y BTR
En octubre de 2008 se desató
el escándalo de los petroaudios: interceptaciones telefónicas ilegales en las
que se escuchaba a funcionarios de la administración de García traficar con sus
influencias para otorgar contratos con el Estado. Los principales actores de
aquella tragicomedia fueron Alberto Químper de Perupetro y el aprista Rómulo
León, a quienes el país entero escuchó hablar de “aceitadas” para conseguirle
favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum Company.
Los audios pusieron al descubierto
toda una maquinaria de ‘chuponeo’ que terminó con la salida de Jorge del
Castillo, entonces Primer Ministro, junto a todo su gabinete. Más tarde supimos
de la estrecha amistad de García con el dueño de Bussiness Track, de sus
reuniones con Fortunato Canaán, de las llamadas de Rómulo León a Palacio de
Gobierno, etc.
La investigación se inició ese
mismo año y se dividió en dos: por un lado el caso Businnes Track que incluía
sólo a los chuponeadores; y por el otro, el caso Petroaudios que pretendía indagar
sobre los casos de corrupción que se desprendían de las conversaciones e
involucraban a funcionarios de la administración aprista que habían vendido
favores.
El caso BTR se resolvió con
una rapidez inusual, mientras que el caso Petroaudios aún no está en fase oral.
“Lo de BTR se resolvió con una celeridad
asombrosa para el promedio de los casos peruanos”, señala Julio Arbizu.
Efectivamente, el caso BTR concluyó con la encarcelación de los responsables
materiales. Sin embargo, “han pasado seis años desde que se inició la
investigación por el caso petroaudios y ni siquiera estamos en el juicio oral”,
dice el procurador Salas.
Lo más preocupante del caso es
que prescribirá en octubre. Pero este es un final anunciado si se tiene en
cuenta que las irregularidades comenzaron desde las primeras detenciones.
Cuando se inició la investigación, el fiscal encargado, Óscar Zevallos sólo
notificó a la Procuraduría de Energía y Minas como representante del Estado y
no a la Procuraduría Anticorrupción, cuando los delitos investigados eran
competencia de ésta. Luego, se ha obstaculizado el proceso con el continuo
cambio de fiscales. En total han sido cinco los que han visto el caso. Primero
fue Óscar Zevallos, luego Juana Meza, seguida de Flor de María Vega, Delia
Espinoza y Milagros Mora, actual fiscal encargada.
“Este cambio constante de
fiscales ha sido un problema porque es un tema inmenso y justo cuando el fiscal
termina de estudiarlo, lo cambian por uno nuevo. Resulta bastante sospechoso”,
señala Christian Salas.
En lo referido a los
informantes del caso BTR también hay hechos más que sospechosos. Por ejemplo,
los marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza se acogieron
voluntariamente a la colaboración eficaz, sin embargo, después de dar su
manifestación, fueron excluidos del proceso y en vez de ser comprendidos en el
caso se les premió con un contrato en los consulados de Patterson, Nueva
Jersey, y Nueva York, respectivamente, con un sueldo de 4.500 dólares.
Además, Ismael Matta entregó a
la fiscalía un USB con información incriminatoria que hasta ahora no ha sido
incluida como prueba del proceso. “Se quedó en manos de (Walter) Milla. Él lo
tiene que tener, él nunca lo entregó”, señala Sergio Tejada.
En el informe de la
Megacomisión, se recomienda que tanto el Fiscal Walter Milla como Jorge del
Castillo, sean acusados por el delito de encubrimiento.
Pero eso no es todo,
coincidentemente, el mismo día del primer allanamiento a las oficinas de BTR,
la entonces Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, tuvo una cita con Alan García.
“Ella dice que fue para discutir un proyecto de ley pero esto resulta una
coincidencia inverosímil”, afirma Tejada.
Otro hecho llamativo es que el
General de la Policía en retiro, Miguel Hidalgo, entonces ministro del Interior
decidió que sea la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) la que se encargue del caso
y no la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT).
Hidalgo justificó su decisión argumentando quela DIVINDAT no tenía los recursos
suficientes. Como es de imaginar, la decisión de Hidalgo sólo trajo
dificultades a la investigación. En un posterior allanamiento a la casa de la
analista de BTR, Giselle Gianotti, en enero de 2009, se incautaron cuatro USBs
que en el traslado hacia la DIRANDRO fueron cambiados por otros. La fiscalía recién
se percató del cambiazo en marzo de 2010. Es decir, un año y dos meses después.
CARLIN_BTR SE PERDIERON USB
Las pruebas siguieron
desapareciendo. La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009, un “intruso” ingresó
al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio
de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs
incautados también a Giselle Gianotti. Pero no es sólo la desaparición de
pruebas lo que juega en contra del esclarecimiento de esta investigación. “Hay
muchos audios y archivos que están lacrados. Hemos pedido al juzgado, a la
fiscalía que (los) saquen y se abran y escuchen pero se han negado”, señala el
procurador Salas.
A todo esto se suman también
las dilaciones para empezar con el juicio oral. La Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia pedía que para iniciar la fase oral se notificara a
Discover Petroleum, incluida en la investigación como tercero civil
responsable. El problema con este pedido es que Discover Petroleum ya no
existe. “Nosotros pedimos que se inicie el juicio y se les envíe lo actuado
pero hasta ahora no hay fecha cierta”, comenta Julio Arbizu. Mientras tanto, los
involucrados en este caso están esperando que llegue octubre y se haga el
milagro de la prescripción.
LA SOMBRA DE LA PRESCRIPCIÓN ASOMA
Esta no sería la primera vez
que la prescripción salva a García de ser investigado. En 1992 se inició un
proceso en contra del líder aprista por enriquecimiento ilícito, debido a su
supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio
Internacional (BCCI), su intermediación en la compra venta de aviones Mirage
2000, además de un evidente desequilibrio patrimonial.
El otro proceso fue abierto en
1994, también por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación
incompatible y cohecho pasivo, además se le acusaba de entregar sobornos para
otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano
Tralima. Convenientemente, Alan García huyó del país y se refugió en Francia y
Colombia, esperando que los delitos por los que se le acusaba, prescriban.
El futuro del caso petroaudios
parecería seguir el mismo camino.
LOS FANTASMAS DE LAS MATANZAS
Si el segundo gobierno de
García se caracterizó por los escándalos de corrupción, el primero estuvo
marcado por graves delitos de violación a los derechos humanos.
El caso Cayara es uno de los
que más llama la atención debido a las irregularidades que se cometieron. Entre
los días 14 y 20 de mayo de 1988, un total de 39 campesinos del distrito de
Cayara, Ayacucho, fueron asesinados de manera sistemática por un grupo de
militares. Los pocos pobladores que quedaron vivos de aquella masacre,
convertidos en testigos, fueron asesinados meses después.
“El Fiscal Carlos Escobar
Pinedo estuvo encargado de la información, él le pidió ayuda a García para
proteger a los testigos, le dio sus nombres, y al poco tiempo casi todos fueron
asesinados”, señala Gloria Cano, directora de APRODEH.
Ese mismo año, la Comisión del
Senado encargada de investigar la matanza negó los crímenes. Los únicos que
discreparon fueron los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Seminario.
En el año 2005, la Fiscal
Cristina de Olazábal incluyó a Alan García en la investigación del caso Cayara
como responsable político junto a otros tres jefes militares y cuatro
senadores. Poco tiempo después la fiscal fue removida de su cargo. Su sustituta,
la fiscal Miluska Cano excluyó a Alan García de la investigación.
LA MATANZA EN EL FRONTON
El caso de la matanza en El
Frontón, en 1986, fue similar. A pesar de que 33 internos fueron ejecutados, el
caso fue sobreseído por falta de pruebas. En 1990, una Comisión Investigadora
del Congreso determinó que altos funcionarios civiles y militares estaban
implicados en la masacre y acordaron emitir un informe al Ministerio Público
pero el APRA, con el apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos
necesarios para rechazar la acusación.
En el 2005, el Fiscal superior
Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la
investigación contra el expresidente Alan García y todos los miembros del
Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, la 5ta
Fiscalía Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzáles, resolvió el
archivo definitivo del caso. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal
Constitucional afirmó que lo sucedido en el Frontón no constituye un delito de
lesa humanidad poniéndole fecha de “prescripción” a aquella ejecución
extrajudicial.
“Hay un poder oculto detrás
del Ministerio Público que ha impedido que se investigue”, afirma Gloria Cano,
directora de APRODEH. “Yo estoy muy decepcionado del subsistema y con la nueva
elección del fiscal no parece que el panorama vaya a mejorar”, finaliza el exprocurador
anticorrupción, Julio Arbizu.
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