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| Dinero sucio |
Contexto Raíces de la corrupción
Introducción
¿Acaso naturalizar el asunto
como quiere hacerlo el neoliberalismo?
En cualquier caso, la captura
pone el aparato estatal al servicio de un grupo de intereses privados que no
necesariamente coinciden con el interés público, por lo que por lo menos da un contexto
favorable a prácticas corruptas.
¿Cuál es la salida a esta situación de aguda corrupción política?
Un conjunto de esfuerzos que
vayan en la dirección de desprivatizar el Estado, y hacerlo, aunque parezca
mentira tener que decirlo, un ente público que responda al interés de los ciudadanos.
Esto supone políticas públicas en los terrenos de la economía y la política
misma que generen capacidades en los ciudadanos para tener una representación
adecuada, para empezar honesta.
Es imposible lograr un cambio
en la representación sino promovemos un modelo económico que reduzca el trabajo
informal y difunda el trabajo productivo y con derechos.
La informalidad es muy difícil
de representar, para ello hay necesidad de agregar intereses que solo surgen de la producción y el consumo nacionales.
Asimismo, es indispensable una
reforma política que permita el acceso de nuevos actores partidarios y les dé
el financiamiento público adecuado que les permita escapar de las garras del
dinero negro.
Por último, hay necesidad de
afinar los mecanismos de control que parecen haber fracasado en los últimos
tiempos, haciendo hincapié en la prevención y el control político, pero también
siendo drásticos y tomar medidas como la imprescriptibilidad de los delitos anticorrupción
y la “muerte civil” para los que no paguen su reparación al Estado.
La corrupción invade la política
Los “cornejoleaks” y la
cantidad de presidentes regionales presos, sumado a los miles de candidatos
actuales sentenciados por el Poder Judicial, ponen de relieve una corrupción
que inunda nuestro aparato Estatal y la forma de hacer política en el país. Luego
de que esta corrupción se institucinalizara durante la dictadura
Fujimontesinista, hubo un esfuerzo por desmontar parcialmente este sistema; sin
embargo, no se logró eliminarla de la política. Aquí un diagnóstico de la
corrupción que campea y, sobre todo, una agenda urgente para hacerle frente a
este flagelo.
Por segunda vez en los últimos
15 años la exposición de la corrupción explota en el ámbito de la política.
Con los “vladivideos” del año
2000, se trajo abajo el régimen autoritario del fujimontesinismo.
Hoy con los “cornejoleaks”,
los presidentes regionales presos y los miles de candidatos sentenciados por el
Poder Judicial, la democracia tiembla y
agudiza su precariedad.
En el medio, los “petroaudios” del año 2009 se
trajeron abajo al gabinete Del Castillo y mancharon de forma indeleble el
segundo gobierno de García.
Es imposible olvidar la
megacorrupción de la dictadura de Fujimori y Montesinos, cuando el Estado se
convirtió en un aparato delictivo y promovió una corrupción sistémica.
El esfuerzo anticorrupción del
gobierno de Paniagua logró desmontar parcialmente este aparato y, por lo menos,
parar temporalmente su extensión, pero no la eliminó de la política.
Hoy esta rebrota, aparentemente
de manera descentralizada, resaltando los problemas en municipios y regiones.
Sin embargo, los expertos nos señalan que tal es la profundidad de estos focos
infecciosos que para su desarrollo han contado necesariamente con la complicidad
de las más altas esferas del Estado, cosa que queda casi siempre en las
tinieblas. Por otra parte, en las últimas semanas se ha revelado la profundidad
de la captura del aparato estatal por los intereses privados, lo que se expresa
en los “cornejoleaks” y tiene antecedente inmediato en los “petroaudios”.
¿Hasta qué punto esta captura puede considerarse un manejo corrupto de la cosa
pública? ¿Debemos acaso naturalizar el
asunto como quiere hacerlo el neoliberalismo?
En cualquier caso, la captura
pone el aparato estatal al servicio de un grupo de intereses privados que no
necesariamente coinciden con el interés público, por lo que por lo menos da un
contexto favorable a prácticas corruptas.
LAS RAÍCES DE LA CORRUPCIÓN
La relación entre corrupción y
política es antigua en el Perú. Sus raíces se remontan a la constitución del
Estado peruano que se forma como un orden al servicio de una élite propietaria,
que aún hoy no ha podido separar el interés público del bolsillo privado. Estas
discrepancias entre lo público y lo privado se reflejan en las dificultades
para construir una identidad nacio- nal, para considerar al país como propio y
derivan en una endémica corrupción. Las políticas reformistas que se desarrollaron
en la segunda mitad del siglo XX, fortalecieron la capacidad estatal para el
manejo de los asuntos públicos pero no pudieron terminar con el abuso privado
del poder estatal que motiva la corrupción en la política.
la instituCionalizaCión de la
CorrupCión La situación actual tiene su origen inmediato en el período de la
dictadura de Fujimori y Montesinos, cuando se produce una radical
contrarreforma del Estado y se crea una nueva lógica de la relación entre la
sociedad y la política y más específicamente entre los grandes empresarios y la
acción estatal. En esta época se anulan los avances de las décadas anteriores y
pasan a ser cruciales las buenas relaciones primero y finalmente el control del
aparato estatal para hacer buenos negocios. Esta situación crea un espacio muy
importante para la corrupción. Durante el gobierno autoritario de Fujimori y Montesinos
se organizó un aparato de corrupción de carácter sistémico que convirtió al
Estado en una maquinaria delictiva. La corrupción entonces se apropió del
Estado buscando la reelección indefinida y el enrique- cimiento ilícito del
grupo en el poder a costa no sólo de las arcas públicas sino del régimen
democrático y de los derechos de los peruanos. Con la caída de Fujimori a fines
del año 2000 se logró desmontar buena parte de esta organización poniendo tras
las rejas a sus cabecillas, sin embargo quedaron las condiciones sociales y
económicas para reproducir la corrupción.
La “nueva” Corrupción A
diferencia de la década de 1990, la corrupción no responde a una misma
organización desde el Estado, sino que se trata de núcleos de corrupción que
quedaron como remanentes de la organización pasada pero que ahora, al no
responder a un único organismo, se caracterizan por su heterogeneidad. Estamos
hablando entonces de focos de corrupción o, lo que se llama también,
“corrupción descentralizada”. Por otro lado, se trata de una réplica de la
corrupción de los años 90 dado que se forman también focos de corrupción
sistémica. Ahora bien, al tratarse de intereses heterogéneos detrás de estas
formas de corrupción, ¿cómo combatirlas? Y ¿dónde se originan? En los años 90,
la mayoría de casos de corrupción se centraban en casos de peculado; vale
decir, en casos donde alguien tenía capacidad para disponer del dinero. Una vez
acabada la dictadura encontramos casos de remanentes, pero no de la intensidad
anterior. Sin embargo, luego, cuando volvió a haber un auge económico, volvimos
a encontrarnos con una significativa cantidad de delitos de peculado y, por
otro lado, un porcentaje amplio de casos de colusión. Como señala, Julio
Arbizu, nos encontramos ante un panorama en que la corrupción parece haber
seguido una carretera en espiral. Hoy por hoy, lo que tenemos es una aparición
sistemática de pequeñas organizaciones criminales que se encuentran en espacios
sectoriales y regionales e infiltran a sus miembros en lugares de toma de
decisión. Por ello la agenda pendiente para combatir la corrupción es urgente y
demanda, entre otros actores que mencionaremos en las posteriores líneas, la
participación fiscalizadora y movilizadora de la sociedad civil.
A diferencia de la década de
1990, la corrupción no responde a una misma organización desde el Estado, sino
que se trata de núcleos de corrupción que quedaron como remanentes de la
organización pasada.
DIAGNÓSTICO
Fuentes del dinero sucio
La presencia del dinero sucio
en la política peruana es cada vez más evidente. Ya sea a través de la
infiltración del narcotráfico, enriquecimiento ilícito o la apropiación del
dinero público, lo cierto es los casos de políticos que costean sus campa- ñas
o se mantienen en el poder gracias a actividades ilícitas crece y debilita a
las instituciones del Estado. Según información que vienen recogiendo diversos
medios de prensa, 2131 candidatos que postulan a diversos cargos públicos
tienen condenas civiles y penales. La abrumadora mayoría de ellos pertenecen a
la organización política Alianza por el Progreso de César Acuña, seguido de
Fuerza Popular. Según el tipo de delitos cometidos, además de incumplir sus
deberes como padres, parte importante de los candidatos han sido condenados por
delitos graves como narcotráfico y peculado. ¿Cómo ingresan, se mantienen y
crecen estas redes de ilegalidad en la política?
“NarcoCandidatos” Hasta el momento
se han identificado 124 candidatos que tienen algún proceso, condena,
investigación o requisitoria por tráfico ilícito de drogras. Estos casos
podrían aumentar en la medida que avance la filtración que viene realizando el
JNE. No debería sorprender esta información dado que el Perú se ha convertido
en el primer productor mundial de cocaína, según la ONU. La comercialización de
la cocaína que sale del país genera ingresos estimados en 1800 millones de
dólares anuales, que representa el 0,9% del PIB nacional. Estas cifras de
espanto son el resultado de políticas ineficaces de lucha contra las
drogas. La relación entre política y
narcotráfico inicia cuando las firmas locales de las zonas productoras como el
VRAEM (El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro produce el 54% de la hoja
de coca del país) y el Alto Huallaga, donde el precio del kilo de pasta básica
lavada está entre $600 y $800, ofrecen a los candidatos locales financiarles
las campañas, lo que incluye también la “guerra sucia” contra los candidatos
opositores o los contrincantes directos. Las mafias de las drogas “invertirían”
unos $30,000 dólares en candidatos
distritales hasta $50,000 en candidatos regionales. El triunfo del
“narcocandidato” les da la tranquilidad para operar en la zona de influencia
por cuatro años.
El segundo aspecto importante
es asegurar el tras- lado de la droga de las zonas productoras hacia las
ciudades intermedias, que se convierten en las zonas acopiadoras. Aquí el
“negocio” es más caro y difícil, pues se trata de realizar un trabajo más fino
a nivel de autoridades regionales y nacionales como consejeros, presidentes
regionales y jefes policiales. Si un cargamento de droga sale por el sur, al
llegar a Puno el precio del kilogramo de pasta básica lavada bordeará los $900,
mientras que el de cocaína estará alrededor de $1500. Los precios se mantienen
igual en Juliaca y Desaguadero. Si la ruta elegida es el norte del país, el
cargamento de droga tendrá que pasar por Ica, donde el kilogramo de PBL cuesta
$1000 y el de cocaína $1,200. En Lima el precio de la pasta básica se mantiene,
pero el de la cocaína alcanza los $1500. Una vez que estas autoridades se
convierten en aliados del narcotráfico, el paso siguiente es trasladar la droga
hacia los almacenes de los puertos, que es por donde sale gran parte de la
cocaína almacenada en barcos piratas o también formales camino a México y
China. En este caso se corrompe a altos mandos de las Fuerzas Armadas y
Policiales. Por el sur, la ruta de la droga es terrestre y área, donde los
destinos son principalmente Bolivia y el Atlántico. De ahí se embarca al África
y llega a Europa. Cuando la droga cruza la frontera del país, su precio empieza
a multiplicarse. Al llegar a México, el precio del VRAE se habrá multiplicado
por once o doce veces. En España, valdrá 45 veces más y en Rusia 109 veces más.
Para Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos
Humanos, el énfasis del crimen organizado de cara a las elecciones será garantizar
los canales de salida de la cocaína. Los canales de la cocaína que se manejan
en el Perú con destino al exterior son el Trapecio Amazónico, Aguas Verdes,
Tacna, Des- aguadero, Paita, Chimbote, Callao y Pisco, donde estimó, el crimen
organizado buscará tener mecanismos, corruptelas y procedimientos para sacar
sus cargamentos.
El Factor Canon Los millones
de soles producto del canon se ha convertido en la principal fuente de
corrupción en las regiones del país. No es casual que, según el ex procurador
anti- corrupción, Julio Arbizu, las regiones que tienen más ingresos por canon
son las que presentan mayores casos de corrupción. ¿Debilidades del sistema? La
administración de los fondos públicos del Estado tiene en el Congreso, el
Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría a las instancias de
fiscalización que, dadas las cifras de corrupción, no estarían haciendo bien
su trabajo. En el caso “emblemático” de
Áncash, por ejemplo, el Congreso de la República que archivó variadas acusaciones
contra César Álvarez, incluso estando ya detenido, el Ministerio de Economía y
Finanzas que lo reconoció los últimos años como el más eficiente en la
ejecución del gasto público y la Contraloría que no relevó nada significativo
sobre dicha gestión en sus informes anuales, ¿han hecho acaso una autocrítica
por sus claras omisiones y yerros? La corrupción se explica por la existencia
de cierta complicidad del infractor con las más altas esferas del poder
político y la debilidad de las instituciones de control. Sumado a ello, se
tiene una prensa local amenazada y perseguida. El miedo a perder la vida
obstruye cualquier posibilidad de investigación y denuncia. Arbizu afirma que
casi el 45% de denuncias por corrupción en el Estado es por delitos de peculado, es decir, de la
apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las
personas que se encargan de su control. “Esto tiene una explicación bastante
lógica: el mal funcionario público es responsable de la disposición de fondos y
de bienes públicos, por lo que –sin debido control– tiene fácil el camino para
apropiarse (o utilizar indebidamente) de los caudales del Estado o coludirse en
las licitaciones de obras públicas”, señaló Arbizu. Resulta urgente relanzar el
proceso de descentralización en el país. No debemos olvidar los problemas que
subyacen al sistema de descentralización: instituciones precarias, sistemas de
control que se limitan a las formas y los papeles, partidos políticos
convertidos en franquicias al servicio de intereses privados, el peso creciente
de la economía ilegal, entre otros. Es indispensable reordenar y relanzar la
descentralización en un marco más amplio que es el de la reforma del Estado con
decisiva voluntad política.
Partidos con candidatos vinculados al narcotráfico (Elecciones
Regionales y Municipales 2014)
Partidos políticos nacionales Nº
Alianza por el Progreso 13
Fuerza Popular 10
Somos Perú 5
Acción Popular 3
APRA 3
Frente Amplio 3
Partido Popular Cristiano 3
Restauración Nacional 3
Perú Patria Segura 2
Solidaridad Nacional 2
Unión por el Perú 2
Partido Humanista 1
Partido Nacionalista 1
Vamos Perú 1
Subtotal 52
Partidos/Movimientos Regionales 72
Son 13 candidatos vinculados
al narcotráfico que pertenecen a las filas de Alianza para el Progreso y 10 a
Fuerza Popular.
¿Qué dicen los líderes de
ambas agrupaciones políticas, César Acuña y Keiko Fujimori sobre estas cifras?
OtraMirada
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