martes, 10 de junio de 2014

CASO ORELLANA: ¿FALTA UN MUERTO?


Fiscales y argentino Néstor Rodolfo Sack
Cada vez se hace más imperativo que el Congreso de la República nombre una comisión investigadora para investigar la posible conexión del actual Fiscal de la Nación y de su antecesor con las organizaciones delictivas de César Álvarez y Rodolfo Orellana.
Ricardo Uceda
Desde hace varios años diversas fiscalías y juzgados del país se ocupan de apropiaciones de bienes a cargo de personajes vinculados al abogado Rodolfo Orellana Rengifo. Los afectados son diversas personas e instituciones privadas y públicas, muchas de las cuales, además de haber sido robadas, soportan acoso judicial y violencia por haber denunciado los hechos. Conforme se hicieron palpables tanto la impunidad como la complicidad de los encargados de perseguir el crimen, fueron creciendo los actos de intimidación a los denunciantes. Al punto que magistrados, procuradores y periodistas que acogieron las reclamaciones de las víctimas también han pasado a formar parte de la legión de perjudicados. Ahora mismo, juntando a toda esta gente podría llenarse el hemiciclo del Congreso.
Nada de lo anterior es una revelación. La situación se conoce desde hace mucho y diversos medios de comunicación —algunos empapelados judicialmente por la red de Orellana como la revista Caretas— la han dado a conocer.
En la última semana, en programas televisivos conducidos por Jaime de Althaus y Milagros Leiva, se transmitieron testimonios sublevantes, que sugieren una asociación siniestra con las últimas apariciones públicas del asesinado dirigente de construcción civil Ezequiel Nolasco.
Porque son personas que denuncian una vez más a una mafia y que reiteran haber recibido amenazas.
TRES MODALIDADES
Lo advirtió, por ejemplo, el empresario Giovanni Paredes, a quien maniobras judiciales de Orellana lograron que fuera encarcelado siete meses mientras perdía la posesión de dos de sus propiedades: el Camal de Yerbateros y la Plaza de Toros Arenas de Lima. Paredes logró recuperar ambos bienes, y al mismo tiempo investigó concienzudamente a su adversario. El empresario describe tres modalidades del accionar  delictivo de Orellana a nivel nacional, con el apoyo de policías, fiscales y jueces.
El primero de ellos es la fabricación de falsos procesos arbitrales. Dos testaferros, con la complicidad de notarios y operadores en Registros Públicos, someten a árbitros confabulados una simulada controversia sobre la propiedad de un bien. El propietario lo ignora. Una vez definida la tenencia a favor de un testaferro, a través de un laudo arbitral que tiene calidad de cosa juzgada,  el bien es vendido a un tercero, que lo compra de buena fe. De acuerdo con Paredes, él es el único de unas cien víctimas de Orellana a través de este tipo de estafa que ha logrado recuperar sus propiedades.
En la segunda modalidad, empresas liquidadoras controladas por Orellana ejecutan a su favor deudas de acreedores de una institución financiera. La deuda es ficticia, y permite rematar el bien que estaba hipotecado para honrar la deuda con el banco. La ley lo permite. Así, un testaferro de Orellana se hace del bien y lo transfiere a un tercero. El caso más conspicuo de esta modalidad lo ha denunciado Scotiabank.
Tercer tipo: una cooperativa controlada por Orellana —COOPEX y COOPEM, según lo que se conoce— emite cartas fianza que sirven para garantizar, ante entidades públicas, la solvencia de empresas que han ganado licitaciones. Una vez que el primer pago se ha realizado a la empresa ganadora, esta se hace humo con el dinero, la obra no se termina, y la institución pública queda en la estacada. Giovanni Paredes ha encontrado quince casos de relaciones de COPEX con gobiernos regionales.
ENTRAMADO CORRUPTO
Sin embargo, la información sobre estas situaciones no es de momento lo más importante. Abundan reportes e investigaciones, como por ejemplo la de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya radiografió a Orellana. Lo relevante ahora es preguntarse cómo es posible que una organización de este tipo pueda seguir actuando con impunidad y movilizando al aparato judicial en contra de sus denunciantes.
La respuesta es una sola: corrupción. En cada uno de los tipos mencionados, los afectados han denunciado a fiscales, a jueces, a notarios, a registradores, a peritos, a congresistas, a gobernantes. Buena parte de los socios de la cooperativa COOPEX son ex funcionarios públicos. Ahora bien, esto también se conoce. Las denuncias, cuando se formalizan, han activado el engranaje de los diversos procedimientos que hay en la administración pública para combatir lo indebido. Pero estos procesos son dispersos, no logran ni pretenden investigar a la organización delictiva como un todo, y finalmente tampoco evitan que la sustracción se consume. Por eso hay tanto damnificado quejándose en los canales de televisión.
En un caso reciente, una orden judicial dictada en Ucayali descalificó un decomiso de 316 toneladas de oro de procedencia ilegal realizado por Aduanas. Operadores de Orellana, en representación de un exportador minero fantasma, lograron movilizar policías y fiscales para recuperar el cargamento. El juez cómplice fue suspendido por la OCMA, pero el oro ya no estaba decomisado.
Sin embargo, la impunidad en la que se desarrolla esta actuación no parece proceder de una miscelánea de corruptelas en distintos lugares del país. Hay que rendirse a la evidencia de que los protectores de Orellana son demasiado poderosos.
EL ESTADO INÚTIL
Se han mencionado diversos indicios de que Orellana tiene contactos privilegiados en todos los poderes del Estado. Pero así como las ilegalidades involucradas en estos casos no se investigan en forma centralizada, la corrupción que las facilita en el Estado tampoco. Y las quejas, ya fuera contra un juez de provincias, o contra un fiscal en su jurisdicción, se procesarán lenta y desarticuladamente, sin posibilidad alguna de inutilizar la red. El diseño es así, inservible, pero también falta decisión. Hay, por ejemplo, tantos indicios de que el actual Fiscal de la Nación Carlos Ramos, y su antecesor, José Antonio Peláez, protegieron a César Álvarez, que ambos deberían formar parte de los investigados en los procesos abiertos por los casos principales. Como esto quizá es pedirle demasiado a fiscales que dependen de Ramos o a procuradores supeditados a cada ministro, el Congreso debería formar una Comisión Investigadora que tenga como objetivo la actuación de ambos en el encubrimiento de la corrupción en Áncash. La investigación del caso Orellana también exige la reacción de un poder centralizado.
Las denuncias sobre la forma de operar de Orellana son públicas desde hace varios años. Giovanni Paredes sostiene que en el 2011, junto a Ezequiel Nolasco, visitó al Fiscal de la Nación para informarle sobre el modus operandi de Orellana a través de COOPEX y su relación con las obras inconclusas en Áncash. Sin embargo, el Ministerio Público ha hecho lo suficiente como para que los delitos denunciados y las organizaciones detrás de los mismos sigan impunes y vigentes. Mientras tanto las víctimas que se atrevieron a denunciar y las autoridades que se tomaron en serio su deber, afrontan duras represalias para que nadie siga su ejemplo.   
EL MUERTO QUE FALTA
En cualquier país con una justicia eficiente, lo descrito hubiera producido una investigación por omisión de funciones. Pero Orellana continúa bien amarrado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, conforme los testimonios de estos días demuestran. En cuanto al gobierno, está particularmente interesado en salvar el pellejo de Martín Belaunde Lossio, a favor de quien el presidente Humala lanzó expresiones humanitarias en su última entrevista periodística. No es esperable, por tanto, que la bancada del Partido Nacionalista en el Congreso lidere una investigación como la que es necesaria contra los mencionados fiscales supremos. En el resto de representaciones no hay un interés agudo. Igual ocurrió con el caso de Áncash, hasta que se produjo el asesinato de Nolasco.
La semana pasada fue brutalmente atacado el ciudadano argentino Néstor Rodolfo Sack, uno de los despojados y perseguidos por Orellana. El viernes 6 de junio, en el Callao, fue golpeado por desconocidos que no le robaron ningún bien. Solo profirieron frases amenazantes. Recibió golpes en la cara con una pistola. Aunque no era la intención matarlo, pudo morir. Así ocurre a veces: al extinto vicepresidente regional de Áncash José Luis Sánchez Milla no le dispararon para matarlo, y murió desangrado. Como van las cosas pareciera que quienes deben actuar en el caso Orellana esperan un asesinato que produzca un tsunami de indignación. Si no, no se moverán de su asiento.
SEGÚN RAMOS, PROCURADORA NO RESPONDIÓ A TIEMPO
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, desestimó la versión de la procuradora Julia Príncipe, quien denunció que el Ministerio Público archivó tres veces investigaciones por lavado de activos al jefe regional de Áncash, César Álvarez.
En su presentación de anoche ante la Comisión de Defensa del Congreso, Ramos Heredia argumentó que la procuradora Príncipe no interpuso la queja de derecho en el plazo del término de ley, y al resultar extemporánea, esa investigación que había sido archivada concluyó.
"La notificaron un 9 de junio y ella respondió el 19 de junio", indicó.
Luego, el Fiscal de la Nación dio a entender que la abogada del Estado no da la talla para tan importante cargo, a pesar de haber sido reconocida como una eficiente profesional.
"Algunos procuradores no tienen la rigurosidad ni la capacidad de respuesta para poder hacer, dentro del proceso, los recursos pertinentes. Quizás necesitan más apoyo, mayor capacitación", añadió Ramos Heredia.
En otro momento, al ser interrogado sobre sus vínculos con el abogado Rodolfo Orellana, Ramos no pudo contestar. El presidente de la Comisión, Hugo Carrillo, le lanzó un salvavidas indicando que el tema estaba siendo tratado en otra comisión.
EL CASO “LA CENTRALITA” SERÁ VISTO POR UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE LIMA
La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, con sede en Lima, se hará cargo de la investigación del caso 'La Centralita', que involucra al detenido presidente de la región Áncash, César Álvarez Aguilar.
Sin embargo, las diligencias judiciales continuarán en Chimbote a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, que despacha el juez Richard Concepción Carhuancho.
El cambio de fiscal fue dispuesto por el titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, quien hoy estaría nombrando al fiscal que asumirá las investigaciones.
Para ello se prevé crear un tercer despacho en las fiscalías supraprovinciales anticorrupción, que coordina el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejo.
Hasta ahora había dos despachos supraprovinciales anticorrupción, uno atendido por el fiscal Walter Delgado Tovar y otro por Hamilton Castro. Un tercer fiscal se sumará a ellos para atender el caso "La Centralita".
Para que el proceso judicial también se vea en Lima se requiere una contienda de competencia, entre la Sala Penal Nacional y la Corte Superior del Santa.
Este proceso tendría que promoverlo la Procuraduría Anticorrupción o el fiscal que asuma el caso, a fin de facilitar las diligencias.

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