"(...) Desde entonces las
élites neoliberales han capturado el Estado y despliegan agresivas políticas
para transformar los bienes públicos en negocios privados."
Sinesio López Jiménez.
Doctor en Sociología por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), con estudios completos de doctorado en U. De París. Profesor principal de la
Facultad de Ciencias sociales de la
PUCP y de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UNMSM, investigador
del CISEPA. Miembro del Comité Asesor de
la Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas de la PUCP y Coordinador de la
especialidad de Política Comparada de la maestría y del doctorado en Ciencia
Política en la misma universidad.
La apropiación de los bienes
públicos para convertirlos en negocios privados tiene una vieja historia
conflictiva que se inicia con la difusión del capital comercial dentro de las
ciudades república (que defendían el bien común y la virtud cívica) en Europa
desde el siglo XIV en adelante.
Maquiavelo, el más insigne
republicano de todos los tiempos, le dio un estatuto teórico a este conflicto
abriéndose otro frente con la historia del comercio (protoliberalismo), además
de los que ya tenía (la historia de la Providencia y la historia clásica de la
Fortuna) para afirmar una historia hecha por los hombres a través de la
política.
Pese a que Maquiavelo fue
derrotado en la larga coyuntura del Renacimiento, el republicanismo cívico
obtuvo algunos triunfos hasta la conquista de la independencia norteamericana.
Es cierto, sin embargo, que
autores posteriores (Harrington y Montesquieu) demostraron, desde una
perspectiva pluralista, que el comercio y la república eran compatibles y que
existieron de hecho varias repúblicas comerciales a lo largo de la historia.
Eso explica, quizá, que ellos, especialmente Montesquieu, hayan sido vistos
como adalides de un mundo que no es un universo sino un pluriverso en el que
caben diversas apuestas culturales, económicas y políticas.
La república peruana,
instalada con la independencia en el siglo XIX, no tuvo la capacidad para crear
una nutrida red de bienes públicos porque el Estado era débil y casi
inexistente y la sociedad señorial estaba desestructurada y fragmentada.
Solo desde comienzos del siglo
XX, el civilismo impulsó agresivamente la educación como un bien público con la
finalidad de homogeneizar al país y de integrar a la población andina. Sus
alcances, sin embargo, fueron limitados manteniéndose victorioso el
analfabetismo hasta los 50 del siglo pasado.
En los años 30 los partidos
populistas y de izquierda impulsaron la formación de un Estado fuerte y capaz
de desarrollar una serie de bienes públicos (educación, salud, seguridad,
justicia y otros) para integrar a todos peruanos frente a las políticas
excluyentes de las élites oligárquicas. Algo se avanzó en particular en el
campo educativo hasta los 60 del siglo pasado. Hasta esa década se tuvo una
educación pública de calidad. Los mejores cuadros intelectuales y profesionales
del país estudiaron en colegios públicos y en la UNMSM.
Luego vino la debacle. La
educación pública llegó casi a todos en los niveles básicos y se masificó la
educación universitaria, pero el Estado no les dio los recursos necesarios para
su desarrollo de calidad y las abandonó. Apoyó, más bien, a las universidades
asociativas sin fines de lucro, algunas de las cuales han alcanzado excelentes
resultados, pero se institucionalizó una especie de discriminación social en el
campo educativo: los hijos de las clases media y alta estudiaron en las
universidades asociativas, mientras que los pobres y los cholos siguieron en la
educación pública devaluada y de baja calidad.
La hiperinflación y el mal
manejo de las políticas públicas en el desastroso primer gobierno de García
destruyeron la economía, el tejido social y el Estado y, lo que es peor,
abrieron las puertas al ciclo privado y privatista que estamos viviendo.
Desde entonces las élites
neoliberales han capturado el Estado y despliegan agresivas políticas para
transformar los bienes públicos en negocios privados.
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