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| INVESTIGADOS |
Por Diario UNO
El Perú es un país insólito.
Hemos tenido acá un presidente que se comunicaba en vivo y en directo con Dios
para favorecer a narcos. Ese mismo gobernante se hizo llamar doctor sin serlo,
y fungió de abogado sin que conste que lo sea (en otro momento veremos cómo lo
hizo). Tenemos un rector de universidad que confiesa que durante años no ha
leído un libro. Ahora resulta que contamos también con un Fiscal de la Nación,
Carlos Ramos Heredia, que incumple sus funciones para limpiar judicialmente a
un congresista corrupto.
Por si fuera poco, se acaba de
revelar que el anterior fiscal, José Peláez Bardales, el que protegió a Alan
García, también resulta comprendido en la red mafiosa de Ancash investigada por
el Congreso.
La Comisión parlamentaria que
investiga el escándalo Ancash acaba de anunciar que convocará al Fiscal y al
exfiscal en calidad de investigados. Una acusación grave contra ellos es que
legitimaron operaciones por cientos de millones de soles a favor de
cooperativas que emitieron cartas fianza sin tener autorización para ello.
El cargo contra los dos jueces
investigados señala dos faltas graves:
1.- Las cooperativas
comprometidas emitieron cartas fianza sin tener la autorización del Organismo
de Supervisión de Contratos Estatales (OSCE). Tampoco estaban registradas, como
manda la ley, en la Superintendencia de Banca y Seguros. No obstante esa burla
legal, Peláez y Ramos adoptaron medidas cautelares a favor de las entidades
tramposas.
2.- De acuerdo a informe del
presidente de la Comisión Investigadora del caso Ancash, Mesías Guevara, las
obras emprendidas en Chimbote, Pallasca y otros lugares de la región y que
abarcan millones de soles están abandonadas e inconclusas, y las cooperativas
involucradas se hallan sometidas a proceso judicial.
De paso, dicha Comisión exhibe
una nueva triquiñuela ilegal de esa joya que es el juez Hugo Rodolfo Velásquez
Zavaleta, el mismo que intentó librar a su compañero Alan García de las
investigaciones de la Megacomisión que lo investigó. La tinterillada de
Velásquez en el caso Ancash ha consistido en que, siendo juez del Quinto
Juzgado Constitucional de Lima, ordena a la OSCE que inscriba a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito “Finanzas y Garantías Limitada” en la lista de entidades
autorizadas a emitir cartas fianza.
No tenía jurisdicción para
eso. Probablemente confiaba en el poder abusivo construido en el aparato
judicial del país; en un avasallador sistema que anula derechos y rechaza leyes
y razones.◘
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