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| Fiscales y argentino Néstor Rodolfo Sack |
Cada vez se hace más imperativo que el Congreso de la
República nombre una comisión investigadora para investigar la posible conexión
del actual Fiscal de la Nación y de su antecesor con las organizaciones
delictivas de César Álvarez y Rodolfo Orellana.
Ricardo Uceda
Desde hace varios años diversas fiscalías y juzgados del
país se ocupan de apropiaciones de bienes a cargo de personajes vinculados al
abogado Rodolfo Orellana Rengifo. Los afectados son diversas personas e
instituciones privadas y públicas, muchas de las cuales, además de haber sido
robadas, soportan acoso judicial y violencia por haber denunciado los hechos.
Conforme se hicieron palpables tanto la impunidad como la complicidad de los
encargados de perseguir el crimen, fueron creciendo los actos de intimidación a
los denunciantes. Al punto que magistrados, procuradores y periodistas que
acogieron las reclamaciones de las víctimas también han pasado a formar parte
de la legión de perjudicados. Ahora mismo, juntando a toda esta gente podría
llenarse el hemiciclo del Congreso.
Nada de lo anterior es una revelación. La situación se
conoce desde hace mucho y diversos medios de comunicación —algunos empapelados
judicialmente por la red de Orellana como la revista Caretas— la han dado a
conocer.
En la última semana, en programas televisivos conducidos por Jaime de
Althaus y Milagros Leiva, se transmitieron testimonios sublevantes, que
sugieren una asociación siniestra con las últimas apariciones públicas del
asesinado dirigente de construcción civil Ezequiel Nolasco.
Porque son personas
que denuncian una vez más a una mafia y que reiteran haber recibido amenazas.
TRES MODALIDADES
Lo advirtió, por ejemplo, el empresario Giovanni Paredes,
a quien maniobras judiciales de Orellana lograron que fuera encarcelado siete
meses mientras perdía la posesión de dos de sus propiedades: el Camal de
Yerbateros y la Plaza de Toros Arenas de Lima. Paredes logró recuperar ambos
bienes, y al mismo tiempo investigó concienzudamente a su adversario. El
empresario describe tres modalidades del accionar delictivo de Orellana a nivel nacional, con
el apoyo de policías, fiscales y jueces.
El primero de ellos es la fabricación de falsos procesos
arbitrales. Dos testaferros, con la complicidad de notarios y operadores en
Registros Públicos, someten a árbitros confabulados una simulada controversia
sobre la propiedad de un bien. El propietario lo ignora. Una vez definida la
tenencia a favor de un testaferro, a través de un laudo arbitral que tiene
calidad de cosa juzgada, el bien es
vendido a un tercero, que lo compra de buena fe. De acuerdo con Paredes, él es
el único de unas cien víctimas de Orellana a través de este tipo de estafa que
ha logrado recuperar sus propiedades.
En la segunda modalidad, empresas liquidadoras
controladas por Orellana ejecutan a su favor deudas de acreedores de una
institución financiera. La deuda es ficticia, y permite rematar el bien que
estaba hipotecado para honrar la deuda con el banco. La ley lo permite. Así, un
testaferro de Orellana se hace del bien y lo transfiere a un tercero. El caso
más conspicuo de esta modalidad lo ha denunciado Scotiabank.
Tercer tipo: una cooperativa controlada por Orellana
—COOPEX y COOPEM, según lo que se conoce— emite cartas fianza que sirven para
garantizar, ante entidades públicas, la solvencia de empresas que han ganado
licitaciones. Una vez que el primer pago se ha realizado a la empresa ganadora,
esta se hace humo con el dinero, la obra no se termina, y la institución
pública queda en la estacada. Giovanni Paredes ha encontrado quince casos de
relaciones de COPEX con gobiernos regionales.
ENTRAMADO CORRUPTO
Sin embargo, la información sobre estas situaciones no es
de momento lo más importante. Abundan reportes e investigaciones, como por
ejemplo la de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya radiografió a
Orellana. Lo relevante ahora es preguntarse cómo es posible que una
organización de este tipo pueda seguir actuando con impunidad y movilizando al
aparato judicial en contra de sus denunciantes.
La respuesta es una sola: corrupción. En cada uno de los
tipos mencionados, los afectados han denunciado a fiscales, a jueces, a
notarios, a registradores, a peritos, a congresistas, a gobernantes. Buena
parte de los socios de la cooperativa COOPEX son ex funcionarios públicos.
Ahora bien, esto también se conoce. Las denuncias, cuando se formalizan, han
activado el engranaje de los diversos procedimientos que hay en la
administración pública para combatir lo indebido. Pero estos procesos son
dispersos, no logran ni pretenden investigar a la organización delictiva como
un todo, y finalmente tampoco evitan que la sustracción se consume. Por eso hay
tanto damnificado quejándose en los canales de televisión.
En un caso reciente, una orden judicial dictada en
Ucayali descalificó un decomiso de 316 toneladas de oro de procedencia ilegal
realizado por Aduanas. Operadores de Orellana, en representación de un
exportador minero fantasma, lograron movilizar policías y fiscales para
recuperar el cargamento. El juez cómplice fue suspendido por la OCMA, pero el
oro ya no estaba decomisado.
Sin embargo, la impunidad en la que se desarrolla esta
actuación no parece proceder de una miscelánea de corruptelas en distintos
lugares del país. Hay que rendirse a la evidencia de que los protectores de
Orellana son demasiado poderosos.
EL ESTADO INÚTIL
Se han mencionado diversos indicios de que Orellana tiene
contactos privilegiados en todos los poderes del Estado. Pero así como las
ilegalidades involucradas en estos casos no se investigan en forma
centralizada, la corrupción que las facilita en el Estado tampoco. Y las
quejas, ya fuera contra un juez de provincias, o contra un fiscal en su
jurisdicción, se procesarán lenta y desarticuladamente, sin posibilidad alguna
de inutilizar la red. El diseño es así, inservible, pero también falta
decisión. Hay, por ejemplo, tantos indicios de que el actual Fiscal de la
Nación Carlos Ramos, y su antecesor, José Antonio Peláez, protegieron a César
Álvarez, que ambos deberían formar parte de los investigados en los procesos
abiertos por los casos principales. Como esto quizá es pedirle demasiado a
fiscales que dependen de Ramos o a procuradores supeditados a cada ministro, el
Congreso debería formar una Comisión Investigadora que tenga como objetivo la
actuación de ambos en el encubrimiento de la corrupción en Áncash. La
investigación del caso Orellana también exige la reacción de un poder
centralizado.
Las denuncias sobre la forma de operar de Orellana son
públicas desde hace varios años. Giovanni Paredes sostiene que en el 2011,
junto a Ezequiel Nolasco, visitó al Fiscal de la Nación para informarle sobre
el modus operandi de Orellana a través de COOPEX y su relación con las obras
inconclusas en Áncash. Sin embargo, el Ministerio Público ha hecho lo
suficiente como para que los delitos denunciados y las organizaciones detrás de
los mismos sigan impunes y vigentes. Mientras tanto las víctimas que se
atrevieron a denunciar y las autoridades que se tomaron en serio su deber,
afrontan duras represalias para que nadie siga su ejemplo.
EL MUERTO QUE
FALTA
En cualquier país con una justicia eficiente, lo descrito
hubiera producido una investigación por omisión de funciones. Pero Orellana
continúa bien amarrado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial,
conforme los testimonios de estos días demuestran. En cuanto al gobierno, está
particularmente interesado en salvar el pellejo de Martín Belaunde Lossio, a
favor de quien el presidente Humala lanzó expresiones humanitarias en su última
entrevista periodística. No es esperable, por tanto, que la bancada del Partido
Nacionalista en el Congreso lidere una investigación como la que es necesaria
contra los mencionados fiscales supremos. En el resto de representaciones no
hay un interés agudo. Igual ocurrió con el caso de Áncash, hasta que se produjo
el asesinato de Nolasco.
La semana pasada fue brutalmente atacado el ciudadano
argentino Néstor Rodolfo Sack, uno de los despojados y perseguidos por
Orellana. El viernes 6 de junio, en el Callao, fue golpeado por desconocidos
que no le robaron ningún bien. Solo profirieron frases amenazantes. Recibió
golpes en la cara con una pistola. Aunque no era la intención matarlo, pudo
morir. Así ocurre a veces: al extinto vicepresidente regional de Áncash José
Luis Sánchez Milla no le dispararon para matarlo, y murió desangrado. Como van
las cosas pareciera que quienes deben actuar en el caso Orellana esperan un
asesinato que produzca un tsunami de indignación. Si no, no se moverán de su
asiento.
SEGÚN RAMOS,
PROCURADORA NO RESPONDIÓ A TIEMPO
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, desestimó
la versión de la procuradora Julia Príncipe, quien denunció que el Ministerio
Público archivó tres veces investigaciones por lavado de activos al jefe
regional de Áncash, César Álvarez.
En su presentación de anoche ante la Comisión de Defensa
del Congreso, Ramos Heredia argumentó que la procuradora Príncipe no interpuso
la queja de derecho en el plazo del término de ley, y al resultar extemporánea,
esa investigación que había sido archivada concluyó.
"La notificaron un 9 de junio y ella respondió el 19
de junio", indicó.
Luego, el Fiscal de la Nación dio a entender que la
abogada del Estado no da la talla para tan importante cargo, a pesar de haber
sido reconocida como una eficiente profesional.
"Algunos procuradores no tienen la rigurosidad ni la
capacidad de respuesta para poder hacer, dentro del proceso, los recursos
pertinentes. Quizás necesitan más apoyo, mayor capacitación", añadió Ramos
Heredia.
En otro momento, al ser interrogado sobre sus vínculos
con el abogado Rodolfo Orellana, Ramos no pudo contestar. El presidente de la
Comisión, Hugo Carrillo, le lanzó un salvavidas indicando que el tema estaba
siendo tratado en otra comisión.
EL CASO “LA
CENTRALITA” SERÁ VISTO POR UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE LIMA
La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, con sede en
Lima, se hará cargo de la investigación del caso 'La Centralita', que involucra
al detenido presidente de la región Áncash, César Álvarez Aguilar.
Sin embargo, las diligencias judiciales continuarán en
Chimbote a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa,
que despacha el juez Richard Concepción Carhuancho.
El cambio de fiscal fue dispuesto por el titular del
Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, quien hoy estaría nombrando al fiscal
que asumirá las investigaciones.
Para ello se prevé crear un tercer despacho en las
fiscalías supraprovinciales anticorrupción, que coordina el fiscal superior
Gustavo Quiroz Vallejo.
Hasta ahora había dos despachos supraprovinciales
anticorrupción, uno atendido por el fiscal Walter Delgado Tovar y otro por
Hamilton Castro. Un tercer fiscal se sumará a ellos para atender el caso
"La Centralita".
Para que el proceso judicial también se vea en Lima se
requiere una contienda de competencia, entre la Sala Penal Nacional y la Corte
Superior del Santa.
Este proceso tendría que promoverlo la Procuraduría
Anticorrupción o el fiscal que asuma el caso, a fin de facilitar las
diligencias.
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